Mientras el gobierno federal se aferra a la ficción de un país en calma y prosperidad, próximo «a ver el fin de la pobreza», según lo dijo ayer el presidente Vicente Fox, en Oaxaca se ha configurado ya una circunstancia que debe ser llamada por su nombre: ingobernabilidad. En el caldo de cultivo de rezagos […]
Mientras el gobierno federal se aferra a la ficción de un país en calma y prosperidad, próximo «a ver el fin de la pobreza», según lo dijo ayer el presidente Vicente Fox, en Oaxaca se ha configurado ya una circunstancia que debe ser llamada por su nombre: ingobernabilidad.
En el caldo de cultivo de rezagos sociales nunca resueltos, y en un contexto electoral propicio para las patadas bajo la mesa entre las autoridades federal, estatal y otros actores políticos, se ha escamoteado una solución al conflicto que vive la entidad, por lo que ésta se ha deslizado al pleno descontrol.
Ante la determinación oficial de dejar que se pudra el problema, lo sorprendente es que éste no haya llegado a cotas mayores de violencia. Sin embargo, la agresión a balazos perpetrada ayer además de la registrada esta madrugada contra integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) que custodiaban las instalaciones de la Corporación de Radio y Televisión de Oaxaca y las posteriores acciones del movimiento que exige la destitución del gobernador Ulises Ruiz ponen en evidencia la ruptura casi total del orden institucional. Por su parte, las mutuas descalificaciones entre el vocero presidencial, Rubén Aguilar, y funcionarios de la acorralada gubernatura local exhiben en toda su crudeza las pugnas de poder que se dirimen, a costillas de los oaxaqueños, entre el Ejecutivo federal y lo que queda del gobierno estatal.
El conflicto oaxaqueño debe ser atendido con urgencia para evitar una descomposición mayor en la entidad, pero también para desactivar al menos uno de varios focos rojos que se observan en el mapa nacional.
Y, habida cuenta de que la autoridad local se encuentra en una situación insostenible y que la federal no puede o no quiere hacer nada al respecto, la única instancia de solución a la vista es el Poder Legislativo. La primera tarea de la legislatura entrante está a la vista.
El conflicto en Oaxaca puede ser la última oportunidad del foxismo para salir de su autoengaño y evitar una catástrofe al final de un sexenio de por sí desastroso. Por ahora, los elementos de peligro están aislados y obedecen a lógicas distintas, pero la suma de ellos puede extender la ingobernabilidad al territorio nacional.
La manera inescrupulosa en que el panismo intenta perpetuarse en el poder y el movimiento de resistencia civil generado por la turbiedad de los comicios del 2 de julio; la vulnerabilidad económica, maquillada con cifras y discursos; la visible podredumbre generada por las alianzas entre el poder público y los grandes capitales y consorcios mediáticos; el avance de la delincuencia organizada y el control que tiene el narcotráfico de importantes zonas del país, constituyen, entre otros, factores que pueden derivar en una desestabilización nacional sin precedentes.
La circunstancia de Oaxaca tendría que ser suficiente para sacar al equipo presidencial de la nube idílica en la que se instaló desde hace mucho. Puede ser que la próxima coyuntura crítica resulte mucho más grave. Por los factores antes mencionados es que la perspectiva de una transición presidencial ordenada y armónica resulta cada día menos probable.