El actual gobierno cuenta con una carta de crédito que le ha abierto la ciudadanía a partir de las últimas elecciones nacionales. Las Organizaciones Sociales como la nuestra, desde su independencia política y en todas las instancias que pudimos expresamos la necesidad de un cambio profundo en las políticas económicas y sociales del País. Por […]
El actual gobierno cuenta con una carta de crédito que le ha abierto la ciudadanía a partir de las últimas elecciones nacionales. Las Organizaciones Sociales como la nuestra, desde su independencia política y en todas las instancias que pudimos expresamos la necesidad de un cambio profundo en las políticas económicas y sociales del País. Por eso, ante la oportunidad del cambio, también hemos abierto al nuevo gobierno una carta de crédito, porque, también somos concientes de que la gente no quiere perder lo poco que le queda: la esperanza.
Sin embargo, a sólo cuatro semanas de haber asumido, el Poder Ejecutivo emite un Decreto, ordenando lo que para nosotros ha sido, por sus consecuencias, una experiencia nefasta.
Somos conscientes, también que la crisis de nuestro País es estructural y no coyuntural, por lo que nadie piensa que en cuatro semanas saldremos de ella.
Lo hemos dicho siempre: el 2002 no fue la causa de nuestros males, sino la consecuencia de políticas que a todas luces se sabían que fracasarían si pensamos en nuestro pueblo en general, aunque quizás fueron exitosas para algunos pocos: los beneficiados de siempre.
Por eso, pensamos que la crisis financiera fue sólo una punta del Iceberg y que la crisis en general, sigue campeando y haciendo cada vez más urgentes las necesidades de los sectores populares que más han sufrido estas políticas.
Así es que nuestra Fucvam dio batallas heroicas para subsistir y seguir creciendo en medio de todas las políticas adversas.
Precisamente, cuanto más apuntaban las políticas económicas a sacar al Estado la responsabilidad de construir, cuando los gobiernos más recurrieron a «inventos» nefastos, para desplazar a las Cooperativas, más lucha dimos y más crecimos.
En esa lucha se enmarcaron todas las batallas que dimos para denunciar la estafa al Fondo Nacional de Vivienda, incluida la marcha a Punta del Este donde ciento setenta militantes fueron detenidos sin ninguna base legal para ello.
El Dr. Jorge Batlle, abrió su mandato con los recortes de mayo del año dos mil, a los que siguieron sucesivos recortes, principalmente los dispuesto en el año dos mil dos.
A pesar de eso, nuestras Cooperativas siguieron construyendo con un altísimo costo social y al borde del desfinanciamiento de las obras. Seguimos inaugurando Cooperativas sin que el Estado tuviera que poner un solo peso más.
Ocurre exactamente lo contrario con los núcleos básicos o programas SIAVS, que en su mayoría han demostrado ser un desastre, como también lo han sido por sus costos siderales las viviendas para pasivos, o las viviendas construidas donde no hay demanda para ocuparlas.
Hemos resistido hasta EL LIMITE DE NUESTRAS FUERZAS.
Hoy ya no damos más: varias obras han debido cerrar. Los atrasos en los pagos son brutales.
Se deben avances de obra de diciembre, enero y febrero y un grupo muy importante de Cooperativas no han podido cobrar los mayores costos acordados con el Ministerio de Vivienda en función del desfasaje entre la Unidad Reajustable y el dólar producido cuando éste quedó librado el mercado.
Cuáles son esas consecuencias?
– El atraso en los pagos obliga necesariamente a ir bajando las próximas certificaciones ya que nuestras cooperativas no tienen capital de giro. El bajar las certificaciones significa alargar el proceso constructivo en el tiempo, encareciendo la obra al mantener por más tiempo los costos fijos.
– Cuando estos atrasos se convierten en endémicos, los problemas financieros de la obra se convierten en problemas económicos que difícilmente tengan solución posterior. Hoy como ha quedado dicho, los atrasos en los pagos son endémicos.
– Pasando tanto tiempo sin cobrar la Cooperativa se endeuda con los trabajadores, con los proveedores, y con el mismo Estado (pagos de tarifas de luz, agua y teléfono, así como Banco de Previsión Social). Se puede ver sometida a juicios laborales, a juicio de los proveedores que con razón quieren cobrar lo que se les adeuda.
Debe pagar con multas y recargos al mismo Estado por los conceptos expresados (luz, agua, teléfono y Banco de Previsión Social).
Esta situación se ve agravada, al no poderse obtener el Certificado del Banco de Previsión Social, que no lo emite porque se le adeuda.
Sin el Certificado del BPS, el Ministerio de Vivienda no nos paga. Como se ve, un círculo perverso que nos ahoga.
Se generan así otras dificultades adicionales que no son menores:
comienzan a «rebotar» los cheques emitidos y, el Banco Central (otro Organismo del Estado), cierra las cuentas bancarias de las Cooperativas, lo que significa quedar sin crédito.
En el mejor de los casos, para cubrir esos cheques, se consigue con el Banco emisor un crédito. Esto genera costos financieros no previstos en el préstamo original.
La Cooperativa deja de ser «creíble» para el barraquero y los proveedores y en vez de obtener descuentos por los volúmenes que compra, se le comienzan a recargar los productos por ese atraso en los pagos.
Y la gran pregunta es: cómo hacemos para levantar una obra que se cae si no tenemos dinero? ¿quién paga los costos (los económicos y los sociales)?.
¿Cuántos trabajadores de la construcción perderán su empleo?
¿Cuántas familias cooperativistas que ya no aguantan más se irán a vivir a un asentamiento a lo que se negaron durante tantos años?
Será que tendrá que ir el plan de emergencia a recogerlos?
Creemos que esta situación es insostenible.
Nos hemos reunido con el nuevo Ministro de Vivienda el Arquitecto Mariano Arana, el Director Nacional de Vivienda y sus asesores. Más allá de la buena disposición al diálogo la respuesta es la misma de otros tiempos: Economía no nos envía dinero.
Estamos convencidos que los tiempos cambiaron y que el Poder Ejecutivo es un equipo de trabajo, por lo que apelamos a ese juego en equipo.
No creemos que el nuevo gobierno tome medidas de esta naturaleza sin medir sus consecuencias. No es rentable para los uruguayos dejar obras a medio camino. Tampoco es rentable pagar más por lo que se pudo haber pagado mucho menos. Y cuando hablamos de renta, repetimos, no sólo hablamos del aspecto económico, sino también del aspecto social.
La vivienda de interés social es un elemento crucial para el País y el nuevo gobierno y sobre todo para su gente.
La emergencia social pasa por la salud, la alimentación, la educación, pero, y fundamentalmente por la vivienda.
¿Pueden haber políticas de salud (en toda su dimensión: física y sicológica) sin VIVIENDA SALUDABLE?
¿Pueden haber políticas educativas (en toda su dimensión y en todos sus sentidos) sin una VIVIENDA ADECUADA para ello?
Y aunque la gente no come ladrillos, las políticas alimentarias correctas y saludables pasan también por tener una VIVIENDA DIGNA PARA COCINAR Y ALMACENAR ALIMENTOS con seguridad y comer en condiciones de prolijidad aceptables.
Por eso, los recortes del decreto del Poder Ejecutivo nos alarman profundamente.
El programa del Frente Amplio – Encuentro Progresista aprobado en el Congreso del 2003 dice que se aplicarán para vivienda los recursos provenientes en materia fiscal de al menos el producido por el Impuesto a los Sueldos (2%).
Para el año 2005, ese impuesto recaudará en el entorno de los DOS MIL MILLONES DE PESOS.
Por otra parte, la inversión en vivienda prevista en el Presupuesto Quinquenal del año dos mil, para el año DOS MIL CINCO, preveía invertir MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS (más la inflación).
La inflación en el quinquenio 2000 – 2005 fue del 68,3%, lo que nos daría con la cifra prevista, una inversión actualizada por IPC de DOS MIL CINCO MILLONES DE PESOS.
El Decreto aludido coloca el tope de la inversión en MIL CIENTO DIEZ MILLONES lo que genera una diferencia de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS, equivalentes a tres millones quinientas mil
Unidades Reajustables o treinta y cuatro millones de dólares, situándolo en el orden del 45 %. Es peor que todos los recortes aplicados por las administraciones anteriores.
En números gruesos, este recorte en un año implica construir entre DOS MIL y DOS MIL QUINIENTAS viviendas cooperativas menos.
En cantidad de personas, son entre OCHO Y DIEZ MIL que el próximo año engrosarán algunos asentamientos marginales.
La lógica de la aplicación de los recortes está en generar un superávit fiscal primario que irá a pagar intereses de la deuda externa, aumentando así la deuda social del Estado uruguayo.
Bastaría con bajar tres décimas ese superávit ( del 4% al 3,7%) para evitar los recortes en la inversión en vivienda.
Aquí no sólo estamos defendiendo la construcción de viviendas, sino tratando de evitar el crecimiento de asentamientos marginales con sus terribles consecuencias para la sociedad toda. Estamos defendiendo fuentes de trabajo y salario de la gente.
Porque la gente aún tiene esperanza y confía en el nuevo gobierno apelamos a que no se perpetre un nuevo atentado a la calidad de vida de la gente.
Apelamos a su sensibilidad social del manifestada una y otra vez.
Y, volviendo a lo del título: «porque el corazón no quiere entonar más retiradas».
DIRECCION NACIONAL DE FUCVAM
Montevideo, 31 de marzo de 2005.