En Venezuela la oposición al gobierno de Hugo Chávez utilizó una estrategia muy simple. A partir de poderosas televisoras lanzó a la calle a miles de ciudadanos, de la pequeña burguesía, de clase acomodada, de ciertos grupos populares inconformes, entre los que se mezclaban guaruras a sueldo que promovieron disturbios, y hasta muertos. Si el […]
En Venezuela la oposición al gobierno de Hugo Chávez utilizó una estrategia muy simple. A partir de poderosas televisoras lanzó a la calle a miles de ciudadanos, de la pequeña burguesía, de clase acomodada, de ciertos grupos populares inconformes, entre los que se mezclaban guaruras a sueldo que promovieron disturbios, y hasta muertos. Si el gobierno de Chávez encarcelaba a los que producían desmanes, se le acusaba de que reprimía las manifestaciones, y por ello impedía la libertad de expresión a la oposición; si el gobierno de Chávez no actuaba, para no mezclarse en actos no promovidos por el gobierno, se le acusaba de no impedir los actos violentos (organizados por los guaruras a sueldo mezclados entre los manifestantes); además, de todas maneras, esos actos violentos organizados por la oposición se los atribuían al gobierno de Chávez y a sus partidarios. ¡No hay salida!, una vez lanzada la gente a la calle, en su mayoría con buenos propósitos, se desata una lógica que interpretada masivamente desde los medios de comunicación «siempre» permite recriminar al gobierno de inoperancia, de violenta represión o de manipular contra la oposición a sus movimientos populares (que habrían sembrado la violencia en la pacífica manifestación de la oposición).
La inseguridad en América Latina, en México y en el Distrito Federal es fruto de la masiva pobreza que las medidas neoliberales, y en México desde el «error de diciembre», ha producido una masiva desocupación en el pueblo. El remedio a tales «errores» son medidas que dependen de un gobierno federal y no de una ciudad. Atribuir el problema de la inseguridad a un gobernador es ver una parte del problema, pero no ir a las causas. La causa es la pobreza de un país que debe pagar injustamente la deuda de muchos capitales privados que fue atribuido al Estado, las «deudas fueron nacionalizadas» por un acto injustificado, que significa que este año México deberá pagar 52 mil millones de dólares entre deuda externa e interna (que se acumula desde López Portillo, y se acrecienta con Carlos Salinas y desmedidamente con el «salvataje de los bancos» de Zedillo) anterior al actual gobierno federal y del Distrito Federal. Esas son las causas de la inseguridad. Manejar la inseguridad directamente contra un gobierno particular es injusto. De todas maneras el motivo de la manifestación es real. El manejo responde, sin embargo, a una estrategia que ya ha sido usada en Venezuela. Eso indica que ciertas tácticas se generalizan en América Latina y hay que contar con ellas.
Se debe entonces tomar el tema con extremo cuidado. La oposición al gobierno del Distrito Federal abre una caja de Pandora, y sus resultados son imprevisibles. El gobierno de la ciudad deberá estudiar el caso dándole extrema importancia. Es un nuevo campo de confrontaciones. No sólo el jurídico -que se ha organizado injustamente-, sino ahora el político, donde se comienzan a lanzar las masas a las calles bajo el respaldo y continuo apoyo de una «interpretación» de los acontecimientos en manos de las televisoras y las radios.
La «interpretación», o el sentido, de los actos políticos son los que al final valen. Y en México como en Venezuela existe lo que Agambe, pensador de fama en Italia, llama la mediocracia: el poder de los medios de comunicación. Hoy, más que las leyes y que las acciones, lo que al final llega al ciudadano cotidiano y mal informado es la «interpretación» de los acontecimientos. Así al acto X se lo «interpreta»: es justo o injusto; bueno o malo; correcto o incorrecto. Pero la «interpretación» puede seguir cierta lógica siniestra: si se mueve está mal porque ataca; si no se mueve está mal porque no hizo nada; si sube es injusto porque no dejó subir a los otros; si no sube es injusto porque no ayudó a los otros. Haga usted lo que haga la «interpretación» puede dejarlo «siempre» mal. Y como no hay medios (televisoras o radios) que compitan realmente con la «interpretación» de los «grandes» medios, esa «interpretación» se impone infaliblemente, aunque sea por repetición. Y como es la «interpretación» de los acontecimientos la que fija el sentido de los actos, al final la política está en poder del que «interpreta». El poder del gobernante (aunque lo haya elegido una mayoría aplastante) es «impotente» ante el poder de la «interpretación» de los medios de comunicación (la mediocracia de Agambe), y mucho más cuando esos mismos medios son actores que originan hechos de masa en los que participan. Ponen un acto público (aun con violencia) que podrán «siempre» interpretar contra la autoridad.
Ante esto sólo cabe comenzar un largo camino. Se habla y con razón de la «libertad de información». Es un pilar de la democracia. Pero no se habla del «derecho a la información veráz». El ciudadano tiene un «derecho» a ser bien informado. Esto requeriría de tribunales específicos para la información; de una procuraduría de defensa de la información verás que merece el ciudadano, y muchos otros medios legales que no existen, pero debe comenzar a implementarse, porque toda América Latina entra en un periodo de una nueva estrategia política que se basa en los medios de comunicación (en especial la televisión y la radio) como momento articulado a una lucha de movimientos de masas promovidos desde esos mismos medios. Es un nuevo capítulo de la política y de la ciencia política.
¿Se estará venezolizando México? No lo sé, pero el que haya nacido la articulación de «medios de comunicación/movimientos de masa de oposición» nos permite vislumbrar una estrategia semejante.
Enrique Dussel A. es filósofo