
En Honduras, como en otros países latinoamericanos de democracia incipiente, se ha institucionalizado entre dirigentes políticos y diputados al Congreso Nacional, la práctica de interpretación de la Constitución y demás Leyes conexas para beneficio propio y del partido en el gobierno. Algunos diputados constitucionalistas lo consideran como una práctica corrupta, y otros como una forma de enfrentar a sus oponentes y salir vencedor al aprobarse leyes, decretos y nombrarse funcionarios de gobierno sin el consenso requerido.