El imperialismo estadounidense, viene enfrentándose a distintos desafíos para su dominio y expoliación, en regiones como el Pacífico, que después del 45 considero como su «lago». Así como en Europa, donde a través de la OTAN el Pentágono tienen a su cargo el 75 por ciento del gasto militar, para «garantiza la integridad territorial de […]
El imperialismo estadounidense, viene enfrentándose a distintos desafíos para su dominio y expoliación, en regiones como el Pacífico, que después del 45 considero como su «lago». Así como en Europa, donde a través de la OTAN el Pentágono tienen a su cargo el 75 por ciento del gasto militar, para «garantiza la integridad territorial de sus estados miembros». Y en Oriente Medio, donde la existencia de enormes bases navales y aéreas de Estados Unidos «tranquiliza a los amigos e intimida a los rivales».
Razones por las cuales le resulta inadmisible la intervención rusa en Ucrania y Siria, así como el hecho de que China está convirtiendo sus mares territoriales junto al lago estadounidense en aguas claramente en disputa. No obstante desde el final de la Guerra Fría, la abrumadora supremacía del poder militar estadounidense ha sido el elemento central de la política internacional1.
De ahí también que, cada vez más la Casa Blanca viene recurriendo a métodos «poco ortodoxos» dentro de su estrategia de dominación. Muestra de ello lo da tanto la Guerra Global contra el Terror (GWOT, por sus siglas en inglés), como el financiamiento encubierto de estos grupos llamados terroristas, que en realidad funcionan como actores paramilitares. Así, estos grupos han extendido el terror yihadista desde un remoto rincón de Afganistán hacia la mayor parte del planeta, desde África y Levante hasta el sur y el sureste de Asia. Además de algunos ataques terroristas en Europa y Estados Unidos.
Mismos que por medio da la invasión contra Iraq han contribuido sustancialmente al establecimiento de este régimen de hechos. La Guerra de Iraq dio lugar a la multiplicación por siete de la tasa anual de ataques yihadistas con víctimas fatales, llegándose literalmente a cientos de nuevos ataques y miles de civiles muertos. Y aunque se excluyese el terrorismo en Iraq y Afganistán, los ataques mortales en el resto del mundo han aumentado en más de un 33 por ciento.
A este respecto, Médicos con Responsabilidad Social (de EEUU), Médicos por la Supervivencia Global (de Canadá) y Médicos del Mundo por la Prevención de la Guerra Nuclear (de Alemania). Mediante un estudio que intenta aportar un estimación real del total de cadáveres contados en las tres principales zonas de guerra [Iraq, Afganistán y Pakistán] durante los 12 años de ‘guerra contra el terrorismo'». Y que además incluye un minucioso escrutinio «de las principales publicaciones y datos aparecidos en relación con el número de víctimas en esos países», e información extra sobre acciones militares. Ha arrojado la «cautelosa estimación» de que 1,3 millones de personas murieron en esas guerras, sin embargo un recuento «incluso podría superar los dos millones».
Más aun, estudios realizados por el Instituto Oslo de Investigación sobre la Paz, han demostrado que dos tercios de las muertes en las zonas de conflicto se agudizaron cuando la solución fue impuesta por elementos ajenos. Tan sólo en Siria, el número de muertes se triplicó después de que los occidentales iniciaran ataques aéreos contra el Daesh. Así como cuando la CIA inicio su velada interferencia militar en la guerra2.
Lo cual viene apuntando hacia la conclusión de que, las llamadas «guerras de protección» contra el terrorismo y el narcotráfico [combatidas por ‘coaliciones de voluntades’], hoy en día se han convertido en la principal fuente de violencia en el mundo, contribuyendo ocasionalmente con más de la mitad de las víctimas del conflicto». Incluso cuando en muchos de los casos, como ocurrió en Siria, haya posibilidades de arreglos diplomáticos, sin embargo estos han sido ignorados.
Hechos que sin duda debemos tener en cuenta en América Latina, máxime cuando Washington en nuestro continente tiene la intención de reimplantar el proyecto del ALCA para sortear los problemas que enfrenta en Asia y Europa. Con la intensión de transformar al continente en una inmensa área de «libre comercio», comandada por la economía norteamericana. Extendiendo hacia toda la región lo que ha venido poniendo en práctica en México bajo el TLCAN.
Sin embargo, en 2002 la victoria de Lula en Brasil les causo un gran disgusto a los estrategas estadounidenses ya que se rompió con ese proyecto. Bajo la dirección de Celso Amorim en la política externa brasileña se intento abrir el camino hacia el fortalecimiento de los procesos de integración existentes y hacia la construcción de otros espacios de integración. Fue así que el Mercosur avanzó hacia la fundación de Unasur, con su Consejo Suramericano de Defensa, el Banco del Sur, entre otros organismos, desembocando en la Celac.
Además de ello, en América Latina algunos países logran cambiar su inserción internacional, especialmente aquellos países que han intentado a salir del modelo neoliberal. Por lo que la prioridad de esos países pasó a ser la integración regional y el intercambio Sur-Sur y no los Tratados de Libre Comercio con los EEUU. A lo cual contribuyo la intensificación del comercio con China, y a consecuencia de esto la extensión y profundización del mercado interno de consumo popular.
Sin embargo, el cambio de gobierno en Argentina y en Brasil le brinda la oportunidad a los EEUU para terminar con el aislamiento y el consecuente estancamiento de sus proyectos, que al menos durante un decenio padeció en la región. Particularmente a partir del Mercosur, puesto que a partir de él la derecha brasileña siempre ha querido abrir espacios para acuerdos bilaterales de libre comercio con los EEUU. Por lo que se vislumbra el rebajamiento del perfil del Mercosur, a la vez que se agilizan los acuerdos con la Unión Europea y de intercambios con la Alianza para el Pacifico3.
Así, el Pentágono pretende que a partir de la reversión de gobiernos como el brasileño y argentino, promover un nuevo proceso para la inversión de capitales norteamericanos en toda la región. A la vez que pretende ampliar el cerco hacia países como Venezuela, Bolivia y Ecuador. De ahí podemos observar la manera que altos funcionarios de inteligencia y medios masivos, han alertado sobre un «posible colapso» de Venezuela y hasta de un golpe de Estado.
El Times acorde con los intereses de la burguesía de su país ha dicho que las amenazas que los venezolanos enfrentan hoy en día no son el resultado de conspiraciones extranjeras o domésticas, sino del liderazgo desastroso de Nicolás Maduro. Además según el mismos diario, la crisis venezolana ha expuesto las promesas «vacías» de las políticas socialistas que Maduro, así como su antecesor Hugo Chávez han promovido desde finales de los años 90. Más aun, ha criticado al gobierno venezolano por no «acudir» al Fondo Monetario Internacional u otras instancias para «rescatar» su economía»4.
Y en el mismo tenor golpista, La Agencia de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) solicito para el año fiscal 2017 incrementar su presupuesto para Venezuela en más de un millón de dólares, a un total de 5 millones 500 mil, para «defender prácticas democráticas, instituciones y valores que apoyen los derechos humanos, la libertad de información y la participación de la sociedad civil».
En tanto que, la oposición interna en Venezuela no se ha quedado a tras y ha cumplido con su parte, utilizando las guarimbas5, así como a paramilitares colombianos en todo el territorio venezolano, mismos que se han apoderado del mando de redes delictivas y ejercen la violencia bajo la supervisión del Comando Sur6.
Y ante el uso cada vez mayor de grupos paramilitares y narcotraficantes, tanto en Europa, Asia y Medio Oriente así como en nuestros países, haremos una breve revisión histórica de estos grupos, pero además trataremos de ver como vienen funcionando en la actualidad.
La conformación del esquema narco-paramilitar en Bolivia
En Bolivia durante 1980 logro encumbrarse en el gobierno una auténtica mafia civil-militar, que se fortaleció mediante el flujo ilícito de dólares provenientes de la venta de drogas, y el consecuente amparo de la corrupción que esto conlleva, así como el abuso de poder. Todo a su vez producto de una larga secuencia de golpes de Estado militares perpetrados desde 1964 en ese país. Resultando en una inestabilidad política institucional crónica, con profundas raíces en las contradicciones del desarrollo del capitalismo dependiente que caracteriza a los países de nuestra región.
Derivado de la inestabilidad política, las Fuerzas Armadas ocuparon el escenario político boliviano casi ininterrumpidamente desde 1964. Mediante dictaduras con la del General Barrientos en el 64, pero particularmente desde 1971 con la dictadura del General Bánzer, los militares trataron de institucionalizar su presencia en la escena política boliviana, a semejanza del modelo brasileño, primero y los sistemas argentino y chileno, después. Pero no lograron estos objetivos en un principió, y no por falta de apoyo por parte del Pentágono, ya fuera de forma abierta o encubierta.
De hecho, los oficiales bolivianos además de haber sido educados dentro de su país en el Colegio Militar de la Paz, así como en otras escuelas superiores de especialización en aquel entonces existentes en Cochabamba, fueron adoctrinados en la entonces Escuela Militar de Las Américas (hoy Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad) de la zona del canal de Panamá y en demás instituciones de Norteamérica. En dichos lugares se formaron al menos 4.000 oficiales bolivianos, equivalentes a todos los que durante 1980 formaban parte del establecimiento militar de esa nación7.
Más aun, según lo indico el que fuera presidente de Bolivia, Walter Guevara Arze, en las escuelas estadounidenses los oficiales bolivianos fueron adoctrinados dentro de los esquemas de la llamada «Doctrina de la Seguridad Nacional y de la Defensa Ampliada», las cuales postulan que la defensa exterior de los países queda en manos de Washington, mientras que los ejércitos locales se harían cargo de luchar contra el enemigo interno.
Educación que convenció a los militares bolivianos de que su función sagrada era gobernar a Bolivia. E incluso que aquellos que dudaban de la validez de las enseñanzas recibidas, se mantuvieron leales al sistema por los beneficios obtenidos. Ya que de 1974 a 1977 los generales entraron en un proceso de aburguesamiento relativo, emanado del enriquecimiento que experimentaron cuando la coyuntura económica internacional favorable para Bolivia les permitió ingresos extraordinarios por concepto de exportación de materias primas y de endeudamiento externo.
A lo cual se le sumo el hecho de que muchos militares ocuparon funciones civiles de todo tipo, como prefecturas, alcaldías, presidencias o gerencias de empresas autárquicas o estatales, mediante las cuales percibieron además jugosos sueldos civiles. Así como conllevaron grandes beneficios sociales de carácter personal y facilidades financieras. Mismas que les permitieron construir casas, comprar tierras o invertir en negocios. Que de la mano de ventajas aduaneras les dieron acceso a todo tipo de productos manufacturados llevados directamente desde Panamá o Miami, como automóviles de lujo.
En tal contexto, el grupo de oficiales más próximos a Bánzer se benefició de todo tipo de favores y licencias derivadas de la posición que cada uno de ellos ocupaba en la administración de los asuntos públicos. Deviniendo a su vez en abusos y corrupción, por lo que varios jefes y oficiales se vieron envueltos en negocios y tráficos ilícitos, al margen de toda ley con total impunidad. Así se trafico con gasolina, maderas preciosas, autos, armas, drogas, etcétera. Y fueron el origen de superganancias y fortunas espectaculares. Siendo el tráfico de la cocaína sin lugar a dudas el factor fundamental del surgimiento de una mafia militar-civil-narcotraficante8.
Todo lo cual se unió al intento más serio por institucionalizar el poder militar en ese país realizado por Bánzer. Durante ese periodo, se puso en marcha un experimento de acumulación de capital acelerada bajo moldes dictatoriales. Consistente en desmantelar la economía estatal y popular, en beneficio de empresas privadas. Resultando muy lucrativo y de gran benefició para el capital nacional y trasnacional. Debido a que el uso irrestricto del poder estatal, sin limitaciones legales o morales de ninguna especie, les permitió cuantiosas posibilidades de enriquecimiento. Implementando políticas que les facilitaron la explotación sin freno de la clase trabajadora a la vez que les facilitaban la transferencia del valor creado en la esfera de la empresa pública hacia entes privados. Y para lo cual distintos mecanismos de corrupción fueron pilares centrales de la estructura de poder, además de una condición fundamental para su permanencia y reproducción9.
Configurándose así la explotación irracional de los recursos naturales, la expansión inflacionaria del crédito bancario al sector empresarial-privado, el uso desenfrenado del gasto público, la depresión sistemática de los salarios y especialmente, el irracional endeudamiento externo. Razones por las cuales el régimen banzerista no fue una dictadura militar como las que anteriormente azolaron a América Latina. Sino que formo parte de un esquema continental para la conformación de Estados dictatoriales, en los cuales todos sus engranajes estarían orientados al servicio del capital nacional e internacional. Por lo que fue un régimen brutalmente represivo hacia la clase obrera, sustentándose en el terror sistemático. No obstante lo cual, el experimento fracaso, dejando solo las deudas, junto con socavones cada vez más vacíos, tanto de yacimientos mineros como petroleros.
Fundamentos del narco-paramilitarismo
La burguesía boliviana y los militares que la representaban en los ochenta al igual, al igual que ocurre en la mayor parte de nuestros países, no tenían un proyecto político financiero que representara los intereses de la nación. Sino que estaban más enfocados – como hoy día ocurre en Colombia y México -, en enriquecerse lo más rápido posible, siendo incapaces de formular lineamientos que cubrieran un amplio horizonte para el futuro de su país. De ahí que, tal como por desgracia viene ocurriendo hoy en día en nuestro país, en el régimen dictatorial boliviano no existía un mínimo programa económico, o si existía era incompatible con las necesidades de la clase trabajadora. Derivando en una constante inconformidad social.
Y pos consiguiente, cuando la dictadura de Bánzer no logra llevar a buen puerto los intereses de la burguesía local e imperialista, se recurrirá cada vez más al uso de bandas armadas con un carácter absolutamente irregular e ilegal, conformado por elementos organizados militarmente, pero vestidos de civil. Dedicados a las «tareas sucias» de la represión política y del terrorismo de Estado. Generalmente como «policías paralelas», «grupos parapoliciales» o «paramilitares».
Actores que al amparo del poder de las fuerzas armadas bolivianas comenzaron a constituirse en los 80. Aunque parte de sus orígenes tuvieron fundamento en los grupos de choque que en los años cincuenta organizo la Falange Socialista Boliviana (FSB), a cargo de Carlos Valverde Barbery, bajo el nombre de «Camisas Blancas», con el fin de combatir a las milicias populares del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
Resultando así, que durante el sangriento golpe de Estado en Bolivia, en agosto de 1971, hicieron su aparición los primeros embriones de grupos paramilitares. En La Paz estos grupos fueron francotiradores asesinos, donde destacaron el «Mosca» Monroy y Alberto Álvarez, así como la pandilla llamada los «Marqueses». En tanto que en Santa Cruz se experimento con la aplicación del sistema de «escuadrones de la muerte», llevados a Bolivia desde Brasil. En estos hechos los dirigentes fueron Widen Razuk Abrene y Oscar Román Vaca, organizando a los escuadrones que entre el 19 de agosto de 1971 y marzo de 1972 asesinaron a 304 personas. Lo cual los llevo a ser premiados por Bánzer con cargos públicos: Monroy fue a la Dirección de Aduanas, Álvarez a la Presidencia de la Lotería Nacional, Razuk a la Prefectura del Departamento de Santa Cruz y Román Vaca a la Presidencia del Comité Pro Santa Cruz10.
Con tales individuos, así como con otros derivados del ejército, la policía y el hampa el régimen de banzerista organizo su policía política con el nombre de Departamento de Orden Político (DOP) encubierto como dependencia del Ministerio del Interior. Y a su amparo, durante los siete años que duró la dictadura, distintas bandas semiclandestinas y parapoliciales fueron las encargadas de sembrar el terror entre la población, recurriendo a asaltos nocturnos en los domicilios de quienes eran molestos al régimen, así como a los cada vez más «refinados sistemas de interrogatorio», la abierta tortura y las «detenciones», que en realidad eran secuestros políticos.
Así, se hicieron «celebres» torturadores militares como: el coronel Rafael Loayza, jefe de Inteligencia del Ministerio del Interior, el capitán Carlos Mena , jefe de Operaciones del Ministerio del Interior y posteriormente sucesor de Loayza, el coronel Jorge Cadima, el Rudy Landívar y el mayor Tito Vargas. Así como otros tantos civiles: Guido Benavides (inspector de policía, jefe del DOP y luego de la Dirección de Investigación Nacional DIN), Jorge «Coco» Balvián y Daniel «Damy» Cuentas, este último ex militante revolucionario11.
Todo lo cual fue posible después de que el general Juan Pereda -ministro del interior desde 1974-, fue derrotado por la oposición, una vez que se hecho a andar el proyecto de «legitimación electoral» de la dictadura. Pereda se levanto en armas contra Banzer y le quitó el gobierno, el 2 de julio, para ser derrocado a su vez el 24 de noviembre, por el comandante del ejército, general Padilla. Mismo que bajo presión de los Estados Unidos prometió nuevas elecciones para legitimar su dominio en contubernio de la burguesía local e internacional. Y ante la «debacle» y el desmoronamiento del régimen militar, los sectores más lúcidos del ejército se organizaron para sobrevivir y preparar su contraofensiva.
Por lo que a partir de 1978 comienzan a llegar a Bolivia los primeros mercenarios extranjeros reclutados por el criminal de guerra alemán Klaus Barbie-Altmann (jefe de la policía política nazi GESTAPO en la ciudad francesa de Lyon durante la SGM) mediante el Ministerio del Interior boliviano (DOP-SIE), donde el refugiado nazi era asesor12.
Así como hicieron su aparición en la escena boliviana los argentinos Alfredo Mario Mingolla y González Bonorino y Silva, quienes pertenecieron a la tristemente célebre «Alianza Anticomunista Argentina» (triple A). Contratados por el Ministerio del Interior, actuaron como provocadores durante la campaña electoral de 1978, así como fueron quienes dinamitaron la sede parroquial de Loreto, en Cochabamba, en septiembre del mismo año. Además, en ese mismo mes también llego a Bolivia igual por conducto de Altmann, el terrorista alemán Joachim Fiebelkor (desertor del ejército alemán, mercenario de la Legión Extranjera, vinculado a la «Internacional neonazi»), proveniente de Paraguay.
Más toda vía, a fines del mismo año, Altmann llevo a Bolivia también desde Paraguay al ex soldado alemán nazi Hans Joachim Stellfeld y al mercenario belga «coronel» Jean Sheramme. Mismos que recibieron sueldo y credenciales del Ministerio del Interior boliviano y se pusieron a cargo de la instrucción militar de grupos irregulares. Todos estos grupos actuaron finalmente durante la derrota del régimen dictatorial del coronel Alberto Natusch, en noviembre de 1979. Tras ponerse en pie un ejército de paramilitares «profesionalizados» con el objetivo de conquistar el poder, ya que el ejército regular había sido derrotado, después del proceso democrático-electoral que colocará como presidente interino al abogado Walter Guevara arce y ante tales hechos los militares tuvieron que retirarse a sus cuarteles después de 15 años en el poder.
Después de que en octubre de 1979 Natusch proclama el fin de la democracia representativa en Bolivia y reimplanta el régimen militar, quince días más adelante Natusch se ve obligado a abandonar el Palacio de Gobierno por la puerta trasera repudiado por el pueblo. De suerte que el Parlamento nombró nuevo presidente interino a Lidia Gueiler, misma que una vez en el puesto convocó a nuevas elecciones para junio de 1980.
Y en dicho contexto, tan solo un día después del aplastamiento del golpe de Natusch, se preparo el siguiente golpe de Estado que tendrá como brazo ejecutor a las fuerzas paramilitares. Y en dicho proceso la experiencia argentina será fundamental, puesto que se hizo un uso extensivo de la represión clandestina, en lo cual eran expertos. Si bien el capitán Miguel Ángel Benazzi, oficial de Inteligencia, uno de los primeros torturadores de la Escuela de Mecánica de la Armada argentina, ya se encontraba en Bolivia desde 1978 como funcionario de la Agregaduría Naval de la Embajada Argentina. Para 1980 llegan en masa a Bolivia los «pesos completos» expertos en provocación, terrorismo, secuestro, tortura y la desaparición.
Resultándole más cómodo al Estado, actuar desde las sombras que desde las instituciones expuestas a la luz pública, logrando bajar la moral del «enemigo» (entiéndase movimiento popular) desatando el pánico en sus filas, a la vez que se mantiene la ilusión de una neutralidad de las fuerzas armadas o al menos no se desgastan estas en las «tareas sucias» de la represión política. Y más todavía, logran intimidar a los sectores militares «blandos» (institucionalistas o democráticos) que se oponen a las directrices de los sectores «duros»13.
Así, destacaron el siniestro capitán Antonio Pernía, que anteriormente ya había participado en operaciones clandestinas en París y Madrid, así como el capitán Schelling, ex jefe de Inteligencia del aparato represivo montado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Buenos Aires, el cual además se llevo a todos su equipo de torturadores. Derivando en que la Misión Militar argentina pronto elevara su personal en cubierto en Bolivia hasta llegar a contar con 70 funcionarios.
Pero el elemento fundamental para la construcción de la fuerza paramilitar golpista fue el Departamento II del Estado Mayor General del Ejército, una vez que a raíz del golpe de Natusch, queda en manos del coronel Luis Arce Gómez. Después del fracaso del golpe, Arce Gómez se atrinchero en el Departamento II, ante la pasividad del gobierno y de los demás jefes militares.
Siendo una de las principales «cualidades» de Luis Arce para desarrollar un nuevo golpe, el hecho de ser narcotraficante. De forma que por medio de Luis Arce y de sus contactos en la mafia del narcotráfico la fuerza paramilitar en formación encuentra no sólo su principal fuente de financiamiento, sino que además representará su principal fuente de crecimiento al incorporar masivamente a los pistoleros a sueldo de los narcotraficantes.
Para tales efectos, fueron los encargados de reclutar traficantes de cocaína, los oficiales Abraham Baptista y el capitán Rudy Landívar vinculados al narcotráfico. Configurándose desde los primeros meses de 1980 la simbiosis entre servicios secretos, el hampa del narcotráfico, militantes falangistas, mercenarios extranjeros, torturadores de la policía política y oficiales del ejército, todos bajo el mando invisible de la misión militar argentina. Y quedando la jefatura de tal banda terrorista en manos del coronel Arce, en tanto que la coordinación operativa estuvo a cargo de un equipo de «diplomados», liderada por el coronel Freddy Quiroga y el capitán Hinojosa, ambos procedentes del SIE14.
Este grupúsculo hizo su aparición en 1980 secuestrando y asesinando con técnicas desconocidas hasta entonces en Bolivia. Causando una ola de atentados y explosiones, varias de las cuales fueron mortales, recorrieron a ese país meses antes de las elecciones del Todo lo cual ocurre ante la pasividad y complicidad del Ejército, por lo que se pudo llegar así hasta el golpe del 17 de julio. Día en que las operaciones del golpe se encontraron por completo a cargo de los paramilitares.
De manera que tan sólo en hora y media, unas cuantas decenas de individuos vestidos de civil, pero entrenados militarmente y armados con metralletas, recorrieron la ciudad de La Paz al medio día en ambulancias, hasta lograr secuestrar a la presidenta de la República, así como a su gabinete magisterial, también a la dirección político-sindical del país, además de acallar mediante la fuerza a todas las radioemisoras de la ciudad. Y una vez paralizada la capital, los paramilitares entregaron el poder al ejército en la persona de comandante general, Luis García Meza15.
Demostrando así los golpistas a sus camaradas, que al utilizar a fuerzas paramilitares se podía actuar de manera «independiente» del resto de las fuerzas armadas, al tener la capacidad de lanzarse a la calle sin necesidad de recurrir a la movilización de regimientos militares cuyos comandantes podrían no estar dispuestos a ensuciarse las manos y el uniforme en tareas gansteriles. Más toda vía, servía como factor demostración para los indecisos o reticentes, al indicarles que también podían correr la misma suerte que tuvieron los políticos a manos de los paramilitares.
Siendo así que la mayor parte de los comandantes de regimientos no dudaron en participar en la represión, después de cumplidas las primeras acciones, salieron a la calle las patrullas militares. De manera que en los allanamientos actuaron en conjunto militares y paramilitares, donde a los últimos les correspondía la iniciativa mientras que a los primeros les tocaba ser el respaldo de la fuerza16.
Desde entonces, es de vital importancia para la clase obrera y campesina de toda América Latina, comprender que los narcotraficantes pueden actuar dentro del paramilitarismo, como una especie de «ejército paralelo» o guardia pretoriana, al servicio del ejército y fracciones de la burguesía nacional y extranjera. Y que llegan a conformar un verdadero poder dentro del ejército, debido a que los jefes y oficiales vinculados a ellos controlan al mismo tiempo puestos clave dentro del mismo. En Bolivia jefes y oficiales actuaron incluso como logias secretas, tal fue el caso de las llamadas «Águilas Negras». Además, los narcotraficantes lograron penetrar en todos los entresijos del aparato estatal.
Quitar el agua al pez y tierra arrasada, de métodos y estrategias para deshacer la insurgencia
Desde hace muchos años atrás, gran parte de los consejeros y expertos norteamericanos en política exterior sobre la ciencia político-militar de la contrainsurgencia, han observado a las revoluciones modernas con sumo detalle, para comprender sus estrategias y así poder contrarrestarlas o revertirlas. De forma que comienzan a definir a los participes de la insurgencia como «guerrilleros políticos», civiles armados para quienes el rifle o el machete son armas secundarias. Siendo su arma principal su relación con la comunidad o la nación, misma por las cuales pelean. Y su «arma secreta», más allá de cualquier estrategia o táctica, es la capacidad de despertar en la comunidad la inconformidad con el sistema de cosas imperante. Por lo que la derrota militar del enemigo, el derrocamiento del gobierno, son tareas derivadas que vienen en consecuencia. Siendo entonces la tarea central de la insurgencia lograr que la población se transforme en militante, ya que sin su consentimiento no tendría fuerza.
Tales hechos llevan a los estrategas a comprender que el insurgente puede emprender la retirada cuando no logra sostener un combate con buenas posibilidades de triunfo, o dispersarse y esconderse cuando no tiene seguridad de movimiento. De forma que siempre que cuente con el apoyo de la comunidad, puede diluirse en el seno de la población pacífica, el mar donde según Mao-Tse-Tung, la insurgencia nada como un pez.
Identificando entonces que la población es la clave de toda lucha, debido a que sin el apoyo del pueblo la insurgencia sería un simple grupo de bandidos incapaz de sobrevivir. Y si por el contrario la contrainsurgencia logra cooptar a la población para contar con su apoyo, la insurgencia no será posible, no habrá guerra ni revolución. La causa se evaporaría, muriendo al no encontrar el impulso popular necesario para alcanzar el cambio radical17.
Del examen descrito, también determinaron que el objetivo central de la insurgencia es elevar el nivel de madurez revolucionario y por ende la participación popular. Hasta llegar a un punto en el que la insurgencia se generalice en todo un país y las masas populares terminen con el orden existente, así como con el ejército que lo defiende. Y de acuerdo con la experiencia boliviana se puede observar que, los estrategas contrainsurgentes al resultarles improbable la derrota militar de una auténtica insurgencia, han optado cada vez más por la utilización de métodos cercanos al genocidio.
Todo lo cual ocurre al mismo tiempo que el gobierno finge ser popular, prestando gran atención a los conceptos populares de democracia, justicia y derechos humanos, para mantener cierta apariencia de normalidad. Esquema dentro del cual, conforme han aprendido que no pueden aplastar abiertamente a la oposición que los perturba y los hostiga, vienen recurriendo cada vez más a la estrategia narco-paramilitar o simplemente paramilitar, como la boliviana.
Revirtiendo para la insurgencia una situación en la que la movilización de la gente sencilla de todo un país, les permite crear un enorme mar humano donde ahogar al enemigo, como postulaba Mao. Máxime, cuando en los hechos los insurgentes en determinados momentos históricos lograron ampliar sus bases rurales hasta abarcar a la gran mayoría de la población campesina, haciéndole inviable el movimiento a las fuerzas armadas. Y lograron tomar posteriormente aldeas y pueblos grandes, hasta lograr replegar al ejército hacia sus puntos fuertes en la ciudad18.
Por ejemplo, durante 1982, en el Salvador cuando el ejército de esa nación no era capaz de derrotar al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional-Frente Democrático Revolucionario (FMLN-FDR). Se orquesto una campaña militar dirigida principalmente por fuerzas estadounidenses, que encaminaron sus fuerzas contra la población civil inerme, para quitarle apoyo al FMLN-FDR, amedrentando y masacrando a la gente. Asimismo se dio la persecución de obreros, campesinos, intelectuales, periodistas nacionales y extranjeros, así como fueron perseguidos todos aquellos que resultaran sospechosos de «simpatizar» con el movimiento revolucionario.
Bajo esa tesitura, se creo un clima represivo durante los ochenta tanto en el Salvador como en Bolivia, que se ha perfeccionado hasta la actualidad en Colombia y México mediante la guerra contra el narcotráfico. Ya que bajo esta se ha venido afectando a casi todos los sectores de la población, mediante la salida a las calles de militares que supuestamente intentan contener el avance del narcotráfico, pero que por el contrario han favorecido el fortalecimiento y la conformación de grupos de narco-paramilitares. Que tienen por objetivo escarmentar por medio del terror a todo el pueblo y mostrar que no hay derechos humanos que valgan. A causa de esto, hoy en día estamos padeciendo una terrible guerra genocida «contra las drogas». Inspirada, apoyada y conducida, tal como en las dictaduras del pasado, por el demencial imperio norteamericano.
Por las siguientes razones, en Colombia durante el mandato del tecnócrata Virgilio Vargas (1986-1990) se exponencia la guerra sucia inaugurada por Betancourt Cuartas. Siendo que se facilito la represión «legal» a la que fue sometida la oposición a partir de los dictados para «perseguir a narcotraficantes» y sus sicarios. Pero que en los hechos, los narcotraficantes contribuyeron decididamente a la conformación de grupos paramilitares, escuadrones de la muerte y sicarios de las fuerzas armadas. Como resultado del dinero que los narcotraficantes inyectaron, los paramilitares pudieron obtener armas modernas, sofisticados sistemas de comunicación, financiamiento de mercenarios internacionales como entrenadores, así como permitieron asalariar a extensas redes de sicarios e intimidar y sobornar a quien fuera necesario19.
Y conforme el narco-paramilitarismo se acentúo en Colombia, estos grupos se pusieron a «trabajar» en actos como el asesinato del médico, catedrático y senador de la Unión Patriótica, Pedro Luis Valencia Giraldo, ocurrido el 14 de agosto de 1987. Después de que días antes fuera uno de los organizadores de una marcha en Medellín para protestar ante la ola de asesinatos a profesores y estudiantes universitarios. Asesinado por sicarios que se encontraban bajo el mando del líder paramilitar y miembro del cártel de Medellín, Carlos Castaño Gil, ocurriendo tales hechos a muy pocas calles del supervigilado cuartel de la IV Brigada.
Más aun, el uso de narco-paramilitares ha permitido en Colombia dar un salto cualitativo en el tipo de asesinatos, puesto en evidencia ante la ejecución de cuatro militantes de derechos humanos. siendo que hasta antes de esas ejecuciones, gran parte de los asesinatos políticos cometidos por las fuerzas de seguridad y sus escuadrones de la muerte, recaía sobre personas asociadas a la oposición de izquierda como, sindicalistas, líderes populares, campesinos en la regiones guerrilleras, ex presos políticos, así como amigos y padres de miembros de los grupos de oposición armada.
Desde entonces, las desapariciones y los asesinatos se multiplicaron, ya que también se dirigieron a personas conocidas por sus contribuciones culturales, universitarias u acciones a favor de la ciudadanía. Configurándose como un ataque contra sectores enteros de la sociedad colombiana, donde lo único necesario para ser víctima era no apoyar abiertamente al gobierno y por lo tanto ser considerado como «subversivo»20. Resultando asimismo entonces, que la organización de la defensa de los derechos humanos en 1987, fue duramente perseguida, siendo amenazados de muerte 15 de sus miembros, cuatro asesinados y uno desaparecido. En tanto que otros cinco tuvieron que abandonar el país.
Quedando en claro el grado de impunidad ante estos hechos, del Estado colombiano, quien actuó al amparo del narco-paramilitarismo. Según demostraron las declaraciones por el líder paramilitar y narcotraficante Carlos Castaño Gil. Después de que este reconociera que el 9 de agosto de 1994 viajo a Bogotá y dirigió el comando que ejecuto al senador Manuel Cepeda Vargas. Pero no obstante su declaración la Corte Suprema de Justicia rechazó la confesión. Más aun, Manuel Cepeda señalaría la ironía y el deplorable sistema de justicia colombiano, al indicar que que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió de toda responsabilidad, sin que el mismo se asignara un abogado para su defensa21.
A este deplorable escenario en Colombia, se le sumaron las mal llamadas Juntas de Autodefensa, estipuladas en el Reglamento de Combate de Contraguerrillas (EJC-3-10 Restringido), como los principales apoyos de combate en contrainsurgencia, además de los servicios de inteligencia y los grupos de guerra psicológica. Resultando entonces que las autodefensas estuvieron cada vez más activas en las regiones de sus miembros y para lo cual contaron con la coordinación y el apoyo activo del ejército. Siendo enviadas por todo el país para asesinar a supuestos colaboradores de la guerrilla.
Despliegue paramilitar dentro del cual se debe tener en cuenta que ocurre una vez que en Colombia se instauran empresas trasnacionales estadounidenses como Del Monte y Doley, además de la United Fruit que se acento desde los sesenta en la zona de Urabá. Todas estas empresas acapararon las mejores tierras, de manera que a principios de los años ochenta Urabá ya ocupaba el segundo lugar en la exportación de banano en el mundo. Para lo cual se explotaron a unos 30 000 trabajadores cuyas jornadas llegaban a ser de hasta 70 horas semanales, sin seguridad social ni contratos fijos, además de que la mayoría se encontraban hacinados con sus familias en campamentos22.
Explotación ante la cual los trabajadores comenzaron a manifestarse en contra, apoyados por organizaciones y partidos de izquierda. Lo que le posibilito a su vez a la izquierda ganara alcaldías en los principales municipios de Urabá. Demostrando su contundencia organizativa sindical al momento de negociar pliegos laborales y ante la intransigencia patronal lograron paralizar totalmente la producción y exportación del banano, además de otras actividades económicas. Lo cual enfureció a los empresarios y al Estado.
Además la ruptura de las negociaciones entre las organizaciones guerrilleras y el gobierno agudizaron el contexto de conflicto, particularmente desde 1987. Y tal como viene ocurriendo hoy en día en distintos estados de la republica mexicana como Guerrero y Chiapas, el gobierno colombiano anuncio llevaría la «paz» a Urabá, declarándola «zona especial de orden público y operaciones militares». Ocurriendo entonces en esa zona que bajo el mando de un militar con poderes plenos, se instalaron cinco batallones de contraguerrilla, se cancelaron las personerías jurídicas de los sindicatos, a la vez que se multiplicaron los grupos de narco-paramilitares y se instauró una política represiva de tierra arrasada23.
En consecuencia, la madrugada del 4 de agosto de 1988, los narco-paramilitares llegaron a las haciendas bananeras Honduras y la Negra, en Urabá. Sacaron a los campesinos de sus dormitorios, los identificaron, interrogaron y mataron a veinte de ellos cuando aun permanecían tendidos en el piso. A esto se le sumaban la muerte de cuarenta dirigentes sindicales, asesinados días antes por «desconocidos». Y cuando algunos jueces, después de la masacre de campesinos, acudieron acompañados de militares para hacer el levantamiento de los cadáveres, algunas mujeres sobrevivientes identificaron a varios de los uniformados como partícipes de la masacre. Indicando que, cuando los asesinos estaban revisando a los fusilados, uno de ellos dijo: «Mi cabo, todavía hay uno vivo». «Remátelo» obtuvo como respuesta24.
Pero, no obstante la participación de militares en tales eventos, se dijo que algunos de ellos habían participado, estos eran una especie de «ovejas descarriadas». Afirmaciones que tenían la intención de negar una política de terror a escala nacional desatada por las fuerzas armadas contra la oposición. De ahí que la versión gubernamental fue desmentida por distintas investigaciones oficiales e independientes al establecer que las masacres habían sido muy bien preparadas. Más aun, de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación se concluyó que desde el Magdalena Medio se trasladaron paramilitares bajo el mando del ex militar Luis Antonio Meneses Báez, alias «Ariel Otero».
Además, los operativos para identificar a las futuras víctimas fueron realizadas por unidades de inteligencia de la V y X Brigadas, con el respaldo de empresarios bananeros y ex guerrilleros reclutados por el ejército, todo lo cual fue ordenado por el oficial Sanmiguel Buenaventura. Mientras que el desplazamiento de paramilitares y la dirección de operativos estuvo bajo la dirección del mayor Luis Felipe Becerra Bohórquez, mismo que incluso pago son su tarjeta de crédito la cuenta del hotel de Medellín de algunos de los militares trasladados desde el Puerto Bocaya a Urabá. 25
Asesinato y persecuciones que también alcanzaron a la jueza Martha Lucía González, después de que ésta el 31 de agosto de 1988 ordenara el arresto del mayor Becerra Bohórquez y del jefe paramilitar y narcotraficante Fidel Castaño Gil. Desde entonces recibió amenazas de muerte, hasta verse obligada a salir del país. Pero en represalia, el 4 de mayo de 1989 su padre fue asesinado en Bogotá. Más toda vía, la jueza que la sustituyo fue asesinada junto con sus escoltas el 28 de julio, después de que esta confirmara la orden de arresto contra Becerra Bohórquez.
Y si bien en septiembre de 1989 un tribunal de Bogotá confirma la orden de aprensión contra el oficial, esta nunca se efectuó, sino que por el contrario éste fue ascendido y enviado aun curso al extranjero. Además, la orden de aprensión fue revocada, a la vez que el militar fue nombrado secretario de prensa del ejército y recibió la medalla al Servicio distinguido.
De estos hechos se puede inferir que en Colombia, igual que ocurrió en Bolivia y se viene acentuando en México, se ha buscado abrirle espacio a los intereses y actividades del narcotráfico que se encuentran en contubernio con las perspectivas agroindustriales. Por lo que detrás de la estrategia de terror hacia la población y sus organizaciones, se debe destacar el hecho de que Urabá es considerada como una de las zonas más ricas y estratégicas de Colombia y el mundo. Zona con 1,230,000 hectáreas de tierra y cerca de 700,000 habitantes, no sólo es productora del 60 al 100% de los cultivos de banano del país, sino que además, posee enormes reservas madereras, pesqueras, oro, plata, platino, cobre, titanio, cobalto radioactivo, gigantescos recursos petroleros, así como una gran biodiversidad26.
Mientras tanto en México, particularmente en el estado de Guerrero, desde antes del 26 de septiembre de 2014, día en el que 43 estudiantes de la Normar Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, desparecieron a manos de supuestos pistoleros del grupo criminal Guerreros Unidos en Iguala, coludidos con policías municipales. El número de desaparecidos por supuestos narcotraficantes eran casos de todos los días y que nadie volteaba a ver. Tan solo en mayo de 2010 se localizo en Taxco una mina abandonada con 54 cadáveres, así como se encontraron «narcofosas» descubiertas en 2013 y 2014 en Zumpango, Acapulco e Iguala. Tan solo de enero a agosto de 2014 se contabilizaron 197 desaparecidos, que sumados con los 43 normalistas son 24027.
Hechos que han gozado de tal impunidad que, al día de hoy han colocado a Guerrero en una situación donde todos los días las colonias y barrios de las orillas de Acapulco sean campo de batalla entre hordas de niños y jóvenes sicarios. Mismos que se encuentran bajo las órdenes de algún cártel local. Ocurriendo así desde 2012, cuando el estado empezó a disputar el primer sitio en violencia frente a Cuernavaca, Tijuana, Ciudad Juárez y Ecatepec. Siendo considerado Acapulco el año pasado como la ciudad más peligrosa del mundo con casi mil 200 asesinatos. Éste estado de la república comenzó a sufrir una exacerbación de la violencia desde el 28 de octubre de 2010, después de que en el centro de Acapulco fueron fusilados tres hombres y una mujer. Desde entonces, la violencia ha ocasionado el cierre 970 negocios en el puerto, la huida de familias, así como el abandono de residencias o casas de playa.
Ante tales eventos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anuncio un plan de «rescate para Acapulco», que ha implicado la militarización de la seguridad pública, tal como ocurriera en Colombia cuando se instauran los narco-paramilitares. Y de igual forma que en aquel país, pese o gracias a la implementación de operativos policiaco-militares la narcoviolencia continúa. Situación que parece se agudizara, puesto que Osorio Chong anuncio en 2015 la creación de un cuartel militar en Chilapa, a pesar de que dicha zona ha sido señalada como una franja donde el Ejército ha sido acusado de proteger al grupo de los «Ardillos».
Versiones que han sido corroboradas por los hechos, pues este grupo no sólo aniquila con toda impunidad a sus adversarios, sino que también realiza secuestros para reclutar adeptos y los obligan a trabajar para ellos en campos de enervantes o los integran a sus escuadrones de la muerte. Más aun, se ha señalado a la familia del dirigente perredista Bernardo Ortega Jiménez de mantener vínculos con el grupo de los Ardillos, así como con integrantes de una nueva banda. Este nuevo grupo supuestamente ha desaparecido a 16 personas de entre 15 y 31 años, algunos de los cuales han sido vistos trabajando en campos de amapola resguardados por hombres armados28.
Y como resultado de estos hechos, se viene observando una indolencia por parte del gobierno federal, al no hacer nada para detener a tales delincuentes, pese a las denuncias de familiares de las víctimas como José Díaz Navarro. Éste ha advertido desde 2015 que en Chilapa se estaba gestando otro Ayotzinapa, ya que ha sido evidente que la delincuencia actuó en colusión con el ejército, autoridades federales y estatales, para la desaparición de su hermano Hugo y Alejandro. Estos fueron interceptados, junto con tres empresarios de la construcción, por sujetos armados en la comunidad de El Jagüey a finales de 2014 y hasta la fecha los cinco siguen desaparecidos.
Pero además, el vínculo narco-paramilitar también se ha visto fortalecido por el respaldo de la prensa, debido a que en ésta algunos informadores han sido contratados por las autoridades y publican notas y reportajes sesgados, tal como ha señalado Ángela Buitrago, ex fiscal colombiana y que trabajo en México durante 13 meses como integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Además, Ángela a señalado que cuando el GIEI solicito a las más altas autoridades del país que permitieran interrogar a los militares que presenciaron los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, así como les permitieran revisar los informes que los militares entregaron a sus superiores. El Secretario de Gobernación, Osorio Chong les dijo que esos interrogatorios no iban a ser posibles29.
Otro tanto ha venido ocurriendo en el caso de Tlatlaya, estado de México, lugar donde también se ha puesto en evidencia que el 30 de junio de 2014 el ejército mexicano realizo ejecuciones sumarias, después de mantener un enfrentamiento con supuestos integrantes del crimen organizado. En este caso, Grupo Televisa se fue deshaciendo de los directivos de Esquire, ya que estos respaldaron la publicación del reportaje freenlace (el cual sostiene la versión de ejecuciones por parte del ejército) en 2014 y el seguimiento que le dieron en 2015. Así, la cúpula editorial de Televisa despidió a Manuel Martínez Torres, quine era directos de Esquire, así como a su jefe, Javier Martínez Staines y por lo cual Mael Vallejo, editor general también de Esquire, renuncia.
Así, el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre Espinosa, ha señalado que la falla de origen para dar solución al caso Tlatlaya, se encuentra en el hecho de que los militares mantuvieron el control sobre el lugar de los acontecimientos por varias horas, antes de la intervención de una autoridad civil, mientras que la CNDH ha encontrado que cuando la Sedena toma el control de una escena del crimen con frecuencia la altera para encubrir lo que ocurrió. Lo cua es corroborado por el testimonio de los sobrevivientes de Tlatlaya y los mismos soldados, ya que estos han indicado que la zona estuvo bajo control castrense entre seis y ocho horas hasta que llegaron, después de las 12:30, funcionarios de la Procuraduría del Estado de México30.
Pero por si todo esto no fuera suficiente, en el estado de Guerrero bajo el clima de violencia e incertidumbre ya descrito, han surgido las llamadas Autodefensas desde junio de 2012, en Huamuxtitlán, región de la Montaña, antes incluso que en Michoacán, donde el fenómeno emergió más tarde y el armamento como cuernos de chivo llamaron la atención de inmediato y por lo cual salieron en los titulares de la prensa nacional e internacional, en tanto que las armas en Guerrero no pasaban de escopetas y pistolas de bajo calibre.
Y aunque el embrión de la Policía Comunitaria fue el nacimiento de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), en noviembre de 1995, las autodefensas de Huamuxtitlan estarían signadas por enfatizar su lucha contra el narcotráfico. Y dentro de esta misma línea le siguió Olinalá, lugar que ha tenido mayor relevancia a partir de que a mediados de 2013 su comandanta Nestora Salgado García detuvo al síndico procurador del Municipio, armando Patrón Jiménez. Acusado de mantener vínculos con los narcotraficantes de la región31.
Asimismo en Telamacatzingo, poblado perteneciente al municipio de Olinalá, surge otra autodefensa el 2 de diciembre de 2012, con Citlali Pérez Vázquez al frente. Mientras que el 5 de enero de 2013, surge otra autodefensa en Ayutla de los Libres, bajo el mando del násuvi Bruno Plácido Valerio.
Sin embargo es importante tener en cuenta que tales autodefensas han mantenido diferencias radicales en sus formas de trabajo. Destacando el hecho de que mientras Nestora Salgado se confrontó con el gobierno del estado, de quien en un principio sólo recibió una pick up, Bruno se hizo su aliado, aceptando todo tipo de prebendas, desde playeras y radios para sus huestes, hasta una camioneta blindada en la que se transportaba.
No obstante estas diferencias, desde 2012 el surgimiento de las autodefensas no ha parado en Guerrero, manifestándose en las siete regiones de dicho estado. En municipios como El Mesón, Cualac, Coyuca de Benítez, Tierra Colorada, Teololoapan, Xaltianguis (Acapulco), Tecpan, Costa Grande, Atlixtac, Alpoyeca, Tlapa (centro económico de la Montaña), Chichihualco, Zumpango, Apaxtla y Chilpancingo. Todas las autodefensas han avanzado, crecido o se han extinguido, al igual que sus líderes, en un clima de corrupción e inconformidad social, donde el gobierno a tejido alianzas con el narcotráfico y algunas autodefensas, dejando de lado a otras que no se han subordinado. De tal suerte que algunas han terminado por ser infiltradas por el narco, minadas desde dentro, por lo que hoy en día el narcotráfico sigue inamovible e imbatible, manteniendo bajo su control a la ciudad más grande y poblada, Acapulco. Así como al pueblo más pobre y recóndito, Zitlala, causando miles de muertes y cientos de personas desplazadas32.
Pero al igual que en Urabá, no se debe pasar por alto que tales eventos ocurren en un estado de Guerrero donde existen ricas minas de oro, plata y cobre, así como tiene grandes recursos hídricos en ríos, lagunas y playas, además de recursos forestales. Mismos que el generoso presidente Enrique Peña Nieto, pone a disposición de empresas como el Grupo Collado. Grupo que recibió de manos del mismo presidente, el 12 de octubre del año pasado el Premio Nacional de Exportación33.
Bibliografía.
Latin America Bareau. Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA). «Narcotráfico y política. Militarismo y mafia en Bolivia». 1982.
Echeverria Zuno Álvaro. «Centroamérica: la guerra de Reagan». Presencia latinoamericana, 1985.
Taber Robert. «La guerra de la pulga». Ediciones Era, Ancho mundo, 1967.
Calvo Ospina Hernando. «Colombia, laboratorio de embrujos». Ediciones Foca, 2008.
Hemerografía.
La Jornada, sábado 21 de mayo de 2016.
Revista Proceso, número 2062, 8 de mayo de 2016.
Proceso, número 2064, 22 de mayo de 2016.
Notas:
1 Rebelión. «Un poder imperial en la cuesta abajo. Un desafío al poder de Estados Unidos (I)». Por: Noam Chomsky, 17-05-2016
2 Rebelión. ¿Qué principios gobiernan el mundo? Un desafío al poder de Estados Unidos (y II). Por: Noam Chomsky, 21-05-2016.
3 Rebelión. «Desmonte de la integración regional». Por: Emir Sader, 17-05-2016.
4 La Jornada, jueves 19 de mayo de 2016.
5 Guarimbas, término popular que comenzó a utilizarse como sinónimo de refugio, cuando en Venezuela mandaba el militar Marcos Pérez Jiménez (1953). En aquel entonces, la resistencia cívica diseñó un método de subversión: Se operaba en contra de la dictadura para luego correr en busca de seguridad en el interior de las iglesias. Sin embargo hoy en día es utilizado por la derecha venezolana para identificar protestas organizada en zonas residenciales, así como con cierre de calles.
6 La jornada. «Preparativos de intervención militar en Venezuela». Por: Ángel Guerra Cabrera. 19-05-2016.
7 Latin America Bareau. Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA). «Narcotráfico y política. Militarismo y mafia en Bolivia». 1982. Pág. 90.
8 Ibíd. Pág. 93
9 Ibíd. Latin America Bareau. Pág. 92
10 Ibíd. Latin America Bareau. Pág. 101.
11 Ibíd. Latin America Bareau. Pág. 102.
12 Ibíd. Pág. 103
13 Ibíd. 105.
14 Ibíd. Pp. 106-107
15 Ibíd. Pág. 108
16 Ibíd. 108
17 Taber Robert. «La guerra de la pulga». Ediciones Era, Ancho mundo, 1967. Pág. 19
18 Ibíd. Pág. 55
19 Calvo Ospina Hernando. «Colombia, laboratorio de embrujos». Ediciones Foca, 2008. Pág. 169
20 Ibíd. Pág. 175.
21 Ibíd. Pág. 176.
22 Ibíd. Pág. 181.
23 Ibíd. Pág. 181
24 Ibíd. Pág. 183
25 Ibíd.
26 Ibíd. Pág. 185
27 Proceso, número 2064, 22 de mayo de 2016.
28 Proceso, número 2064, 22 de mayo de 2016.
29 Ibíd.
30 Ibíd.
31 Ibíd.
32 Ibíd.
33 Revista Proceso, número 2062, 8 de mayo de 2016.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.