Con esa frase, Eleuterio Fernández Huidobro hizo referencia a la ley que abrogó otra disposición legal, la de «la caducidad de la pretensión punitiva del estado», la ley que con lenguaje tan «técnico» se aprobó para no enjuiciar a torturadores y aterrorizadores de la sociedad uruguaya (del período 1973-1984). Las consideraciones sobre la debilidad estructural […]
Con esa frase, Eleuterio Fernández Huidobro hizo referencia a la ley que abrogó otra disposición legal, la de «la caducidad de la pretensión punitiva del estado», la ley que con lenguaje tan «técnico» se aprobó para no enjuiciar a torturadores y aterrorizadores de la sociedad uruguaya (del período 1973-1984).
Las consideraciones sobre la debilidad estructural de una ley finalmente aprobada en 2012, arrastrando una situación que había pasado no sólo por trámites parlamentarios sino por la instancia de dos plebiscitos, fueron patentes y exhibidas reiteradamente. Tanto para empezar a ver el trámite habido −la impugnación final de la Suprema Corte de Justicia− como el epílogo poco menos que inevitable de proceso tan penosamente llevado.
Me interesa, empero, fijar la mirada en un momento previo a todo este «bochinche» de la ley especial, su peculiaridad y su fallido desenlace.
Porque me parece que una vez más jugamos con avivadas, tan al uso nostro, por lo visto.
Porque lo que hay que explicar previamente es cómo se perdió el segundo plebiscito. Qué fue ese plebiscito.
Para hacer inteligibles los plebiscitos, en general se presentan dos posiciones; por sí o por no, por ejemplo. Basta examinar la no tan proficua como el imaginario democrático del Uruguay pretende, pero al menos la pequeña ristra de tales votaciones en el país para verificar que en general se ha tratado de dilucidar entre dos posiciones grosso modo antagónicas. Diferenciadas generalmente con dos boletas, con consignas o colores que iban asociándose con las respectivas posiciones. A veces se ponía a plebiscitar más de dos opciones, como cuando la, las reformas constitucionales durante la crisis de los ’60, y en tal caso el acento diferenciador estaba en los colores; rosada, gris, naranja…
¿Qué pasó con el segundo plebiscito para cortar la impunidad, llevada a cabo bajo gobierno del FAEPNM (elíjanse las siglas), donde varias asociaciones civiles de la sociedad uruguaya promovían abolir la caducidad en tanto los partidos de la derecha tradicional o del neocolonialismo rampante defendían el mantenimiento de la caducidad… y el gobierno, sí pero no…
Sus votantes estaban sin duda mayoritariamente dispuestos a terminar con semejante estado de cosas… y «sus» gobernantes, dirigentes, líderes, no podían darse el lujo de sincerar sus propias convicciones, que resultaron ser la de mantener la caducidad, mantener las ligas cívico-militares que algunos han sabido cultivar al parecer en las internaciones que nos vendieron como heroica-resistencia-de-trece-años (y que no dudo, empero, que muchos han sabido mantener).
¿Y qué hizo el gobierno, usando el probado método del Viejo Vizcacha?
Sometió democráticamente a plebiscitar si seguía la impunidad o no.
«Todos», un «todos» equivocado, sabíamos que arrasábamos con la pujanza de la sociedad uruguaya para sacarse de encima esa coyunda. 2009 ya no era 1986, con los rastros del terror todavía tan frescos como para haber paralizado tantos corazones…
Y aceptamos, como borregos, alegremente, marcar nuestro voto. Por el sí al fin de la caducidad. Y juntamos el 48 % del electorado nacional uruguayo. Casi la mitad… del electorado, del padrón.
¿Qué habría cosechado la opción de defender la caducidad, aquella que en los ’80 se había quedado con el 60% de los votos (cuando la resistencia fue considerable, pero quedó en el 40%)?
En el 2009, apuesto que ni el 10% del electorado. Pero pongamos un 20% y hasta, con toda la furia, un 30% (tendría que votar alrededor del 80% del padrón electoral, algo que se alcanza en muy pocos estados del planeta… salvo, claro, aquellos que de antemano tienen resultados del 99,5 % de votantes a favor…).
Es decir, que marcando los votos a favor y en contra y no aceptando bobamente nosotros los electores y programando avivadamente las autoridades electorales y gubernamentales, la presencia de una sola boleta, muy otro habría sido el resultado. Sencillamente, el verdadero, el opuesto.
Tras la trastada de la boleta única, la boleta olvidada, el detalle escamoteado, vino ese segundo momento del que se queja, aviesamente EFH.
De que una resolución de la cuestión por vía parlamentaria estaba condenada de antemano. Y EFH se da el lujo de dictar cátedra de democraticidad hablando de que la sociedad uruguaya, sus fanáticos autores de mamarrachos «se han pasado por las partes dos plebiscitos».
Fue el gobierno, la dirección frenteamplista, en suma, con su contingente «de vanguardia» precisamente, el que se pasó por las partes el segundo. Y con sobrada pillería.
Y quienes queríamos acabar con la caducidad que estructura un estado bellaco, una sociedad éticamente intoxicada, podemos autocriticarnos por habernos sentido tan seguros de la victoria que no reparamos en los «detalles técnicos» que los pícaros saben administrar.
Porque me resisto a creer que la carencia de la boleta opuesta fue una omisión generalizada e involuntaria de todos en el país.
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