MONTEVIDEO, 31 oct – – Uruguay dio un paso singular en el mundo al aprobar una reforma constitucional que define al agua como un bien de dominio público y garantiza la participación de la sociedad civil en todas las instancias de gestión de los recursos hídricos del país. En forma paralela a la elección de […]
MONTEVIDEO, 31 oct – – Uruguay dio un paso singular en el mundo al aprobar una reforma constitucional que define al agua como un bien de dominio público y garantiza la participación de la sociedad civil en todas las instancias de gestión de los recursos hídricos del país.
En forma paralela a la elección de un nuevo gobierno, los uruguayos se pronunciaron afirmativamente este domingo por introducir en la Carta Magna que «el agua es un recurso natural esencial para la vida» y que el acceso a éste y a todos los servicios de saneamiento son «derechos humanos fundamentales».
El plebiscito impulsado por la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, integrada por el sindicato de la empresa estatal de agua y saneamiento y varios grupos de la sociedad civil, obtuvo el respaldo de 60 por ciento del electorado. Para su aprobación necesitaba el apoyo de la mitad más uno de los votantes.
El ganador de las elecciones de este domingo, Tabaré Vázquez, de la coalición izquierdista Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), fue uno de los impulsores de la reforma.
La iniciativa popular, singular en el mundo, sentó «un precedente histórico en la defensa del agua, a través de su inclusión en la Carta Magna de un país por la vía de la democracia directa», señalaron 127 organizaciones de 36 países que enviaron una carta en respaldo a la Comisión.
Estos grupos destacaron que la reforma uruguaya «asegura la defensa de la soberanía sobre un recurso natural ante la embestida de las corporaciones trasnacionales».
Sin embargo, y a pesar de haberla votado, la mayoría de la población desconoce los alcances de los cambios, según las encuestas, y el nuevo parlamento elegido este domingo deberá elaborar una legislación que defina los mecanismos de su aplicación.
A partir de ahora, los servicios públicos de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados en Uruguay «exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales», y se cancelarán todas las concesiones en la materia a firmas privadas.
Las principales afectadas son las compañías de capital español Uragua y Aguas de la Costa, que brindan servicios de agua potable en el sudoriental departamento de Maldonado.
Este punto fue el que motivó las principales críticas del gobernante Partido Colorado, de empresarios y de algunos sectores del centroderechista Partido Nacional, quienes rechazaron la iniciativa argumentando que «ahuyentará inversiones» y «habilitará expropiaciones al estilo de otros regímenes estatales autoritarios».
Pero tanto Vázquez como el senador Danilo Astori, su futuro ministro de Economía, aseguraron durante la campaña electoral que la norma no tiene carácter retroactivo, y dieron a entender que no se verían afectadas las empresas españolas.
De hecho, ambos se esforzaron por llevar tranquilidad a las compañías de ese país en una visita que realizaron a Europa.
Astori admitió que hay visiones contrapuestas entre juristas del EP-FA, y que todo se resolvería con una legislación aclaratoria, mientras el presidente electo dijo ante empresarios durante la campaña que la reforma no afectará a las compañías extranjeras.
«Las consultas jurídicas que hemos hecho al interior de nuestra fuerza política establecen que los criterios, si se aprueba esta reforma, no se aplican retroactivamente por razones obvias, sino hacia delante», dijo Vázquez.
«Así que el cumplimiento de los compromisos asumidos no tiene que ser sólo por parte del Estado uruguayo sino de las empresas que asumen esos compromisos», añadió.
Sin embargo, miembros de la Comisión y de la propia coalición izquierdista subrayaron que, según la norma, sí se suspenderán las concesiones a todas las firmas.
«La discusión sobre la retroactividad es capciosa. El concepto de retroactividad no tiene nada que ver con el texto. Sencillamente, una vez aprobada la reforma, caen las concesiones vigentes», explicó a IPS el delegado del Frente Amplio en la Comisión, Carlos Coitiño.
Por su parte, el jurista Guillermo García Duchini, co-redactor del proyecto de reforma, señaló a IPS que el «rescate de las concesiones» por parte del Estado está ya previsto en el mismo pliego de concesión, cuando se establece que éstas se suspenderán en caso de que vayan contra el interés público.
Y éste es el caso de la reforma, explicó García Duchini, ya que ésta establece que los recursos hídricos del país forman parte del dominio público, y que por eso su gestión «deberá hacerse anteponiéndose las razones de orden social a las de orden económico».
Al suspenderse las concesiones, se indemnizará a las firmas, pero no por el lucro cesante, sino sólo por las inversiones no amortizadas.
La dirección, organización y explotación de los recursos hídricos queda a cargo de la empresa Obras Sanitarias del Estado (OSE), aunque podrá en algún caso pasar a las alcaldías, señaló García Duchini.
Algunas obras en particular, como de mantenimiento, pueden ser licitadas, pero OSE no perderá la gestión ni «el contacto directo con el público».
Mientras, María Selva Ortiz, integrante de la Comisión y de la organización no gubernamental ambientalista Redes-Amigos de la Tierra, aclaró a IPS que la reforma no afecta a las embotelladoras de agua mineral, a las fábricas de refrescos ni a los establecimientos turísticos con aguas termales que no son abastecidas por OSE.
Estas empresas extraen por sí mismas agua subterránea, de ríos, manantiales y arroyos con el permiso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y seguirán operando así en tanto no haya una «sobreexplotación».
«La concesión a Uragua cae por incumplimiento del contrato, y la de Aguas de la Costa porque no priorizó el interés social por encima del económico. Es cierto que no hay retroactividad, el tema es que a partir de la aprobación de la reforma la actividad de estas empresas pasa a ser inconstitucional», indicó.
Aguas de la Costa pertenece a la española Aguas de Barcelona, que a su vez es filial de la francesa Suez-Lyonnaise des Eaux. Desde que se instaló en Maldonado en 1992, las tarifas del servicio pasaron a ser siete veces más altas que en el resto del país.
Uragua, propiedad de las firmas españolas Cartera Uno, Iberdrola y Aguas de Bilbao, atiende el suministro de agua potable de las sudorientales ciudades de Maldonado, Punta del Este y Piriápolis.
En enero de 2002, en plena temporada turística, OSE recomendó a la población de Maldonado que hirviera el agua distribuida por esa firma española antes de ingerirla, pues se habían detectado en ella colibacilos fecales.
La reforma también establece que «los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos, estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas».
«La norma vela por la participación del usuario y de la sociedad civil en la administración de los recursos hídricos. Los proyectos de autogestión por parte de los usuarios que hay en algunos puntos de Uruguay van de acuerdo con la reforma», dijo a IPS la vicepresidenta de la Federación de Funcionarios de OSE, Adriana Marquisio.
Activistas estiman que en algunos años unas pocas empresas en el mundo controlarán casi 75 por ciento del líquido empleado para consumo humano. Las principales firmas son las francesas Vivendi-Générale des Eaux y Suez Lyonnaise des Eaux, que controlan 40 por ciento del mercado y brindan servicios a unas 110 millones de personas en más de 100 países.
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se han dedicado a fomentar la privatización del agua en el Sur en desarrollo, poniéndola como condición para conceder sus préstamos, dice la activista canadiense Maude Barlow en su libro «El oro azul», que presentó el mes pasado en Montevideo.
«La concentración del poder en manos de una única empresa y la incapacidad de los gobiernos de recuperar el dominio de los servicios de suministro permiten a las firmas imponer sus intereses sobre el gobierno, reduciendo así el poder democrático de los ciudadanos», dice Barlow.
En ese contexto, la reforma aprobada en Uruguay marca un precedente mundial.