Traducido para Rebelión por S. Seguí
Un centenar de voces cantaban «¡Las mujeres exigimos… justicia para Marie!» Marie, una joven embarazada de 25 años, fue herida por agentes gubernamentales cuando éstos le estamparon una puerta de madera en el estómago durante una invasión, a primeras horas de la mañana, de un campamento de desplazados damnificados por el terremoto en Port-au-Prince. El Gobierno está usando la fuerza para forzar a miles de personas a abandonar los campos, sin proporcionarles ningún lugar donde vivir. La gente está respondiendo con su lucha.
Estas personas que piden justicia son los residentes de un campamento improvisado llamado Camp Django en el barrio de Delmas 17, en Port-au-Prince. Están en pie de guerra por las lesiones causadas a Marie, una de sus madres jóvenes, y por las repetidas amenazas del gobierno de demoler sus casas. A pesar de los 38 grados de calor, más de un centenar de residentes, en su mayoría madres, marcharon por la ciudad para exigir al Gobierno el cumplimiento del derecho humano a la vivienda.
Por invitación del grupo, los seguimos de vuelta al lugar donde han vivido desde que el terremoto del 12 de enero de 2010 dejara a cientos de miles sin hogar. En un terreno en cuesta, más pequeño que un terreno de fútbol, doscientas cincuenta familias viven en refugios hechos a mano con piezas de plástico grises y azules, restos de tiendas, maderas y variopintas piezas de latón. Las lonas bajo las que viven se han descolorido tras un año y medio al sol, pero aún muestran las marcas de USAid, World Vision, Rotary International, UNICEF, UNFAM, República de China y otras. Fuera del campamento, grandes árboles verdes con flores de vivo color naranja proporcionan color y sombra.
En el interior, los bebés y los niños observan a través de las aberturas de las tiendas, que dejan ver esteras en el suelo, camas y cajas. Las familias viven a pocos centímetros de sus vecinos. Compran el agua fuera del campamento y la llevan a sus tiendas. Cuatro cajones de madera con lonas de plástico azul de la ONU son las duchas donde la gente puede lavarse, siempre que traiga su propia agua y jabón. Los agujeros en el suelo de los baños son escasos, están a rebosar, despiden un penetrante olor bajo el fuerte calor y están rodeados por enjambres de moscas. Cuando llueve, el agua de lluvia entra en las tiendas de campaña y la porquería de los baños se extiende por todas partes.
Un adolescente vestido sólo con ropa interior se lava con jabón entre dos tiendas. Una mujer de mediana edad está sentada bajo un banano cuidándose una herida abierta del tamaño de un billete de dólar que tiene en el pie, una lesión producida por el terremoto, que requiere un injerto de piel que no puede pagar. Una familia hierve una cacerola de aluminio llena de agua gris y plátanos pelados. Los líderes del campo nos cuentan que en su comunidad viven más de 375 niños, de ellos 20 cuyos padres murieron en el terremoto.
«Somos víctimas del terremoto,» nos cuentan mujeres y hombres mientras nos muestran el campamento. «Tenemos el derecho humano a vivir en alguna parte. No queremos luchar por el derecho a permanecer en estos campamentos. Hace mucho calor aquí y no se puede estar en las tiendas en medio del día. Pero buscamos y buscamos y no hay otro lugar adonde ir. Hasta que tengamos alojamiento, estos hogares son todo lo que tenemos.»
Hay cerca de un millar de campamentos de este tipo en todo Port-au-Prince. En algunos, viven miles de personas; en muchos otros, como el Camp Django, centenares.
Según una de las leyendas urbanas que divulga el Gobierno, la gente sigue en los campamentos sólo para recibir comida, agua y servicios médicos. La verdad es que muchos campamentos, muchos, entre ellos Camp Django, no tienen servicios de agua ni reciben alimentos o medicinas. Están allí, nos cuentan, porque no tienen otro lugar adonde ir.
Visitamos a María (nombre ficticio) en su tienda en forma de caja. Yace en una cama retorciéndose de dolor. Ha estado vomitando y sangrando y está rodeada por vecinos del campamento que se turnan sosteniéndola en brazos y secándole la frente. Nos explican que María fue agredida por hombres que entraron en el campamento por orden del alcalde del barrio de Delmas.
El sábado pasado, un grupo de cinco hombres, algunos armados con pistolas, irrumpieron en el campamento y amenazaron a los residentes. Cuatro de los hombres vestían camisetas verdes con la leyenda Mairie de Delmas (Alcaldía de Delmas).
Los hombres del alcalde les dijeron que pronto destruirán sus tiendas. Se jactaron de que podían maltratarlos incluso peor de «lo que ocurrió en el puerto de Carrefour Aero», en referencia a la violenta expulsión ilegal de un campamento de desplazados en ese lugar, ordenado por el propio alcalde y la policía hace menos de un mes.
Los hombres de la Alcaldía se abrieron paso por el campo a empujones, recogiendo los nombres y números de identificación de los cabezas de familia y marcando las tiendas de campaña con números pintados con spray rojo.
Cuando estos hombres llamaron a la puerta del refugio de madera con techo de lona en el que Marie, de 25 años de edad, embarazada, vivía con su esposo, ésta trató de evitar que entraran. Marie trató de explicar que su marido no estaba en casa. Pero el líder del grupo -JL- abrió con violencia la puerta de madera de su tienda y se la estampó en el estómago, haciéndole caer de espaldas al piso.
Tres días más tarde, Marie seguía con fuertes dolores y estaba en cama, sumamente preocupada por su bebé.
Cuando uno de los vecinos de María protestó ante JL por su brutalidad, éste se enfureció y lo amenazó con matarlo. Los presentes temían sus palabras, sobre todo cuando se dieron cuenta de que llevaba una pistola en el cinturón. Cuando estos agentes gubernamentales hicieron su entrada el campamento, los residentes llamaron a los defensores de los derechos humanos del Bureau des Avocats Internationaux (BAI) y les pidieron que vinieran en seguida.
Jeena Shah, una abogada de BAI, llegó a Camp Django mientras los agentes gubernamentales estaban todavía allí. Jeena preguntó a JL quién había enviado a su grupo al campamento y por qué se había marcado con números de las tiendas. JL se mostró evasivo, repitiendo una y otra vez que «el gobierno» le había enviado. Finalmente afirmó que había sido «el Palacio Nacional», refiriéndose al actual presidente, Michel Martelly, quien lo había enviado. En el momento de redactar el presente artículo, el Presidente no había confirmado ni negado la autorización o la participación en la amenaza de desalojo.
Los residentes en el Camp Django temían, con razón, que su campamento siguiesen la misma suerte los de tantas personas desplazadas desde el terremoto, hace ya más de 18 meses: desalojo violento, agravamiento de su ya vulnerable situación y falta de un lugar donde vivir.
Camp Django es sólo un pequeño ejemplo de lo que está sucediendo en Haití. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que en abril de 2011, 166.000 damnificados por el terremoto, una cuarta parte de la población desplazada, se enfrentaban a una amenaza inminente de desalojo. Los desalojos los ha llevado a cabo el Gobierno mismo, u otros con la aprobación tácita de éste, a pesar de las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que instan al gobierno de Haití a establecer una moratoria para los desalojos y a adoptar las medidas adecuadas para proteger de los desalojos ilegales forzados a la población desplazada.
Aún no está claro si el alcalde de Delmas ha favorecido o condenado los actos concretos de violencia contra los residentes de Camp Django, pero la posición de la Alcaldía sobre los desalojos forzosos es bien conocida. Después de liderar una oleada de violentos desalojos ilegales el mes pasado, el alcalde declaró recientemente en la televisión haitiana que seguirá obligando a las comunidades desplazadas a abandonar los campamentos, a pesar de que todavía no tienen a donde ir.
El presidente Martelly, quien se ha negado a condenar públicamente los desalojos violentos forzados del alcalde de Delmas, es responsable de cualquier daño y amenaza que recaiga sobre la comunidad de Camp Django y los miles de haitianos que se encuentran en los restantes campamentos de desplazados.
Las mujeres alzan sus voces pidiendo justicia. «Los ricos», nos dicen, «usan la fuerza contra los pobres de Haití.» Exigen justicia para Marie. E insisten en que se proteja su derecho humano a la vivienda. Se están organizando y sus voces son fuertes, su pasión es pura, su causa es justa. Nos inspiran para unirnos a ellas.
Bill Quigley enseña en la Universidad Loyola de Nueva Orleans y es director jurídico del Centro de Derechos Constitucionales (CCR). Jocelyn Brooks es miembro del Centro Ella Baker para los Derechos Humanos, asociado al CCR, y colabora en el Bureau d’Avocats Internationaux (BAI) en Port-au-Prince.
Para más información sobre los desalojos y la campaña de resistencia a los mismos, puede visitar www.ijdh.org (Institute for Justice and Democracy in Haiti).