El ex presidente del Perú Alberto Fujimori está cerca de terminar sus últimos años de vida en prisión. Si el Tribunal que lo juzga por crímenes de lesa humanidad le hace caso al pedido fiscal, el ex hombre fuerte del Perú debería quedar en libertad recién cuando cumpla 97 años. «Ni olvido ni impunidad. No […]
El ex presidente del Perú Alberto Fujimori está cerca de terminar sus últimos años de vida en prisión. Si el Tribunal que lo juzga por crímenes de lesa humanidad le hace caso al pedido fiscal, el ex hombre fuerte del Perú debería quedar en libertad recién cuando cumpla 97 años.
«Ni olvido ni impunidad. No se trata de venganza por las víctimas cruelmente asesinadas. Queremos que se cierre esta herida que aún se encuentra abierta», dijo el fiscal José Peláez Bardales, en su alegato del pasado jueves, al ratificar el pedido de 30 años de cárcel para Alberto Fujimori, presidente del Perú entre 1990 y 2000, la década neoliberal en el continente, que en Perú tuvo un sesgo especial: terrorismo de Estado ejercido por un mandatario elegido en elecciones libres.
El fiscal aseguró que en el juicio se recolectó un «abundante material probatorio» del que se desprende «la culpabilidad de Fujimori», sin que exista «ninguna circunstancia que podría considerarse atenuante».
Al ex mandatario se lo acusa por el homicidio calificado de 25 personas, lesiones graves de 4 personas y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, en los casos conocidos como «La Cantuta», «Barrios Altos» y «Sótanos del SIE». En el juicio se demostró que los ejecutores de estos crímenes fueron integrantes del Ejército del Perú, avalados por el Poder Ejecutivo.
Para el fiscal, estos crímenes se ejecutaron desde una estructura de poder militar clandestina (el llamado «grupo colina»), creada y ordenada por Fujimori. «Él es el principal responsable, pues estaba a la cabeza del aparato de poder que impuso».
«El fiscal ha tratado de ser exhaustivo y explicativo ante la sala y ha logrado establecer nexos importantes entre Fujimori y la estructura de poder organizado y como se relacionaba con el brazo armado y ejecutor de esta organización criminal. Es importante que le quede claro a la sala, cómo era imposible que Fujimori no conociera los hechos cuando lideraba este aparato de poder, que precisamente generó las condiciones para que ocurrieran deliberadamente», opinó Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú, una ONG que sigue de cerca el caso.
Cano agregó que el propio Fujimori decía que públicamente que era él quien lideraba personalmente la estrategia contrasubversiva y que siempre se le mantenía informado de todo: «No solo conocía todo perfectamente, sino que a sabiendas de que estas personas estaban actuando en diversos operativos, se les dejó actuar, tanto a los que están siendo juzgados en este proceso como a otros involucrados en la eliminación de supuestos blancos subversivos. Se trataba, en efecto, de una política de estado», indicó la abogada.
Los hechos
El 3 de noviembre de 1991, en una casa de Barrios Altos, una zona cercana al casco histórico de Lima, sicarios del «grupo colina» asesinaron a 15 personas y dejaron a otras 4 con heridas graves, mientras celebraban una comida para recaudar fondos con el fin de reparar algunas tuberías de desagüe. Una de los muertos era un niño. Según el gobierno, se trataba de una «reunión de subversivos».
En la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) irrumpieron en las viviendas de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, en La Cantuta. Nueve estudiantes y un profesor fueron detenidos, luego asesinados y posteriormente enterrados clandestinamente en fosas comunes, que se hallaron varios años después.
El tercer caso porque el Fujimori podría enfrentar una condena de 30 años de prisión es el de las torturas y asesinatos cometidos en los sótanos del SIE. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, el Servicio Nacional de Inteligencia empleaba las instalaciones del Cuartel General del Ejército, conocido como «Pentagonito», como un centro de detención clandestino para los castigos, torturas y ejecuciones a opositores del régimen.
Según los acusadores, Fujimori sabía del uso que se le daba a dicha dependencia además que tenía conocimiento de la estrategia y métodos empleados por las Fuerzas Armadas peruanas en la llamada «lucha contra la subversión», devenida en terrorismo de Estado y excusa para la persecución de opositores.
Para la ficalía, el autogolpe del 5 de abril de 1992 fue planeado y ordenado por el mismo Fujimori para consolidar esa estructura de poder paralela en coordinación con Vladimiro Montesinos, el «monje negro» del mandatario peruano, que enfrenta su propia catarata de juicios por crímenes graves, y que deberá ser investigado también por los casos más graves nombrados arriba.
Ultimos pasos
El 2 de febrero iniciará su alegato final los acusadores y también los defensores de Fujimori. Los primeros reforzarán la estrategia probatoria de la fiscalía, mientras los representantes del ex presidente intentará demostrar que Fujimori no estaba al tanto de los que el ejército hacía clandestinamente.
«Vamos a incidir en algunos elementos de prueba para que el tribunal no solo tenga una mejor posibilidad de contextualizar los sucesos de Barrios Altos y La Cantuta, sino determinar cuál era la real ubicación y el poder de dominio de Fujimori en esos crímenes», dijo Carlos Rivera, abogado del Instituto Legal y representante de las víctimas. indicó también que las matanzas no fueron hechos aislados, sino que conformaron una estrategia en las sombras del Estado.
Se prevé que la defensa de Fujimori inicie su exposición el 11 de febrero y termine el 4 de marzo, organizada en dos audiencias por semana, El acusado hará su propia defensa personal, en los primeros días de marzo, y la sentencia se espera para la tercera semana del mismo mes.
Aunque los acusadores aseguran que las pruebas contra Fujimori son irrefutables, la justicia peruana ya obró con alarmante morosidad en el caso. Hace pocos días,Ángel Pino Díaz y Douglas Arteaga Pascual, dos integrantes del grupo colina, recuperaron su libertad porque la Fiscalía de Derechos Humanos se demoró demasiado en presentar la acusación, y aunque en el caso de Pino Díaz mediaban otras denuncias por crímenes de campesinos de humildes caseríos.