Berta Oliva tiene claro que la violación de derechos humanos en Honduras es una política de Estado. La lideresa del histórico Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) habla con Otramérica y dibuja un panorama de impunidad y persecución. Berta Oliva es la voz más calificada de Honduras en Derechos Humanos. Su carrera […]
Berta Oliva tiene claro que la violación de derechos humanos en Honduras es una política de Estado. La lideresa del histórico Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) habla con Otramérica y dibuja un panorama de impunidad y persecución. Berta Oliva es la voz más calificada de Honduras en Derechos Humanos. Su carrera empezó en 1981 cuando cuatro encapuchados secuestraron a su esposo, en su presencia, estando ella embarazada, y lo desaparecieron. Es una víctima directa de la opresión militar que dirige la organización de mayor reconocimiento de su país internacionalmente (COFADEH). Otramerica conversó con ella para analizar el estado actual de su país.
P_ ¿Cómo podemos entender el escenario hondureño en el tema de los derechos humanos?
Muy fácil. Hay una violación reiterada, masiva, planificada, selectiva y sistemática.  En efecto, existe una política de Estado que fomenta las violaciones a  los derechos humanos. Estamos ante agentes con doble moral y eso hace  más dificil la labor que realizamos. Aun así hemos luchado por hacer un  trabajo con un nivel de independencia con estos actores. No nos gusta  decir esta frase, pero así es: hasta el momento estamos trabajando  contrapoder. ¿Por qué contrapoder? Porque es desde el poder desde donde  se cometen las violaciones. No hubiera impunidad si no lo permiten los  agentes del Estado y las instituciones estatales, no hay violaciones a  los derechos humanos sino los cometen agentes del estado.  
Estamos  trabajando bajo presión, bajo el cinismo, y esto se convierte en un  juego muy dificil y peligroso. No podríamos sobrevivir si no supieramos  hacer la conjugación. En la actualidad identificar una violación cuesta  más que el pasado, que cuanto nosotros iniciamos hace 30 años, porque  han aprendido muy bien la lección, porque son los mismos expertos. Los  que hicieron en aquella época, esas violaciones, hoy tienen experticias,  por lo tanto, se cuidan más y eso vuelve más difícil la identificación  de la violación.  
Pero no debemos olvidar que está aquí el crimen  organizado y el narcótrafico. Nosotros creemos que las instituciones del  Estado están capturadas por todos estos otros actores. Y a eso hay que  sumarle el nivel de corrupción estatal. Y si el sistema de justicia está como en Honduras, el colapso casi es total.  La esperanza de encontrar justicia por acciones legales, aunque se  tenga la plena prueba, se le puede revertir en contra de la víctima, y  aún más, en contra de los representantes de las víctimas. 
P_ ¿Cúales son los indicadores que podrían dar luces de la situación del país que se desconocen internacionalmetne?
Aquí hay varios indicadores que pueden generar la atención de los focos internacionales. Primero, hay un cerco mediático hacia la libertad de expresión y el derecho a la información,  generado por los dueños de los medios corporativos. Cuando en un país  pasa eso, es un indicador que anda algo grave, porque la libertad de  expresión es un tema fundamental en la vida de los derechos humanos y  aquí está siendo violentado todos los días.
P_ ¿Mencióneme un ejemplo, para entender?
La  muerte en un año y meses de 16 periodistas, sumado a eso las amenazas  constantes a los periodistas que no han decidido matarlos. Eso es  bárbaro. Otro ejemplo que nos puede asustar es el asesinato de los  campesinos concentrados en el Bajo Aguán.  En menos de 14 meses son más de 42 campesinos asesinados.  Otro dato es la práctica aparentemente estatal sobre la desapariciones  forzadas, hechos que nosotros creíamos superado, porque la desapareción  forzada marca de por vida a un país y a un estado. En cuestión de meses, ya van 13 personas desaparecidos que las van a sacar de su casa.  La evidencia es clara y es por su participación como líderes sociales  en su comunidad. El último caso reportado es del 30 de agosto del 2011.  
No  se están respetando las edades. Ser joven se ha convertido en un  delito, las juventudes están siendo seriamente perseguidos. Las torturas  que se le hacen y están registradas en el Bajo Aguán  son muy fuertes. Esto a uno lo pone en alarma porque no tienen límites  las acciones en contra de menores, de la tercera edad. Ser abogado es un  riesgo, ser defensor es terrible. Ya van más de 14 abogados asesinados, 17 maestros asesinados y no hay ningún interés del Estado que demuestre que están persiguiendo el delito.
P_¿No es por la debilidad institucional como argumentan?
Las  instituciones están allí, pero se ha perdido la institucionalidad,  porque las personas que están dentro de estas instituciones fortalecen  la impunidad. Se requiere conciencia crítica, hacer saber, que en la  aplicación de justicia se debe tener gente solvente éticamente. Pero eso  es lo que aquí se adolece. Son funcionarios públicos, tienen mandatos  claros, pero no hacen nada. Al contrario, lo que hacen es arrebatar el  discurso de los defensores y la demanda de las víctimas y hablar el  mismo lenguaje.  
Las violaciones a los derechos humanos se van a agudizar más una vez se aproxime el proceso electoral,  porque es una lucha y persecución política. Nunca creímos que lideres  tan reconocidos las asesinaran de la forma que los están asesinando.  Nunca imaginamos que iba a ser tal el descaro. Hay un estado de derecho  fallido, lo que hay son escombros de instituciones. Es un país totalmente impune, donde uno sabe que si le pasa algo, lo más que se puede hacer es hacer bulla.
Es  un país que está considerado como el más violento del mundo. Eso es  terrible. Tenemos un promedio de muertes de entre 20 y 50 diarias.  Estamos en un país sin freno y sin control, pero lo más duro es que se  está orillando a la población a no tener solidaridad con el que sufre  estas agresiones.  Al no tener solidaridad se está deshumanizando a la  población.
P_ ¿Esto se ha venido agudizando desde el golpe junio de 2009 o existía un precedente?
Despúes  del golpe se ha incrementado, antes del golpe habían violaciones  graves, pero no se focalizaba como una política de Estado. El Estado de  Honduras tiene una deuda histórica sobre el tema de violaciones. Aquí no  hay un militar o persona que contribuyó para que se instalará el  terrorismo de Estado en los 80 que esté preso; aquí lo que hay son familias huérfanas,  que todavía demandan justicia y que esa justicia pasa por un montón de  procesos, como es el derecho a saber que pasó con su familiar, el  derecho a la reparación, el derecho a crear programas encaminados al  arrepentimiento de parte del estado para educar a la no repetición.
P_ ¿Nada de eso se ha logrado?
Absolutamente. Por eso es que la impunidad se legitima. Los mismos actores del pasado son los actores de hoy.  Es más, el Congreso Nacional aprueba leyes que atentan contra los  derechos humanos. Y esas leyes generan entonces una cobertura para que  se continuen cometiendo delitos, con la convicción que no van a hacer  perseguidos.
P_ ¿Leía que en este periódo de Porfirio Lobo ya van casi 10 mil asesinatos?
Hay  cualquier cantidad. Lo que pasa es que hay ir clasificándolos. Los que  pertenecen a la delicuencia común, lo que son del crimen organizado, y  lo que son violaciones a los derechos humanos. En este último punto, en los dos años de Lobo, tenemos contabilizados más de 200 personas que han sido asesinadas por motivaciones políticas,  y eso lo digo con el rigor necesario, porque sabemos que cualquier  denuncia que hagamos, si no la sustentamos como una violación podemos ir  presas, porque pueden decir que estamos difamando al régimen.  
La  situación es muy compleja, es muy difícil, uno hace la labor bajo un  riesgo impresionante. Lo otro es que quieren imponer sus mentiras como  verdades. No hay ningún interés de iniciar un proceso de reconciliación,  lo que hay es un proceso disfrazado, que en el fondo es imposición. Uno  sabe que está en completa desventaja, porque se está haciendo uso de  toda una estructura del Estado para ir encontra de los que defendemos la  vida y la libertad de nuestros ciudadanos. Honestamente nunca creí  vivir lo que estamos viviendo en derechos humanos.
P_ ¿Es una regresión a la llamada década pérdida de los 80? 
Es  una involución impresionante. Es tan fuerte que uno se queda impávido.  Si usted visita zonas va a ver el sicariato, el crimen organizado, los  paramilitares… hay una militarización muy fuerte, bajo el argumento  que es para brindar seguridad a la gente para que puedan trabajar, pero  lo que se ha fomentado es una escalada de violaciones.
P_ ¿A qué atribuye Berta Oliva esta cultura histórica de violaciones?
Siempre  se ha dado este clima de ataques, y Honduras siempre ha estado como la  amante, que está pasando de todo, pero a escondidas. En los años 80  aquí hubo presencia de 6 ejércitos, y esto no se reflejaba a nivel  internacional, pero si se conocía lo que pasaba en Nicaragua, Guatemala y  El Salvador. Aquí pasaba de todo, habían desapariciones, violaciones a  la soberanía, soportamos 6 ejércitos. Esoes una cosa gravísima y afuera  nadie sabía. Yo creo que eso se debe al control que se ha tenido para  que no se refleje lo que se vive y tambíen es producto de la presencia de bases norteamericanas en el país.  Esto ha generado una especie de terror y sometimiento muy fuerte y los  que nos atrevemos a decir lo que pasa nos sometemos a lo que pueda  pasar.   
Imagínese como hondureños como nos sentíamos cuando  sabiamos que había sido expulsada del concierto de naciones por violar  la carta democrática y por haber cometido un golpe de Estado militar.  Pero retornar a Honduras al seno de la OEA sin ningún control es muy  grave.
P_ ¿Usted cree que eso legitima la impunidad?
Claro. Eso ahuyenta los reflectores internacionales sobre Honduras. Los mismos que cometieron el golpe de Estado, son los que imparten justicia,  porque no fueron removidos. Entonces… cómo pretendemos que se haga  justicia con las violaciones que se cometieron en ese momento, cuando  son ellos mismos. La ruptura del orden democrático pesa todavía, porque Honduras no ha vuelto al orden legal.  Para el retorno de la normalización tiene que hacerse una  constituyente, sino estamos con la misma constitución violentada. Existe  un cinismo para obligar a algunos que respeten la constitución, pero  los que tienen el control del Estado, hacen de la misma lo que quieren  en el momento que quieren.
Imagínese que quieren hacer nuevamente obligatorio el servicio militar. Volver a la cacería humana de la juventud.  No  se dan cuenta las Fuerzas Armadas, que ni los padres, ni los jóvenes,  quieren ir a prestar el servicio militar obligatorio, porque sus  resultados son funestos. No son escuelas para formar jóvenes, son  escuelas para convertirlos en máquinas para matar. Para  nosotros lo que  debería suceder es la desaparición de las Fuerzas Armadas como tal.   Hay otras prioridades más importantes y el Ejército no ha servido para  nada.
P_ ¿Se puede comparar la década de los 80 con este momento?
Casi pienso que es peor. Aquí está pasando de todo, y no pasa nada. En los 80 tenían menos experticias, hoy tienen experiencia, además la tecnología está más avanzada y operar en contra de todos los derechos es muy fácil y eliminar las evidencias es muy fácil. Estamos en un país con un alto riesgo de convertirse en el país más violento e impune del mundo. Y sabe algo, de esa década terrible de los 80 todos los casos están impunes…


