Una coalición de los sindicatos más importantes y combativos de esta isla caribeña, junto a los principales grupos de izquierda, ha dado un ultimátum al gobierno de la colonia para que resuelva la presente crisis fiscal o enfrente un paro general tan pronto como el martes de esta semana. El pasado primero de mayo -precisamente […]
Una coalición de los sindicatos más importantes y combativos de esta isla caribeña, junto a los principales grupos de izquierda, ha dado un ultimátum al gobierno de la colonia para que resuelva la presente crisis fiscal o enfrente un paro general tan pronto como el martes de esta semana. El pasado primero de mayo -precisamente el día internacional de los trabajadores- el gobernador de la colonia estadounidense despidió a cerca de noventa y cinco mil trabajadores públicos, alegando que no había fondos para continuar pagando la nómina. Desde entonces, la isla vive un clima de agitación política, caracterizado por marchas continuas de trabajadores y la movilización de contingentes exagerados de policías para reprimir las mismas. Los sindicatos iniciaron enseguida una campaña de llevar sus protestas a los centros bancarios y comerciales más importantes de San Juan, donde reside la verdadera causa del problema. Varias compañías estadounidenses -como McDonalds’- han sido blanco de la rabia popular.
La crisis fiscal no tomó a nadie por sorpresa. El gasto estatal se disparó en la isla en la década de los noventa del siglo XX como resultado de una política completamente malsana de privatizarlo todo. Hoy la deuda estatal de Puerto Rico a los bonistas de Wall Street asciende a cuarenta mil millones de dólares. El servicio de esa deuda se trepa a tres mil seiscientos millones de dólares anuales. Además, Puerto Rico tiene una de las legislaturas más costosas y corruptas en el hemisferio occidental. Cualquier legislador de la isla se gana sobre cien mil dólares anuales. Los sindicatos, particularmente de las empresas estatales, no se quedaron con las manos quietas y en 1998 organizaron una huelga de pueblo para responder al intento del gobierno de privatizar la industria de las comunicaciones. A pesar de que ello dio paso a una de las movilizaciones obreras más impresionantes en la historia de la isla, la respuesta de los trabajadores no llegó muy lejos por las divisiones entre los líderes obreros, algunos de los cuales asumieron posiciones de traición a su propia clase. El gobierno privatizó las comunicaciones y el servicio de agua. Lo que se vive hoy es el segundo capítulo de la misma pelea. Los bonistas de Wall Street, acreedores de la gigantesca deuda estatal de la isla, continúan presionando al gobierno para que adopte medidas fiscales basadas en un 7% de impuesto al consumo de bienes de vida y reduzca drásticamente la nómina estatal. Los sindicatos más combativos -en la educación y energía eléctrica- han rechazado la postura del gobierno y exigen que la crisis la paguen los ricos, en particular las compañías extranjeras.
El reclamo de los trabajadores de que la crisis fiscal la paguen los ricos está cobrando fuerza en todos los sectores de la población. Además, va al meollo del conflicto económico que hoy ha despertado al proletariado boricua. Desde mediados del siglo XX, el gobierno de Puerto Rico ha seguido una política claramente neoliberal de fomentar las inversiones por multinacionales estadounidenses, confiriéndoles gigantescos subsidios de energía y agua, a la par que eximiéndolas del pago de contribuciones. Esto ha llevado a que la isla sea un verdadero enclave de la industria farmacéutica más avanzada, que exporta casi el cien por ciento de lo que produce, contamina mucho, no contribuye al fisco y paga bajísimos salarios. Además, estas compañías no reinvierten absolutamente nada en la isla, sino que exportan sus ganancias a Estados Unidos. Se calcula que en el año 2005, por ejemplo, el monto de ganancias repatriadas por compañías estadounidenses en la isla ascendió a la friolera de treinta mil millones de dólares. Simultáneamente, el poder adquisitivo de la clase obrera ha venido cayendo en picada, entre otras cosas por la masividad del desempleo estructural, que probablemente afecta al 50% de las personas en condición de trabajar.
Todo lo anterior, ocurre en el marco de un régimen político y administrativo completamente anacrónico. La legislatura y el gobernador colonial no tienen poder alguno para legislar medidas que contengan la rapacidad de los grandes monopolios extranjeros. En todo caso, la raquítica burguesía puertorriqueña, localizada principalmente en las áreas intermediarias del comercio -y controlando quizás un 2% de la economía- es una aliada incondicional del capital extranjero. Es precisamente del malgasto y la corrupción ligada al presupuesto estatal de donde la burguesía local deriva muchas de sus fuentes de ingreso. Completamente corrupta y entregada a la trampa como medio fundamental de vida, la clase dominante local carece de proyecto alguno que pueda interesar a los trabajadores. Recientemente, ante la oleada de protestas obreras, varios representantes políticos de la burguesía se encerraron en la legislatura a jugar juegos electrónicos con sus computadoras portátiles, mientras cientos de policías armados, perros alemanes y una valla de cemento contenían a miles de maestros y maestras indefensos que reclamaban volver a sus trabajos. Como en toda fase final de colapso de un régimen históricamente anacrónico, el nivel de enajenación de los representantes políticos de la burguesía puertorriqueña ha adquirido niveles grotescos. De ahí que, en medio de la crisis, se las pasen organizando rezos y plegarias en el salón principal de la legislatura, saliendo como mozalbetes a comer pizza en grupos e imitando ante las cámaras los programas de televisión importados de Estados Unidos, en particular los personajes de la serie West Wing.
El verdadero factor que mantiene aún con vida al régimen colonial puertorriqueño en medio de esta crisis es la permanencia de divisiones profundas en el seno del movimiento obrero y en la izquierda. Si bien las principales uniones del país -el sindicato de maestros, que agrupa a 40,000 empleados estatales, y la unión de obreros de energía, que agrupa a más de cinco mil- han logrado articular a su alrededor a una coalición vigorosa de grupos y organizaciones radicales, hay todavía un sector incluso de los propios empleados públicos que se han alineado con la burguesía. El punto central de divergencia es el impuesto sobre el consumo de la clase obrera, pues algunas uniones accederían al mismo a cambio de que el gobierno reabra sus puertas. Se trata, en el caso colaboracionista, de algunas uniones afiliadas a la corrupta y ya desacreditada AFL-CIO, que se adhiere como rémora a sindicatos en la isla con el sólo propósito de sacarle cuotas a los obreros y pagarle salarios exorbitantes a sus burócratas. El dirigente de la AFL-CIO en Puerto Rico -un país de pobreza extrema- devenga sobre ochenta y cinco mil dólares anuales de salario.
Una sombrilla o coordinadora de sindicatos progresistas ha venido vendiendo con bastante éxito la idea de unidad obrera en contra del impuesto -así como el desplazamiento de la carga fiscal sobre las compañías extranjeras- pero todavía falta mucho por hacer, dada la presencia de líderes oportunistas en algunas uniones. El gobierno apuesta a que las uniones de vanguardia y los socialistas no lograrán movilizar a los trabajadores del sector privado. No obstante, entre estos últimos también hay un gran malestar por el elevado costo de vida -lo que se complicaría con el impuesto- y la inercia del gobierno ante problemas como la salud, la educación y los servicios.
El llamado a un paro general en Puerto Rico plantea interrogantes interesantes tanto para la burguesía como para la clase obrera. Se trata de un paro que se decreta cuando el gobierno ya ha cerrado sus puertas, lanzando a la calle a decenas de miles de trabajadores. Nadie sabe a ciencia cierta cómo reaccionará en los próximos días el sector privado de la economía, donde por ejemplo apenas existen uniones, salvo en el área de los transportes. Los tronquistas, la unión privada más poderosa del país, sí se han unido al llamado al paro. Pero el grueso de los trabajadores de las farmacéuticas, las industrias menores y el comercio están fuera del ámbito sindical. Wal-Mart, dicho sea a de paso, el pulpo rapaz por excelencia, monopoliza la distribución de bienes de vida en Puerto Rico, incluyendo la comida.
La izquierda, por su parte, no ha logrado superar muchas de las divisiones provocadas por el fracaso de la huelga de 1998. Paradójicamente, existen grupos revolucionarios que permanecen simultáneamente muy activos con los sectores de vanguardia de la clase obrera, pero que no se relacionan muy bien entre sí por rencillas ligadas al protagonismo y visiones ideológicas sectarias. En los últimos días se ha hecho un esfuerzo por superar este estado de cosas. No obstante, la verdadera prueba será el martes, pues el paro general no va a surtir efecto si no logra movilizar a la masa de la población, incluyendo a los desempleados, los trabajadores de la industria privada y la pequeña burguesía comercial. No es que no existan cuadros socialistas capacitados en la isla -en particular de orientación marxista y trotskista- es que no se comunican unos con otros y pelean agriamente. Estas divisiones no impidieron el triunfo sobre la Marina estadounidense en el año 2003, gracias a la movilización espontánea de la gente. Quizás eso ocurra nuevamente aquí y triunfemos sin unirnos. A veces la suerte llama dos veces corridas a la misma puerta. Pero un día de estos, la suerte va y se nos acaba.