El anuncio del 2015 como el año que comienza el Decenio de l@s Afrodescendientes declarado por la Organización de Naciones Unidas ha suscitado una lluvia de propuestas sobre su significado e implicaciones. Pocos han observado que el decenio es producto de la agenda impulsada por los movimientos afrolatinoamericanos en el contexto de la Tercera Conferencia […]
El anuncio del 2015 como el año que comienza el Decenio de l@s Afrodescendientes declarado por la Organización de Naciones Unidas ha suscitado una lluvia de propuestas sobre su significado e implicaciones. Pocos han observado que el decenio es producto de la agenda impulsada por los movimientos afrolatinoamericanos en el contexto de la Tercera Conferencia Mundial Contra el Racismo celebrada en Durban, Sudáfrica, en el 2001, y mucho menos que la idea de representación en la ONU fue primero planteada por Malcolm X como vocero de la Organización de Unidad Afroamericana.
Desde dicha óptica de movimiento social, las designaciones del 2011 como Año Internacional de l@s Afrodescendientes y del 2015 como comienzo del Decenio, son pasos hacia la creación de un Foro Permanente en la ONU para asuntos de las personas y pueblos de la Africanía en el mundo, es decir, el continente africano y la diáspora africana global. Visto desde el ángulo de comunidades y movimientos sociales, este debería ser un espacio de amplia participación, en el cual se puedan reunir representantes de los múltiples lugares del mundo afro para discutir problemas, dilucidar soluciones, planificar estrategias de bienestar grupal, organizar acciones colectivas, diseñar y negociar políticas con poderes gubernamentales y trasnacionales. Un ejemplo de la relevancia de esta institucionalidad donde priman los movimientos sociales es el Foro Permanente de Pueblos Indígenas en la ONU. En vista de esto, cabe hacer un análisis de coyuntura de los movimientos sociales afrodescendientes en América Latina y el Caribe en el momento actual.
Se gestan las redes
En los 80s y 90s, se tejieron redes de movimiento social a través de América Latina y el Caribe que, en los albores del siglo XXI, forjaron una pequeña revolución político-cultural en la región cuyas expresiones fueron el reconocimiento público del racismo como un problema y la creación de oficinas para la equidad racial y la representación de afrodescendientes a través de toda la región. Estos hallazgos fueron resultado de la gestión histórica de movimientos negros que articularon una agenda regional y global contra el racismo y por el empoderamiento colectivo en el proceso hacia la conferencia de Durban en el 2001. La organización de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Caribeñas en el 1992 y de la Alianza Estratégica Afrodescendiente en el 1998 fueron hitos en este proceso organizativo.
El reconocimiento de l@s afrodescendientes como sujetos políticos con sus propias reivindicaciones y reclamos ciudadanos resultó ser una navaja de doble filo, es decir, a la vez que abrió caminos para combatir el racismo y abogar por el poder negro, también facilitó la integración relativa de la acción política afrodescendiente a las instituciones del Estado y las agencias de la llamada cooperación internacional, entre las que se cuentan pilares del capital transnacional como el Banco Mundial y del estado imperial como USAID. Ésta catalizó la escisión del campo político afro en la región hasta el punto que en el 2011, el año internacional marcó una división entre el sector que Chucho García bautizó como Afroderecha y las izquierdas afrodescendientes. En ese contexto, se debatieron tres temas claves: 1) la cuestión de la democracia en vista de la crítica que se hizo a la celebración de una cumbre de la Africanía en Honduras auspiciada por un gobierno golpista; 2) la postura de las organizaciones afrodescendientes sobre la globalización neoliberal capitalista que la Afroderecha ve como una fuente de recursos y poder, mientras los sectores de izquierda lo entienden como el entorno mundial y regional que orienta programas de desarrollo que expulsan a las comunidades negras de sus territorios y políticas de multiculturalismo neoliberal que reconocen derechos culturales a l@s afrodescendientes e indígenas, y hasta denuncian el racismo, a la vez que mantienen un statu-quo político y socio-económico en el cual la riqueza y el poder permanecen en manos de las élites blanco-mestizas que dominan históricamente; 3) la relevancia misma de las distinciones entre derecha e izquierda para los movimientos sociales afrodescendientes.
En junio del 2011, se reagruparon las izquierdas negras de la región, organizando la Articulación Regional Afrodescendiente en América Latina y el Caribe (ARAAC) en dos conferencias consecutivas: la primera en el Centro Juan Marinello de Cuba y la otra el IV Encuentro de Afrodescendientes y Transformaciones Revolucionarias en América Latina y el Caribe, en Venezuela. ARAAC es una red de movimiento social que, como tal, tiene autonomía de los Estados y las instituciones transnacionales (ONGs, agencias de cooperación, etc.), a la vez que esgrime las causas afrodescendientes, como la elaboración e implementación de políticas contra el racismo y por la equidad étnico-racial a toda escala, desde gobiernos locales hasta iniciativas de integración regional como el ALBA, UNASUR y la CELAC. En consonancia con sus lineamientos programáticos, ARAAC ha abierto participación en cónclaves estatales de nueva integración regional, donde se han aprobado resoluciones contra el racismo, espacios de representación y programas para afrodescendientes; como también en reuniones regionales de movimientos sociales o políticos, como el Foro de Sao Paulo. Sin embargo, no se ha avanzado mucho más allá de las resoluciones; y ni las condiciones de desigualdad socio-económica, ni la carencia de poder político, ni la experiencia cotidiana del racismo han mermado significativamente para las mayorías afrodescendientes. Esta es una situación patente a través de la región, sin dejar de negar los logros relativos, sobre todo en países donde ha habido transformaciones históricas.
La brecha entre los discursos y decretos gubernamentales y la realidad vivida de las mayorías subalternas es uno de los desafíos principales de los movimientos sociales. Desde el cambio constitucional de 1987 en Nicaragua, ha proliferado la retórica que define a los países como interculturales, multiétnicos y, en el caso de Bolivia y Ecuador, plurinacionales. Pero este relativo reconocimiento étnico-racial ni siquiera ha significado cambios sustantivos en los currículos eurocéntricos/occidentalistas de los sistemas educativos y mucho menos transformaciones profundas en la redistribución de riqueza y poder en las sociedades. No es sorpresa que el Banco Mundial todavía califique a l@s afrolatinoamerican@s como «los más pobres de las Américas», que las proporciones de estudiantes negr@s en las universidades tienden a ser menores del 3%, y que ni siquiera las élites políticas afrodescendientes tengan un pedazo propio del pastel estatal. Si bien es cierto que el capitalismo neoliberal ha exacerbado estas brechas de desigualdad, tampoco podemos negar que los estados denominados «progresistas», «posneoliberales», o del «socialismo del siglo XXI» no han demostrado gran voluntad de cambiar estas condiciones. La fuerzas vivas contra el racismo estructural, es decir contra las desigualdades históricas tanto económicas, políticas, como culturales, que caracterizan la condición de opresión en la cual viven las mayorías subalternas afrodescendientes a través de la región, son los movimientos sociales, tanto los movimientos negros mismos, como la participación de gente afro en movimientos campesinos, obreros, feministas, urbanos, estudiantiles, etc.
Movimientos y gobiernos progresistas
El accionar de los movimientos va abriendo brechas en el tiempo. Si l@s afrocolombian@s no tuvieron representación en la constituyente de 1991, cuando todavía no eran reconocid@s como sujetos políticos, allí se sentaron las bases para la aprobación de la Ley 70 (la llamada «Ley de las Negritudes») en el 1993, con estipulaciones de propiedad colectiva de la tierra, educación afro, representación política y consulta previa. Este precedente, junto con las acciones colectivas de los movimientos negros de cada país, marcaron surcos para que posteriormente cambios constitucionales en Venezuela y Ecuador reconocieran derechos propios a l@s afrodescendientes. En vista de esto, cabe preguntarse: ¿Qué diferencia hace para un movimiento afro estar en un país comprometido activamente con el capitalismo neoliberal y el estado imperial como Colombia, a contrapunto de estar situado en el Ecuador o Venezuela?
Aquí hay tres diferencias claves que destacar entre Estados neoliberales y proyectos de Estado poscapitalista: 1) las políticas universales redestributivas promovidas por las políticas neo-desarrollistas de los gobiernos posneoliberales han beneficiado hasta cierto punto a los sectores subalternos, lo que ha de aminorar pero no resolver la brecha de desigualdad social afrodescendiente; 2) en los nuevos paradigmas de emancipación hay mayor afinidad política e ideológica con formas de ciudadanía diferenciada donde la justicia y la democracia radical se nutren de reclamos de reivindicaciones no solo de clase sino también étnico-raciales, ecológicas, de género y sexualidad; 3) los Estados que declaran compromiso con la democracia participativa, y que se identifican al menos parcialmente como «gobiernos de los movimientos», tienen una obligación moral, al menos retórica, de dar espacios de gobierno a la constelación de movimientos. En rigor no hay ejercicio de democracia radical en ningún país de la región, pero la mediación del clientelismo y los partidos es mayor en los Estados neoliberales. Además, en el plano de la política exterior, las políticas anti-imperialistas han producido frutos, tanto en la importancia que primero Cuba y luego Venezuela le han dado a las relaciones diplomáticas con el continente africano, como en la solidaridad con las luchas anti-coloniales de los pueblos africanos, y también con el movimiento negro de los EEUU.
A partir de la constitución del 2008, el Ecuador aprobó las mejores leyes del mundo para afrodescendientes, declarándolos como pueblo, reconociendo derechos colectivos a territorio y educación, y aclamando las afroreparaciones en general y las acciones afirmativas en particular. En el 2010 se fortaleció la voluntad constitucional con un decreto presidencial que sirvió de base para un Plan Plurinacional contra el Racismo y la Discriminación. Sin embargo, no son muchos los cambios visibles en la situación de racismo cotidiano ni en la construcción de un nuevo proyecto de país donde el pueblo afrodescendiente tenga un lugar de mayor reconocimiento y poder. El Primer Congreso del Pueblo Afroecuatoriano reunió a representantes de todo el país en Guayaquil, en septiembre del 2012, que elaboraron una plataforma política que todavía está por servir de bandera para movilizar las bases que allí participaron para impulsar sus objetivos.
El caso colombiano
Colombia, el tercer país de mayor población afrodescendiente en las Américas (después de Brasil y los Estados Unidos) es el escenario de mayores disputas en el campo político afrolatinoamericano. El primer Congreso Nacional Afrocolombiano celebrado en el Quibdo, Chocó, en agosto de 2013, producto de 35 congresos locales a través del territorio colombiano, reunió a todas las tendencias en el vasto y variado movimiento social afrocolombiano, que incluye desde la afroderecha (tanto de base como de élite) hasta la pluralidad de identidades, comunidades, y sectores de izquierda que lo componen.
Las diferencias en dicho escenario se ilustran claramente en los discursos. El Presidente Santos, en el congreso del Quibdo y en la Cumbre de Alcaldes y Dignatarios de África y la Diáspora (celebrada en Cali y Cartagena en septiembre del 2013), además de sus consignas contra el racismo, defendió el plan neoliberal de la Alianza del Pacífico y su locomotora de desarrollo a través de la gran minería que, junto con el conflicto armado, es una de las fuentes generadoras de los 5 millones de desplazados en Colombia. En contraste, los consejos comunitarios y los programas de las organizaciones de movimiento social (como el Proceso de Comunidades Negras y CONAFRO) rechazan los megaproyectos neoliberales, denuncian la apropiación de territorios ancestrales por actores armados, y promueven autonomías locales para el autogobierno y la producción ecológica sustentable en aras de la soberanía alimentaria.
La Autoridad Nacional Afrocolombiana (ANAFRO), electa en el congreso del Quibdo, es un verdadero liderato, producto de un proceso deliberativo y participativo que representa no sólo la variedad regional del pueblo afrocolombiano, palenquero y raizal, sino también su diversidad de género, generación y sexualidad. En sus lineamientos programáticos, ANAFRO plantea que, dado que la mayoría del pueblo afrocolombiano vive en ciudades, cuestiones urbanas como el consumo colectivo de educación, salud y vivienda, las luchas contra el racismo en los espacios urbanos, las políticas urbanas por el bienestar de los afrodescendientes (por ejemplo, las familias desplazadas que viven en condiciones de marginalidad), y el poder político en los gobiernos locales, deben ser prioridad. En este sentido, Colombia es muy similar a Brasil, el único país de América Latina donde la mayoría de la población se declara afrodescendiente y un baluarte tanto de los movimientos sociales negros como de las políticas gubernamentales de equidad racial, temas que no discutimos en este escrito.
Como bien planteó Fernando Martínez Heredia en la mencionada conferencia en el Centro Juan Marinello, en el 2011: «la profundización del socialismo en Cuba, necesariamente tendrá que ser anti-racista». En septiembre de 2012, se organizó un capítulo de ARAAC en Cuba, el cual reúne muchas de las figuras claves activas tanto en la actividad intelectual, como cultural y política, a favor de la equidad racial y en aras de la valorización plena de la cultura afrocubana. Más de 50 años de sociedad poscapitalista en Cuba han demostrado tanto avances en la gestión contra el racismo y por la igualdad, como la persistencia de la desigualdad racial y, por ende, la necesidad de priorizar su eliminación para cualquier proyecto de liberación. Por eso, si el concepto de socialismo del siglo XXI tiene algún sentido más allá de una consigna sin contenido sustantivo, debería ser anti-racista además de anti-capitalista, anti-imperialista y anti-patriarcal.
Much@s argumentamos que vivimos una época de crisis de la civilización occidental capitalista, en la cual una nueva ola de movimientos antisistémicos encarna la esperanza de dar a luz un nuevo orden mundial, hilando lazos de liberación contra todas las cadenas de opresión: de clase, étnico-raciales, género, sexualidad, generación, ecológica. En todas las olas anteriores de movimientos antisistémicos, los movimientos de África y la Diáspora Africana han sido protagónicos desde la revolución haitiana, hasta el Pan-Africanismo radical de la década de 1930 (el Marxismo Negro, el Afrofeminismo, el Movimiento de Negritud, el Renacimiento de Harlem), hasta la luchas anti-coloniales en África y el Caribe, junto al Movimiento de Liberación Negra en los EEUU entre los ’50s y los ’70s. En esta coyuntura, es un desafío para los movimientos negros el asumir responsabilidad y liderato; mientras que las corrientes de izquierda que no reconocen la centralidad del racismo en la modernidad capitalista, deben reconocer la importancia histórica de los sujetos de la Africanía en las gestas de liberación de la humanidad en pleno.
Agustín Laó Montes, de origen puertorriqueño, es un intelectual-activista, profesor-investigador en la Universidad de Massachusetts y miembro de la Articulación Regional Afrodescendiente en América Latina y el Caribe.
Publicado en América Latina en Movimiento, No. 501, «El Decenio Afrodescendiente»: http://alainet.org/publica/