Un relator de la ONU llamó el viernes a la Suprema Corte de Justicia de Uruguay a prestar tanta atención a los derechos de las víctimas como a los de los imputados, y sostuvo que una decisión reciente del organismo amenaza avances en materia de justicia. Pablo De Greiff, relator especial de Naciones Unidas para […]
Un relator de la ONU llamó el viernes a la Suprema Corte de Justicia de Uruguay a prestar tanta atención a los derechos de las víctimas como a los de los imputados, y sostuvo que una decisión reciente del organismo amenaza avances en materia de justicia.
Pablo De Greiff, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, justicia, reparación garantías de no repetición, cerró el viernes una visita oficial a Uruguay con la difusión de sus observaciones preliminares al informe que presentará en setiembre de 2014 en la ONU.
«El país se encuentra comprometido con los derechos humanos y el derecho internacional y está siendo noticia en el mundo por sus avances en materia de reconocimiento de derechos a diversos colectivos» , sostuvo De Greiff en conferencia de prensa.
«Sin embargo, tiene aún un capítulo importante de su pasado reciente sin resolver adecuadamente», añadió. «No se trata de revanchismo ni de mirar solo el pasado, sino de crear bases sólidas para una sociedad justa, equitativa».
«Nada parece amenazar más las posibilidades de progreso en el área de justicia que decisiones recientes de la Corte Suprema de Justicia», advirtió el relator. «Estas decisiones han despertado alarma tanto en el Uruguay como en la comunidad internacional».
A 40 años del golpe de Estado en Uruguay, unas 15 personas han sido procesadas por crímenes cometidos durante la última dictadura (1973-1985), y los abogados de las víctimas buscan sortear una decisión de este año de la SCJ que considera que estos delitos prescribieron.
«Es de esperarse que la Corte uruguaya vuelva a unirse a la corriente de cortes en lugares diversos del mundo donde se han enfrentado violaciones masivas a los derechos humanos y las cortes han tomado en consideración tanto las garantías debidas siempre a los imputados como también los derechos de las víctimas», sostuvo.
El relator consideró logros significativos las leyes de reparación de las víctimas aunque consideró que no incluyen a todas y consideró «llamativo» que los esfuerzos respecto al pasado se han concentrado en los casos de desaparecidos cuando son muchas más las víctimas de detención y tortura.
«Uruguay llegó a tener el número de detenidos per cápita más alto de cualquier país de la región», indicó. «Ese universo inmenso de víctimas merece ser escuchado y reconocido», añadió, llamando a no postergar esa tarea debido a la avanzada edad de las víctimas.
Finalmente, llamó a invertir recursos humanos y materiales en la capacitación efectiva de jueces y fiscales en materia de derechos humanos.