El terrorismo de Estado en el Cono Sur es responsable de por lo menos cincuenta mil asesinatos, 35.000 desaparecidos y 400.000 encarcelamientos durante la década de los setenta. A ello hay que añadir cuatro millones de exiliados y refugiados políticos. Una cifra que muestra el nivel que tuvo la masacre ocurrida hace 30 años de […]
El terrorismo de Estado en el Cono Sur es responsable de por lo menos cincuenta mil asesinatos, 35.000 desaparecidos y 400.000 encarcelamientos durante la década de los setenta. A ello hay que añadir cuatro millones de exiliados y refugiados políticos. Una cifra que muestra el nivel que tuvo la masacre ocurrida hace 30 años de la que fueron víctimas los pueblos de esta parte del continente, a lo que habría que agregarle los ciudadanos torturados y flagelados, que elevan las cifras de las violaciones de lesa humanidad a niveles insoportables
Estos datos no son nuevos y muchos los deben conocer, porque fueron el resultado de la etapa, quizás la más oprobiosa de nuestra historia, en la cual las Fuerzas Armadas, metidas en una cruzada mesiánica – apuntalando los dictados del Departamento de Estado – fueron artífices de la enorme felonía de conculcar las libertades, asesinar, secuestrar, torturar y robar, para defender -decía su discurso falso y apátrida – al occidente cristiano de la agresión comunista, subversiva y terrorista.
Entonces aparece como necesario que este proceso que está encabezando el gobierno progresista de esclarecimiento de lo ocurrido, termine con un avance de la justicia sobre el oscurantismo y la impunidad. La pretensión que culmine «sin vencidos ni vencedores», como sostuvo el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, está algo fuera de contexto en un proceso histórico donde tal como está probado, no hubo enfrentamiento entre contenientes, porque la acción de los criminales amparados por el Estado se produjo cuando la organización armada, el MLN (Tupamaros) estaba objetivamente derrotada y sus máximos dirigentes purgaban en aljibes y otros lugares de detención de parecido nivel de inhumanidad, sus acciones.
Porque aquí todo está claro ¿Quiénes fueron los contendientes? No se trató de dos ejércitos que se enfrentaron en el campo de batalla. Nada de eso. Fueron Fuerzas Armadas represivas, que utilizaron la Doctrina de la Seguridad Nacional como estructura metodológica para sus brutalidades y su intento de encubrimiento.
¿Cuáles fueron los otros contendientes? ¿Esos rehenes que pasaron años metidos en mazmorras infamantes o en esos aljibes, a los que solo los pudieron lanzar mentes enfermas? ¿Los políticos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinados por el Plan Cóndor en Buenos Aires? ¿La nuera de Juan Gelman?, ¿La maestra Elena Quinteros?, ¿Los militares sociales asesinados en las unidades militares cuyos cadáveres fueron enterrados en cementarios clandestinos? ¿Cuáles fueron los contendientes de las Fuerzas Armadas para que se diga que no debe haber ni vencidos ni vencedores?
El sociólogo francés Franck Gaudichaud (1) define en un libro de reciente aparición a la Operación Cóndor como «un terrorismo de estado transnacional dirigido hacia el aniquilamiento de los movimientos revolucionarios y como una herramienta para imponer nuevas formas de acumulación de capital o sea imponer y reforzar el sistema capitalista neoliberal en América Latina«.
Lo que ya supone – como sostiene el periodista Pascual Serrano (2), «incorporar un elemento muchas veces ignorado, que es la estrecha e indivisible relación entre aquel genocidio y el sistema económico dominante»
Gaudichaud, doctor en Ciencias Políticas, insiste en otra tesis fundamental: «El terrorismo de Estado no se resume en una lucha contra las organizaciones revolucionarias. Más bien, las luchas contra militantes sirve también de pretexto para ejercer una acción coercitiva sobre el conjunto de la sociedad y así instaurar o mantener un orden social autoritario y desigual»
La obra «Operación Cóndor. Notas sobre el terrorismo de Estado en el Cono Sur» tiene muchos valores añadidos, dice Serrano. Para empezar, un prólogo de Martín Almada, el abogado y víctima de la represión en Paraguay que descubrió, en 1992, los mayores archivos secretos sobre las masacres. También una entrevista en la que revela algunos datos fundamentales y no se consideran habitualmente. El primero, que «el pacto criminal del Cóndor no surge de América Latina, sino de los Estados Unidos. Para mí, Kissinger es el primer terrorista y no Ben Laden, ése es el número 2«, afirma Almada. Pero esto no lo dice sólo una víctima de la Operación Cóndor. El pasado 20 de noviembre, en el diario madrileño El País, al juez chileno Juan Guzmán Tapia, que procesó al dictador le preguntaron: «¿Hubiera habido que procesar a Henry Kissinger?». Su respuesta fue: «Hubiera sido muy importante. Kissinger merece el mismo juicio que Pinochet«.
Pero la otra gran afirmación de Martín Almada es que «el Cóndor sigue volando» y revela documentos que muestran cómo en 1997 los militares del Cono Sur seguían compartiendo información sobre activistas de izquierda. Militares que continúan reuniéndose en la Conferencia de Ejércitos Americanos con la complicidad de los actuales presidentes. He aquí dos razones más para seguir recordando la Operación Cóndor.
En el libro de Gaudichaud se explica el origen de la operación de genocidio en América Latina. Una de las justificaciones -afirma el autor- fue lo que los militares llamarían «la necesaria lucha contra la subversión«. Y explica textualmente el autor: «la figura terrorista es poco a poco asimilada y confundida por las diferentes dictaduras con cualquier persona que haya sido vinculada con organizaciones sociales y políticas, algunas veces trabajando únicamente en barrios populares o simplemente teniendo posturas de oposición…«.
Entonces, como se ve, todo estaba justificado. Eran terroristas Michelini y Gutiérrez Ruiz, Elena Quinteros, la nuera de Juan Gelman, secuestrada en la Argentina y asesinada en Uruguay luego de que diera a luz una niña, eran terroristas los tupamaros, pero también los comunistas, los socialistas, los militantes sociales, del PVP, anarquistas, de las GAU, blancos – que también conocieron las capuchas en las mazmorras militares y policiales – y, por supuesto, los dirigentes sociales, pasando por los sindicales, etc.
Todos eran (lo fuimos por nuestra condición de civiles y uruguayos) terroristas. Los que fueron perseguidos y vivieron el oprobio de la cárcel o el exilio, los que fueron detenidos y torturados – como método excluyente de interrogatorio – , quienes fueron asesinados y sus cuerpos continúan desaparecidos, pulverizados en el marco de una «operación zanahoria», mecanismo final de encubrimiento, intentando a que no se supiera nunca más lo ocurrido.
Sin embargo las pruebas han comenzado a aparecer, por más que han existido informaciones torcidas, destinadas a oscurecer la verdad.
Allí están los esqueletos de ciudadanos que seguramente, luego de las pericias técnicas, serán identificados. Huesos aislados de otros que quizás también sirvan con la utilización de las tecnologías del ADN, para avanzar en un camino hacia la verdad por el cual ya no se podrá volver atrás.
(*) Periodista, secretario de redacción de Bitácora.
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«Operación Cóndor. Notas sobre el terrorismo de Estado en el Cono Sur». Franck Gaudichaud. Editorial Sepha. 2005. http://www.editorialsepha.com
2) Periodista. Página alternativa Rebelión