«Cuando surjan las pruebas, se revisarán todos aquellos actos para sancionar con todo el peso de la ley y el desprecio a los que lograron prebendas, beneficios personales o familiares, o llenaron sus bolsillos de oro, a la sombra de los soldados oficiales que morían luchando contra la subversión o de la situación coyuntural del […]
«Cuando surjan las pruebas, se revisarán todos aquellos actos para sancionar con todo el peso de la ley y el desprecio a los que lograron prebendas, beneficios personales o familiares, o llenaron sus bolsillos de oro, a la sombra de los soldados oficiales que morían luchando contra la subversión o de la situación coyuntural del presente proceso cualquiera sea el lugar que ocupe en la sociedad uruguaya».
Teniente General Gregorio Álvarez, Orden 777 del 9 de agosto de 1977
Las noticias que llegan desde Chile sobre el procesamiento de la familia Pinochet por sus delitos económicos, llevan a preguntarse cual es el motivo por el que nunca han prosperado investigaciones de este tipo en Uruguay. La relectura del libro de 1987 «País Vaciado, dictadura y negociados», del economista Miguel Carrió (en su momento miembro de la Comisón de Banca y Financiamiento del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Economía de la central sindical uruguaya, el PIT-CNT), ayuda a comenzar a develar el misterio.
Esta falta de interés por los delitos económicos de la dictadura llama más la atención puesto que ellos están expresamente excluídos de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. En efecto, en el inciso b de su Artículo 2º, la ley que impide castigar a los militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura, aclara expresamente que no están comprendidos en esa impunidad: «Los delitos que se hubieren cometido con el propósito de lograr, para su autor o para un tercero, un proyecto económico». Es un hecho comprobado que aquí también la corrupción acompañó a la dictadura, a pesar de la hipócrita declaración de principios del dictador Gregorio Álvarez con la que se abre esta nota («La corrupción acompañó al fascismo como dos caras de una misma moneda», sintetiza Carrió).
En su libro, el investigador señala un punto clave para develar el misterioso silencio que rodea a los actos de corrupción cometidos en esos años: «La dictadura no solamente sirvió para llenar bolsillos militares, también los civiles que se adaptaron al modelo económico aplicado pudieron utilizarla en su beneficio». El autor explica al respecto que «Hacia 1972 comienza a delinearse una nueva estrategia de política económica de liberalización y apertura externa, que se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo 1973-77 elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Bordaberry, que contaba con el Contador Ricardo Zerbino como director y con el Contador Alberto Bensión como subdirector.»
En 1985 el presidente Julio María Sanguinetti designaría a Zerbino como su ministro de Economía y Finanzas, y en 2000 el presidente Jorge Batlle haría lo propio con el contador Bensión. Pero además, Carrió hace notar que «Bajo la dictadura las funciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto las desempeñó la SEPLACODI, cuyo director, el general Pedro Aranco, tenía como segundo, pero manejando realmente las riendas, al contador Ariel Davrieux». Vuelta la democracia, Davrieux fue director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto durante las dos presidencias de Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y la de Jorge Batlle (2000-2005).
OPERACIÓN CONSERVA
Una de las más escandalosas componendas cívico militares de la dictadura, fue la llamada «Operación Conserva», un contrato firmado en 1982 entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de la dictadura y una empresa llamada Inversur Trading Company. Dicha operación se dividía en cuatro etapas:
1) La exportación a Argentina de carne vacuna uruguaya.
2) La elaboración de Corned Beef en Argentina.
3) La venta del Corned Beef
4) La prestación de una serie de «servicios especiales» por parte de la empresa Inversur.
El representante de Inversur en las negociaciones era el señor José María Alori, uno de los zares de la industria frigorífica uruguaya. En la época, Alori integró los directorios de varios frigoríficos, entre los que se encontraba EFCSA (Establecimientos Frigoríficos del Cerro, S.A.), donde compartía la mesa del directorio con el luego diputado por el Partido Colorado Edison Rijo (además abogado de la empresa y su representante ante el Instituto Nacional de Carnes). Alori también fue director del Frigorífico y Matadero Carrasco (FRIMACAR), del cual el luego vicepresidente de la República Enrique Tarigo (1985-1990) era entonces abogado y director. Pero además, junto a todos ellos se encontraba la señora Rosario Flores, la mismísima esposa del dictador Gregorio Álvarez.
Para que la operación se realizara era necesaria la aprobación del Instituto Nacional de Carnes (INAC), cuyo director era el mayor de la marina Armando Méndez, un fascista con justa fama de incorruptible. Tras estudiar el acuerdo, Méndez concluyó que el operativo era inconveniente, entre otras cosas porque «el precio final de adquisición del corned beef por el Estado, es superior al que actualmente se obtiene en la colocación». La solución que encontró el dictador Álvarez para superar este inconveniente fue la inmediata destitución del director del INAC. Lo mismo le volvería a suceder a Méndez en 1992, cuando como director de Aduanas del gobierno del presidente Luis Lacalle (Partido Nacional 1990-1995), descubrió los lazos entre el ex presidente Julio María Sanguinetti y la mafia del contrabando.
Los beneficiados con esta Operación Conserva fueron obviamente los frigoríficos, que cotizaron el ganado a 850 dólares la tonelada, cuando el precio internacional de la carne manufacturada era de tan sólo 700. Los frigoríficos argentinos intervinientes en la operación pertenecían a un grupo estrechamente vinculado con el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, el general Ramón Camps. El convenio obligaba al estado uruguayo a pagar los costos de la operación y a comprar el producido. En su libro, Carrió explica que a consecuencia del Operativo Conserva «el ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca quedó como feliz propietario de la partida de corned beef a un costo promedio de 22 dólares la caja, un 25 % por encima del precio internacional del producto, y con una deuda por 15 millones de dólares con el Bank of América (que había financiado la operación).»
«Finalmente -continúa el autor- una parte de la conserva fue reexportada por Alori a 16 dólares la caja, perdiendo el Estado la diferencia y ganando Alori las comisiones que INAC pagó por la venta». Una segunda parte de esa partida fue utilizada para la campaña electoral del último intendente municipal de la dictadura en el departamento de Montevideo, Juan Carlos Paysée (Partido Nacional), y el resto fue comprado por el frigorífico Lipena S.A, el que nunca las pagó. Por otra parte, los «servicios especiales» a los que hacía referencia el punto 4 del acuerdo, consistieron en una gestión ante el Bank of América para que otorgara a la dictadura un préstamo de 27.3 millones de dólares; previa compra por parte del Estado de su cartera de deudores incobrables, por un monto cercano a los 10 millones de dólares.
En el año 1985, el ministerio de Ganadería realizó una investigación administrativa sobre este operativo, y concluyó que el estado uruguayo perdió más de 12 millones de dólares en el negocio, que se violó la ley de contabilidad y administración financiera, y que la empresa de Alori ganó casi 700 mil dólares más las comisiones que le pagó el INAC. A pesar de ello, el ministro Pedro Bonino (presidente Sanguinetti) ordenó la clausura y el archivo de las investigaciones. El caso nunca llegó a la justicia.
FRIGORÍFICOS Y CARNICEROS
Una de la primeras tareas encaradas por la dictadura fue la eliminación del estatal Frigorífico Nacional, para poder proceder así a la liberalización de la industria frigorífica sin la molesta presencia de ese «ente testigo». Junto con los ya mencionados políticos del Partido Colorado, al dictador Álvarez, al General Julio César Vadora y al represor argentino Ramón Camps, en los abundantes negociados realizados en el área participaron individuos de la calaña de José Gavazzo, José Arab y Aníbal Gordon.
La historia comenzó en 1973, cuando el estado uruguayo decretó la intervención administrativa del frigorífico Comargen y sus colaterales debido a que se habían comprobado gruesas maniobras financieras, desvíos contables, defraudación fiscal, y deudas impositivas «monumentales». Comargen era propiedad del mafioso Jorge Angelópulos, quien para evitar la prisión huyó hacia Buenos Aires. Hacia 1976 trabó relación con Anibal Gordon (1), y entre ambos decidiron «mover sus influencias» para recuperar las empresas. Para comenzar las gestiones, Angelópolus y Gordon contrataron al afamado abogado penalista uruguayo Rodolfo Schurmann Pacheco.
Dos años después, el «trabajo» ya estaba hecho y las empresas fueron devueltas a Angelópolus, comprometiéndose el estado uruguayo a desistir de todos los juicios entablados y a levantar todos los embargos trabados contra él. Pero además, la dictadura devolvió a Angelópolus «toda la documentación perteneciente a las sociedades referenciadas, sus directores y accionistas, o demás personas involucradas», es decir: devolvió al delincuente las pruebas de su delito. Una vez que Angelópolus recuperó el frigorífico Comargen, designó al entonces coronel José Gavazzo (2) como su Gerente de Planta, cargo que desempeñó hasta 1985.
Por su parte, José Arab (3) ingresó al negocio de la carne hacia 1982, año en el que fundó una distribuidora que comercializaba principalmente la carne faenada por Comargen. Según relata Carrió, «el turco Arab tenía métodos muy efectivos para ‘convencer’ a los carniceros de que compraran sus productos», quien se negaba a hacerlo recibía en forma inmediata una inspección del INAC que infaltablemente encontraba irregularidades en el comercio. Anibal Gordon, que estuvo «exilado» en Uruguay durante un período en el que estuvo peleado con Ramón Camps por haber asesinado a dos de sus policías, figuraba hacia 1984 como asociado a la empresa Algecira, una distribuidora de carne del frigorífico Comargen para el departamento de Montevideo.
Fue precisamente el dictador Gregorio Álvarez quien solicitó al comandante en Jefe de la Armada uruguaya, el vicealmirante Hugo Ramón Márquez que protegiera a Gordon de Camps. En declaraciones a una publicación de la ciudad de Córdoba, en 1984 Gordon se jactaba así de su amistad con Álvarez: «¿Usted sabe que el presidente de Uruguay es padrino de confirmación de una de mis hijas? Bueno, Gregorio Álvarez me llamó y me dijo que fuera para allá, que él me protegería». El represor y delincuente poseía además un carnet que lo acreditaba como oficial de la Armada uruguaya.
PESCADOS Y PECES GORDOS
El libro de Miguel Carrió dedica un capítulo entero a contar las andanzas del vicealmirante Márquez, y revela que la Armada uruguaya manejó durante años una cuenta secreta en el mismo banco en el que hacía sus depósitos Augusto Pinochet: el Riggs National Bank, sucursal Nueva York. Parte de esos dineros provenían del alquiler del superpetrolero propiedad de la Armada, el R.O.U. Lavalleja, a la estatal Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP). Según la propaganda de la dictadura, la adquisición de esa nave «nos surte con una apreciable reducción en el precio de los fletes, que antes se pagaban a barcos de otras banderas». Sin embargo, el petrolero propiedad de la Armada cobraba a ANCAP un flete muy superior al precio internacional. Resultó sí «un excelente negocio para la Armada a costa de ANCAP, aumentando el costo de los combustibles», que por supuesto terminaba pagando el consumidor.
Según explicaban los mismos marinos, la Armada había abierto esa cuenta en el banco Riggs para ocultar sus ganancias al Ejército y la Fuerza Aérea, temerosa de que su dinero fuera a parar a Rentas Generales y terminara por no poder ser administrado por ella. Nunca se supo cual fue el destino de los intereses devengados por el millón de dólares depositados en el Riggs. En 1985, el senador José Germán Araújo (FA) denunció estas maniobras ilícitas en el Parlamento, pero el asunto no pasó a mayores.
Al igual que lo hizo con el Frigorífico Nacional, la dictadura comenzó sus tropelías en la industria de la pesca desmontando el ente estatal del ramo, las Industrias Loberas y Pesqueras del Estado (ILPE). Carrió explica que luego de quitado ese escollo, «La pesca atrajo la atención de capitales privados nacionales -sobre la base de créditos bancarios- y extranjeros, y significó una fuente de ocupación para ‘gestores’ nacionales, en particular vinculados al Partido Colorado». Al respecto, señala que hacia 1983, el Instituto Nacional de Pesca tenía en bandeja de entrada tres proyectos de inversión para la explotación de túnidos. El pocos años después ministro del Interior del presidente Julio María Sanguinetti, Antonio Marchesano, figuraba en el directorio de dos de esas empresas. En el de la tercera aparecía el pachequista Marcial Bugallo.
Pero Carrió explica que «el político colorado de mayor trayectoria en la pesca bajo la dictadura fue el luego senador Eduardo Paz Aguirre, único director de Pescatlántica S.A.» La empresa contaba supuestamente con el respaldo de ciertos capitales españoles, pero en los hechos compró sus barcos con un préstamo del Banco de la República Oriental del Uruguay, con la garantía de los propios barcos y la solidaria de Paz Aguirre. Pero además, Pescatlántica contrajo voluminosas deudas con los bancos De Montevideo y Bafisud y con Provimex, una empresa propiedad del hermano del político colorado. Lamentablemente, Pescatlántica quebró y esos créditos pasaron a integrar las carteras incobrables que luego compraría el Estado uruguayo para poder vender esos bancos a capitales extranjeros.
El investigador señala que «ILPE fue objeto de un cuidadoso proceso de vaciamiento y mal manejo de sus fondos por parte de los mandos de la Marina. Los dos últimos buques de los que disponía la pesquera estatal fueron vendidos en 1983 a la empresa Bero S.A., cuyo principal era el Capitán de Navío Jacinto Avilés, que casualmente era también el encargado de viajar a Nueva York a realizar los depósitos del dinero negro de la Armada en el banco Riggs. La excusa para vender ambas naves fue que ya eran «obsoletas». Sin embargo, el mes anterior a su venta se habían invertido 40 mil dólares en repuestos para ellas, y de hecho siguieron operando durante varios años más para Bero S.A.
Hacia noviembre de 1984, como director de Bero S.A., el empresario Jacinto Avilés envió una carta a sus colegas pesqueros convocando a apoyar las candidaturas del vicealmirante Juan J. Zorrilla y Eduardo Paz Aguirre al Parlamento. «Así como apoyamos sin lugar a dudas la candidatura del ‘Lalo’ Paz Aguirre, por las mismas razones entiendo deberíamos, salvo tu mejor opinión, apoyar la del Almirante Zorrilla, que inferirá en forma destacada en el sector,» decía la carta, y continuaba: «por las razones expuestas, desearíamos contar con tu decidido apoyo en esta ayuda a la Campaña Financiera del futuro Senador Zorrilla dentro de Unidad y Reforma del Partido Colorado, mirando desde el punto de vista, más de tener un amigo que pueda recoger rápidamente nuestras inquietudes en el Sector, que desde el punto de vista político.»
BANCOS A UN PESO
En 1981, al allanar el escritorio en Arezzo, Italia, del Gran Maestro de la Logia Masónica Propaganda Due (P2) Licio Gelli, quedaron al descubierto las conexiones entre dicha organización mafiosa y altas personalidades de la política, las finanzas, y la diplomacia internacionales. Entre los implicados en la densa trama de sobornos y lavado de dinero figuraba el el banquero Mario Ortolani, quien estaba instalado en nuestro país desde 1970, y en 1981 era la eminencia gris del Banco Financiero Sudamericano (BAFISUD) desde su aparentemente modesto cargo de Sub Gerente General.
Junto a Ortolani, integraban el Consejo de Administración de BAFISUD representantes de los intereses vaticanos, personalidades uruguayas del ambiente financiero, y el propio Licio Gelli. Entre los uruguayos figuraban los Santayana, Julio Aznárez, la familia Strauch, y la familia Peirano Facio. Carrió explica en su libro que en ese año se desarrollaba una guerra no declarada por la sucesión del dictador Aparicio Méndez en la Presidencia de la República, entre los generales Luis Vicente Queirolo (quien tenía «negocios» con la logia P2″) y Gregorio Álvarez. Es precisamente esa relación de Queirolo con la para ese momento «desgraciada» organización mafiosa, lo que permitirá a Álvarez hacerse con el poder.
Una vez en la presidencia, el dictador Álvarez ordena la incautación de los documentos encontrados en la casa que Licio Gelli tenía en Montevideo. Entre ellos se encuentran tres carpetas rotuladas «Massera, Emilio Eduardo», el hombre de la logia en Argentina, represor, genocida, ladron de niños, amigo y socio del vicealmirante Hugo Márquez. Hacia 1982, el BAFISUD ocupaba patrimonialmente el tercer lugar en el ranking bancario uruguayo, poseía una sucursal en la ciuda brasileña de San Pablo, y en Argentina era propietario del Banco Continental.
En abierta infracción a la legislación uruguaya y en forma «relámpago» Ortolani contruyó un denso entramado de intereses industriales y comerciales en torno al banco, con el objetivo claro de vaciarlo en perjuicio de sus ahorristas. Se asocia con la empresa SAFEMA, que -presidida por el Contador Luis Lecueder- canaliza hacia la inversión en la construcción en Punta del Este y Montevideo buena parte del dinero negro argentino. Carrió explica que la forma de actuar de Ortolani para concretar inversiones era detectar las empresas que podían ser de interés para el grupo mediante la auditoría de la multinacional Price Waterhouse, y si el informe era favorable, hacía una oferta para su adquisición.
Pero en esa misma fecha, en medio de la «guerra sucesoria» por el control de la logia P2 derivada de la quiebra del Banco Ambrosiano, el mafioso Carmelo D’Amore inició un juicio contra BAFISUD acusando a Ortolani de malversación de fondos, uso indebido de depósitos y falsificación de firmas. Lo denunciado por D’Amore era verdad, y ello provocó una corrida bancaria que fue solucionada por la dictadura vendiendo el BAFISUD al holandés NMB Bank por la suma de N$ 1.00, y comprándole luego su cartera pesada por 94 millones de dólares. El asesor de los holandeses en nuestro país era el luego diputado del Partido Colorado (lista 15) Alberto Brause Berreta.
Entre los deudores incobrables de BAFISUD figuraban entre otras las empresas Ambrois y Cía., Tem S.A., Atma S.A.; y los grupos Soler, Bakirgian, y Strauch. Este último, que estaba sindicado como estrechamente vinculado a la logia P2, tuvo un acelerado desarrollo basado en el crédito bancario durante la dictadura. Su estrategia era concentrar los bienes en manos de un integrante del grupo que no tuviera deudas, volviendo insolvente al resto. Así lo hizo con el BAFISUD, y así lo volvería a hacer con el Banco Pan de Azúcar tiempo después. Esta última institución (que tras quebrar fue absorbida por el Banco República) tenía iniciados más de 20 juicios contra este grupo, pero nunca pudo recuperar un centésimo debido a la carencia general de garantías de la que históricamente hacen gala los Strauch.
La misma operación de compraventa se repetiría con los bancos Panamericano, del Litoral, y Banfed, que también fueron vendidos en un nuevo peso al Banco Central de Madrid, al Banco Santander y al Banco Exterior de España, respectivamente. Luego de vender los bancos, el estado uruguayo pagó a sus nuevos dueños una suma superior a 300 millones de dólares por el privilegio de quedarse con sus carteras pesadas. Esta estrategia de compra de carteras incobrables de los bancos fundidos adrede fue idea del Citibank, que ofreció a cambio de la venta de la suya un préstamo al gobierno central. De esta manera, la banca privada solucionaba sus problemas de la alta incobrabilidad de sus carteras, y la dictadura obtenía nuevos préstamos externos para seguirse financiando.
La lista de delitos, corrupciones, sobornos y contubernios cometidos en tiempos de dictadura puede ser inabarcable. Los civiles y los militares que gobernaron el país a su antojo durante más de una década, lo tomaron con una deuda externa de 716 millones de dólares y lo devolvieron con una de 6.000 millones. Nadie investigó nunca en qué se usó ese dinero ni ninguno de los gobiernos posteriores (tampoco el actual) puso algún reparo para pagarlo. Nadie comparó nunca la situación patrimonial de los oficiales de las Fuerzas Armadas en 1973 con la de 1985. ¿Llegará algún día la hora en que al fin se sancione «con todo el peso de la ley y el desprecio, a los que lograron prebendas, beneficios personales o familiares, o llenaron sus bolsillos de oro» durante la dictadura? Nadie parece interesado en que así sea. Las pruebas, empero: están.
NOTAS:
(1) El teniente coronel (r) José Nino Gavazzo Pereira, fue jefe operativo del personal militar uruguayo que se desempeñó en Orletti. Comandó el secuestro, tortura y desaparición de 140 compatriotas en la Argentina; actuaba a cara descubierta, decía su nombre a los prisioneros y a veces les mostraba un encendedor de oro con sus iniciales que le regaló la CIA; encabezó el operativo de secuestro en Buenos Aires de la ciudadana uruguaya Sara Méndez en que le robaron el hijo Simón, de 20 días de edad.
(2) El mayor José Ricardo Arab Fernández. (Alias: «El Turco». «305». «La Bruja»), nació el 7 de febrero de 1941 e ingresó al Ejército el 1º de marzo de 1958 al Arma de Ingenieros. En 1967 es teniente primero en la Escuela Militar. Asciende a capitán en 1970. En 1971 sirve en el Batallón de Ingenieros N° 3 de Paso de los Toros. Con el grado de mayor, actúa en el Servicio de Información y Defensa (SID) en 1976. Participa de las operaciones de represión en Automotores Orletti en Buenos Aires y en el traslado ilegal de ciudadanos. El 9 de febrero de 1978 fue dado de baja y degradado, por «degenerado».
(3) Aníbal Gordon fue un personaje impar de la represión en la Argentina. Su primera aparición ante la llamada «opinión pública» fue en el año 1971, cuando tenía un oficio más noble que el que luego terminó ejerciendo como asesino a sueldo de las dictaduras triunfantes: era ladrón de bancos y robó uno en San Carlos de Bariloche. La fuga fue de película yanqui, porque se escapó en helicóptero. Un año después lo metieron preso y lo confinaron en Devoto. Por esos «misterios» insondables de la corrupción en la Argentina, Gordon fue uno de los beneficiarios de la amnistía dispuesta en 1973 por el gobierno de Héctor J. Cámpora, porque tenía acceso a la confección del listado de presos favorecidos por la amnistía, debido a que desde 1968, es decir antes del robo en Bariloche, ya era miembro activo de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Gordon participó en los secuestros, en las torturas y en los asesinatos ocurridos en el centro clandestino de detención de Automotores Orletti, entre muchas otras cosas más.