El discurso de los principales candidatos a los comicios de este domingo en Guatemala no aborda de forma específica ni ofrece medidas concretas para afrontar la violencia contra las mujeres que, en lo que va del año, ha costado al menos 322 vidas. «Me dijeron que si no entrego el dinero me van a matar, […]
El discurso de los principales candidatos a los comicios de este domingo en Guatemala no aborda de forma específica ni ofrece medidas concretas para afrontar la violencia contra las mujeres que, en lo que va del año, ha costado al menos 322 vidas.
«Me dijeron que si no entrego el dinero me van a matar, pero que primero acabarán con mis hijos, mi esposo y mis yernos», relata a IPS Sonia Rodríguez (nombre ficticio), de 43 años, quien lleva más de una semana acogida en el albergue para mujeres de la Fundación Sobrevivientes de Guatemala.
Según datos oficiales, en 2006 fueron asesinadas 603 mujeres –16 por ciento más que el año anterior–, y tras la mayoría de las muertes se oculta el crimen organizado, ya sea en forma de «maras», o pandillas juveniles, grupos del narcotráfico o redes de trata de blancas, asegura a IPS Norma Cruz, directora de la Fundación que desde hace siete años presta apoyo a víctimas y familiares de asesinadas.
Cruz lamenta que tanto los partidos políticos de derecha como de izquierda prometan más seguridad, pero sus recetas «sean simplistas» y no tengan en cuenta de manera concreta el problema de la violencia contra las mujeres.
Sentada en el comedor del albergue, Rodríguez cuenta que hasta que recibió la primera llamada de teléfono exigiéndole la entrega de 50.000 quetzales (unos 6.600 dólares), trabajaba en el desarrollo de proyectos sociales en el suburbio de la capital en el que vivía. Ante las continuas amenazas, toda su familia se vio obligada a dejar su casa.
La semana pasada, interrogados por sus planes a favor de las mujeres y para afrontar los feminicidios en un foro transmitido por la cadena de noticias estadounidense CNN En Español y el guatemalteco Canal 3, los cinco principales candidatos presidenciales hablaron de equidad de género y étnica, fomento de la educación e incorporación al trabajo de las mujeres.
«¿Pero, de qué nos sirve que nos den espacio (a las mujeres) si estamos muertas?», se preguntó Cruz, quien atiende más de 40 casos por día en la Fundación.
Según sus registros, 10 por ciento de las asesinadas mueren a manos de su esposo o compañero sentimental, otro tanto debido a rencillas entre familiares y vecinos, y 80 por ciento que resta se debe al crimen organizado.
«Hay una gran carga de odio contra la mujer», opinó esta ex guerrillera para quien la violencia data del conflicto armado interno (1960-1996) porque «se desmovilizó el movimiento revolucionario, pero no la infraestructura de guerra y de terror».
Datos oficiales revelan que en el primer semestre de 2007 hubo 2.857 asesinatos, en su mayoría con armas de fuego.
Aunque se cuentan muchos más hombres asesinados, la saña es mayor contra las mujeres, que llegan a los hospitales heridas de arma blanca y de fuego, pero, además, golpeadas, violadas o estranguladas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó el 31 de agosto en un comunicado su preocupación ante «un notorio incremento del crimen organizado, la criminalidad y la violencia contra las mujeres, el recrudecimiento de las acciones en contra de los defensores de los derechos humanos y la impunidad imperante».
«Me duele. Ya no voy a poder volver a mi casa, mis proyectos, mi Iglesia, mi gente», se lamenta Rodríguez, casada, con cinco hijos y cuatro nietos. Mientras habla, a veces emocionada, mantiene cerca su teléfono móvil por si llaman «los malos», a los que ha añadido en su lista de contactos, y con los que debe seguir «negociando» el monto de la extorsión.
«Si uno no da el dinero, lo matan», asevera Rodríguez. No tiene «mucha esperanza en que la policía pare esto», pese a que denunció el caso a las autoridades y éstas localizaron en una prisión el origen de la llamada del supuesto extorsionador.
La encargada de la Defensoría de los Derechos de la Mujer en la Procuraduría de los Derechos Humanos, Ana Gladis Ollas dijo a IPS que «ningún partido político ofrece atender con un mayor énfasis el problema de las muertes violentas de las mujeres».
Cincuenta y uno por ciento de los casi 13 millones de guatemaltecos viven en la pobreza, una condición que afecta a más de 70 por ciento de la población indígena, de acuerdo con cifras oficiales. A la pobreza se suma la violencia, a la que son especialmente vulnerables las mujeres, que representan 51 por ciento de los habitantes.
IPS salió a preguntar qué proponen los partidos.
Según Myrna Ponce, diputada del derechista Frente Republicano Guatemalteco (FGR), el problema no está en la agenda política y «se va haciendo invisible porque nos ven como una minoría».
Ponce, que propone crear juzgados específicos para mujeres, reconoció a IPS que no hay un abordaje real de la violencia feminicida porque ésta se ha convertido en un «problema ideológico» en una sociedad normada por una cultura machista.
Un total de 5,9 millones de guatemaltecos podrán elegir presidente entre 14 candidatos, así como vicepresidente, alcaldes y diputados. De no lograr más de 50 por ciento de los sufragios, los dos postulantes más votados acudirán a una segunda vuelta el 4 de noviembre.
La centroizquierdista Unión Nacional de la Esperanza (UNE), a la que los últimos sondeos sitúan en segundo lugar a tan sólo una décima del derechista Partido Patriota (PP), presentó al Congreso legislativo en junio de 2006 un proyecto de ley contra el feminicidio, aún pendiente de aprobación.
Esta iniciativa busca reforzar el papel del Estado en materia de investigación penal y dotar a las mujeres de un mejor marco legal de protección.
La coordinadora nacional de la mujer y candidata a diputada por la UNE, Mauri Estrada, reconoció a IPS que la cuestión no está presente en el discurso político «por desconocimiento», y dijo que su plan de gobierno propone reformar la Ley de Violencia Intrafamiliar, crear fiscalías especializadas y elevar el presupuesto de las instituciones que luchan contra este problema.
René de León, coordinador del plan de gobierno del PP, cuyo eslogan es «mano dura» contra la violencia, describió a IPS la propuesta de crear «una fuerza de tarea destinada a combatir el crimen contra la mujer».
La mayoría de los casos de violencia contra las mujeres permanecen sin investigar y, de los que llegan a los juzgados, sólo una mínima parte termina con una condena. En 2006, los jueces dictaron 12 sentencias, la máxima de 60 años de prisión y el resto de 50 años. Además, los procedimientos son largos, se puede demorar hasta tres años en llegar a juicio.
Muchos crímenes quedan impunes porque son pocas las familias dispuestas a llevar a los culpables ante los tribunales «por miedo a ser asesinadas», considera Cruz.
«Si una mujer es violada, siente vergüenza de denunciar. El sistema la desestimula», argumentó, y reprobó que en el Ministerio Público (fiscalía) se recomiende a las víctimas llegar a un acuerdo económico con el agresor, inclusive cuando hayan quedado embarazadas.
La Fundación Sobrevivientes, que ocupa a 30 personas, recibe cada año una partida de 200.000 dólares aprobada por el Congreso legislativo, pero Cruz advierte que es insuficiente y recuerda que en Guatemala hay sólo cuatro albergues de mujeres, incluido el suyo.
En el refugio de la Fundación, con capacidad para 25 personas, viven ahora seis además de Rodríguez: una mujer y sus tres hijos, y dos adolescentes de 13 y 14 años. La mayor presenció el asesinato de su novio y de su hermano.
La casa cuenta con un dispositivo de seguridad que incluye guardia armada, cámaras y alambre electrificado del perímetro, pero en el interior las paredes están pintadas de colores vivos y hay una luminosa sala de juegos infantiles.
Rodríguez muestra la foto de dos de sus nietos y desea que cuando crezcan no tengan que vivir con miedo.
«No pueden hacer nada», afirma refiriéndose a los políticos que queman sus últimos cartuchos de la campaña electoral. «Yo no sé qué va a pasar conmigo».