Nicaragua, la otra revolución traicionada

La Revolución Sandinista

En julio de 1979 triunfó una auténtica revolución que reunía un levantamiento popular, la autoorganización de las ciudades y de los barrios insurgentes, así como la acción del FSLN, una organización política cívico-militar de inspiración marxista-guevarista. La revolución acabó con los 42 años del gobierno autoritario de la dinastía de Somoza que se había apropiado del Estado (de sus fuerzas armadas, la administración y parte importante de sus bienes económicos) y establecido una firme alianza con Estados Unidos (la dictadura de Somoza demostró ser un baluarte eficaz contra las fuerzas políticas progresistas) cuyas multinacionales pudieron mantener e incrementar su saqueo de los recursos nacionales de Nicaragua a cambio de comisiones que se sumaban a la cada vez más importante riqueza de los Somoza.

El FSLN fue fundado en la década de 1960 como un grupo de izquierda que se oponía al gobierno sobre todo por medio de la guerra de guerrilla. Hasta que en diciembre de 1974 en una acción espectacular una de sus guerrillas tomó como rehenes a varios miembros destacados de la clase dirigente nicaragüense no se consideró una amenaza potencialmente grave para la dictadura somocista. A principios de aquel año algunas facciones liberales de la burguesía que se oponían a la concentración de riqueza y poder en manos de la camarilla gobernante somocista ya habían creado la Unión Democrática de Liberación (UDEL) liderada por Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, director del periódico liberal La Prensa, para tratar de aglutinar fuerza política a favor de la liberalización del régimen. Tras la acción de la guerrilla sandinista el régimen declaró el estado de emergencia, aumentó la represión de la sociedad nicaragüense y persiguió al FSLN.

Ante las dificultades cada vez mayores el FSLN acabó dividiéndose en tres facciones. La facción de la «guerra popular prolongada» permaneció fiel a la estrategia de acumulación de fuerzas en zonas remotas hasta tener fuerza suficiente para liberar regiones enteras del país y emprender el ataque final contra el ejército de Somoza. La «tendencia proletaria» emergió para desafiar la estrategia de guerra popular prolongada, que no consideraban adecuada teniendo en cuenta la ausencia de un ejército permanente de ocupación (de ahí que las poblaciones rurales no fueran testigos directos de los intentos imperialistas y no se unieran masivamente a la guerrilla) y el desarrollo de un modo capitalista de producción en el país (el desarrollo económico de las décadas de 1959 y 1960 había generado un proletariado agrícola e industrial, que para el año 1978 constituía respectivamente el 40 % y el 10 % de la población activa). Por consiguiente, la «tendencia proletaria» se centró en estructurar organizaciones obreras de masas en las zonas urbanas y obtener el apoyo de los trabajadores industriales con la perspectiva de emprender una insurrección rápida cuando se reunieran las condiciones para ello. Por último, los «terceristas», cuyas figuras más destacadas eran Daniel Ortega y su hermano Humberto, defendía también una estrategia insurreccional, pero estaba abiertos a alianzas tácticas con las facciones liberales de la burguesía opuesta a Somoza. Mientras que la «tendencia proletaria» insistía en la necesidad de un levantamiento de masas y de la autoorganización, los «terceristas» mostraban tendencias sustitutivas que implicaban que una insurrección armada dirigida por guerrillas organizadas, sin un levantamiento de masas simultáneo, sería suficiente para derrocar el régimen y tomar el poder.

Finalmente, el régimen levantó el estado de emergencia en 1977 pensando que la guerrilla estaba derrotada y que se reunían condiciones para iniciar negociaciones con la oposición liberal. Pero los grupos del FSLN se apresuraron a reanudar sus acciones armadas en las zonas urbanas. En enero de 1978 se grabó en vídeo el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal a manos de soldados del régimen, lo que provocó la ira de tanto de la oposición liberal como de las masas trabajadoras. Se emprendió una huelga general apoyada por la burguesía liberal mientras que los grupos del FSLN emprendían acciones armadas contra la Guardia Nacional de Somoza. En agostó se convocó otra huelga general mientras la guerrilla sandinista emprendía un ataque contra el Palacio Nacional donde se celebraba una reunión conjunta de las dos cámaras del Parlamento y tomaba cientos de rehenes, lo que se resolvió con la liberación de varios presos políticos de las cárceles de Somoza. Más importante aún, se produjeron levantamientos espontáneos contra el régimen que dieron ventaja a la izquierda sobre la oposición liberal. Esto culminó en varios levantamientos urbanos en septiembre de 1978 después de que el FSLN llamara a la insurrección. Aunque la Guardia Nacional acabó duramente con estos levantamientos, espantaron a la oposición liberal cuyos representantes deseaban iniciar negociaciones con el régimen con la mediación de la dominada por Estados Unidos Organización de Estados Americanos (OAS). Los «terceristas» lo denunciaron y se retiraron del Frente Amplio Opositor (FAO) que habían constituido junto con la oposición liberal, de modo que se abrió así el camino a la reunificación de las tres corrientes sandinistas.

En enero de 1979 Somoza rechazó las propuestas de la oposición liberal. Los sandinistas se vieron entonces fortalecidos. Dominaban el Frente Patriótico Nacional (FPN) creado en febrero de 1979 y en el que la oposición liberal estaba marginada. Después de su reunificación el FSLN convocó una huelga general para junio y preparó una amplia ofensiva militar para emprenderla al mismo tiempo.

La población acompañó eficazmente estas acciones por medio de levantamientos urbanos. A medida que la insurrección armada liberaba rápidamente una zona del país tras otra el ejército de Somoza se descomponía y cuando el 19 de julio de 1979 se liberó finalmente su último bastión en la capital, a lo que quedaba de su ejército no le quedó más opción que huir al extranjero (en particular a la vecina Honduras). Una vez en el gobierno las fuerzas políticas revolucionarias, en las que el FSLN era dominante, prometieron instalar un régimen democrático, garantizar el no alineamiento de la política exterior de Nicaragua (con lo que se ponía fin a la alianza con Estados Unidos) y desarrollar una «economía mixta» en la que se fomentaría el desarrollo de cooperativas y empresas estatales sin amenazar la existencia del capital privado mientras fuera considerado «patriótico», es decir, leal a la Revolución sandinista y no al derrocado régimen somocista o al imperialismo estadounidense.

Durante los dos años posteriores al triunfo de la revolución se produjeron importantes cambios radicales, diferentes de otras experiencias en que las izquierda había llegado al poder mediante elecciones, como en Chile en 1970, en Venezuela en 1998-1999, en Brasil en 2002-2003, en Bolivia en 2005-2006, en Ecuador en 2006-2007. Efectivamente, dada la destrucción del ejército somocista y la fuga del dictador, el FSLN no solo accedió al gobierno (lo que los otros hicieron mediante las urnas), sino que también sustituyó al ejército somocista por un nuevo ejército que puso al servicio del pueblo, tomó el control completo de los bancos y decretó el monopolio público del comercio exterior. Se distribuyeron armas entre la población para defenderse debido al peligro de una agresión exterior y de un intento de golpe de mano de la derecha. Son unos cambios fundamentales que no se produjeron en los países antes citados. En Cuba sí tuvieron lugar entre 1959 y 1961, para profundizarse después en la década de 1960.

En la década de 1980 se produjeron en Nicaragua importantes progresos sociales en los ámbitos de la salud, la educación, la mejora de las condiciones de las viviendas (aunque siguieran siendo rudimentarias), mejora del derecho de organización y protesta, acceso al crédito para los pequeños productores gracias a la nacionalización del sistema bancario, etc. Estos cambios supusieron un progreso innegable.

No obstante, a lo largo de la década de 1980 el gobierno del FSLN tuvo que luchar una guerra de una década de duración contra las fuerzas contrarrevolucionarias conocidas como la Contra, fuertemente apoyada por Estados Unidos que nunca pudo cumplir su ambición de una intervención militar directa para derrocar a los sandinistas sino que se conformó con un conflicto «de baja intensidad» que iba a estrangular económicamente a Nicaragua y a aislar políticamente el FSLN. El imperialismo estadounidense y sus vasallos (como el régimen de Carlos Andrés Perez en Venezuela o las dictaduras como la de Honduras) consideraron necesario contener la difusión de este extraordinario experimento de liberación social y de recuperación de la dignidad nacional. De hecho, la revuelta social fue galopante en la región, en particular en El Salvador y Guatemala donde las fuerzas revolucionarias cercanas a los sandinistas habían estado activas durante décadas.

En 1990 el FSLN perdió las elecciones generales frente a la derecha y Violeta Chamorro, viuda de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, fue elegida presidenta. Bajo Chamorro Nicaragua iba a adoptar totalmente la austeridad neoliberal promovida por el «consenso de Washington», a consecuencia de la cual para finales de la década Nicaragua se había convertido en el segundo país más pobre de las Américas después de Hait.

¿Cambiar la sociedad sin tomar el poder?

Debido a las esperanzas frustradas en los años 1990 algunas personas afirmaron que era necesario cambiar la sociedad sin tomar el poder. Un aspecto de su punto de vista era bastante pertinente: es absolutamente vital favorecer los procesos de cambio que tengan lugar en la base de la sociedad y que presupongan autoorganización de las y los ciudadanos, libertad de expresión, manifestación y organización. Pero no se justifica la idea de que no es necesario tomar el poder ya que es imposible cambiar realmente la sociedad si el pueblo no toma el poder del Estado.

La cuestión es más bien cómo construir una auténtica democracia en el sentido original de la palabra, esto es, el poder ejercido directamente por el pueblo para su emancipación. En otras palabras, poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Creemos que era necesario derrocar la dictadura de Somoza por medio de la acción conjunta del levantamiento popular y de la intervención de una organización político-militar. Y en este sentido la victoria de julio de 1979 sigue siendo un triunfo popular que merece celebrarse. Pero también debemos señalar que sin el ingenio y la tenacidad del pueblo durante la lucha el FSLN no habría logrado asestar el golpe definitivo a la dictadura de Somoza.

La dirección del FSLN no hizo lo suficiente para tomar medidas a favor del pueblo

Podemos plantearnos varias preguntas: ¿Quizás el FSLN no hizo todos los cambios que debería haber hecho en la sociedad? ¿Optó por una línea equivocada? ¿O acaso los decepcionantes acontecimientos posteriores son resultado de la agresión del imperialismo estadounidense y de sus aliados en Nicaragua y otros lugares de la región?

En este sentido, destacaremos los errores cometidos en dos ámbitos fundamentales.

En primer lugar, la dirección del FSLN no hizo lo suficiente para tomar medidas radicales a favor de los sectores de la población más explotados y más oprimidos (empezando por la población rural pobre y también las personas trabajadoras industriales, sanitarias y docentes que generalmente estaban mal pagadas). Hizo demasiadas concesiones a los capitalistas agrícolas y urbanos.

En segundo lugar, la dirección del FSLN con su consigna «Dirección: ordena» no apoyó lo suficiente la autoorganización y el control obrero. Fijó unos límites que fueron muy perjudiciales para el proceso revolucionario.

Por supuesto, la responsabilidad del inicio de la guerra incumbe exclusivamente a los enemigos del gobierno sandinista, que no tuvo más opción que hacer frente a la agresión. No obstante, se cometieron errores en la manera de librar la guerra: Humberto Ortega, el jefe del ejército, formó un ejército regular equipado con tanques pesados y caros, que no eran adecuados para luchar contra los métodos de guerrilla de la Contra y la población no acogió bien el reclutamiento obligatorio de los jóvenes del país para reforzar el ejército. Todo ello unido a los errores cometidos en el ámbito de la reforma agraria tuvo unas consecuencias perjudiciales. En una entrevista reciente Henry Ruiz, uno de los nueve miembros de la dirección nacional en los años 1980, lo subraya en estos términos: «Los campesinos no fueron favorecidos[en la reforma agraria], en cambio fueron afectados por la guerra. La guerra [de la] Contra y la guerra nuestra».

Errores cometidos por la dirección sandinista

¿Qué errores se cometieron? Ofrecemos una presentación sintética de una cuestión que merece una larga explicación.

La cuestión agraria no se abordó de forma correcta. La reforma agraria había sido muy insuficiente y la Contra supo aprovecharse de ello. Habría hecho falta distribuir entre las familias rurales muchas más tierras (con títulos de propiedad) puesto que había una enorme expectativa entre una gran parte de la población que las necesitaba y luchaba para que las tierras cultivables de los grandes terratenientes, como las del clan Somoza (pero no solo ellas), se repartieran a quienes quisieran trabajarlas. Sin embargo, la orientación que prevaleció en la dirección sandinista consistió en centrarse en las grandes propiedades de Somoza y dejar a salvo los intereses de los grandes grupos capitalistas y de las grandes familias, a quienes algunos dirigentes sandinistas querían transformar en aliados o compañeros de viaje.

Se cometió otro error: el FSLN quiso crear rápidamente un sector agrario estatal y cooperativista para reemplazar a las grandes propiedades somocistas. Pero eso no se correspondía con la postura y expectativas de la población rural. Se tendrían que haber priorizado las pequeñas (y medianas) explotaciones campesinas privadas distribuyendo títulos de propiedad y proporcionando ayuda material y técnica a las y los nuevos propietarios campesinos. También habría sido necesario apoyar prioritariamente la producción para el mercado interno (que ya era importante pero se podía haber mejorado y aumentado) y regional, y tratar, además, de utilizar al máximo los métodos de agricultura biológica.

En resumen, la dirección del FSLN combinó dos graves errores: por una parte, hizo demasiadas concesiones a la burguesía como aliados del cambio que se estaba produciendo y, por otra parte, se empeñó en una política demasiado estatista y de cooperativismo artificial.

El resultado no se hizo esperar: la Contra atrajo a una parte de la población decepcionada por las decisiones del gobierno sandinista. La Contra tuvo la inteligencia de adoptar un discurso dirigido a las y los campesinos decepcionados para convencerlos de que si ayudaban a derrocar al FSLN habría una verdadera distribución de tierras y se efectuaría una verdadera reforma agraria. Era propaganda engañosa, pero se difundió ampliamente.

Esto fue corroborado por una serie de estudios sobre el terreno (a los que Éric Toussaint, uno de los autores de este artículo, tuvo acceso a partir de 1986-1987 tras varias estancias en Nicaragua para llevar solidaridad internacional), especialmente estudios llevados a cabo en las zonas rurales donde la Contra había logrado apoyo popular. Determinadas entidades dentro del propio movimiento sandinista realizaron estudios muy rigurosos sobre el terreno y alertaron a la dirección sandinista sobre lo que estaba sucediendo. Entre esos estudios estaba el trabajo coordinado por Orlando Nuñez, cuya evolución política posterior le llevó a permanecer fiel a Ortega a pesar de su postura inicial dentro de la izquierda sandinista. Otros organismos independientes del gobierno y relacionados con los sectores de la Teología de la Liberación realizaron trabajos que llegaban a las mismas conclusiones. Varias asociaciones rurales ligadas al sandinismo (UNAG, ATC, etc.) también eran conscientes de estos problemas, pero se autocensuraron. Y también expertos internacionalistas especialistas en el mundo rural dieron la señal de alarma.

En cuanto a la autoorganización y al control obrero, el FSLN había heredado la tradición cubana que promovía la organización popular, pero dentro de un marco muy controlado y limitado. Cuba, que a principios de la década de 1960 había experimentado un gran movimiento de autoorganización, había evolucionado progresivamente hacia un modelo mucho más controlado desde arriba, sobre todo a partir del aumento de la influencia soviética a finales de la década de 1960 y la de 1970. Una parte de los dirigentes del FSLN se formó en Cuba en esa época. Toda una generación de marxistas cubanos definió la década de 1970 como el «período gris». En resumen, la dirección sandinista heredó una tradición fuertemente influenciada por la degeneración burocrática de la Unión Soviética y por su impacto destructivo en una gran parte de la izquierda internacional, incluso en Cuba.

Igualmente, otro error cometido por el gobierno sandinista fue la aplicación a partir de 1988 de un programa de ajuste estructural, que se parecía mucho a los programas dictados a otros países por el FMI y el Banco Mundial. Sobre esa cuestión varios militantes sandinistas presentaron una crítica muy clara de la línea seguida por la dirección. Expresaron su punto de vista tanto dentro de sus organizaciones como públicamente pero, por desgracia, esa crítica no llevó a corregir los errores. El gobierno profundizó una política que llevaba al proceso a un callejón sin salida y que iba a provocar el rechazo popular en las elecciones y la victoria de la derecha en las elecciones de febrero de 1990.

Lo que debilitó a la revolución sandinista no fue una orientación demasiado radical. Lo que le impidió avanzar lo suficiente con el apoyo de una mayoría de la población fue el no haber puesto al pueblo en el centro de la transición tras el derrocamiento de la dictadura de Somoza.

En pocas palabras, el gobierno mantuvo una orientación económica compatible con los intereses de la rica burguesía nicaragüense y de las grandes corporaciones privadas extranjeras, es decir, una economía orientada a la exportación y basada en bajos salarios para seguir siendo competitiva en el mercado mundial.

Esto no estaba abocado a suceder, se podían haber implementado políticas alternativas. El gobierno debería haber prestado más atención a las necesidades y aspiraciones del pueblo tanto en las zonas rurales como en las urbanas. Debería haber redistribuido la tierra a beneficio de las y los campesinos, desarrollando y/o fortaleciendo las pequeñas propiedades y, en la medida de lo posible, las formas de cooperativas voluntarias. El gobierno debería haber favorecido el aumento de los salarios de las personas trabajadoras tanto en el sector privado como en el público.

Si las y los sandinistas realmente hubieran querido romper con el modelo extractivista orientado a la exportación que depende de la competitividad en el mercado internacional deberían haber ido en contra de los intereses de los capitalistas que todavía dominaban la industria extractivista orientada a la exportación. Deberían haber hecho más para implementar gradualmente políticas a favor de las y los pequeños y medianos productores que abastecían el mercado interno, como medidas proteccionistas para limitar las importaciones. Esto habría permitido a las y los campesinos y a las pequeñas y medianas empresas no tener que hacer sacrificios en aras de la competitividad en el mercado internacional.

En lugar de animar a las masas a seguir las órdenes de la dirección del FSLN, se debería haber promovido la autoorganización ciudadana a todos los niveles y se debería haber dado a las y los ciudadanos el control tanto de la administración pública como de las cuentas de las empresas privadas. Las instituciones políticas creadas por el FSLN no diferían fundamentalmente de las de una democracia parlamentaria con un fuerte papel presidencial, lo que iba a dificultar la capacidad de las masas para constituir un contrapoder cuando la derecha resultó elegida en 1990.

Se hicieron concesiones al gran capital local, el cual fue considerado erróneamente patriótico y un aliado del pueblo: los aumentos salariales fueron limitados y se concedieron incentivos fiscales a los patrones en forma de impuestos más bajos. Se debería haber rechazado cualquier alianza de este tipo.

En cada etapa importante hubo críticas en el seno del FSLN. Por ejemplo, en 1981 se fundó la revista Envío «como una publicación que ofrecía ‘apoyo crítico’ al proceso revolucionario de Nicaragua desde la perspectiva de la opción de la Teología de la Liberación para los pobres». Pero en realidad estas críticas no fueron tenidas en cuenta por la dirección, que cada vez estaba más dominada por Daniel Ortega, su hermano Humberto y Víctor Díaz Tirado, los tres de la tendencia «tercerista» (que, como se explicó antes, no entendía bien la necesidad de la autoorganización y era partidaria de aliarse con la burguesía), a la que se sumaron Tomás Borge y Bayardo Arce, provenientes de la tendencia de la «guerra popular prolongada». Además, los otros cuatro miembros de la dirección nacional no formaron un bloque para oponerse a que continuaran y se profundizaran los errores que se estaban cometiendo.

Es muy importante señalar que tanto en el seno del FSLN como fuera del mismo, grupos políticos que deseaban ahondar el proceso revolucionario en curso formularon propuestas de políticas alternativas.

Las voces críticas constructivas no esperaron al fracaso electoral de 1990 para proponer una nueva orientación, pero solamente consiguieron una escasa audiencia y permanecieron relativamente aisladas.

La deuda ilegítima y odiosa

La dirección del FSLN también debería haber cuestionado el pago de la deuda pública heredada del régimen de Somoza y debería haber roto con el Banco Mundial y el FMI. Como país dependiente y alineado con Estados Unidos la Nicaragua de Somoza había sido receptora de los préstamos externos, en auge en la década de 1970, por parte tanto de instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el FMI como de bancos privados internacionales. Aunque oficialmente los préstamos estaban destinados al desarrollo beneficiaron el fortalecimiento de un régimen autoritario y el aumento de la riqueza de Somoza y su camarilla. Después de que este abandonara el país con la mayoría de sus bienes los nuevos gobernantes sandinistas de Nicaragua necesitaban urgentemente financiación para implementar las políticas progresistas y fomentar la industrialización del país. La deuda de Somoza pronto se convertiría en una carga e impediría la implementación de estas políticas. Cuando el FSLN llegó al poder la deuda externa ascendía a 1.500 millones de dólares y en 1981 su servicio representaba el 28 % de los ingresos por las exportaciones del país.

Los sandinistas deberían haber realizado una auditoría de la deuda con una amplia participación ciudadana. Es un punto fundamental. El hecho de que el gobierno sandinista aceptara seguir pagando la deuda estaba en consonancia con su defensa de los intereses de una parte de la burguesía nicaragüense que había invertido en la deuda contraída por Somoza y pedido prestado dinero a bancos estadounidenses. Para el gobierno sandinista era también una forma de evitar un enfrentamiento con el Banco Mundial y el FMI, a sabiendas de que habían financiado la dictadura. A pesar de los esfuerzos del gobierno por mantener la colaboración con esas dos instituciones, estas decidieron suspender las relaciones financieras con las nuevas autoridades nicaragüenses, lo que demuestra que es inútil hacerles concesiones.

Hay que reconocer que no era fácil para el gobierno de un país como Nicaragua afrontar aislado a los acreedores, pero podría haber empezado por cuestionar la legitimidad de las deudas que le reclamaban el Banco Mundial, el FMI, los Estados y los bancos privados que habían financiado la dictadura. El gobierno podría haber emprendido una auditoría de estas deudas llamando a la participación ciudadana y podría haber obtenido el apoyo del amplio movimiento internacional de apoyo al pueblo nicaragüense a una demanda de abolición de esas deudas.

En vez de ello en 1988, después de que la deuda externa alcanzara los 7.000 millones de dólares, el gobierno llegó incluso a implementar un plan de ajuste estructural que degradó las condiciones de las personas pobres sin afectar a las ricas, muy similar a las condiciones habituales impuestas por el FMI y el Banco Mundial, aunque estas instituciones aún no habían reanudado sus relaciones financieras con Nicaragua.

Nunca nos cansaremos de decir que negarse a un enfrentamiento con los acreedores cuando éstos reclaman el pago de una deuda ilegítima generalmente constituye el primer paso hacia el abandono de un programa de cambio. Si no se denuncian las cadenas de la deuda ilegítima, se condena al pueblo a cargar con ellas.

En 1979, dos meses después del derrocamiento de Somoza, Fidel Castro declaraba en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: «La deuda de los países en vías de desarrollo alcanza ya los 335.000 millones de dólares. Se calcula que el monto total del servicio de su deuda externa se eleva a más de 40.000 millones de dólares por año, lo que representa más del 20 % de sus exportaciones anuales. Por otro lado, el ingreso medio por habitante de los países desarrollados es ahora catorce veces superior al de los habitantes de los países subdesarrollados. Esta situación se ha vuelto insostenible».

En el Diálogo Continental sobre la Deuda Externa celebrado en el Palacio de Congresos de La Habana el 3 de agosto de 1985 afirmó: «Las deudas de los países relativamente menos desarrollados y en una situación desventajosa son posiblemente insostenibles y sin salida. ¡Esas deudas deben ser anuladas!».

En el marco de una gran campaña internacional por la abolición de las deudas ilegítimas, Castro avanzaba una serie de argumentos totalmente aplicables al caso de Nicaragua. Declaraba que a todas las razones morales, políticas y económicas que justificaban el rechazo a pagar la deuda «se podría agregar una serie de razones jurídicas: ¿Quiénes han firmado el contrato? ¿Quién gozaba de soberanía? ¿En virtud de qué principio se puede afirmar que el pueblo se había comprometido a pagar, que recibió o concertó esos créditos? La mayoría de esos créditos fueron concertados entre dictaduras militares, con regímenes represivos, sin jamás consultar a las clases populares. ¿Por qué las deudas contraídas por los opresores de los pueblos, los compromisos que toman, tendrían que ser pagados por los oprimidos? ¿Cuál es el fundamento filosófico, el fundamento moral de esta concepción, de esta idea? Los parlamentos no fueron consultados, el principio de soberanía fue violado, ¿qué parlamentos fueron consultados a la hora de contraer la deuda, o en todo caso, simplemente informados?».

Subrayamos la cuestión de la deuda ilegítima porque en caso de derrocamiento del régimen opresor de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sería fundamental que un gobierno popular cuestionara el pago de la deuda nicaragüense.

Después de la derrota electoral de febrero de 1990 Daniel Ortega profundizó una línea política de colaboración de clases.

En 1989 el gobierno del FSLN llegó a un acuerdo con la Contra que puso fin a los combates lo cual fue, por supuesto, un acontecimiento positivo. Se presentó como el resultado victorioso de la estrategia que se había adoptado, aunque fue una victoria pírrica. La dirección sandinista convocó elecciones generales en febrero de 1990 y estaba segura de ganarlas. Los resultados de las elecciones sumieron a la dirección sandinista en un estado de pánico: la derecha había ganado, en parte debido a la amenaza de que la lucha se iba reanudar si ganaba el FSLN. Muchas personas querían evitar que continuara el baño de sangre, así que votaron a regañadientes a la derecha con la esperanza de que la guerra acabara de una vez por todas. Algunas también estaban decepcionadas por las políticas del gobierno del FSLN en el campo (una reforma agraria deficiente) y en las ciudades (consecuencias negativas de las medidas de austeridad impuestas por el programa de ajuste estructural iniciado en 1988), aunque las organizaciones sandinistas todavía podían contar con un amplio apoyo tanto entre las personas jóvenes, trabajadoras y funcionarias, como entre una parte importante de las personas trabajadoras campesinas.

La dirección sandinista esperaba obtener el 70 % de los votos en las elecciones, de modo que se quedó atónita puesto que no había percibido el creciente descontento de una parte importante de la población. Esto ilustra el abismo que había entre la mayoría del pueblo y una dirección que se había acostumbrado a dar órdenes.

Después de la derrota electoral de febrero de 1990 Daniel Ortega adoptó una actitud que oscilaba entre el compromiso con el gobierno y la confrontación.

La dirección sandinista, con Daniel y Humberto Ortega a la cabeza, negoció la transición con el nuevo gobierno de Violeta Chamorro. Humberto seguía siendo General en Jefe de un ejército extremadamente reducido. Se había destituido a los miembros más de izquierda del ejército con el pretexto de que habían proporcionado misiles al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que todavía intentaba provocar un levantamiento general en El Salvador. En el contexto del acercamiento entre los presidentes Gorbachov y Bush las autoridades soviéticas habían denunciado el hecho de que unos misiles SAM-7 y SAM-14 suministrados por la URSS a los sandinistas se habían entregado al FMLN y utilizado para disparar contra helicópteros del ejército estadounidense que operaban en El Salvador. Cuatro oficiales sandinistas fueron encarcelados por orden de Humberto Ortega con la siguiente explicación: «Cegados por su pasión política y guiados por argumentos extremistas este pequeño grupo de oficiales se burló del honor militar y la lealtad a la Institución y al Comando Militar, que es lo mismo que burlarse de los intereses sagrados, patrióticos y revolucionarios de Nicaragua».

Esto provocó fuertes críticas del Frente Nacional de Trabajadores (que incluía a organizaciones sindicales sandinistas), de la Juventud Sandinista y también de varios activistas del FSLN. Por otra parte, un grupo de izquierda de antiguos miembros de la facción de la «guerra popular prolongada» que publicaba el boletín Nicaragua Desde Adentro no aprobó la decisión de Humberto Ortega de seguir siendo el jefe del ejército bajo una presidencia de derecha en vez de dejar este puesto a su segundo, que también era miembro del FSLN, de modo que Humberto Ortega pudiera seguir en la dirección del FSLN y unirse a la oposición política al nuevo régimen.

Pocos meses después de que Violeta Chamorro iniciara su mandato como presidenta se extendió un movimiento masivo por todo el país en julio de 1990 en protesta tanto por los despidos generalizados planificados en los servicios públicos como por otros problemas relacionados con la implementación de políticas económicas orientadas al mercado. Managua y otras ciudades se vieron ocupadas por barricadas sandinistas y los sindicatos emprendieron una huelga general, lo que tuvo como resultado un compromiso con el gobierno de Violeta Chamorro que se vio obligado a retirar algunas de las medidas, pero las bases sandinistas estaban descontentas porque la dirección del FSLN había detenido las acciones de protesta. Posteriormente la dirección del FSLN fue haciendo gradualmente concesiones a Chamorro al aceptar el desmantelamiento del sector bancario público, la reducción del sector público tanto en la agricultura como en la manufactura y el fin del monopolio estatal del comercio exterior. Chamorro también organizó la limpieza de las fuerzas de policía e incorporó en ella a antiguos miembros de la Contra.

Hay que señalar que tras la victoria de la derecha unos cuantos dirigentes sandinistas se apropiaron de una parte importante de las haciendas que se habían expropiado a los somocistas tras la victoria de 1979 y adoptaron el papel de capitalistas. Este proceso se denominó «piñata». Quienes lo organizaron lo justificaron asegurando que se debía a la necesidad de asegurar bienes para el FSLN frente a la posibilidad de que el gobierno confiscara los bienes del partido.

A pesar de la radicalización de algunos integrantes del FSLN a lo largo de los años 1990 y 1991, otros como el exministro sandinista Alejandro Martinez-Cuenca mencionaron abiertamente la necesidad de un «co-gobierno», una especie de apoyo externo condicional al gobierno de Violeta Chamorro, y apoyaron la política aplicada por el FMI, que en cierto modo se podía considerar acorde con la política que siguió el gobierno sandinista desde 1988. Como participante en el III Foro de São Paulo Éric Toussaint fue testigo de primera mano de estas políticas de colaboración de clases defendidas por Daniel Ortega y otros dirigentes del FSLN en 1992.

En 1992 Éric Toussaint acompañó en Managua a Ernest Mandel, un dirigente de la Cuarta Internacional que había sido invitado a ofrecer la conferencia inaugural en el III Foro de São Paulo. Ese foro, creado en 1990 por el Partido de los Trabajadores (PT) cuyo líder era Lula, agrupó a un amplio abanico de la izquierda latinoamericana que iba desde el PC cubano al Frente Amplio de Uruguay, pasando por organizaciones guerrilleras como el FMLN de El Salvador.

Ernest Mandel tituló su conferencia «Hagamos renacer la esperanza«. Partiendo de una observación acerca de las muy difíciles condiciones a las que se enfrentaban las fuerzas de izquierda radical a nivel mundial, Mandel afirmó que había que dar prioridad a enfatizar las reivindicaciones cuyo objetivo era conquistar derechos humanos fundamentales, manteniendo al mismo tiempo la perspectiva en el socialismo. En su conclusión, subrayaba: «Este socialismo debe ser autogestionario, feminista, ecologista, radical-pacifista y pluralista; debe extender la democracia directa de forma cualitativa, y ser internacionalista y multipartidista. […] la liberación de los trabajadores será la obra de los propios trabajadores. No puede ser obra de los Estados, de los gobiernos, de los partidos o de dirigentes supuestamente infalibles, ni expertos de ninguna clase». 

En ese Foro Víctor Tirado López, uno de los comandantes más próximos a Daniel Ortega en esa época, deseaba tener una reunión privada con Ernest Mandel, el cual pidió a Éric Toussaint que lo acompañara. Víctor Tirado López comenzó diciendo que sentía mucha admiración por la obra de Ernest Mandel y, en especial, por su Tratado de economía marxista ( Era, México, 1969 ) . Después el comandante expuso su análisis de la situación internacional: en su opinión, el sistema capitalista había llegado a la madurez y no iba a sufrir más crisis, y llevaría al socialismo sin que hubiera necesidad de nuevas revoluciones. Era totalmente absurdo y Ernest Mandel se lo dijo clara y enérgicamente. Cuando entonces Mandel le replicó que las crisis iban a seguir produciéndose y que en algunos lugares de América Latina, como el Noreste de Brasil, las condiciones de vida de los más explotados se estaban degradando claramente, Tirado López respondió que a esas regiones todavía no había llegado la civilización traída por Cristóbal Colón cinco siglos antes. Ernest Mandel y Éric Toussaint pusieron entonces fin bruscamente a esta delirante conversación.

Al día siguiente Daniel Ortega expresó su deseo de reunirse en privado con Mandel para presentar el programa alternativo que quería defender públicamente como FSLN frente al gobierno derechista de Violeta Chamorro. Después de leerlo nos dimos cuenta de que el programa no reunía las condiciones mínimas para ser una alternativa. En pocas palabras, el programa era compatible con las reformas emprendidas por el gobierno de derecha de Chamorro y no iba a permitir retomar la ofensiva contra la derecha. Mandel se lo dijo claramente a Daniel Ortega, al cual no le gustó en absoluto.

Estas dos discusiones muestran hasta dónde había llegado la deriva política de algunos dirigentes del FSLN. A principios de la década de 1990 ya se podía percibir claramente la evolución posterior de Daniel Ortega y de quienes le acompañaron en su vuelta al poder.

La consolidación del poder de Daniel Ortega en el FSLN

Una parte importante de la militancia sandinista del período revolucionario rechazó esta nueva línea política en los años siguientes. Pero tomó su tiempo y Daniel Ortega se aprovechó de esta lenta toma de conciencia del peligro para consolidar su influencia en el seno del FSLN y marginar o excluir a quienes defendían una línea diferente. Simultáneamente, Ortega consiguió mantener relaciones privilegiadas con varios dirigentes de organizaciones populares sandinistas que, a falta de algo mejor, lo consideraron el dirigente más apto para defender los logros de la década de 1980. Esto explica en parte por qué en 2018 el régimen de Daniel Ortega todavía conserva el apoyo de una parte de la población y del movimiento popular, a pesar de utilizar unos métodos represivos extremadamente brutales.

Quien mejor resume la consolidación del poder de Ortega dentro del FSLN en la década de 1990 es Mónica Baltodano, excomandante guerrillera, ex miembro de la dirección del FSLN y actualmente miembro de Movimiento por el Rescate del Sandinismo (MpRS):

«La disputa que se dio al interior del Frente Sandinista entre 1993-1995 [que culminó con la escisión de gran cantidad de personas profesionales, intelectuales y de otros ámbitos, muchas de las cuales fundaron el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), que es diferente del MpRS de Mónica Baltodano fundado posteriormente] persuadió a Ortega y a su círculo de hierro de la importancia de controlar el aparato partidario. Y eso se concretó más precisamente en el Congreso del Frente de 1998, en donde se comenzó a diluir totalmente lo que eran los restos de la Dirección Nacional, lo que eran la Asamblea Sandinista y el Congreso del Frente, sustituyéndolos por una asamblea en la que participaban principalmente los líderes de las organizaciones populares fieles a Ortega. Poco a poco, incluso esa asamblea dejó de reunirse. En aquel momento se dio una importante ruptura. Para entonces, ya era evidente que Ortega se alejaba cada vez más de las posiciones de izquierda y centraba su estrategia en cómo ampliar su poder. Su énfasis era el poder por el poder».

Mónica Baltodano continúa explicando la construcción de alianzas que en última instancia llevó a la vuelta de Daniel Ortega a la presidencia:

«A partir de ahí, para aumentar su poder, comenzó procesos sucesivos de alianzas. La primera con el presidente Arnoldo Alemán produjo las reformas constitucionales de 1999-2000. La proposición central de la alianza con Alemán consistió en reducir al 35% el porcentaje necesario para ganar las elecciones, repartir entre los dos partidos los puestos de todas las instituciones del Estado [como el Consejo Electoral, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Supremo] y garantizar la seguridad de las propiedades y de las empresas personales de los dirigentes del FSLN [adquiridas durante la «piñata»]. A cambio, Ortega garantizó a Alemán la «gobernabilidad»: las huelgas y las luchas reivindicativas acabaron. El Frente Sandinista dejó de oponerse a las políticas neoliberales. Las organizaciones cuyos principales dirigentes se convirtieron en diputados en los años siguientes o se integraron en las estructuras del círculo de poder de Ortega dejaron de resistir y de luchar.

En aquellos años también se dio el «amarre» -yo no le llamaría alianza- con el jefe de la jerarquía católica, el Cardenal Obando. Este amarre tenía como propósito principal el control del Poder Electoral, a través de la relación personal, íntima, que tiene Obando con quien presidía desde el año 2000 el Poder Electoral, Roberto Rivas. Con este amarre Ortega consiguió también control e influencia en la jerarquía católica y también entre la feligresía católica».

Después de que Alemán fuera acusado de corrupción y condenado a 20 años de cárcel el acuerdo al que había llegado con Ortega demostró ser rentable: Ortega se aseguró de que los hombres que había colocado en el sistema judicial dictaminaran un trato preferencial para Alemán que le permitiera cumplir su condena en arresto domiciliaria. Más tarde, en 2009, dos años después de su elección como presidente de Nicaragua, Daniel Ortega dio su apoyo a la decisión del Tribunal Supremo de anular la condena de Alemán y ponerlo en libertad. Pocos días después Alemán devolvió el favor asegurando que el grupo parlamentario del Partido Liberal que él encabezaba votaba a favor de elegir a un sandinista a frente de la Asamblea Nacional.

Las reformas constitucionales de 1999-2000 redujeron el porcentaje necesario para ganar las elecciones presidenciales en la primera vuelta a un 35 % de los votos si el candidato aventajaba al menos por un 5 % al candidato que quedara en segundo lugar. Ortega fue elegido con el 38.07% de los votos en noviembre de 2006 y asumió la presidencia en enero de 2007. Fue reelegido en noviembre de 2011 y en noviembre de 2016, tras lo cual Rosario Murillo, con la que se había casado en la iglesia en una ceremonia oficiada por el Cardenal Obando y que había sido la portavoz del gobierno desde 2007, se convirtió en vicepresidenta.

La Revolución traicionada

Desde 2007 las políticas que han implementado Ortega y Murillo han sido más similares a una continuación de las políticas que siguieron los tres gobiernos de derecha que se sucedieron entre 1990 y 2007 que una continuación de la experiencia sandinista de 1979 a 1990. En este sentido, merece la lectura completa el artículo de Mónica Baltodano publicado en enero de 2014 y que hemos citado antes.

En los últimos once años el gobierno de Daniel Ortega no llevó a cabo ninguna reforma estructural: ninguna socialización de los bancos, ninguna nueva reforma agraria a pesar de la fuerte concentración de tierras en manos de grandes terratenientes, ninguna reforma urbana a favor de las clases trabajadoras, ninguna reforma fiscal a favor de una mayor justicia social. Se han ampliado los regímenes de las zonas de libre comercio. Se ha seguido contrayendo deuda interna y externa en las mismas condiciones que favorecen a los acreedores a través de los pagos de intereses que reciben y que les permiten imponer por medio del chantaje políticas que les son favorables.

En 2006 el grupo parlamentario sandinista votó junto con los diputados de derecha a favor de una ley que prohibía totalmente el aborto. Fue bajo la presidencia de Daniel Ortega, el cual se negó a cuestionar la medida, cuando se incluyó la prohibición en el nuevo Código Penal que entró en vigor en julio de 2008. No hay excepción alguna a la prohibición, ni siquiera en los casos de peligro para la salud o la vida de la madre gestante o de embarazo a consecuencia de una violación. Esta legislación retrógrada fue acompañada de graves ataques a organizaciones de defensa de los derechos de la mujer, que han sido de las más activas en la oposición al gobierno de Ortega. Otro hecho muy preocupante es que el régimen ha utilizado sistemáticamente las referencias a la religión católica. En especial lo ha hecho Rosario Murillo, que ha denunciado a las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer y el apoyo que reciben del exterior en su defensa del derecho al aborto calificándolo de «obra del diablo».

Nicaragua se puede caracterizar todavía por sus salarios muy bajos. ProNicaragua, el organismo oficial que promueve la inversión extranjera en el país, se jacta de que «el salario mínimo es el más competitivo a nivel regional, lo cual hace de Nicaragua un país ideal para establecer operaciones intensivas en mano de obra». La inseguridad laboral ha aumentado drásticamente en los últimos años: la economía informal representaba el 60 % del empleo total en 2009, una cifra que ascendió al 80 % en 2017. No se hicieron progresos para disminuir las desigualdades sociales y aumentó la cantidad de personas millonarias. El aumento de la riqueza producida no se distribuyó a las clases trabajadoras sino que benefició al gran capital nacional e internacional con la ayuda del gobierno de Daniel Ortega. Además, tanto él como su familia también se hicieron ricos.

El principal desencadenante de las protestas sociales que empezaron en abril de 2018 fue el anuncio por parte del gobierno de Ortega de que se iban a tomar una serie de medidas neoliberales concernientes a la seguridad social, en particular una reforma de las pensiones. El FMI, con el que Ortega había mantenido unas excelentes relaciones desde que asumió la presidencia en 2007, defendía estas medidas. En una declaración publicada en febrero de 2018 el FMI felicitó al gobierno por sus logros: «Los resultados económicos en 2017 superaron las expectativas y las perspectivas para 2018 son favorables. […] El personal [del FMI] recomienda que el plan de reforma del INSS [Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social] asegure su viabilidad a largo plazo y corrija las injusticias dentro del sistema. El personal acoge con satisfacción los esfuerzos de las autoridades para paliar las necesidades de financiación del INSS».

Las medidas más impopulares fueron una bajada de las pensiones un 5% con el fin de financiar los gastos médicos y una limitación de la indexación anual de estas pensiones sobre la tasa de inflación. Se pretendía basar las pensiones futuras de los cerca de un millón de trabajadores afiliados al sistema de pensiones en un cálculo menos favorable, lo que habría provocado unos recortes en las pensiones que podrían haber llegado hasta el 13%.

Estas medidas provocaron un movimiento de protesta masiva, al principio compuesto principalmente por estudiantes y jóvenes. El movimiento se unió rápidamente a otras protestas, en particular al movimiento en su mayoría campesino e indígena contra la construcción de un canal transoceánico concebido como una alternativa al Canal de Panamá que pondría en peligro una parte importante del medio ambiente y de medios de vida.

Finalmente, Ortega renunció a estas reformas, pero no fue antes de haber iniciado una espiral criminal de represión que provocó la muerte de más de 300 personas manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad y de milicianos partidarios del régimen. Las protestas, a las que se sumaron partes de la población horrorizadas por la respuesta represiva del gobierno, se radicalizaron y acabaron pidiendo la caída del régimen.

El gobierno acusó a las personas manifestantes de ser «golpistas» y «terroristas» que trataban de hacer caer el régimen con el apoyo del imperialismo estadounidense. Sin embargo, el gobierno no pudo ofrecer ninguna prueba de esas acusaciones que no fuera inventada. De hecho, Estados Unidos, que tiene poco que decir acerca de las políticas económicas neoliberales de Ortega, adoptó unas sanciones bastante tímidas como reacción a la represión. Del mismo modo, los acontecimientos de la primavera de 2018 no hicieron que el Senado de Estados Unidos se apresurara a examinar la Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA) de 2017 [Ley de condicionalidad de las inversiones nicaragüenses (NICA)], que se debe denunciar por ser una política imperialista que vulnera la soberanía nacional de Nicaragua. El Senado no la aprobó hasta noviembre de 2018 y el 20 de diciembre de 2018 se convirtió en ley.

Además, Ortega y Murillo utilizaron aún más las referencias religiosas fundamentalistas y denunciaron que las personas manifestantes tenían rituales y prácticas «satánicas», a diferencia del resto del pueblo nicaragüense, «¡porque el pueblo nicaragüense es el pueblo de Dios!». El 19 de julio de 2018, durante el mitin organizado por el aniversario de la Revolución sandinista para tratar de fortalecer su legitimidad, Ortega repitió estas absurdas afirmaciones y pidió a los obispos católicos que exorcizaran a las personas manifestantes y expulsaran al diablo que supuestamente se había apoderado de ellos.

A mediados de julio la política de terror del gobierno le permitió recuperar el control de las calles. Desde entonces se han producido detenciones masivas y siguen encarceladas varios cientos de personas a las que el gobierno califica de «terroristas» . Se están celebrando varios juicios y las personas acusadas se enfrentan a penas extremadamente duras. En diciembre de 2018 Medardo Mairena, coordinador del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía (el movimiento en contra del canal transoceánico ) fue condenado a 76 años de cárcel.

A modo de conclusión

La revolución sandinista fue en sus inicios una experiencia extraordinaria de liberación social y recuperación de la dignidad nacional en un país dependiente cuya condición de patio trasero del imperialismo estadounidense había sido aceptada durante décadas por sus gobernantes autoritarios y dinásticos. Sin embargo, los logros del gobierno sandinista entre 1979 y 1990 no fueron lo suficientemente lejos. Aunque permitieron mejorar significativamente las condiciones de vida de la mayoría de las y los nicaragüenses, no rompieron con el modelo extractivista orientado a la exportación, el cual estaba dominado por el gran capital, ni fomentaron significativamente la participación activa de las masas en los procesos de toma de decisiones económicas y políticas. Las instituciones políticas y la organización interna del FSLN no se desarrollaron como herramientas que podían haber empoderado a las masas, un error que permitió que el FSLN degenerara durante el camino de regreso al poder de Ortega.

Esta forma de entender la Revolución nicaragüense y su degeneración pone de relieve la necesidad tanto de que las personas revolucionarias y activistas socialistas fomenten una participación lo más amplia posible de las masas en la lucha por su emancipación, como de contribuir a garantizar su autoorganización. Un corolario de esta idea es la necesidad de que las personas revolucionarias luchen contra la burocratización de la dirección de sus organizaciones, lo cual empieza por la creación de organizaciones que respeten la democracia interna. El FSLN no le dio apenas importancia. Siguió siendo una organización político-militar tras tomar el poder y esperó hasta 1991 para organizar su primer congreso como organización política. Aunque la dirección sandinista tomó la decisión correcta cuando reconoció la victoria de la derecha en 1990, los siguientes pasos dados por la dirección del FSLN bajo Daniel Ortega tenían a todas luces el objetivo de su vuelta al poder debido a su apego a este. La izquierda del FSLN, que se organizó como corrientes críticas durante la década de 1990, fue demasiado tímida en su oposición a estos pasos.

Por último, la izquierda internacional debe hacer un análisis materialista de los procesos sociales y políticos, sin aferrarse a ideas fantasiosas de experiencias de socialismo realmente existente. La evolución del FSLN y las políticas que llevó a cabo en Nicaragua desde el 2007 se deberían analizar por lo que son y no en base a lo que supuestamente representaron Daniel Ortega y Rosario Murillo como activistas del FSLN durante las décadas de 1970 y 1980. En este sentido, la izquierda internacional debería denunciar tanto el hecho de que Ortega y Murillo profundizaran las políticas neoliberales de sus predecesores de derecha como su prohibición total del aborto. Además, la izquierda debe denunciar enérgicamente la actual represión criminal organizada por parte del régimen contra las personas manifestantes y exigir la liberación inmediata de todas y todos los presos políticos. Al adoptar esta postura, la izquierda no se debe comprometer en modo alguno apoyando a una oposición de derecha y proimperialista. Por el contrario, esta postura debe ir acompañada de un esfuerzo por vincularse y reforzar a las personas sandinistas críticas y a otras personas integrantes de la oposición progresista a Ortega y Murillo, en particular a la juventud que se movilizó muy activamente desde abril de 2018, al movimiento feminista y al movimiento campesino e indígena que se opuso al proyecto del canal transoceánico y a otros proyectos destructivos vinculados al modelo capitalista orientado a la exportación.

Éric Toussaint visitó frecuentemente Nicaragua y el resto de América Central entre 1984 y 1992. Participó en la organización de brigadas de trabajo voluntario de sindicalistas y otras personas militantes de la solidaridad internacional que acudieron desde Bélgica a Nicaragua entre los años 1985 y 1989 . Fue uno de los activistas de la FGTB (Federación General del Trabajo de Bélgica) en temas relacionados con Nicaragua. D urante el período 1984-1992 s e reunió  con diferentes miembros de la dirección sandinista: Tomás Borge, Henry Ruiz, Luis Carrion, Víctor Tirado López. Tuvo un estrecho contacto con la ATC, la organización sandinista de trabajadores y trabajadoras agrícolas . Estuvo invitado en el I Congreso del FSLN en julio de 1991 y en el III Foro de São Paulo celebrado en Managua en julio de 1992. En la década de 1980 dio clase en el International Institute for Research and Education de Amsterdam sobre la estrategia revolucionaria del FSLN antes de su llegada al poder y sobre el período posterior a 1979.

Nathan Legrand es un activista internacionalista y miembro del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM) en Bélgica.

* N. de la t.:

Para esta traducción hemos tomado partes de artículos anteriores traducidos por Griselda Piñero y Alberto Nadal.

Fuente: http://www.cadtm.org/Nicaragua-The-other-revolution-betrayed

Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a los autores, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.