El protagonismo que algunos medios de comunicación occidentales otorgan a la líder opositora Aung San Suu Kyi contrasta con el silencio que mantienen ante la situación de los otros dos mil presos políticos que existen en Myanmar.
La condena de dieciocho meses de arresto domiciliario a la líder opositora Aung San Suu Kyi ha traído la respuesta inmediata de la comunidad internacional, que apuesta por el aumento de la presión y el embargo sobre un régimen que, como apunta el autor, tiene su propia hoja de ruta.
En este nuevo escenario que se avecina, y sobre el que de nuevo ha quedado de manigiesto el doble rasero y la doble moral de los actores extranjeros (no hay más que observar su actitud en torno Honduras) se hace más conveniente que nunca huir de una mirada sencilla e intentar aproximarse a la fotografía en su conjunto.
Algunas fuentes extranjeras anunciaban movilizaciones y protestas en Myanmar si se producía una sentencia condenatoria, sin embargo varios analistas apuntaban en la dirección opuesta. El 8 de agosto, una fecha que las protestas y la brutal represión del régimen en 1988 (conocida como 8-8-88), no ha dado lugar a movilizaciones. El temor a que se repita la represión de entonces unido al cansancio de buena parte de la población, más preocupada por cómo sobrevivir cada día, han hecho que la respuesta en la calle no haya sido del calado que algunos esperaban.
Tampoco la política de embargos y sanciones recibe el aplauso unánime. Algunos opositores la defienden como la vía necesaria para acabar con el actual régimen, sin embargo cada vez se oyen más voces que opinan justo lo contrario. Estos últimos señalan correctamente la inviabilidad de esa política de castigo que se ceba fundamentalmente con las clases más desfavorecidas, ya que los dirigentes y su entorno tienen bien cubiertas las espaldas a través de sus múltiples negocios y empresas. Pero es que, además, esa llamada al embargo no es secundada por todos los actores interna- cionales, y potencias como China o Rusia no están por la labor.
Un analista birmano citaba los resortes que el Gobierno utiliza para burlar esas medidas de presión, resaltando su capacidad para «sobrevivir con el comercio y la inversión regional». Además, sostenía que los intentos de aislar a Myanmar del exterior siguen jugando a favor del régimen, que no tiene que evitar o contrarrestar las influencias que podría recibir la población a través de los turistas o de otro tipo de contactos con el exterior.
Los cambios que se avecinan son para algunos «los más importantes en los últimos veinte años», y las transformaciones administrativas coinciden con un importante relevo generacional en las Fuerzas Armadas.
Paralelamente, en el país se pueden observar algunos cambios. A pesar de la tragedia que supuso el ciclón Nargis, los kilómetros de carretera asfaltada han aumentado considerablemente, se pueden ver construcciones modernas en Yangon e, incluso, el sector de las telecomunicaciones se ha extendido y abaratado.
También es cierto que buena parte de todas estas mejoras sólo las disfrutan los «nuevos ricos locales», muchos de ellos de origen chino, como por el entorno de los militares y algunos extranjeros ligados a organismos de desarrollo y cooperación.
La Junta Militar tiene su propia hoja de ruta. El pasado referéndum para aprobar una nueva Constitución, junto a las elecciones del próximo año son clave para ese plan que tienen preparado los militares birmanos, y que se materializaría en lo que ellos han definido como una «democracia disciplinada».
Hasta entonces, según algunos informes, los actuales dirigentes birmanos podían estar preparando «un Gobierno interino liderado por civiles y que ejercería el poder administrativo hasta la cita electoral». Con la reciente sentencia contra Suu Kyi eliminan de la escena a uno de sus mayores rivales de cara a esas elecciones, al tiempo que intentarán marginar, en cierta medida, a la líder opositora y a su partido político, la Liga Nacional por la Democracia (LND).
Lo cierto es que los militares birmanos podían estar mirando con atención la llamada transición de algún Estado europeo en el pasado, ya que su intención es dejarlo todo bien atado, y a pesar de darle un barniz supuestamente democrático a la futura Myanmar, ellos seguirían controlando las riendas y los resortes económicos y políticos del país.
El movimiento opositor tampoco pasa por sus mejores momentos. La presencia de decenas de grupos y alianzas, muchas de las cuales operan exclusivamente desde el exterior, suscita a veces divergencias importantes y de calado estratégico. Una de ellas es la de participar o no en el próximo proceso electoral.
Los partidarios de tomar parte alegan que puede ser la fórmula para salir del actual impase de enfrentamiento con el régimen, y que se deberían utilizar «las elecciones como una oportunidad para ganar cierto espacio político y profundizar luego en mayores cambios democráticos». Dentro de la propia LND hay quien lleva tiempo apostando por entablar negociaciones con los dirigentes birmanos, mientras que otros grupos opositores, cansados del excesivo protagonismo de Suu Kyi y de su partido señalan que ha llegado la hora de cambios en la dirección de la oposición, como vía para superar el atasco político actual.
Esa diversidad de grupos, cada uno con sus propias demandas, agendas e, incluso, con sus diferencias étnicas, puede acentuarse conforme se acerque la fecha de las elecciones y puede hacer que muchas de las voces más «pragmáticas» de la actual oposición corran a pactar algún tipo de acuerdo con los militares para participar y lograr algún tipo de gestión en el futuro.
Las demandas de las diferentes etnias es otro de los aspectos que se suele ocultar. La Junta Militar ha sabido utilizar todos los resortes a su alcance para acabar con las demandas de los grupos étnicos sujetos al Estado birmano. Las divisiones entre quienes mantienen un alto el fuego y los que han pasado a colaborar con los militares para perseguir a quienes siguen practicando la lucha armada; la guerra sucia y una política de aniquilación de los líderes rebeldes por parte del régimen; o la política de tierra quemada contra las comunidades rebeldes, son algunas de las prácticas contra buena parte de las etnias de la región.
Cualquier solución al futuro de Myanmar pasa necesariamente por afrontar y resolver las demandas de estos pueblos, y todo intento de avanzar hacia una democratización del país deberá hacer frente a dichas demandas.
El protagonismo que algunos medios occidentales otorgan a Suu Kyi, contrasta con el silencio que mantienen ante la realidad de otros dos mil presos políticos en Myanmar. Además, algunos de los actores extranjeros que apuestan por una «transición hacia la democracia» en Myanmar están en realidad defendiendo un cambio de régimen liderado por personas afines a sus propios intereses.
Mientras tanto, la mayoría de la población birmana sigue pagando los efectos de un sistema que ha permitido la corrupción y ha desarrollado un plan económico desastroso, y a día de hoy su preocupación principal sigue siendo cómo sobrevivir. La esperanza de un verdadero cambio para esa mayoría social pasa necesariamente por una transformación política y económica, y la mayoría de los modelos que a Occidente le gustaría ver implantados en Myanmar no solucionarían esas demandas.
http://www.gara.net/paperezkoa/20090813/151640/es/Sentencias-sanciones-Myanmar