El 18 de julio se han cumplido dos años del operativo «Donosti», llevado a cabo por la Agencia Oficial de Inteligencia (AFI) mexicana contra distintos ciudadanos vascos en distintos lugares de México y del País Vasco. Manuales para la realización de armas químicas, detonadores para utilizar en el Estado español, que lo encontrado era oro […]
El 18 de julio se han cumplido dos años del operativo «Donosti», llevado a cabo por la Agencia Oficial de Inteligencia (AFI) mexicana contra distintos ciudadanos vascos en distintos lugares de México y del País Vasco. Manuales para la realización de armas químicas, detonadores para utilizar en el Estado español, que lo encontrado era oro puro para las autoridades españolas, decenas de policías federales por todo el país, la imagen de los detenidos en todos los diarios de México, Estado español y Euskal Herria … Han pasado dos años, y es hora de, cuando menos, realizar un nuevo balance de la situación.
Contexto del Operativo «Donosti»
José María Aznar convirtió en delictivo todo lo referido al independentismo vasco. El Partido Popular cambió la visión que hasta entonces había tenido el Estado sobre el conflicto vasco, y decidió, a través de esos nuevos lentes, que todo era ETA. Abogados, medios de comunicación y sus directores, cargos públicos, militantes sociales, militantes juveniles, sindicalistas, todo pasó a formar parte de la ilegalidad, todo era ETA y todo había de ser perseguido. Y en México, dentro de esa lógica represiva se atacó a la colectividad vasca, a los pocos exiliados políticos que quedan ya de los que llegaron a principios de los 80, para aportar a ese camino de represión que no buscaba otra cosa que la decepción y el pesimismo se apoderarán de las ansías de libertad de los luchadores sociales en Euskal herria, con el fin de finalizar la lucha por la autodeterminación. El mensaje era claro, no podrán nunca, ni con las armas ni sin ellas, conseguir la independencia del País Vasco, por lo que lo mejor es que desistan. En este caso, va a ser la primera vez que se va a criminalizar la existencia de un colectivo de exiliados políticos a nivel colectivo, criminalizando la solidaridad económica llevada a cabo entre ellos o incluso penalizando el haber hecho un «dinerillo» en el exilio.
La preocupación y la solidaridad
La puesta en marcha de un operativo de escasos precedentes en el país azteca, despertó la preocupación de muchas y muy distintas personas tanto en México como en el País Vasco. Desde el independentismo vasco así como desde incluso la democracia cristiana vasca (a través de su vocero en el parlamento español, Iñaki Anasagasti) se criticó el operativo. En México, pronto se empezó a armar una corriente de solidaridad por distintos motivos; algunos promovidos por su simpatía hacia las luchas de las naciones oprimidas, otros por su simpatía a la causa vasca, y algunos otros, porque veían que el papel de la política exterior mexicana podía quedar en entredicho al participar de manera activa en defensa de una de las partes en conflicto en un problema externo. Una última cuestión ha ayudado a conseguir adhesiones tanto a la defensa como al grupo de solidaridad: ¿Por qué habiendo supuestamente cometido los delitos en México, no han sido juzgados en México?
En el largo camino de construcción de una solidaridad lo más amplia posible, han convergido distintos sectores y personas más o menos públicas del país, bien a través de la redacción de artículos de opinión o bien a través de su presencia en algunas ruedas de prensa; sólo por mencionar algunos de ellos, los columnistas de medios de prensa escritos, Carlos Fazio, Gilberto López y Rivas, Humberto Mussachio, Marcelino Perelló, Granados Chapa o Carlos Montemayor; personas vinculadas a la política como Cuauhtemoc Cárdenas Solorzano, Gustavo Iruegas, e incluso diputados y diputadas en activo tanto del PRD como del Partido del Trabajo; también como no mencionar Doña Rosario Ibarra de Piedra, infatigable compañera que no ha desaprovechado ocasión alguna para manifestar su adhesión al pedido de libertad de los ciudadanos vascos; periodistas de muy distintos medios de comunicación que han abordado la problemática, desde Reforma, Milenio, La Jornada, Excelsior, El Universal, Radios, al gunas televisiones; aprovechemos este breve repaso para recordar a dos personas que han fallecido en estos dos últimos años y que se habían acercado a conocer el proceso de los vascos, como son Horacio Labastida y el exprocurador del Distrito Federal, Samuel del Villar.
Sin toda esta solidaridad, el largo periplo de más de dos años que los seis ciudadanos vascos llevan en prisión, hubiera sido sin duda alguna mucho más duro.
Situación del Sumario
Dos años después el Sumario continúa secreto en el Estado español, en México se ponen mil objeciones para poder analizar el sumario que hay en la PGR, en definitiva, se sigue obstruyendo el derecho de defensa que tienen los detenidos. Ahora bien, por lo que hemos podido ver del sumario, observamos que ya no hay delito alguno relacionado con armas químicas, que no hay detonadores comprados en México, que todo lo que a Macedo de la Concha le pareció oro puro no es más que un efecto óptico creado dos días antes del operativo en Los Pinos, donde se reunieron Garzón, Macedo de la Concha y el propio Vicente Fox.
A día de hoy, los seis presos (Asier Arronategi, Jon Artola, Felix García, Ernesto Alberdi, Joseba Urkijo -Reclusorio Preventivo Norte- y Axun Gorrotxategi -Prisión de Santa Marta), continúan en prisión en espera de lo que resuelva la Corte Suprema de México, respecto a la extradición. Siguen acusados de blanqueo de dinero, obtención de fondos para organización terrorista y pertenencia a organización terrorista. Las acusaciones no se mantienen. Por ser parte de un colectivo de exiliados políticos son miembros de ETA, por enviar dinero a sus familias están blanqueando dinero, por ayudarse economicamente entre ellos están financiando a ETA. Y casualidad, el único delito que está probado en dos de los detenidos, el de falsficación documental, pues Urkijo y Alberdi vivían con identidad falsa en el país, no se estima y queda fuera de la extradición.
La Suprema Corte de Justicia de la República, ha de resolver sobre las cuestiones de fondo jurídico, relativas a la inconstitucionalidad del Tratado de Extradición y sus posteriores modificaciones, así como de la inconstitucionalidad de todo el procedimiento llevado a cabo contra los ciudadanos vascos. Cuestiones como el de la jurisdicción competente para llevar adelante la investigación (en función de la legislación mexicana, los propios tribunales penales de México), cuestiones como el requisito de necesidad de doble tipicidad, el peligro de que su situación empeore en caso de ser extraditados por su ideología política (no olvidemos que a todos los presos políticos vascos, condenados o preventivos se les aplica la ilegal política de dispersión), estas cuestiones han de ser vistas con ojos distintos por los Ministros que integran la Suprema Corte en México. En nuestro parecer, sólo cabe confiar en que la extradición sea denagada.
Situación actual en el País Vasco
Dos años después de aquel operativo, en el País Vasco y en el Estado español se atisban movimientos que apuntan a la posibilidad de que se pueda dar apertura a un proceso que resuelva el conflicto político que ha hecho que en los dos últimos siglos miles de vascos se hayan visto obligados a luchar por distintas vías en defensa de sus derechos. Un proceso todavía no iniciado pero cuyos pasos previos se pueden estar dando. La voluntad por parte de ETA ha sido puesta de manifiesto en distintos comunicados donde incluso ha llegado a cerrar lo que llamaba frente de los cargos públicos del PSOE y del PP.
Es hora de trabajar en buscar una salida al laberinto del conflicto político vasco, y para ello, es hora ya de dejar las vías represivas de lado. Si México y sus autoridades quieren aportar en la resolución del conflicto político, que lo hagan en otras claves, y no en claves represivas.
* Joseba Agudo Manzisidor. Abogado en el País Vasco de los seis ciudadanos vascos presos en México.