El miércoles 22 de julio se inicia en Asunción, después de varias suspensiones, el juicio oral por la denominada «masacre de Curuguaty», ocurrida el 15 de junio de 2012, en la que murieron 11 campesinos y 6 agentes de la policía. Los hechos constituyeron el punto de partida de un juicio político que terminó con […]
El miércoles 22 de julio se inicia en Asunción, después de varias suspensiones, el juicio oral por la denominada «masacre de Curuguaty», ocurrida el 15 de junio de 2012, en la que murieron 11 campesinos y 6 agentes de la policía. Los hechos constituyeron el punto de partida de un juicio político que terminó con la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo. Tres años después, 13 personas, todos ellos campesinos, serán juzgadas tras un proceso que las organizaciones sociales y de derechos humanos consideran plagado de «irregularidades». A pesar de la muerte de 11 campesinos, ningún policía se sentará en el banquillo de los acusados.
La Campaña Somos Observadores de Curuguaty -iniciativa de la sociedad civil presentada a primeros de junio, que exige garantías y transparencia en el proceso- recuerda que a los campesinos se les acusa de homicidio doloso en grado de tentativa, sin que se haya probado que dispararan arma alguna; otra de las imputaciones es la de «invasión de inmueble ajeno», pero las tierras donde ocurrió la masacre -alega la campaña- son propiedad del estado paraguayo. Por último, pesa sobre los procesados la acusación de «asociación criminal», por organizarse, señala la campaña ciudadana, para luchar «por un pedazo de tierra».
Los hechos se desencadenaron el 15 de junio de 2012 cuando un fuerte contingente policial (más de 300 agentes) desalojó en Marina Kue a un grupo de unos 50 campesinos «sin tierra», después que la autoridad judicial emitiera una orden de «allanamiento». Las tierras fueron reclamadas por la empresa Campos Morombí, propiedad del exsenador y expresidente del Partido Colorado, Blas Riquelme. Sin embargo, un artículo del profesor de Historia Gustavo Torre en «Cuadernos de Coyuntura» (junio de 2015) recuerda que la «masacre de Curuguaty» se produjo en tierras «que debían formar parte de la reforma agraria dictaminada a favor de los campesinos en la década de 1960, pero que terminaron siendo cedidas a terratenientes cercanos al Partido Colorado y al general Alfredo Stroessner, y que aún hoy continúan siendo reclamadas por los campesinos». El autor concluye que las «tierras malhabidas» que disputan los campesinos al estado y los hacendados ascienden a 8 millones de hectáreas.
En el Informe Chokokue (1989-2013) publicado hace un año, la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY) subraya que en los 25 años que abarca el estudio (a partir del final de la dictadura) fueron ejecutados y desaparecidos 115 dirigentes y miembros de organizaciones campesinas. Sobre escabechina de Curuguaty, el estudio explica que la ocupación era una estrategia de los campesinos para señalar la propiedad estatal, y dejar claro asimismo que las tierras en disputa estaban destinadas a la reforma agraria. «Las ocupaciones siempre fueron pacíficas, las salidas se negociaron con la policía». Hasta la fecha de la masacre, se produjeron siete desalojos. El 15 de junio de 2012 los campesinos exigieron, como en los casos anteriores, la presentación de documentos que justificaran la evacuación de unas tierras de titularidad estatal. «En medio de la discusión, un policía del Grupo Especial de Operaciones (GEO) disparó y mató al vocero de los campesinos, Avelino Espínola Díaz», relata el informe. Así comenzó la matanza.
«Las tierras eran públicas, por lo que los fiscales han actuado en connivencia con el verdadero usurpador, el terrateniente Riquelme», sostiene el abogado español Aitor Martínez Jiménez, autor del informe «Masacre de Curuguaty» para la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC). En una síntesis de las principales «irregularidades» publicadas por Nanduti.com.py, el letrado critica que no se hayan investigado las supuestas ejecuciones extrajudiciales, intentos de desaparición forzada de personas o torturas, que, afirma Aitor Martínez, están debidamente documentadas y denunciadas. Además, según el abogado, los disparos no provenían de las armas aprehendidas pues ninguna había sido disparada (salvo una, que estaba rota). El capítulo de «irregularidades» afecta a las «pruebas falsas» (escopetas que no pertenecían a la causa), omisiones (cámara del helicóptero que grabó la represión) y ocultamientos (casquillos de armas automáticas). «Las denuncias de los familiares de las víctimas nunca han sido investigadas», concluye el abogado.
La subdirectora del Programa de las Américas de Amnistía Internacional, Guadalupe Marengo, abunda en la misma idea. Apunta la inclusión de testigos mayoritariamente de la policía. Esta organización informa, además, de las referencias de la defensa sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía; o la utilización de armas de fuego contra campesinos cuando la violencia había terminado, hechos que -sostienen los letrados- no han sido considerados por la Fiscalía.
Estas críticas, a las que se ha sumado el Comité de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (marzo de 2013), no terminan con las sombras sobre el proceso. El movimiento social señala abiertamente al fiscal del caso, Jalil Rachid, hijo de un expresidente del Partido Colorado, Bader Rachid («ha llevado a cabo una investigación unilateral, con el único fin de culpar a los campesinos», afirma Aitor Martínez). Además, en diciembre de 2012 fue asesinado en su domicilio Vidal Vega, testigo en la masacre, colaborador de PEICC y la Comisión Sin Tierra de Marina Kue. Vidal Vega acompañaba a las organizaciones sociales movilizadas para aclarar la matanza. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también le ha recordado al Estado de Paraguay sus obligaciones, en una visita a Curuguaty el pasado mayo.
Las movilizaciones han sido constantes en el último trienio. El 27 de junio un centenar de campesinos, miembros de la Asociación de Familiares y Víctimas de Marina Kue «Yui Ñande Rekove», retornaron a las tierras donde se produjo la matanza para reivindicar la reforma agraria, informa el digital paraguayo E’A. La asociación pidió también la libertad de los 13 acusados, el resarcimiento a las víctimas y una solución en el sumario abierto a los abogados de las personas procesadas, Vicente Morales y Guillermo Ferreiro, por supuestas «acciones dilatorias». El colectivo califica estas maniobras de «amenaza y coacción a la defensa de los campesinos».
En el ámbito internacional, Articulación Curuguaty -que agrupa a más de 40 organizaciones-, las comunidades afectadas e Intermón-Oxfam han recabado más de 35.000 firmas en 62 países para que el presidente Horacio Cartes ofrezca una solución a los campesinos, particularmente los jóvenes. Recuerdan que Curuguaty es un pequeño municipio al este de Paraguay, cerca de la frontera brasileña, donde la expansión de la soja causa notorios fenómenos de acaparamiento (la soja ocupa 3,5 millones de las 3,8 millones de hectáreas cultivables del país). Por otro lado, critica la iniciativa, en la última década los procesos de acumulación y la falta de apoyo estatal han expulsado de la tierra a 585.000 jóvenes campesinos. El 2,6% de los propietarios concentra más del 80% de las tierras cultivables en Paraguay.
En un reciente artículo de síntesis publicado en Resumen Latinoamericano («De Lugo a Cartes: el Paraguay sin tierra»), Federico Larsen recuerda que actualmente el 92% de las tierras cultivables se dedican a producir alimentos para la exportación (el 20% bajo el control de propietarios extranjeros, sobre todo brasileños). Paraguay es el cuarto país en la ratio mundial de productores de soja y el sexto en el de exportadores. El gobierno actual liberó seis variedades de semillas transgénicas, con capacidad para resistir a los pesticidas. «Las denuncias por contaminación debida al agronegocio, explica el autor del artículo, se multiplicaron en el último año; los movimientos campesinos llevan adelante desde hace tres años movilizaciones multitudinarias en defensa de la semilla nativa y las formas de producción tradicional». En 2014 murieron dos niñas de seis meses y tres años de edad, por las fumigaciones en Huber Duré (departamento de Canindeyú).
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