Traducido para Rebelión por Germán Leyens
Uruguay va camino de convertirse en el primer país que legaliza el consumo, el cultivo y la posesión de marihuana después de un siglo de leyes frecuentemente autoritarias de prohibición en todo el mundo. En una trascendental votación sobre la reciente propuesta del presidente José Mujica, una mayoría abrumadora del Congreso uruguayo votó a favor de la legalización y se espera que la ley sea aprobada por el Senado uruguayo en las próximas semanas.
La votación en Uruguay tiene lugar en medio del aumento del escepticismo regional con respecto a los beneficios de la prohibición y a las estrategias militares dirigidas por EE.UU. para imponer una legislación antinarcóticos represiva. Incluso cierto número de dirigentes y exdirigentes latinoamericanos de la derecha política han llamado a legalizar la marihuana, presumiblemente por reconocer el terrible sufrimiento socioeconómico que la «guerra contra las drogas» ha causado durante los últimos 40 años.
Significativamente, la acción del gobierno de Mujica es una señal de la creciente independencia de la región. John Kerry podrá seguir refiriéndose a Latinoamérica como el «patio trasero» de EE.UU., pero una parte del mundo escapa cada vez más al control hegemónico de Washington.
Después de todo, la guerra contra las drogas fue principalmente una invención estadounidense, lanzada por el presidente Nixon cuando declaró que los narcóticos eran el «enemigo público número uno» del país. Desde entonces, la guerra contra las drogas ha proporcionaro un pretexto para la intervención militar y política en Latinoamérica (y en Asia) y un control social cada vez más brutal y represivo en EE.UU. La aprobación de la nueva ley en Uruguay podría ser un primer paso para desmantelar una guerra cuya fraudulencia e hipocresía se comparan fácilmente con sus equivalentes, la Guerra Fría y la «guerra contra el terror».
El año pasado, el Estado de Washington y el de Colorado aprobaron leyes que permiten el uso recreativo de la marihuana y es bastante posible que otros Estados sigan su ejemplo en un futuro cercano. Esas acciones tienen el potencial de detener algunas absurdidades de la guerra contra la droga, incluso aunque no se adopte una legilación similar en el ámbito federal.
Las nuevas leyes también reflejan un creciente escepticismo del público de EE.UU. con respecto a los beneficios de la prohibición. Hay que considerar que en 1969, un año marcado por el repentino aumento del consumo de marihuana entre los estadounidenses, casi un 12% de la población estaba a favor de la legalización. Comparando los relativamente conservadores años sesenta con las actitudes actuales: un sondeo realizado este año por Pew Research Center estableció que un 52% de los estadounidenses están a favor de la legalización de la marihuana.
Semejante cambio en las actitudes también refleja el aumento de la concienciación popular con respecto a la droga y la hipocresía alarmista de los políticos y su flagrante manipulación de los hechos. En EE.UU., por ejemplo, es perfectamente legal que el tabaco mate a unas 440.000 personas al año. Unas 80.000 muertes en EE.UU. son causadas anualmente por el consumo excesivo de alcohol adquirido legalmente. Y sin embargo no hay muertes registradas por sobredosis de marihuana.
Las leyes relacionadas con el consumo, posesión y cultivo de la marihuana podrán parecer exageradamente duras a un observador racional. No obstante, es poco probable que desaparezcan los que tienen interés en mantener el statu quo, como la industria privada de las prisiones, la industria del armamento y la elite política de EE.UU.
En EE.UU. los consumidores de marihuana pagan condenas de prisión más largas que los asesinos y violadores. Gracias a la ley «de los tres golpes» de Bill Clinton algunos consumidores de cannabis se han enfrentado a condenas de cadena perpetua. Semejantes medidas llevaron a un experto en la ley nazi, Richard Lawrence Miller, a comparar la legislación contra los consumidores de drogas a la utilizada en Alemania para marginar y excluir a los judíos de la sociedad en general. Michelle Alexander califica la guerra contra la droga de «Nueva Jim Crow», nombre que se dio a la ley que impuso la segregación en EE.UU. de antes de los años sesenta. Argumenta que las prácticas actuales afectan sobre todo a los afroestadounidenses, a pesar de que los estudios demuestran que utilizan y venden drogas en la misma medida, o menor, que sus equivalentes caucásicos.
Por cierto, desde que Nixon declaró que las drogas eran «el enemigo público número uno» en una época en la que el consumo de drogas iba bajando, la población carcelaria de EE.UU. ha aumentado de 0,3 millones de personas a 2,3 millones, la mayor cantidad de presos de la historia del mundo. Y EE.UU. encierra proporcionalmente a más gente negra que Sudáfrica durante el apartheid, sobre todo como resultado de la legislación contra la droga.
Aunque el encarcelamiento de cientos de miles de jóvenes afroestadounidenses por delitos menores relacionados con la droga puede parecer extraño, sin embargo tiene sentido para la exitosa industria de las prisiones privadas. Con la devastación de gran parte de la fuerza de trabajo manual como resultado de políticas económicas neoliberales, la contribución económica y el valor de todo un sector de la sociedad se han utilizado de otra manera. Al respecto, señala el periodista estadounidense Chris Hedges:
Gente pobre, especialmente de color, no vale nada para las corporaciones y los contratistas privados si están en la calle. En las cárceles y prisiones, sin embargo, cada uno puede generar ingresos de 30.000 a 40.000 dólares anuales a las corporaciones.
Un argumento decisivo a favor de la legalización es que rebajará seriamente las ganancias del crimen organizado. Los narcóticos (incluida la marihuana), por ejemplo, pueden representar casi la mitad de los beneficios de algunos cárteles mexicanos. Organizaciones como Los Zetas son capitalistas impecables y buscan constantemente nuevos mercados. Los Zetas se han expandido al contrabando de personas, tráfico sexual, extorsión, piratería e incluso a la industria del petróleo y a la minería del carbón, que representan inmensas fuentes de ingresos.
Por lo tanto el tema tiene un alcance mucho más profundo que la simple legalización y descriminalización. Si no hay esfuerzos por encarar las causas a la raíz de la explosión y crecimiento del crimen organizado, ¿quién dice que los sindicatos criminales no se expandirán simplemente hacia otros mercados muy lucrativos?
Ojalá la acción de Uruguay provoque un debate internacional serio sobre la legalización. Pero ese debate también debe abordar quién controlará la producción de marihuana en los Estados que la legalizan. ¿Podría organizarse el cultivo en comunidades locales y ser controlado por los consumidores o la legalización dará un pretexto para que se impongan las corporaciones transnacionales, tal vez encabezadas por grandes compañías farmacéuticas? Desde su perspectiva, ¿por qué van a controlar el mercado los delincuentes advenedizos y acumular grandes ganancias cuando los profesionales «de cuello blanco» pueden dirigir las cosas con mucha más eficacia?
Un problema potencial es que puede llegar a monopolizarse el mercado global creando lo que sería un cártel legal pero quizá más poderoso todavía. Pero, por ahora, la acción de Uruguay obviamente es un paso positivo.
Publicado originalmente en: The Conversation
Fuente: http://www.zcommunications.org/what-uruguay-s-legal-weed-means-for-the-war-on-drugs-by-peter-watt