Contra lo que difunde la prensa hegemónica, el peligro de militarización en América Latina es real y no hay que olvidarlo. La nueva justificación es la «lucha contra el terrorismo». Washington continúa con la mira sobre esta parte del continente. Si bien los proyectos de militarización fueron programados mucho antes de los hechos del 11 […]
Contra lo que difunde la prensa hegemónica, el peligro de militarización en América Latina es real y no hay que olvidarlo. La nueva justificación es la «lucha contra el terrorismo». Washington continúa con la mira sobre esta parte del continente.
Si bien los proyectos de militarización fueron programados mucho antes de los hechos del 11 de septiembre de 2001 (ataque a las Torres Gemelas en Nueva York), este hecho marcó un antes y un después. Estados Unidos encontró la justificación necesaria para intervenir en regiones tales como Latinoamérica: la lucha contra el terrorismo. La invasión militar sobrevuela en el inconsciente de la población regional y muy poco se sabe de sus verdaderos fines.
El plan de militarización llevado a cabo por Estados Unidos en América Latina es argumentado, según los conceptos de la Guerra de Baja Intensidad (GBI), como una maniobra contra el terrorismo y el narcotráfico. La mayoría de la población latinoamericana desconoce los verdaderos fundamentos de esta técnica de asentamiento militar y, en reiteradas ocasiones debido a la ausencia de información y a los mitos instalados desde la prensa hegemónica, se supone que dicho procedimiento se trata más de una fantasía que de una realidad.
El imperialismo estadounidense, planificado en Latinoamérica desde la sede del Comando Sur, tiene como objetivo apropiarse de los mercados económicos y los recursos naturales. Esto se enmarca en el Manual de campo 100-20 del Ejército estadounidense, el cual define a la GBI como «una confrontación político – militar entre estados o grupos por debajo de la guerra tradicional y por encima de la competencia pacífica entre Naciones».
A su vez, establece que la GBI «involucra a menudo luchas prolongadas de principios o ideologías y se desarrolla través de una combinación de medios políticos, económicos, de información y militares».
Washington opera a través del progresivo desarrollo de las empresas transnacionales en la región y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas locales «previniendo» posibles estallidos o conflictos sociales que afecten a las democracias de baja intensidad que operan en América Latina en post de sus beneficios neoliberales.
Se trata de un proceso de dominación que pretende romper con las características nacionales, en particular, y regionales de los países latinoamericanos. Para llevarlo a cabo sistemáticamente, se utilizan una serie de mecanismos, entre los cuales los medios de comunicación ocupan un lugar relevante.
Washington pretende, bajo la forma de propaganda política, convencer al común denominador de las personas de que el mundo se encuentra en peligro por el terrorismo y las drogas y que debe ser defendido a través de diversas maniobras, entre ellas la militarización.
En este aspecto, la militarización como parte del concepto de Guerras de Baja Intensidad actúa a niveles psicosociales para generar el respaldo de las sociedades. Se impone la cultura del miedo y la necesidad de una seguridad tanto nacional como internacional. El propósito perseguido es llegar a la mente de la población nativa donde se lleva a cabo algún mecanismo de la GBI.
Washington para concretar sus fines económicos neocoloniales, durante la presidencia de Bill Clinton, puso en marcha el proyecto denominado Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Sus objetivos eran no sólo la apertura de los mercados latinoamericanos por medio de políticas definitivamente neoliberales que garantizaran el desarrollo de las multinacionales locales sino que también la instalación de bases militares que permitiesen un ocupamiento progresivo de la región.
Dicho plan incluiría a 34 países (exceptuando a Cuba) de América del Sur, América del Norte y Centroamérica. Sin embargo, en el año 2005, la aprobación definitiva del mismo no se concretó gracias a las políticas contrahegemónicas y de corte progresistas que caracterizan a los actuales gobiernos latinoamericanos y que rompen con el esquema de «democracias controladas» impuesto por Washington en reemplazo de la Doctrina de Seguridad Nacional originaria de los golpes de estado en América Latina.
No obstante, Estados Unidos ante la negativa al ALCA, prosigue en su actitud de intervencionismo militar por medio de la creación de numerosas bases en la región y por el adiestramiento de las Fuerzas Armadas locales con el fin de que ellos mismos sean quienes lleven a cabo los propósitos resumidos en la conceptualización de Guerra de Baja Intensidad en sus propios países.
América Latina es uno de los puntos que Washington tiene en la mira desde hace varios años. La instalación de enclaves militares estadounidenses en zonas estratégicas se originó con la apropiación del Canal de Panamá. En dicho lugar se asentó el centro de operaciones estadounidenses para toda Latinoamérica denominado Comando Sur (USSouthcom, según sus siglas en inglés).
Uno de los primeros y más complejos procesos de militarización es el llamado Plan Colombia. Bajo la disfrazada argumentación de que Colombia necesitaba de ayuda estadounidense para superar el narcotráfico y avanzar económicamente a través de la apertura de sus mercados, en este país se asentaron las bases de Tres Esquinas, Larandia y Puerto Leguizamo.
Los verdaderos propósitos de Washington se dieron a conocer públicamente, en el año 2000, a través de una edición de la revista Desde abajo. Estos habían sido mantenidos ocultos tanto por el gobierno local como por el estadounidense. Dichos fines se basan, principalmente, en la eliminación de los grupos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
No sólo se busca combatir a las guerrillas colombianas sino que también entre los puntos de eliminación que están en mente del Comando Sur, se hallan: el Movimiento de Obreros Sin Tierra de Brasil (MST), los Zapatistas mejicanos, los indígenas de Chiapas y muchos otros movimientos y agrupaciones sociales consideradas «rebeldes» de Bolivia, Argentina, Ecuador Perú, República Dominicana, Venezuela, entre otras.
El día de ayer el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos sostuvo que su país no está negociando con Estados Unidos la instalación en su territorio de una base aérea, pero la presencia militar del país del norte debe aumentar, enfatizó.
Algunas fuentes militares en Estados Unidos indicaron recientemente que Colombia habría ofrecido su territorio como alternativa a la base de Manta, después que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció su intención de no renovar la concesión, que vence en el 2009.
«Ni nos han pedido la instalación de la base, ni la hemos ofrecido,» dijo Santos a periodistas en Washington, durante visita a funcionarios estadounidenses.
Pese a eso, el ministro afirmó que si Estados Unidos necesita más acceso a las bases aéreas de Colombia para aumentar la ayuda en el «combate al narcotráfico», ese permiso sería dado.
Si bien el Plan Colombia como el Plan Puebla Panamá, el Plan Iniciativa Región Andina son una realidad pública, existen otras iniciativas de índole militar que, hoy en día, rondan entre la controversia de si se trata o no de una fantasía presente en las mentes de los nativos.
De este modo, la Triple Frontera compartida por Argentina, Brasil y Paraguay es uno de los puntos más codiciados por Washington en cuanto a llevar a cabo allí un asentamiento militar. La impronta con la que dicha iniciativa es sustentada se basa en que en este lugar circulan grandes grupos terroristas que pueden afectar la paz mundial y directamente a Estados Unidos.
Sin embargo, los propósitos estadounidenses, tal como lo han demostrado sus acciones bélicas en Irak con el fin encubierto de apoderarse de las grandes reservas de petróleo presentes allí, no se centran en el combate de las células islámicas de terrorismo internacional sino que en el progresivo adueñamiento de una de las reservas de agua subterránea más grande del planeta. A su vez, en esta zona también coexisten numerosos ejemplares de fauna y flora autóctona, conformando uno de los sectores de biodiversidad más importantes del continente.
Según el presidente del Centro de Militares para la Democracia (Cemida), coronel Horacio Ballester, «Estados Unidos puso al Banco Mundial y a la OEA al frente de un proyecto que busca detectar la magnitud del recurso, asegurarse su uso de manera sustentable, evitar la contaminación y mantener un control permanente hasta cuando lo considere conveniente».
Sobre finales de noviembre del año 2004 se realizó, en Brasil, el Foro del Sistema Acuífero Guaraní (SAG), en el cual se promulgó el rechazo a la avanzada imperialista sobre ese sector. Esta maniobra corresponde a un proceso de integración regional a través del que se pretende cuidar nuestros recursos contra las potencias mundiales y los organismos internacionales, tales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monertario Internacional (FMI).
El general Claudio Barbosa Figueiredo, jefe del Comando Militar de la Amazonia, aseguró: «la estrategia de la resistencia es un recurso que el ejército no dudará en adoptar ante una posible confrontación con un país o grupo de países con potencial económico y bélico mayor que Brasil».
No basta sólo con promover discursos antibelicistas y antiimperialistas desde el seno de los países protagonistas de estas intervenciones militares y económicas, sino que también son necesarias sanciones de leyes que luchen por la defensa de la soberanía del territorio y de sus recursos.
En este marco, por ejemplo, en Argentina, es de gran utilidad el revocamiento de la Ley Antiterrorista sancionada por el Congreso recientemente.
Es necesario aclarar que muchos de los planes de militarización en América Central y del Sur son producidos desde las entrañas estadounidenses e impuestos bajo amenazas a los países receptores ya que, en el caso de Colombia y en el de México, dichas iniciativas fueron propiciadas y aceptadas por sus gobiernos.
El presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, durante una reunión en Davos, realizada en 2003, le sugirió a los Estados Unidos que invada la zona amazónica para luchar contra las guerrillas que operan en esa región. Por otro lado, Vicente Fox, por entonces presidente de México, impulsó el Plan Puebla Panamá (PPP) a través de la coordinación logística estadounidense.
Tal como lo afirmó Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz en 1980, durante una entrevista: «el único país que tiene un proyecto para América Latina lamentablemente es Estados Unidos y no es el proyecto que necesita nuestro continente».
(*) La autora de esta nota es alumna del Seminario «Periodismo en Escenarios Políticos Latinoamericanos» que actualmente dicta la Agencia Periodística del Mercosur (APM) en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, extensión Moreno.