Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández.
Un periódico alemán publicó recientemente un documento de 48 páginas identificando los nombres y pormenores de las 33.293 personas que han muerto entre 1993 y 2017 tratando de alcanzar las costas de Europa, la mayoría de ellas ahogadas en el mar Mediterráneo. El documento trata de incluir los incidentes acaecidos durante ese período a las personas que huían de la opresión, violencia y pobreza en sus países de origen. Los datos son imperfectos y su impacto es cuestionable, pero el documento es importante porque presenta el problema de la migración y, más específicamente, de la violencia en el tránsito migratorio, en un período anterior a la incrementada exposición recibida en los últimos cuatro años. Aunque los flujos actuales de migración deberían entenderse como continuidades de unos modelos de migración constrictiva más amplios determinados por el colonialismo e imperio euro-estadounidense, es preciso analizar y hacer más hincapié en cómo la estructura de securitización ha llegado a imponerse en las concepciones actuales sobre la migración mundial.
Las elites políticas internacionales han formulado, a nivel de discurso y de política, el desplazamiento forzoso de personas en el sur global no tanto como una cuestión humanitaria compleja sino como un ataque al Estado-nación y a la seguridad nacional. Más específicamente, esa «crisis» deviene una amenaza existencial a un Estado y a su sociedad, autorizándose por tanto la suspensión de los protocolos regulares y las restricciones en nombre de una política de emergencia.
Para evaluar el poder del marco de securitización en las políticas de migración de la Unión Europea (UE), debemos entenderlo en relación con el telón de fondo trasnacional contra el que emerge: los Estados europeos externalizan sus fronteras, los partidos populistas nacionalistas de la ultraderecha blanca incrementan su popularidad y el capitalismo de libre mercado facilita cada vez más el flujo de bienes, servicios y capital a la vez que somete el movimiento de (algunas) personas a restricciones más estrictas. Aunque se ha escrito mucho sobre los mecanismos de securitización en sentido general, mi objetivo es comprender específicamente cómo el proyecto de securitización impacta en las mujeres migrantes en tránsito y/o asentadas de forma precaria.
Los políticos evaden a menudo la discusión de cómo el poder actúa en los marcos de seguridad. Lejos de crear condiciones más seguras o medidas protectoras, esas tecnologías de control se convierten en nuevas vías para que quienes ostentan el poder controlen a los marginados y desplazados. Como Inderpal Grewal señala: «‘Los expertos en seguridad’ no incorporan por lo general el género o la sexualidad en sus análisis, prefiriendo pensar en las amenazas y la seguridad personal sin detenerse a considerar los impactos sobre los grupos que no están en el poder».
Si bien un número creciente de profesionales de la arena política internacional (conocidos como «especialistas en género») reconocen la posición «vulnerable» de las mujeres en la crisis y situaciones de conflicto, trato de hacer hincapié en los límites de tal protección y discursos de vulnerabilidad que no cuestionan el marco dominante de la securitización. Esta favorece muy a menudo la expansión de la militarización, la vigilancia y otros mecanismos carcelarios. Es capaz de negociar respecto a los procesos debidos, derechos y canales de protección a cambio de fronteras cerradas, vallas de alambre de espino, centros de detención, tecnologías biométricas y una arbitraria burocracia de gestión. Son ese tipo de compensaciones las que motivan mis interrogantes respecto a cómo esas redes de securitización expansivas pueden abordar, y mucho menos apoyar, a las mujeres en tránsito y sus necesidades.
Breve reseña histórica
El sistema y categorías aplicados a los refugiados dependen de una historia política específica y de una particular comprensión de los paradigmas del Estado liberal occidental de organización política. El sistema internacional de refugiados surgió en la era posterior a la II Guerra Mundial. Lejos de ser una categoría universal o neutral, reificó y reflejó las profundas divisiones ideológicas entre Occidente y el bloque soviético. La categoría fuertemente politizada de «refugiado» fue creada por Occidente para promover ciertos derechos y puntos de vista, especialmente los que deslegitimaban a los regímenes no occidentales/liberales. Como Scott Watson señala: Se utilizó al «refugiado» como un instrumento de poder, mientras la política sobre refugiados «servía de papel instrumental aprovechado por Occidente para abochornar a los Estados comunistas o frustrar revoluciones comunistas y desestabilizar nacientes gobiernos comunitarios».
Otros académicos han indicado también la naturaleza constructivista y contingente de la securitización al señalar las coyunturas históricas en las que la necesidad de mano de obra emigrante se sobreponía a las preocupaciones por la seguridad nacional o a la xenofobia. Como Laleh Khalili subraya: «Uno de esos momentos fue la etapa de reconstrucción tras la II Guerra Mundial, cuando el país devastado necesitaba gente que ayudara en la reconstrucción de la economía nacional (al igual que en el resto de Europa). La importación de trabajadores invitados de las colonias, seguida de la descolonización y la migración de los antiguos súbditos colonizados a la metrópoli, desencadenaron virulentas respuestas xenófobas y racistas en el Reino Unido».
El acuerdo Unión Europea-Turquía
En 2015, en el momento álgido (hasta ahora) de esta emergencia, más de un millón de refugiados y migrantes llegaron a Europa escapando del conflicto, la opresión y persecución. De ellos, 3.771 migrantes, en ruta hacia Europa por mar, no llegaron a su destino, pereciendo en el mar Mediterráneo; 805 de estas muertes se produjeron cuando cruzaban desde Turquía a Grecia por la ruta oriental del mar conocido como Egeo, aunque el Mediterráneo central se apuntó la mayoría de las muertes; y 2.892 entre quienes cruzaban desde el norte de África, especialmente desde Libia y Túnez hacia Italia, Sicilia, Malta y, en mucha menor medida, hacia España.
En 2016, el número de llegadas por mar cayó a 362.376. Sin embargo, las muertes en el mar se incrementaron, superando las 5.000 personas, el año más mortífero registrado. Las nacionalidades más comunes en los llegados por el mar Mediterráneo eran de Siria (23%), Afganistán (12%), Nigeria (10%), Iraq (8%), Eritrea (6%), Guinea (5%), Costa de Marfil y Gambia (8%) y Pakistán y Senegal (3%). Las mujeres constituyeron el 17% de esas llegadas. ¿Qué sucedió para que disminuyera de forma tan significativa el número de llegados por mar a Europa? ¿Y por qué, a pesar del menor número de intentos, se incrementó la cifra de muertes en el mar en ruta hacia Europa?
A principios de septiembre de 2015, se produjo un conflicto entre los refugiados y las autoridades estatales de Austria, Hungría y los Balcanes. En respuesta, la cancillera alemana Angela Merkel declaró que los refugiados serían bienvenidos en Alemania. Miles de refugiados en tránsito en diversas partes de Europa se dirigieron ansiosamente hacia Alemania en cuanto circularon las noticias de esta apertura temporal de fronteras entre quienes se encontraban atascados en zonas cercanas. Las instituciones de los medios hicieron circular imágenes y videos conmovedores de alemanes dando la bienvenida al primer grupo de alrededor de cien refugiados saliendo de los trenes, alcanzando una cifra total de ocho mil. En realidad, antes de que pudieran llegar a Alemania, miles de refugiados tuvieron que ir a pie a través de Hungría para alcanzar la frontera austriaca. Esto se produjo en respuesta al cierre de Hungría de su servicio de trenes, permitiendo un único medio de transporte para los migrantes que se dirigieran a campos de acogida donde se verían obligados a solicitar asilo en Hungría. Bajo presiones, Hungría finalmente permitió que alrededor de cien autobuses facilitaran su traslado desde la estación de Keleti hasta las fronteras austríacas, «donde obligaron a los migrantes a hacer caminando la distancia final hasta la frontera, unos 457 metros, bajo la lluvia«.
Estas prolíficas imágenes de Alemania acogiendo a los refugiados establecieron una narrativa potente ante la comunidad internacional. Como Maytha Alhassen señala: «Lo que esto hizo es crear un folklore de migración segura para los refugiados; los refugiados lo consideraron como una oportunidad para huir de la violencia de sus propios hogares y de las violencias durante el tránsito, a la vez que Alemania pudo mostrar su benevolencia en contraste con los Estados de la Europa del Este que reforzaban sus fronteras. De hecho, en muchos sentidos, el desplazamiento masivo y migración de comunidades desde el Sur global ha ofrecido un capital al que Europa Occidental podía acceder. En el caso de Alemania, tal acto auguraba buenas relaciones públicas (Merkel, apodada «Cancillera del Mundo Libre», fue elegida Persona del Año por TIME), a la vez que facilitaba también el crecimiento económico gracias a una fuerza de trabajo barata y poco cualificada.
La política de representación respecto a la inclusión y exclusión de refugiados no es nueva, sino que data de la elaboración del régimen internacional de refugiados. Como Watson señala: «Los Estados occidentales construyeron dos tipos de Estados en el sistema internacional, Estados productores de refugiados, que ponían en peligro la estabilidad internacional, y Estados que protegen a los refugiados, que aseguraban la estabilidad». Por tanto, los refugiados y el sistema internacional de refugiados se convirtieron en mecanismos importantes para que los Estados se constituyeran ellos mismos y a otros a través de una gran cantidad de descriptores (como benevolente, degenerado, incompetente, eficiente, peligroso, etc.). Sin embargo, el anuncio de Merkel fue una excepción en Alemania y, desde luego, no fue la norma en toda Europa. No se formuló como política estratégica a largo plazo, sino que surgió como consecuencia de la presión en medio de diez días de caos terrible, protestas y sufrimiento. Además, dentro de Alemania y por toda Europa, la política de puertas abiertas de Merkel despertó las fantasías violentas de los populistas, que la acusaron de debilitar la civilización occidental (junto a la crisis del euro y la crisis de Ucrania). Merkel acordó recientemente limitar el número de solicitantes de asilo en Alemania a 200.000 en un intento de trabajar en coalición con sus aliados conservadores.
Entre las propuestas más importantes presentadas por la UE se encuentra el llamado Acuerdo Unión Europea-Turquía, adoptado en marzo de 2016. Como resulta evidente por el incremento de muertes incluso después del acuerdo, la nueva política no ha detenido el movimiento de personas aunque esos acuerdos multilaterales pretendan disuadir, prohibir y criminalizar a los migrantes irregulares. Esta negociación está politizada y forma parte de un patrón más amplio, con los Estados europeos ofreciendo recompensas económicas a «terceros países» (que incluye a Turquía, y en menor grado y más controvertido, Libia, Túnez, Egipto, Sudán, Níger y Nigeria) para que bloqueen el flujo de migrantes hacia Europa y ayuden a externalizar y precintar las fronteras de la UE. Mediante ese acuerdo, todos los refugiados de todas las nacionalidades que entraran en Europa después de marzo de 2016, serían devueltos a Turquía. A cambio, se le ofreció a Turquía un acceso más rápido a la UE, visados más laxos para sus ciudadanos en las zonas Schengen libres de pasaportes de la UE y una ayuda financiera de 2.350 millones de dólares en apoyo a la migración.
Los efectos de este acuerdo son más visibles en las costas de las islas griegas, donde 62.000 refugiados se hallan atrapados como consecuencia de que los Balcanes hayan cerrado sus fronteras y sellado la ruta hacia las naciones más ricas de la UE. Aquellos que pensaban que permanecerían en Grecia un período transitorio corto llevan allí ahora más de un año. Además, el acuerdo ha tenido implicaciones negativas para la unificación de familias que iniciaron su viaje en momentos diferentes. Es habitual que algunos miembros masculinos hagan primero el viaje a Grecia para dirigirse a Europa occidental (hacia Alemania, Suecia, Austria, Luxemburgo, Noruega y Holanda) y después hacen que sus familias les sigan una vez que han podido asegurar contrabandistas adecuados o confirmar las rutas para que el resto de la familia les siga. Como resultado del acuerdo, miles de mujeres y sus familias no han podido volver a conectar con sus parejas y han quedado atrapadas en esos espacios liminales.
Además, el acuerdo delinea una política de reasentamiento evaluando caso por caso, en función de la cual por cada sirio devuelto a Turquía desde Grecia, otro sirio sería reasentado en un Estado miembro de la UE, con un número de reasentados limitado a 72.000 y dando prioridad a quienes no intentaran entrar ilegalmente en la UE. Sin embargo, tanto el número de devoluciones como el de reasentamientos se están produciendo a un ritmo alarmantemente lento, con sólo mil refugiados devueltos a Turquía desde el acuerdo. En total, se han reasentado desde Turquía en Estados miembros de la UE a tan sólo 3.500 refugiados, y menos de 10.000 desde Grecia a la UE. Mientras tanto, los refugiados cuyas solicitudes no han sido aún procesadas están confinados en unos centros de detención que carecen de los servicios básicos adecuados. Puede llevar meses hasta que un Estado miembro de la UE decida si acepta el reasentamiento de un refugiado individual o de una familia, y las decisiones, según los funcionarios encargados del asilo y los expertos internacionales, pueden basarse en razones «arbitrarias» más que en las necesidades y méritos específicos del caso. Por tanto, aunque el acuerdo UE-Turquía trataba de acelerar las solicitudes de asilo y reasentamiento, las organizaciones humanitarias subrayan que las cambiantes leyes sobre la reubicación, así como los largos retrasos y variables canales de comunicación dejan a los refugiados en un estado de limbo, sin acceso a derechos o servicios entretanto.
En general, para aquellos refugiados que estaban en Turquía antes del acuerdo de marzo de 2016, sus opciones son o que les concedan asilo en Grecia, que les devuelvan a Turquía o que les reubiquen en un país europeo. Mientras tanto, las opciones para los refugiados que llegaron a Grecia desde Turquía después del 20 de marzo de 2016, son: 1) solicitar asilo en Grecia si se demuestra que el migrante tiene derecho a la protección internacional; 2) volver a Turquía si las autoridades griegas determinan que es lo más conveniente; y 3) solicitar la reunificación familiar en otro Estado miembro de la UE.
Los refugiados devueltos a Turquía son conducidos a «centros de traslado», llevando a los sirios al centro Düziçi, un lugar remoto en la región del Mediterráneo sur de Turquía, mientras que a los no sirios los conducen al centro de Kirklareli, cerca de la frontera búlgara en la Tracia oriental. En esos centros a los refugiados no se les permite salir, sus posesiones son rutinariamente confiscadas y no se les ofrece servicios de asesoría legal ni de atención sanitaria. Especialmente en el caso de Turquía, la falta de transparencia impide que los migrantes conozcan su estatus, cuándo serán liberados o qué pasará con ellos a continuación. Para las ONG y los periodistas es extremadamente difícil acceder a estos centros de traslado. Una delegación de miembros del Parlamento Europeo visitó los centros en mayo de 2016 y señaló que en Turquía: «La detención está bajo un régimen de estilo carcelario, incluidos los niños. La delegación fue testigo de dormitorios atestados, por ejemplo 20 personas en una habitación con 12 camas. Las personas, incluidas las familias, eran encerradas en los dormitorios. La delegación identificó la presencia de menores no acompañados que no habían sido reconocidos como tales y a los que habían ubicado en los mismos dormitorios que hombres adultos». Esos centros de traslado incluyen también a refugiados que no habían ido a Grecia pero que fueron detenidos arbitrariamente dentro de Turquía por razones no aclaradas.
Demografía y jerarquías dentro de las comunidades de refugiados
Aunque la crisis de refugiados está marcada como crisis siria o crisis medio-oriental, no es exacto porque los orígenes étnicos y nacionales de los refugiados son variados. Aunque a menudo se hacen referencias a los refugiados como si se tratara de un monolito, la comunidad está realmente muy estratificada en formas que no resultan necesariamente distinguibles para una audiencia internacional. El grupo de personas que hace el viaje hacia Europa es increíblemente variado: la mitad de ellos son sirios, con grandes cifras de refugiados procedentes de Afganistán, Eritrea, Iraq, Nepal, Pakistán y el África Subsahariana.
Kursheed Wadia y otros académicos han señalado las vías por las que las políticas de refugiados reifican divisiones y jerarquías que se convierten en fuente de tensión e inseguridad dentro de los campos y centros de detención. Los organismos de vigilancia internacionales han documentado las prácticas específicas de la UE que causan discriminación respecto al trato, acceso y opciones de protección. Los hallazgos de la Comisión de Mujeres Refugiadas en un informe de campo llevado a cabo en agosto de 2016 señala que «El esquema ‘individualizado’ así como otras disposiciones legales y de procedimiento han creado refugiados de primera y segunda clase, con una ruta privilegiada de reasentamiento, registro rápido y prioridad en la entrega de ayudas sólo para sirios». De hecho, la información, los servicios, la ayuda alimentaria y la asesoría jurídica, que no todos los refugiados pueden disfrutar, se distribuyen de forma desigual entre ellos. Esas diferencias en base a la nacionalidad ignoran las medidas del proceso debido y el trato específico de los casos (especialmente para las decisiones que afectan a personas vulnerables como enfermos, ancianos, incapacitados y embarazadas). En cambio, la competición por los recursos y la atención en los lugares para refugiados se han convertido en un microcosmos de relaciones de poder étnicas y nacionales a escala global. Marcy Hersh, de la Comisión de Mujeres Refugiadas señala que no todos los migrantes tienen el mismo nivel de priorización que los sirios, que los funcionarios «están intentando crear primero campos para los sirios y después para todos los demás», y que esas prácticas son anteriores al acuerdo UE-Turquía y eran ya manifiestas en los anteriores sistemas de reasentamiento de la UE. Además, la cuestión de quién es digno o merecedor de asilo está politizada en sumo grado, lo que alimenta la creación de una jerarquía informal arbitraria de migrantes por parte de los funcionarios gubernamentales. Hersh señaló que el gobierno griego ha creado en esencia una jerarquía legal «que dice que todos los sirios son refugiados, todos los iraquíes son probablemente refugiados, todos los afganos no son probablemente refugiados y todos los africanos no son probablemente refugiados. Es problemático basar automáticamente el estatuto de refugiado de alguien a partir de su nacionalidad. Nada de todo esto es fruto de investigaciones. Se trata de algo asumido y hablado».
Es probable que haya también razones ideológicas para que se privilegie o se centren en los sirios, además de la razón obvia de sus altas cifras y la atención mundial. Gran parte de esto tiene raíces en la política de la memoria, complicidad, responsabilidad y legibilidad de las guerras, la violencia y los conflictos políticos. «Los sirios son considerados el refugiado perfecto. En la medida en que Europa se permite así darse palmaditas en la espalda y convertirse en la madre de la civilización humana», Alhassen señala que las políticas que privilegian a los sirios reflejan cómo Europa se ve a sí misma en relación con los conflictos. «Europa adopta a Siria porque así puede decir: ‘Yo no causé lo que está sucediendo allí. Esas personas están sólo huyendo del terrorismo», y Europa es un espectador neutral dispuesto a ayudar. Hay también justificaciones subyacentes esencialistas y racistas en las razones de priorizar a los sirios; porque se considera que geográficamente están más cerca de Turquía y por lo tanto allí deberían ser acogidos. «Es un salto lógico grave teniendo en cuenta lo diferente que es Turquía» de Siria en todos los sentidos, cultural, lingüística y políticamente. De hecho, muchos sirios expresan que preferirían quedarse en Grecia (donde al menos se habla más inglés) que volver a la fuerza a Turquía por una variedad de razones (incluyendo el hecho de que han entrado de contrabando en Turquía de forma peligrosa, por tanto, volver no es una buena opción), aunque eso dificulte el retorno o el movimiento hacia su patria natal.
Alhassen señala que puede haber razones prácticas detrás de lo que parece una discriminación arbitraria. «Normalmente se entrevista primero a los sirios porque se supone que van a ser enviados de vuelta a Turquía, si no resulta peligroso para ellos, como parte del acuerdo UE-Turquía», señala. Sin embargo, esto crea tensiones sobre qué peticiones y solicitudes se procesan primero, especialmente entre afganos y sirios. En función del plan de la UE, las divisiones y jerarquías basadas en la nacionalidad son muy frecuentes, porque a los refugiados que llegaron antes del acuerdo UE-Turquía de marzo de 2016, se les da opciones especiales si son de nacionalidad iraquí o siria. Fundamentalmente, tienen una opción añadida de presentar una solicitud para ser reasentados en otros Estados miembros de la UE, en oposición a otras nacionalidades que sólo pueden: 1) solicitar la devolución a su país de origen; 2) pedir asilo en Grecia; o 3) ser reasentados en otros Estado miembro de la UE sólo si están intentando reunirse con su familia. Además, a la luz del acuerdo UE-Turquía, una vez que los refugiados llegan a Grecia, tienen que conseguir una «nota de la policía» que para los sirios e iraquíes tiene una validez de seis meses, y para el resto de nacionalidades de 30 días. Las notas de la policía no son renovables y una vez que expiran, los refugiados están expuestos a arrestos por parte de los cuerpos de seguridad.
En su trabajo de campo con la Comisión de Mujeres Refugiadas (CMR), Hersh señaló la prevalencia del racismo antinegro y antiafricano, que se pone de manifiesto de forma descarada durante las horas de distribución de alimentos. Por ejemplo, en el sitio para refugiados de Lesbos, las colas para recibir alimento se basan en la nacionalidad. También hay clasificaciones: «Los sirios van primero, luego los iraquíes, luego los congoleños, a quienes a veces les dicen literalmente que vuelvan a ponerse en la cola. Algunos de ellos esperan hasta tres y cuatro horas antes de poder conseguir alimentos».
Impacto del género en la securitización de la migración implementada por la UE
Para examinar cómo la securitización afecta a las mujeres migrantes, merece la pena considerar una serie de escenarios que moldean las experiencias de las mujeres en tránsito. Voy a examinar aquí los diversos antagonismos estructurales a que se enfrentan las mujeres en tránsito, incluyendo la violencia sexual, corporal y reproductiva, la explotación económica y la detención.
Sexual: Una vez que las fronteras se cierran y los migrantes pierden su movilidad, las prolongadas estancias de las refugiadas en entornos inseguros, así como su incrementado compromiso y dependencia de otros para la ayuda, las expone a más posibilidades de acoso y agresión por parte de delincuentes oportunistas. La violencia sexual oportunista ha sido documentada en fronteras y estaciones de tren. Las mujeres tienen que soportar de forma habitual sexo transaccional y favores sexuales a cambio de pasajes seguros, peticiones de documentos y otros requisitos para la movilidad.
La incrementada securitización de los campos y centros de acogida no genera protección de forma automática. Los centros de detención pueden estar rodeados de alambre de espino y tienen una fuerte presencia policial, pero se hace bien poco para asegurar las necesidades básicas de las mujeres que allí se encuentran. En el caso de Macedonia y Grecia, no hay ninguna disposición o acceso para las diversas necesidades sanitarias y de bienestar de las mujeres, incluidos una atención adecuada tras una violación. CMR señala que las letrinas para hombres y mujeres no están separadas y que los hombres utilizan todas las instalaciones indiscriminadamente. De hecho, es una tendencia común que han registrado los grupos por los derechos humanos tanto en los campos de refugiados como en los centros de tránsito. Además, en los refugios para refugiados del centro de detención de Moria, en Grecia, las tiendas son compartidas por hombres y mujeres de diferentes nacionalidades y lenguas. No hay instalaciones separadas para mujeres. Incluso en Alemania, los centros de acogida en Berlín y Colonia ofrecen poca privacidad o seguridad, con duchas que no están específicamente diseñadas para mujeres.
La falta de privacidad permite a los hombres «merodear por los alrededores de aseos y duchas, lo que hace que las mujeres se sientan expuestas e inseguras». La mayoría de los lugares no tienen requisitos específicos de ingreso y son relativamente porosos respecto a quién puede entrar en ellos. Además, los agujeros en las vallas donde las mujeres están alojadas, las dejan también expuestas. Dado que las intervenciones ante estos problemas son relativamente sencillas y pueden resolverse mediante un cambio en el diseño de esos lugares (por ejemplo, se pueden marcar y proteger mejor los lugares donde se localizan las letrinas, quién debe ocupar el centro del lugar y no la periferia, etc.), una se pregunta si no es más una cuestión política que un problema de capacidad.
En ese nuevo entorno, además de los delincuentes oportunistas, las mujeres migrantes tienen que sortear otras violencias en sus relaciones interpersonales. Las académicas feministas llevan décadas señalando las formas en las que la violencia doméstica aumenta en situaciones de desplazamiento a medida que el estrés acumulado y las condiciones traumáticas exacerban relaciones desiguales de poder. Las mujeres que soportan relaciones de abuso no pueden abandonar al miembro de su familia si están solicitando juntos el asilo. Además, la opresión de género en esta circunstancia se ve agravada por las escasas respuestas de funcionarios militares y policiales. Por ejemplo, CMR señala cómo los agentes policiales y los militares manejan los casos de violencia doméstica. Señalan el caso de una superviviente de violencia de género (VG) en Grecia que quería trasladarse a un lugar diferente de su abusador. Un oficial militar intentó trasladarla a una tienda en un lugar remoto, sin iluminación, con agujeros en la valla cerca de los límites del campo. Para no tener que trasladarse a un lugar nuevo con nuevas situaciones de inseguridad, decidió quedarse con su abusiva pareja. La ley griega estipula que debe informarse a la policía de todos los delitos de VG para que las personas reciban atención médica tras una violación. Poner las cuestiones de VG que afectan a las mujeres refugiadas en manos de los agentes de policía y militares no tiene en cuenta las vacilaciones de muchas mujeres refugiadas al tener que tratar con agentes estatales, especialmente a la luz del su incierto estatuto legal, y especialmente si consideramos las respuestas carcelarias de las agencias de la ley que podrían arrestar o descartar los casos de asilo de miembros abusadores de una familia aunque sea en contra de los deseos de la superviviente.
Reproductivo: La securitización del tránsito tiene un impacto especialmente nefasto en las mujeres embarazadas y en las que necesitan cuidados reproductivos, neonatales y de posparto. Muchas ONG, incluyendo MSF y CMR, han documentado el escaso acceso a la atención sanitaria primaria y secundaria durante el tránsito y en los lugares donde tienen que permanecer. La deshidratación e inanición de las madres lactantes, que entonces no pueden alimentar a sus niños. Los coordinadores de Médicos Sin Fronteras en las islas griegas han señalado cómo las mujeres embarazadas, que componen el 10% de las refugiadas en Grecia, tienen que permanecer durante días en medio del barro y la lluvia, para después sufrir enfermedades en músculos y huesos e infecciones del tracto respiratorio. Además, hay una falta general de claridad e información relativa a los lugares donde las embarazadas pueden dar a luz. Las refugiadas que han utilizado los hospitales públicos para dar a luz han tenido que regresar a las tiendas prematuramente sin recibir cuidados posnatales.
Económico: Además, los tipos de desafíos económicos que sobrecargan a las mujeres las convierten en objetivos más vulnerables a la explotación. Al negarse a organizar vías seguras y legales para que se trasladen por el continente, todo se hace a través de contrabandistas, hombres en su mayoría. Lejos de crear un sistema más razonable, las políticas de externalización fomentan una industria organizada, ilícita y lucrativa para los contrabandistas y mediadores que ofrecen a las refugiadas vías alternativas. Según Sarah Martin, una investigadora de VG, puede llegar a costar 50.000 dólares que los refugiados de Oriente Medio y África consigan llegar a Alemania. Esos actores no estatales prometen a los refugiados que les ayudarán a alcanzar su destino a cambio de un depósito. De esta forma se incentiva a mucha gente para que se implique en esta economía, como taxistas, vendedores de cigarrillos, agentes de viaje y propietarios de pequeños almacenes.
Marcy Hersh ha señalado que en Macedonia y Serbia se cobra a los refugiados «cantidades desorbitadas de dinero» por cargar sus teléfonos móviles o comprar nuevas tarjetas SIM cada vez que se trasladan a otro país. Los guardias fronterizos, que a menudo están mal pagados y carecen de capacidades, también participan en el contrabando a través de sobornos, extorsiones sexuales y otros mecanismos corruptos, incluido el repetido arresto y liberación de los migrantes a cambio de favores y divisas. A menudo se les dice a las familias que no esperen los trenes o autobuses, que ellos se encargan de transportarlas en taxi, abriendo el camino a los secuestros, los robos y los asaltos con violencia.
Detención: La línea entre lo que se considera campo de refugiados, centro de recepción y centro de detención ha quedado difuminada a la luz del acuerdo UE-Turquía. Sin embargo, la práctica común en todos esos centros es la amenaza constante de deportación. Con la introducción del acuerdo UE-Turquia, Grecia y Turquía eran responsables hasta que la UE descubriera cómo procesar a los migrantes estancados en Grecia, reubicándolos, enviándolos de vuelta a Turquía o deportándoles a su país de origen. Los centros de recepción (que eran ya insuficientes, al igual que las instalaciones de tránsito) se convirtieron en centros de detención. Estos centros de detención se han convertido en espacios liminales, carcelarios de incertidumbre, intimidación y procedimentalismo burocrático. Referirse a esos lugares mediante la frase tan utilizada y supuestamente neutral de «centro de recepción» oculta las desiguales condiciones materiales y las estructuras discursivas de tal identificación.
Las personas que tienen que residir en esos centros son tratadas como prisioneros y sus movimientos restringidos. Una vez que se formalizó el acuerdo, Grecia transformó fábricas y almacenes abandonados en espacios donde encerrar a los refugiados. Esos espacios industriales no son adecuados para la habitación humana porque se hicieron para contener productos, no personas. De hecho, el ACNUR y otro grupo de organizaciones internacionales se han retirado de esos centros para refugiados en Turquía y Grecia debido a la prevalencia de detenciones obligatorias en unas instalaciones convertidas en prisión cercanas a lugares industriales y de residuos tóxicos. Por ejemplo, la ciudad industrial de Oinofyta, en la zona continental griega, que alberga a alrededor de 600 refugiados afganos, es un indicador de cómo «quienes menos esperanzas tienen de permanecen en Europa son alojados en los campos más destartalados». Otros son sitios más improvisados, construidos cerca de gasolineras o, como en el caso de Illiniko, en el lugar de un desvencijado aeropuerto abandonado en las afueras de Atenas.
En los últimos dos años, se han hecho esfuerzos considerables para mantener en las sombras a los refugiados en Grecia. Esto se percibe en la forma en que Grecia ha decidido crear más centros para refugiados en el continente, lejos de las islas, para no perturbar la imagen turística de esos espacios. Se construyen campos pequeños para que no llamen mucho la atención y, como Alhassen señala, para que queden fuera de la vista y fuera de la mente. La mayor parte de los campos en el continente están a unos 45 minutos de las afueras de Atenas, lo que los convierte en inaccesibles, encareciendo las entradas y salidas. Algunos están en zonas remotas, cerca de las montañas Pindus, o en áreas difíciles de habitar, donde abundan las ratas y las serpientes.
Un ejemplo peculiar de uno de esos lugares es el centro de detención en Skaramagas, que alberga a 3.200 refugiados, la mayoría de ellos sirios. Alhassen destaca el ethos psicológicamente manipulador del lugar, donde se mantiene a la gente encerrada entre alambradas junto al mar. «Entras y es un campo rodeado de alambre de espino pero tienes el mar al alcance de la mano». El centro está totalmente vallado de alambre de espino y gestionado por la policía griega. Alhassen señala que allí no hay intérpretes, una carencia que Médicos Sin Fronteras y otros grupos internacionales han confirmado también en sus informes. En cambio, los guardias gritan una y otra vez en inglés a los migrantes para verificar sus papeles y documentos de identidad.
Burocratización y gerencialismo
Una práctica común que se produce con la securitización de la migración es la aparición de un discurso gerencialista y un marco procesalista que intenta presentar la detención como una cuestión de lo que Laleh Khalili ha descrito como «ingeniería social», algo que se ocupa de reglas, no de política. Los datos y las métricas, especialmente la biométrica, se convierte en algo especialmente importante al establecer este ethos burocrático masculinizado que se considera más objetivo y preciso que los datos cualitativos. Khalili señala como la «impersonalidad» de los procedimientos burocráticos autoriza la brutalidad. Ese procesalismo hace que sea más fácil considerar los cuerpos de los refugiados como entidades que pueden ser transportadas, empujadas, arrastradas y zarandeadas.
Así pues, la implementación y repetición de prácticas tediosas, los obstáculos para obtener información sobre los procesos de registro y asilo, los mecanismos interminables para conseguir las declaraciones oficiales de los refugiados, la instrumentalización de los procesos de selección y el énfasis de muchas ONG y agencias internacionales de ayuda jurídica para «hacer tan sólo el trabajo» sin establecer ningún tipo de relación con los migrantes, refuerza que la seguridad, como señala Foucault, tenga que ver en última instancia con «la organización«. Al actuar así, las autoridades que se ocupan del asilo y aplicación de la ley construyen sus capacidades de vigilancia para hacer que las poblaciones de refugiados sean más distinguibles.
Por otra parte, aunque se supone que el ministro griego de Política Migratoria tiene la última jurisdicción sobre los sitios abiertos, es a menudo el ejército griego el que controla estos espacios. Esto resulta problemático por una serie de razones, la primera de ellas es que la mayor parte del personal militar no está equipado ni entrenado para manejar las intricadas necesidades de la ayuda humanitaria a los refugiados. Poner estos sitios abiertos en manos del ejército es un ejemplo claro de cómo actúa la securitización: personas desplazadas en búsqueda de asilo son definidas como entidades extrañas con la que sólo el ejército puede lidiar. Un ejemplo sorprendente del grado de procedimentalismo gerencial en la gestión de los refugiados es un sistema establecido por el Servicio Griego de Asilo (antes del acuerdo UE-Turquía), donde se suponía que los refugiados tenían que contactar con los oficiales a través de Skype para registrarse (para buscar asilo, reunificación familiar, reubicación). Este programa era manejado por un puñado de personas responsables de fijar las entrevistas con decenas de miles de refugiados. Un sistema que en teoría intentaba hacer más eficiente el proceso impersonalizaba claramente las interacciones con los refugiados, a la vez que creaba nuevos obstáculos porque la mayoría de los refugiados no tenían acceso a las tecnologías para poder realizar una entrevista por Skype. (Este sistema se ha sustituido por otro que parece más prometedor, en el cual los refugiados son examinados por personas en vez de a través de Skype, y tras una evaluación exitosa se les entrega la tarjeta de solicitante de asilo que es válida por un año mientras prosiguen con sus solicitudes de asilo, reubicación o retorno).
Todo el objetivo perseguido por el acuerdo UE-Turquía era detener el flujo de migrantes. Por lo tanto, las autoridades griegas están bajo presión para que procesen velozmente las solicitudes y devuelvan a los migrantes a Turquía. El enfoque rápido y superficial de esas determinaciones no permite a los responsables valorar individualmente los casos de asilo. Además, no se proporcionan asesores legales a los detenidos para que puedan ayudarles a comprender qué es lo que están firmando cuando presentan sus solicitudes o qué opciones les convienen más. La ausencia de ayuda jurídica a los refugiados revela la naturaleza contradictoria de la dimensión procedimentalista burocrática del proceso de asilo. Si bien la abundancia de prácticas banales para rellenar y registrar los documentos se hacen en nombre de una mayor profesionalidad, eficacia o incluso atención, en modo alguno esas prácticas se traducen en cambios en la eficacia estructural. En cambio, se están creando y reorientando constantemente nuevos departamentos, ministerios y oficinas para actuar con rapidez en aras a un «gobierno táctico» que opera sin planificación alguna a largo plazo.
Más allá de la securitización, más allá de las fronteras
El proyecto de securitización es un proyecto patriarcal porque se configura como un medio de «protección» cuando en realidad es un método de control que aumenta y consolida disparidades de poder y deja poco espacio a la negociación. En definitiva, la securitización es una forma de mantener estructuras de dominación y de reproducirlas en todo momento. En el ámbito de la política migratoria, es un intento de reforzar un modelo construido, desactualizado e imperial, basado ante todo en las fronteras. La cuestión de las fronteras -nacionales y externas- aparece una y otra vez en muchos ámbitos y no sólo referida a los refugiados; se trata de un sistema que hay que criticar y volver a imaginar. Como Alhassen señala: «El problema es el Estado-nación. No la refugiada. La refugiada se convierte en un problema porque interrumpe y atraviesa las fronteras. La refugiada representa un cambio radical. Es un estado del devenir». De hecho, la refugiada, en su existencia liminal, se halla en un estado del devenir y está también preparando la llegada de un mundo diferente.
Zeinab Khalil está especializada en estudios de desarrollo crítico, gobernanza global y relaciones Estado-sociedad civil en Oriente Medio y África del Norte. Licenciada en Estudios Modernos de Oriente Medio y Estudios de Género por la Universidad de Michigan. Máster en Relaciones Internacionales y Políticas Públicas por la Universidad de Yale. Es fundadora del Proyecto QUWA, un colectivo de organización política y antiviolencia para mujeres desplazadas de lengua árabe. Ha vivido anteriormente en Turquía donde trabajó con refugiadas. Ha trabajado en Nazra for Ferminist Studies, The Century Foundation, el Programa de Desarrollo de la ONU. Actualmente trabaja con Open Society Foundations. Sus investigaciones se centran en las políticas de género en las organizaciones internacionales así como en los mecanismos de securitización en la sociedad civil.
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