La movilización del entramado de capitales agrarios detrás de liberar las trabas que están afectando su rentabilidad, junto al apoyo que esto ha suscitado en el arco de derechas (social y política) a nivel nacional, ha instalado nuevo escenario en la política nacional. El capital acaricia su propio movimiento de indignados y vuelve a cobrar […]
La movilización del entramado de capitales agrarios detrás de liberar las trabas que están afectando su rentabilidad, junto al apoyo que esto ha suscitado en el arco de derechas (social y política) a nivel nacional, ha instalado nuevo escenario en la política nacional. El capital acaricia su propio movimiento de indignados y vuelve a cobrar fuerza el viejo mito liberal que opone al individuo-productor libre vs el estado-gobierno.
Lo que parecía una protesta localizada de pequeños propietarios, acaba en un movimiento que empieza a vehiculizar la agenda del capital en general. Pequeños y medianos capitales agrupados junto a los grandes en la agenda de la Confederación Empresarial debería disparar preguntas sobre el problema de la hegemonía, la disputa de poder y las alianzas, pero por lo pronto, en lo inmediato brinda una oportunidad única para la derecha: la confluencia de poder económico, político y mediático, con gente. ¿Está en marcha un 15M de derechas?
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Que acá hay un movimiento hacia 2019, orientado a restituir la unidad sin fisuras entre el Uruguay oligárquico y el Estado es una constatación evidente, pero a la vez superficial. Como ya fue señalado [1], lo que está en juego es por dónde se sale al cruce de caminos que se abre a medida que se procesa el agotamiento del modelo de gestión progresista del capitalismo uruguayo.
El entramado de capitales agrarios no puede resolver sus problemas de rentabilidad sin avanzar sobre el gasto del estado y el precio de la fuerza de trabajo. Una devaluación, como proponen, que devuelva los márgenes de rentabilidad, haga viable a los capitales exportadores más ineficientes y vuelva a levantar el precio de la tierra y los arrendamientos; para que sea efectiva y no provoque un espiral inflación-devaluación-inflación que vuelva a subir el tipo de cambio real, precisa necesariamente de la caída en términos reales del salario y el gasto estatal, desde allí sale el fondo que recompone su rentabilidad. Ellos lo saben, y con su movimiento quizá nos lo estén empezando a aclarar a nosotros también.
Todo indica que la estrategia del gobierno pasa por quebrar la unidad de los capitales agrarios negociando por sectores, de modo que las compensaciones necesarias a ofrecer para desarticular el foco de tensión sean menos costosas y no le impliquen desarmar el conjunto de finos equilibrios en los que se mueve a nivel de la sociedad en general, en particular en un año de negociación salarial. La suerte de esta estrategia es incierta y está atada a la profundidad de la contradicción acumulada y las posibilidades de seguir comprando tiempo con deuda.
El problema es que no es posible únicamente evitar que este movimiento cobre fuerza y prospere su programa, es necesario construir las condiciones para desplegar una línea de fuga al embotamiento que se plantea cada vez con mayor fuerza.
Ante este pico de la puja distributiva planteado, se nos presenta la necesidad de mirar hacia una masa de riqueza que la sociedad transfiere a un grupo minoritario sin contrapartida laboral, es decir, la renta de la tierra. Unos de los éxitos más duraderos de la matriz ideológica del capital es haber instalado que la redistribución del ingreso refiere a un flujo de riqueza que se traspasa desde los que más tienen a favor de los que menos. Pues en realidad el capitalismo funciona, masivamente, al revés. Uno de esos mecanismos es el pago a los rentistas propietarios de tierra. El trabajo de Oyhantçabal-Sanguinetti [2] nos muestra que esa política implícita de redistribución regresiva del ingreso anclada en la estructura de propiedad agropecuaria uruguaya, que en el 2000 trasladaba 349 millones de dólares, en 2015 ya alcanzó los USD 1.658 millones, llegando a un pico de 1.939 millones de dólares en 2014. De ese valor, el conjunto de la sociedad uruguaya recibe apenas cerca de un 8% a través de impuestos.
Hoy, la renta de la tierra pagada a los terratenientes está en el orden de los 1.500 millones de dólares anuales. Los destinos de esta riqueza no los podemos conocer a ciencia cierta, pero es evidente que gran parte acaba en consumo suntuario. La renta agraria no solo es central para entender la dinámica de la economía uruguaya, también es clave en la reproducción social y política de la elite de nuestro país.
La revuelta de los capitales agrarios tuvo un efecto inesperado: comenzó a evidenciar que la apropiación y el uso privado de la renta agraria es la barrera, que si no se rebasa, puede hacer estallar el delicado conjunto de equilibrios que amalgaman un bloque social capaz de sostener un proyecto de desarrollo inclusivo.
El escenario planteado no tiene fácil solución y si vemos más allá de la superficie, el conflicto, tarde o temprano, es inevitable. Un pacto se resquebraja cuando los intereses en convivencia ya no pueden sostenerse más que a costa del otro. Ahí estamos.
El león no es vegano, es rentívoro.
Gráfico
Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados por Oyhantcabal-Sanguinetti, 2017 en base a estadísticas oficiales.
Notas:
[1] Ver http://brecha.com.uy/campo-la-patria/
[2] En Problemas del desarrollo. Volumen 48, Edición 189, Universidad Nacional Autónoma de México. Publicado por Elsevier España, 2017. Disponible en ScienceDirect.
Rodrigo Alonso es economista e integrante del Comité Editorial de hemisferioizquierdo.uy
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.