El Gobierno Nacional pretende imponer por decreto el proyecto de una tercera planta de celulosa pasando por encima de las normas legales vigentes, que son las que dan ciertas garantías al pueblo, dando por descontada la renuncia de la población y los Gobiernos Departamentales a participar en decisiones clave para el país. Tal sería el […]
El Gobierno Nacional pretende imponer por decreto el proyecto de una tercera planta de celulosa pasando por encima de las normas legales vigentes, que son las que dan ciertas garantías al pueblo, dando por descontada la renuncia de la población y los Gobiernos Departamentales a participar en decisiones clave para el país.
Tal sería el caso de firmarse un contrato de inversión sin haber cumplido requisitos previos tales como la presentación de un proyecto concreto, con una ubicación acorde con las directrices departamentales de ordenamiento territorial, así como de un estudio de impacto ambiental y la evaluación correspondiente.
A la luz de experiencias anteriores, como el contrato firmado con Montes del Plata, se vulneraron normas legales y atribuciones de otros poderes del estado, se otorgaron beneficios fiscales y facilidades de zona franca, así como la imposibilidad de modificar los aportes tributarios, que no posee la industria nacional, además de comprometer la posibilidad de someter al país a juicios internacionales.
Como resultado de lo anterior, Uruguay no solo no alcanzaría logros relevantes con la instalación de esa planta de celulosa, tendría además pérdidas significativas tanto desde el punto de vista económico, como social y ambiental.
Impactos económicos
¿Cuál ha sido el aporte de las pasteras en zona franca? ¿Cómo se justifica otorgar los beneficios de zona franca a una industria hoy altamente rentable y que hace uso directo de recursos naturales en los que tenemos disponibilidad local y evidentes ventajas comparativas, que no abundan en el mundo?
Si sumamos las cifras declaradas por las tres plantas de celulosa, se invertirían US$ 7.600 millones y ganarían US$ 24.361 millones. Es decir que, descontada la inversión, tienen un lucro de US$ 16.761 millones. Por cada dólar invertido, se llevan 2.20. O sea que no realizan ningún «aporte» por la extracción de recursos del país. ¿Por qué no dirigimos nuestros recursos según nuestras decisiones?
El establecimiento de la base forestal costó mucho dinero en subsidios y mucho más en renuncias fiscales. Eso sin entrar en la discusión sobre la pérdida de puestos de trabajo, degradación de los recursos hídricos y otros costos sociales y ambientales que se asocian con los monocultivos de árboles. Al ampliarse la superficie forestada para abastecer a una tercera planta de celulosa se perderán nuevas áreas aptas para la producción de alimentos, carne, leche, cultivos.
Infraestructura
Tenemos carreteras y caminos destrozados por esta actividad, cuyo mantenimiento y reconstrucción venimos pagando nosotros, inclusive con accidentes y muertes. Dado que UPM lo plantea ahora como una condición previa, pagaremos con anticipación y el gasto seguirá a cargo del estado uruguayo, sin contrapartida de las empresas.
En los casos en que luego de inversiones millonarias por parte del estado, como en el puerto de La Paloma, se le exigió una contrapartida a las empresas, el dragado, éstas no accedieron a hacerlo y se perdieron cuantiosas inversiones.
El gobierno dice que «va a invertir en infraestructura». Si aportará US$ 1.000 millones: ¿por qué no poner nosotros condiciones? Si es una inversión: ¿por qué no participar en las ganancias del proyecto? Por otra parte, no se sabe de dónde sale la cifra de US$ 4.000 millones que invertiría UPM porque la empresa no lo ha dicho y una planta similar en Finlandia estaría costando US$ 1.500 millones.
Se menciona la reconstrucción de una línea de ferrocarril. ¿Desde cuándo se habla de su necesidad para el pueblo uruguayo? Se lo ha dejado agonizar. Tenía que venir una transnacional para que, entonces sí, se diga que se hará.
Es un tema de fondo de la política económica oficial. Afirman que «el mercado» decide, que el Estado no interviene. Pero el Estado interviene y mucho, otorgando renuncias fiscales y garantías soberanas para las empresas transnacionales.
Balance energético
Una de las «ventajas» atribuidas a las plantas de celulosa es la generación de energía «limpia» a partir de biomasa para el sistema eléctrico nacional. Sin embargo, el balance energético de esas plantas es negativo, son fábricas comunes que consumen fueloil y complementan sus necesidades con biomasa. En el período 2011-2016, compraron fueloil a ANCAP y quemaron casi el doble de la energía que le vendieron a UTE.
¿Por qué ANCAP vende el fueloil a las plantas de celulosa entre la mitad y un tercio del precio a que se lo vende a las industrias locales que pagan todos sus impuestos y generan muchas más fuentes de trabajo? ¿Cómo se explica, además, que el precio para las pasteras sea inferior al que ANCAP paga cuando lo importa?
Impactos sociales
A pesar de la planta de Botnia/UPM, cuya producción se inició en 2007, Río Negro se mantuvo entre los departamentos con mayor tasa de desempleo del país. Entre 2008 y 2010, estuvo en el primer lugar; en 2011 fue superado por Artigas, Durazno y Treinta y Tres; y en 2012 solo Durazno tenía mayor porcentaje de desocupación.
El empleo definitivo en una planta de celulosa es pequeño, solo existe un empleo temporal en precarias condiciones, con trabajadores extranjeros sin poder controlar el respeto de los derechos laborales de todos y con graves impactos sociales (aumento de arrendamientos, desorden social local, prostitución, etc.).
Los Censos Agropecuarios entre 2000 y 2011 muestran que el empleo en el sector forestal se redujo de 4,5 a 1,8 trabajadores cada mil hectáreas, mientras que en la ganadería se situaba en 5,8 y 4,7 trabajadores, respectivamente. No es correcto atribuir a las plantas de celulosa los empleos en plantaciones ya existentes.
Las nuevas plantaciones de eucaliptos profundizarán el proceso de desertificación del territorio al Norte del país y la fragmentación de la sociedad rural. Se acentuará la desaparición de pequeños y medianos establecimientos, que son los pilares de la sociedad que vive en el campo, sustituyéndolos con empleos temporales poco especializados, con condiciones de trabajo precarias y peor pagadas.
Impactos ambientales
Un primer punto a destacar es la gran concentración de agentes contaminantes que deberían ser absorbidos en una pequeña región del territorio. Las plantas existentes en el país están separadas unos 150 kilómetros, la proyectada sería equivalente a la suma de las dos en un mismo lugar, a lo que se agrega un caudal siete veces menor al del Río Uruguay. La contaminación del Río Negro ha pasado a ser un consenso, como lo es la del Río Santa Lucía. Las cianobacterias permanecen incluso en invierno, cuando lo normal en esa estación era que prácticamente desaparecieran.
Ya existe una disputa por el uso de los recursos hídricos en esa zona: ganadería, generación de energía, nuevos planes de riego, plantaciones forestales. Se agregaría una mega planta de producción de celulosa, muy demandante por si misma del recurso, una situación que se agravará en los períodos de estiaje.
La producción diaria de celulosa en la nueva planta sería de unas 7.400 toneladas, lo que implicaría una extracción diaria de agua de 214.600 m3 (similar al consumo de la ciudad de Montevideo) y una devolución diaria de 185.000 m3 como efluentes. De esta manera, la planta consume 29.600 m3 diarios de agua, pero la pérdida para generar energía es dos veces ese volumen, es decir 59.200 m3, porque el agua del Río Negro se turbina más adelante en las represas de Baygorria y Palmar.
Los efluentes de una planta de celulosa tienen una gran variedad de componentes: sustancias orgánicas consumidoras de oxígeno, fósforo y nitrógeno, arsénico, cadmio, cobre, mercurio, níquel, plomo, zinc, sustancias muy tóxicas -dioxinas, furanos, fenoles-, materiales particulados, compuestos clorados orgánicamente ligados (AOX), compuestos de azufre, agentes microbiológicos, etc.
Asimismo, estas plantas generan un aumento importante de las emisiones de dióxido de carbono, óxidos de carbono y otros compuestos que hacen que Uruguay sea un contribuyente real al efecto de invernadero promotor del cambio climático en vez de un sumidero de carbono, como se ha tratado de propagandear. Curiosamente, en los informes del país no se incluyen estas emisiones.
Ya que se habla de las ‘últimas tecnologías disponibles’, ¿Por qué no se utiliza el agua en circuito cerrado o quasi cerrado? ¿Y la tecnología libre de cloro?
Por último, una evaluación de los impactos de las plantas de celulosa no puede ser ajena a los de la forestación, que van desde la reducción del rendimiento hidrológico y la biodiversidad, hasta una grave alteración de la materia orgánica y las propiedades físico-químicas de los suelos desarrolladas a través de siglos.
En particular, debería preocupar la vulnerabilidad hídrica de la población de las zonas altamente forestadas, dado que la afectación del ciclo hidrológico implica pérdida de resiliencia del país ante los efectos adversos del cambio climático.
En conclusión
Exceptuando la etapa inicial de la construcción, que puede durar unos tres años, los impactos económicos de una planta de celulosa en las condiciones admitidas por el gobierno son negativos, a corto, mediano y largo plazo. La inserción internacional es de las peores posibles, y el «crecimiento» de que se habla engaña, ya que la mayor parte del ingreso generado no queda en el país.
En definitiva, Uruguay no ganaría nada significativo con la instalación de esa planta, pero además saldría perdiendo en cada uno de esos aspectos. Si nos preocupa el bienestar de la población y que la naturaleza pueda seguir proporcionando servicios ambientales imprescindibles, como el agua para consumo humano y animal, con este proyecto nos alejamos de los más elementales conceptos de Desarrollo.
Para no hacerlo, deberían al menos cumplirse condiciones básicas tales como:
– la transparencia, sobre todo que se empleen mecanismos de participación pública que permitan a la sociedad involucrarse en decisiones claves para optimizar los beneficios de los recursos existentes en el territorio nacional;
– una inversión extranjera acorde con un Programa Nacional de Desarrollo, donde sus objetivos, condiciones y demás los fijemos colectivamente. Nosotros debemos decidir, no someternos a designios extranjeros; y
– una forestación a una escala que respete suelos y cuencas hidrológicas, así como las actividades productivas tradicionales; que impulse también maderas nobles y el máximo de valor agregado, donde la celulosa (un commodity) se industrialice en el país de distintas maneras y haciendo papel, para consumo interno en primer lugar, capacidad que acabamos de perder con el cierre de Fanapel, que no mereció del gobierno poco más que una declaración.
Que se ignore la propia experiencia de Uruguay es triste y preocupante. ¿Por qué no se analizan y debaten estos temas abiertamente con la población?
Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.