Arde Oaxaca. Grupos de paramilitares y policías disparan contra la población indefensa. Los ciudadanos responden levantando barricadas, tomando radiodifusoras y bloqueando carreteras. Con poca imaginación, el desgobierno estatal explica los hechos recurriendo al guión de siempre: advierten que la inconformidad ciudadana es sólo una fachada de organizaciones armadas. Lizbeth Caña, procuradora general de Justicia de […]
Arde Oaxaca. Grupos de paramilitares y policías disparan contra la población indefensa. Los ciudadanos responden levantando barricadas, tomando radiodifusoras y bloqueando carreteras. Con poca imaginación, el desgobierno estatal explica los hechos recurriendo al guión de siempre: advierten que la inconformidad ciudadana es sólo una fachada de organizaciones armadas.
Lizbeth Caña, procuradora general de Justicia de Oaxaca, informó a la prensa nacional que las acciones de protesta del movimiento popular que exige la renuncia del gobernador Ulises Ruiz son «actos de guerrilla urbana y subversivos». Y Enrique Jackson, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que es evidente la presencia de grupo armados. La acusación tiene como antecedente el reiterado intento de las autoridades estatales de asociar a los dirigentes magisteriales de la entidad con grupos violentos.
Poco importa que los muertos pertenezcan a la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO). A la procuradora le tiene sin cuidado que la violencia física haya provenido invariablemente de las policías locales y de los grupos de porros y pistoleros al servicio del PRI en la entidad.
Suponer que el movimiento oaxaqueño ha sido organizado por un grupo político-militar es una insensatez. No hay organización partidaria ni político-militar en México capaz de facilitar o conducir un levantamiento como el oaxaqueño.
En la protesta convergen centenares de organizaciones sociales, comunidades indígenas, grupos ciudadanos y organizaciones políticas con un objetivo central: la desaparición de poderes en la entidad. La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue, en sus inicios, la columna vertebral que estructuró el movimiento. Pero, ahora, a pesar de su enorme importancia numérica y de su capacidad de convocatoria y movilización, es una isla más en el archipiélago anti Ulises Ruiz.
Desde su constitución como una tendencia sindical democrática hace 26 años, dentro de la sección 22 participan maestros de las más diversas corrientes políticas. Afirmar que grupos radicales se han infiltrado en el magisterio oaxaqueño es una estupidez. Los profesores que integran esas organizaciones han estado allí desde 1980, fecha en la que se expulsa a los líderes charros de la conducción del gremio.
Los trabajadores de la educación de Oaxaca tienen una larga historia de relación con organizaciones campesinas e indígenas. En una sociedad con un peso tan importante del mundo rural como es Oaxaca, los maestros funcionan a menudo como los intelectuales orgánicos de la comunidad. Su conocimiento del español y de los vericuetos de las instituciones los convierte, con mucha frecuencia, en gestores de los problemas de los poblados. Todos los partidos políticos obtienen del magisterio cuadros políticos.
Ciertamente, en los últimos años la relación entre profesores y padres de familia en Oaxaca se había deteriorado. En algunos casos, el ausentismo y la falta de compromiso profesional alejaron a los maestros de las comunidades. En otros, la falta de respeto a las dinámicas de la vida indígena enfrentaron a unos y a otros. Pero ese desgaste en la relación se solucionó cuando el magisterio enarboló la demanda de destituir a Ulises Ruiz. Eran tantos y tan profundos los agravios del mandatario hacia los pueblos, que éstos encontraron en la movilización magisterial la vía para deshacerse de él.
La vinculación del magisterio democrático con los sectores populares, trascendiendo la mera solidaridad, tiene dos antecedentes históricos: la escuela socialista y el maestro rural formado durante el cardenismo. Un informe de la época señalaba: «los maestros han formado en el pueblo mexicano una fuerte conciencia de la trascendencia social que tienen las disposiciones de nacionalización de los ferrocarriles, reparto ejidal de la zona henequenera en Yucatán, expropiación de los bienes de las compañías petroleras» (Memorias 1938, vol. 1. Informe de la Oficina Técnica de Escuelas Rurales).
El lazo con las luchas sociales se mantuvo vivo en el corazón mismo del sistema de formación de mentores: las escuelas normales, y más en concreto, en la versión rural de éstas. A las Normales Rurales (ahora en desaparición) asisten los hijos de los campesinos con la esperanza de cultivarse y adquirir una profesión. Mientras estudian tienen que sobrevivir con una beca miserable. Origen de clase, dieta raquítica y formación política se convierten, con frecuencia, en votos de compromiso y lucha a favor de las causas populares. Aunque muchos egresados son absorbidos por la vida «institucional», otros se mantienen en la brega.
Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, los legendarios guerrilleros guerrerenses que organizaron levantamientos armados contra el gobierno mexicano, fueron maestros. No han sido los únicos profesores que han participado en movimientos armados, pero suponer que tienen la capacidad de conducir un movimiento tan masivo, complejo y plural como es el de la sección 22 del magisterio o el de la APPO es un absurdo.
Ciertamente, las guerrillas y la resistencia armada han estado presentes en Oaxaca desde hace décadas. La sublevación mixe en contra del cacicazgo de Luis Rodríguez en 1959, las acciones del Güero Medrano en Playa Vicente y la ofensiva del Ejército Popular Revolucionario (EPR) hace 10 años en Huatulco, Tlaxiaco y la ciudad de Oaxaca son algunos de los incidentes más conocidos de esta resistencia.
Sin negar la existencia de esta realidad, la actual lucha oaxaqueña responde a otras motivaciones y dinámicas. No hay organización armada ni partido político capaz de estimular la autorganización ciudadana autónoma que existe en la entidad, y que es su sello distintivo. Como ha señalado el especialista Jorge Lofredo, la dinámica actual del conflicto es política y no militar. Amenazar con el fantasma de las guerrillas es un intento por deslegitimar una genuina protesta popular que la torpeza gubernamental ha transformado en algo muy cercano a un levantamiento.