Al enterarse de que en Uruguay la Justicia detiene prácticamente toda su actividad durante el mes de Enero, un extranjero podría pensar que allí los veranos derriten el asfalto de las calles. Pero el calor no es para tanto, el problema es otro. El asunto es que los abogados, los fiscales, y los jueces se […]
Al enterarse de que en Uruguay la Justicia detiene prácticamente toda su actividad durante el mes de Enero, un extranjero podría pensar que allí los veranos derriten el asfalto de las calles. Pero el calor no es para tanto, el problema es otro.
El asunto es que los abogados, los fiscales, y los jueces se van de vacaciones todos juntos, y por tal motivo las causas a su cargo quedan en suspenso hasta que vuelvan del balneario. Pero el problema no es el calor, porque lo mismo sucede durante Semana Santa y también en el mes de Julio, en pleno invierno.
Puestas así las cosas, y negando rotundamente que Uruguay tenga costumbres como las atribuídas a las menospreciadas «Repúblicas Bananeras», el hecho es que -al igual que cualquier otro juicio por robo de gallinas o malversación de fondos- las investigaciones de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas antes y durante la dictadura civil y militar; proseguirán su instrucción recién en el mes de febrero de 2005.
Quedarán en suspenso entonces:
– La solicitud del ingreso de técnicos a los batallones 13 y 14 para estudiar in situ los lugares donde se ha denunciado hubieron enterramientos clandestinos de detenidos desaparecidos.
– La investigación de las recientes remociones de tierra efectuados por los militares en dichos terrenos, violando la medida cautelar que prohibió toda «innovación» en los predios.
– La citación en carácter de «indagado» del ex dictador Juan María Bordaberry, denunciado por «atentado contra la Constitución» por haber disuelto el Parlamento el 27 de junio de 1973.
– La investigación del homicidio del matrimonio Martirena por fuerzas policiales y militares cometido el 14 de abril de 1972 (en democracia, bajo la presidencia de Bordaberry).
– La continuación de las investigaciones sobre el asesinato de los ocho militantes de la Seccional 20ª del Partido Comunista, también en abril de 1972, caso sobre el que se han aportado nuevos elementos de prueba.
– Las actuaciones judiciales respecto a los homicidios de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, en mayo de 1976 en Buenos Aires, a manos de un comando conjunto del Plan Cóndor.
– La definición sobre la situación del coronel (r) Manuel Cordero, quien se fugó del país para no declarar ante la Justicia en una causa menor de «desacato por ofensa».
– La aclaración de lo sucedido a la maestra Elena Quinteros, secuestrada en 1976 de los jardines de la Embajada de Venezuela y presuntamente asesinada por tortura por los militares; causa por la que está siendo procesado sin prisión el ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco.
La buena noticia es que el receso veraniego del Poder Judicial y de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación interrumpe todos los plazos legales; es sólo un paréntesis para tomar nuevas fuerzas y volver a las tareas con energías plenas y renovado vigor…