Con apenas unos votos en contra, el Congreso aprobó una ley que retira derechos a la juventud trabajadora y a las pocas horas Humala estampó su firma y la promulgó. Este es el presente navideño del Congreso de la «repartija» y de un Humala enredado en el caso Martín Belaúnde la mayor red de corrupción […]
Con apenas unos votos en contra, el Congreso aprobó una ley que retira derechos a la juventud trabajadora y a las pocas horas Humala estampó su firma y la promulgó. Este es el presente navideño del Congreso de la «repartija» y de un Humala enredado en el caso Martín Belaúnde la mayor red de corrupción de nuestra historia. Cuando se trata de recortar derechos del pueblo trabajador para beneficiar a los empresarios, todos los partidos, disciplinados a la CONFIEP, tienen absoluto acuerdo y son diligentes, aunque se tiren barro todo el tiempo para ocultar sus propias trapacerías.
Los medios de prensa no se quedaron atrás y jugaron su papel distrayendo información y distorsionándola. Mientras enfocaban todas sus cámaras en torno al escándalo Martín Belaúnde, niño mimado de Palacio hoy prófugo, apenas informó, y mal, sobre la ley de marras. El Comercio y La República publicaron dos notas donde al unísono repiten el sonsonete argumento con el que fue disfrazado la norma: busca facilitar -dicen– el ingreso de 263 mil jóvenes al mercado laboral formal. El portal La Mula puso al desnudo la forma cómo se fabrica la información en el decano: un titular salió informando la verdad («Congreso aprobó ley contra los jóvenes. No tendrán CTS, gratificaciones, ni seguro por riesgo») y 11 minutos después, la verdad fue sustituida por la hipocresía: «Pleno aprobó la creación de régimen laboral para los jóvenes».
En efecto: es una ley contra los jóvenes porque por tener entre 18 y 24 años no tendrán CTS, ni gratificaciones, ni utilidades, ni seguro de vida, ni bono por familia, y tendrán la mitad de vacaciones por año de servicio.
Por su parte, las empresas podrán cubrir hasta 25% de su planilla con trabajadores bajo este nuevo régimen, ahorrándose costos de hasta un cuarto de su personal que será rotado como lo son actualmente los contratados a plazo. Es decir, no se generará nuevos empleos sino las empresas aprovecharán la norma para reemplazar al personal que ya emplean pero con otras obligaciones. Como el gobierno no puede retirar los derechos laborales de un solo golpe (como sueña el gremio empresarial), lo hace creando regímenes «especiales» que se volvieron permanentes y casi generalizados: la de contratos por exportación vigente en el sector textil desde el año 1978, la ley especial para agroindustria donde tampoco existen derechos, la de pymes. Y ahora el nuevo régimen laboral juvenil.
Parece absurdo pero ante el «enfriamiento» de la economía lo que el gobierno hace es enfriarla más porque sus medidas apuntan a reducir el poder adquisitivo de los trabajadores y ensanchar el de los empresarios, con la ilusión de que así invertirán más. Pero la economía se enfría y se seguirá enfriando porque el modelo en que se basa ya no funciona. Es un modelo proimperialista basada en la extracción minera y la gran inversión extranjera. Después de un «hipo», que se extendió una década, de altos precios de los minerales, hoy estos caen, y también cae el fuerte flujo de capitales, revirtiendo la balanza comercial que se torna crecientemente deficitaria mostrando con toda su brutalidad la realidad de los TLCs firmados alegremente y por doquier. Con lo cual se desvanece la perorata de nuestra marcha irrefrenable al primer mundo y volvemos cada a la realidad que golpeará nuestros hogares de país pobre y sometido al imperialismo. Pero en lugar de buscar otra salida la burguesía y el gobierno llevados de las narices por el FMI, reman para adelante, buscando mantener el modelo que beneficia a Antamina, Southern, Yanacocha y a las multinacionales, esta vez cargando con lo poco que chorreó estos años.
Antes de los nuevos ajustes, se vendía al Perú en el mundo como el paraíso de las inversiones porque ofrecía una de las manos de obra más del orbe. Así, del total de su masa laboral el 70% es tercerizada o trabaja en services, otro porcentaje significativo en textiles, agroexportación y pymes son contratados eternos y casi sin beneficios, otro tanto trabaja en la informalidad sin derecho alguno y sometido a infernales ritmos de trabajo, la aplastante mayoría cobra el salario mínimo que es el más bajo de América Latina, y aun los que tienen derecho a negociar pliegos no pueden aspirar a un salario digno por la angurria empresarial. Y esto para no hablar del despotismo patronal reinante en la fábrica, la frecuente accidentabilidad por negligencia empresarial, las enfermedades profesionales incapacitantes y hasta las muertes frecuentes que se producen en los centros de trabajo; sin que el gobierno ni ninguna institución haga algo. La nueva ley y las medidas que viene aprobando el gobierno profundizan esta situación calamitosa y degradante de la clase trabajadora.
Que se cree un régimen especial sin derechos para un sector simplemente por ser jóvenes, es discriminación flagrante. Estamos ante la vulneración del derecho humano a la igualdad ante la ley sin distinción de edad, raza o sexo. Y en el aspecto laboral la propia Constitución de Fujimori, Art. 26, dice: «En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 1. Igualdad de oportunidades sin discriminación. 2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley». Sin embargo, la angurria patronal todo lo puede y en el Perú, país del tercer mundo y sumiso al imperialismo, todo vale.
Ante este atropello no puede haber ninguna duda: hay que salir a pelear con energía, decisión y coraje hasta derogar el engendro. Los jóvenes deben colocarse en la primera línea de lucha hasta acabar la ley que tiene nombre propio: contra la juventud. Los sindicatos que ya comenzaron a movilizarse, deben unificar sus acciones y preparar un Paro Nacional, porque enfrentan una escalada que de prosperar barrerá con sus frágiles organizaciones. Los organismos de derechos humanos y la población deben solidarizarse y a juntar nuestras banderas: respeto a la ley de Consulta Previa, derecho de la población a decidir sobre sus territorios, derogatoria de las leyes que afectan al medio ambiente, pago a los fonavistas, libre desafiliación de las AFPs, aumento de salarios y pensiones; hasta derrotar al modelo y a la política económico que nos llevan al abismo.
A las calles a gritarles lo que son: ¡Miserables!
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.