Los militares ecuatorianos que interrogaron a la mexicana Lucía Morett, la única connacional que sobrevivió al bombardeo de la Fuerza Aérea colombiana en Sucumbíos la madrugada del 1 de marzo, mientras recibía atención médica en la enfermería militar de Lago Agrio, están sujetos a proceso penal en Quito por haber sometido a la víctima a […]
Los militares ecuatorianos que interrogaron a la mexicana Lucía Morett, la única connacional que sobrevivió al bombardeo de la Fuerza Aérea colombiana en Sucumbíos la madrugada del 1 de marzo, mientras recibía atención médica en la enfermería militar de Lago Agrio, están sujetos a proceso penal en Quito por haber sometido a la víctima a «tratos crueles e inhumanos».
Por otra parte, la Dirección de Informática de la Fiscalía de Ecuador desechó recientemente las supuestas pruebas contenidas en las tres computadoras del segundo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Raúl Reyes, muerto en el citado ataque. Los peritos determinaron que los discos duros y los dispositivos USB incautados por los militares colombianos no tienen valor jurídico ya que, según sus investigaciones, el material original fue alterado y el gobierno del país agresor no guardó la debida cadena de custodia sobre los materiales decomisados en el campamento.
Los dos datos echan por tierra varias de las principales «pruebas» contenidas en la demanda penal presentada desde el 25 de marzo por dos particulares, Guillermo Velasco Arzac y José Antonio Ortega Sánchez, dirigentes de dos organizaciones relacionadas con la ultraderecha («Mejor Sociedad, Mejor Gobierno» y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal), quienes acusaron a Lucía Morett ante la Procuraduría General de la República por «delincuencia organizada en su modalidad de terrorismo internacional».
Como se sabe, Morett, de 27 años, permanece en Managua desde hace siete meses bajo protección del gobierno de Nicaragua. En opinión de sus padres Jorge Morett y María de Jesús Álvarez, no puede regresar a México debido a la amenaza que le representa a su libertad esta denuncia. Pese a los meses transcurridos, ninguna autoridad ha iniciado investigación alguna. No han sido citados a declarar ante un Ministerio Público ninguno de los 19 mexicanos involucrados en la acusación de los demandantes. De estos 13 nombres, entre ellos los cuatro que murieron, son señalados como «parte de las FARC» y otros seis «involucrados», entre ellos la senadora Rosario Ibarra.
El procurador Eduardo Medina Mora ha ignorado las reiteradas solicitudes de los padres de Lucía Morett de ser recibidos. En público ha dicho que no existe orden de aprehensión contra la mexicana. «¿Pero eso significa que no pueda ser emitida en cuanto nuestra hija pise suelo mexicano? Eso es lo que nos tienen que garantizar», demandan sus padres.
En opinión de los Morett, por el contenido de la denuncia, la PGR simplemente debería ordenar el no ejercicio de la acción penal. Solo así tendrán certeza de que, una vez que su hija haya retornado a México, no se activará la demanda y eventualmente se dicte una orden de aprehensión en su contra.
Por lo pronto, dos de las evidencias estelares contenidas en la denuncia de hechos de Velasco Arzac y Ortega Sánchez se han desplomado.
Interrogatorio inprocedente
Una es la evidencia 052 de la denuncia de hechos, contenida en la ampliación del 15 de mayo. Se trata de un video grabado el 2 de marzo mientras Lucía Morett, tendida en una cama de hospital, recibe las primeras curaciones en manos de médicos militares en una enfermería castrense en Lago Agrio, la localidad más cercana a Sucumbíos. Mientras unos hurgan en la carne viva, otros oficiales, estos de inteligencia del ejército ecuatoriano, la interrogan. Según los acusadores, en este fragmento Lucía admite que estuvo en el campamento no desde el 29 de febrero sino desde el 3 del mismo mes y que ella y los mexicanos que murieron en el lugar sí se habían entrevistado con el líder de las FARC Raúl Reyes. Apoyan su afirmación en la interpretación de algunos medios periodísticos –La Hora, de Ecuador, entre otros-según los cuales Lucía habría admitido en dicha grabación haber hablado con Reyes con anterioridad, en contradicción con otra versión que ha sostenido hasta la fecha, en el sentido de que el grupo de mexicanos, de los cuales cuatro murieron, habían llegado apenas la noche anterior al bombardeo y que no sería sino hasta el día siguiente cuando conocerían oficialmente a los jefes del campamento.
Ni en el audio del video ni en su transcripción se aprecian textualmente las frases que le atribuyen los acusadores. En cambio, se denota una fuerte desorientación de la interrogada, que pregunta qué día es y que, además, se queja de dolor constantemente. En la imagen de aprecia cómo actúan paramédicos en uniforme militar, extrayendo esquirlas con las que había resultado herida durante el bombardeo de la aviación colombiana.
Lucía viste una camiseta y unos pants de talla mayor y ratos rompe a llorar por el dolor físico. El oficial encargado de la diligencia endurece en esos momentos el interrogatorio.
Los demandantes acusan al presidente de Ecuador Rafael Correa de «pretender ocultar la verdad» al haber entregado el video editado. Sus padres ponen en contexto la escena. «Ella había sobrevivido un bombardeo en el que murieron 22 personas, entre ellas sus amigos. Presenció ejecuciones de personas rendidas ante los soldados colombianos. Resultó herida. Fue maniatada por sus captores y maltratada. Fue abandonada en la selva y no había dormido en tres días a la hora del interrogatorio. Y sí, el video está editado porque parte se grabó con ella sin ropa. ¿Cómo se le puede llamar a esto, sino tortura?».
Un nuevo hecho que arroja por tierra esta evidencia es el que informa el asesor jurídico de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos Juan de Dios Parra, quien informó a La Jornada que los militares que realizaron el interrogatorio están bajo proceso ante la Fiscalía General y en el fuero militar, acusados de proceder con «tratamientos crueles e inhumanos» en contra de una de las tres víctimas que fueron rescatadas heridas, pero con vida, en el lugar del bombardeo, en Sucumbíos.
Es, en opinión de los padres de Lucía, la constatación de lo que ellos sostuvieron desde el momento en que pudieron ver dicho video. «Un interrogatorio judicial en esas condiciones debe ser invalidado», señalan. Pero los acusadores Velazco Arzac y Ortega García estiman que el video pone en evidencia «las mentiras de Morett» y argumentan: «¿Qué otro propósito puede tener el mentir si no ocultar que ella y los demás eran parte de las narco-terroristas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia?»
Varias de las evidencias de la denuncia de Guillermo Velazco Arzac y José Antonio Ortega ante la Procuraduría General de la República contra Lucía Morett, a quien acusan de «terrorista internacional», están basadas archivos cibernéticos -videos y correos electrónicos– extraídos presuntamente de alguna de las tres computadoras del jefe guerrillero Raúl Reyes que el ejército colombiano incautó en el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia después del bombardeo que mató a 23 personas.
Pero a pesar de que Ecuador ha desechado estos elementos como pruebas con valor jurídico, la PGR no se ha pronunciado al respecto.
El 2 de octubre la Dirección de Informática de la Fiscalía de Ecuador desechó el material que les fue entregado por el gobierno de Colombia, en un disco compacto con una clave de seguridad, que contenía supuestas pruebas de ecuatorianos involucrados con las FARC. La policía internacional negó indicios de manipulación aunque reconoce que trabajó siempre con copias digitales y nunca sobre los discos duros originales.
En la primera entrega de la demanda, Velazco Arzac y Sánchez Ortega solamente presentan como «pruebas» notas periodísticas que, a su vez, solo se apoyan en «versiones de fuentes de inteligencia» o «de alto nivel» de los gobiernos de Colombia, México y hasta Estados Unidos.
Pero en la ampliación, que fue presentada después de una larga reunión «confidencial» que los dos acusadores sostuvieron con el presidente Álvaro Uribe y su plana mayor en un hotel en Cancún en abril, se presentan audios, videos y correos electrónicos extraídos de las famosas computadoras de Reyes.
La evidencia 040-A, por ejemplo, la catalogan como «Lucía Morett y Verónica Velázquez recibiendo instrucción terrorista». Es un fragmento videograbado, de mala calidad, que muestra una secuencia de imágenes de un grupo de jóvenes, unos uniformados y otros no, sentados en unas bancas a modo de gradas. Al fondo se aprecian dos jóvenes morenas, robustas, con el cabello recogido en colas de caballo. Las imágenes son difusas y es imposible identificar a los personajes, pero tal y como armó la versión el servicio de inteligencia colombiano, los acusadores mexicanos concluyen que se trata, sin duda, de las dos mexicanas, una herida y otra muerta en el ataque transfronterizo. Los acusadores suponen que la grabación data del 30 de septiembre de 2007, en un festejo por el cumpleaños de Reyes.
«Daría risa, si no fuera tan grave el asunto», acota Jorge Morett. «Esas dos jóvenes no tienen ningún parecido con Lucía y Verónica. Además, mi hija puede probar que para estas fechas ella estaba en México.
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En la primera denuncia, del 25 de marzo, los demandantes basan su acusación en recortes de periódicos -básicamente El Universal, Milenio diario y semanario y Excélsior-que en días posteriores a la masacre de Sucumbíos se volcaron a reproducir datos filtrados, principalmente por la embajada colombiana en México sobre los supuestos nexos de las víctimas mexicanas con las FARC. Así, se dijo que en el campamento de las FARC no solo se encontraban los cinco conocidos -cuatro muertos y una sobreviviente-sino seis jóvenes universitarios más: Dagoberto Díaz, Antonio Pável Blanco, Arlen Serna o Araceli Cerda, Gabriela o Luz Gabriela Mejía, Mariana López, Paulo o Pablo Mendoza. Según la lista citada, los nombres y el número varían. Al primero lo citan como «el cerebro financiero». A Soren Ulises Avilés, como era experto en informática, lo consideran el cerebro de las comunicaciones y a Lucía, que sobrevivió al bombardeo, como «líder del grupo» y principal enlace entre las FARC y una hipotética célula guerrillera llamada «Milicias Insurgentes Ricardo Flores Magón».
Sin mayor comprobación de datos, los diarios afirman que todos llegaron en vuelos diferentes a Ecuador y que a principios de febrero (y no a finales) se trasladaron al campamento de las FARC. Todos ellos serían, según esta construcción periodística basada en «versiones de fuentes de inteligencia», miembros de una célula de 38 miembros.
Acotan los padres de Lucía Morett: «Nuestra hija ha declarado que solo fueron ella y sus cuatro compañeros, que fallecieron, los que viajaron a Ecuador. Eso es muy fácil de comprobar: están los registros de migración de México y Quito, de las líneas aéreas y del consulado ecuatoriano, que requiere visa para los mexicanos. No se han presentado pruebas que desmientan su dicho».
Otras evidencias citan como antecedente otro conjunto de notas que en su momento conformaron otra campaña propagandística originada en la embajada colombiana a mediados de 2003, según la cual operaría en la Facultad de Filosofía y Letras una célula de las FARC. La campaña le costó la expulsión al entonces embajador Luis Ignacio Guzmán.
A diferencia de la primera entrega de evidencias, en la ampliación los acusadores escalan el nivel de «criminalidad» de los involucrados.
Es el caso de las columnas firmadas por Jorge Fernández Menéndez, de Excélsior, que reproduce el intercambio de supuestos correos entre Raúl Reyes y el mexicano Ángel Fermín García Luna. Aunque los acusadores no integran en el expediente las copias de los correos, sino solo el material periodístico basado presuntamente en «filtraciones» del gobierno de Colombia, se permiten concluir que 13 mexicanos -entre ellos los cuatro que murieron, Lucía Morett, Fermín García y su esposa-pertenecían a una célula llamada Ricardo Flores Magón.
En esta ampliación incorporan además el nombre de la hermana de Lucía, Sonia Morett, en su denuncia también como presunta «terrorista internacional» y el de Juan Campos Vega, por el hecho de haber firmado cartas de recomendación para que el consulado ecuatoriano emitiera las visas de los cinco viajeros en papel membretado de la Asociación Política Nacional Nueva Democracia, que dirige Cuauhtémoc Amezcua.
De los supuestos correos intercambiados entre «Fermín» y Reyes, los denunciantes elucubran otras conjuras. Una, que la «principal interlocutora» de las FARC en México es la senadora Rosario Ibarra a través de su secretario particular Edgar Sánchez. No aportan ningún dato adicional. Y que la organización armada también tiene estrecha relación con el senador Cuauhtémoc Sandoval, Gustavo Iruegas, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y actualmente miembro del «gabinete legítimo», con el dirigente perredista Mario Saucedo y con el priista Gustavo Carvajal.
En efecto, las relaciones de varios de estos políticos con las FARC pueden rastrearse en el pasado, fuera el marco criminal en el que los implica la acusación. Por ejemplo, Iruegas entabló enlaces iniciales con las FARC en representación de la cancillería mexicana, por órdenes de su jefe Jorge Castañeda cuando al ex presidente Vicente Fox le dio por «pacificar Colombia». Carvajal fungió -siempre con autorización oficial– en las décadas de los ochenta y noventa como enlace con altos dirigentes de las FARC para la liberación de varios empresarios mexicanos secuestrados. Saucedo y Sandoval, por su parte, fueron responsables en distintos momentos del área de relaciones internacionales del PRD en épocas en las que las FARC asistían como observadores e invitados al Foro de Sao Paulo, que reúne a diversas fuerzas de izquierda del continente.
Con estos materiales, Velazco Arzac y Ortega Sánchez pretenden que los 13 presuntos responsables sean enjuiciados por «formar parte de una célula de las FARC, usar fondos de la organización, rendir cuentas ante los jefes de las Farc». Agregan un cargo más: «Los integrantes de la célula recibían entrenamiento para cometer atentados terroristas en México». Más aun, «existe una alta probabilidad de que hayan participado en secuestros y otros delitos en México». Los vinculan, metiendo a organizaciones incluso antagónicas en un mismo costal, con el EPR, el EZLN, el Erpi y hasta la APPO.
¿La prueba de una aseveración tan grave? Pues otro recorte periodístico, este de un reportaje de The New York Times del 26 de septiembre de 2007 que cita a «fuentes del gobierno mexicano» que informan que desde 1999 «grupos subversivos habían cometido 80 secuestros y obtenido millones de dólares por rescates».
Los dos denunciantes son activos militantes de la ultraderecha mexicana, relacionados con frecuencia con El Yunque. Se sabe que Velazco Arzac usó en su juventud el seudónimo Jenofonte como miembro del grupo clandestino Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO). Ambos están ligados al gobierno de Jalisco, de donde reciben recursos como asesores. Fueron ellos quienes promovieron el sancionado spot que compara a Andrés Manuel López Obrador con Adolfo Hitler. Ortega Sánchez es también abogado del cardenal Juan Sandoval Iñiguez. Ambos se han reunido largamente en dos ocasiones con el presidente colombiano y sus ministros, una vez en Cancún y otra en Bogotá.