En 2010 la Red de Economistas de Izquierda (que yo integro) publicó un libro que fue muy vendido. Su título: «La torta y las migajas». En él se difundía un dato de la realidad que había sido cuidadosamente soslayado por la prensa económica y que lo seguiría siendo en adelante: entre 2003 y 2009 los […]
En 2010 la Red de Economistas de Izquierda (que yo integro) publicó un libro que fue muy vendido. Su título: «La torta y las migajas». En él se difundía un dato de la realidad que había sido cuidadosamente soslayado por la prensa económica y que lo seguiría siendo en adelante: entre 2003 y 2009 los terratenientes de este país, entendiendo por tales a los propietarios de predios de más de 200 hectáreas se habían enriquecido, por concepto de renta de la tierra y aumento del valor de sus campos, en más de 30 mil millones de dólares.
Aclaremos: que un propietario no tenga un campo arrendado no significa que no perciba la renta de la tierra correspondiente. Formará parte del conjunto de las ganancias que le proporciona la explotación. Esta relación entre ganancia capitalista y renta se transparenta cuando un campo efectivamente se arrienda. Allí el arrendatario percibe una ganancia después de pagar la correspondiente renta de la tierra al propietario.
De igual forma, nuestro sencillo cálculo hace transparente un enriquecimiento (por cierto lícito) de los terratenientes. Si varios fueron propietarios a lo largo del tiempo de un determinado predio agropecuario aquel se habrá repartido entre ellos.
El dato que proporcionó el libro el 2009 causó amplio impacto. No era para menos: esa cifra era en la época del orden del PBI total del país de un año. Y era mayor, asimismo, que la totalidad de la deuda pública Uruguaya sumando capital e intereses.
Pues bien: nos pareció de orden, transcurridos 3 años (los últimos datos sobre precios de arrendamientos rurales y ventas de campos que publica la Dirección de Estadísticas Agropecuarias son los del primer semestre de 2012), actualizar ese enriquecimiento de los terratenientes.
Como sabe cualquier persona más o menos informada que vive en este país los precios de la tierra y los arrendamientos han seguido creciendo. La publicación en diciembre del año pasado de los datos preliminares del Censo General Agropecuario 2011 nos permitió mejorar la representación de la realidad.
Elegimos el año 2003 como base para el cálculo para evitar cualquier acusación de manipulación de cifras. En efecto, el precio más bajo de la tierra que registran las estadísticas de los últimos años es de 2002. En dicho año el promedio de las transacciones se realizó a 385 dólares la hectárea. En el año base el precio fue de 420 dólares.
El resultado: entre 2003 y 2013, por concepto de aumento del precio de la tierra los terratenientes de más de 200 hectáreas se enriquecieron en 46.451 (cuarenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y uno) millones de dólares. Por concepto de renta de la tierra lo hicieron en 13.631 (trece mil seiscientos treinta uno) millones de dólares. El gran total suma 60.082 millones de dólares.
Poniendo los números en perspectiva: esta última cifra es mayor que el PBI de un año del país, que se puede calcular aproximadamente en 55 mil millones de dólares.
En el trabajo citado también estimábamos, basados en las presentaciones anuales que realiza Adrían Tambler, funcionario de OPYPA y que se publican regularmente en los anuarios estadísticos del MGAP, que todo «el campo», incluidos los propietarios de predios menores a 200 hectáreas habían pagado entre 2003 y 2009, 321 millones de dólares por concepto de impuestos a la tierra.
Y que conste: este trabajo sólo consideraba el enriquecimiento de los terratenientes por aumento del precio del activo y renta. No tomaba en consideración las ganancias empresariales derivadas de la explotación del recurso. Para computar los impuestos tomábamos los directamente imputables a la propiedad de la tierra (contribución inmobiliaria, impuesto al patrimonio y aportes patronales al BPS).
De aquel trabajo surgía el dato, ciertamente perturbador: los impuestos pagados por concepto de impuestos a la tierra apenas insumían algo más del 1% del enriquecimiento. 321 millones de dólares sobre más de 30 mil millones.
Pues bien: al actualizar la serie nos da que el pago de impuestos sobre la tierra (contribución inmobiliaria, aportes patronales al BPS e impuesto al patrimonio) entre 2003 y 2012 alcanzará 665 millones de dólares. Lo que representa el 10,42 por mil (prácticamente el 1%) del enriquecimiento en el período.
Si calculamos la proporción del total de los impuestos pagados por el sector agropecuario, (1.711 millones de dólares) ésta monta el 28 por mil del enriquecimiento. O sea, menos del 3%.
El recientemente anulado Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) al ser declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, pretendía recaudar, según los voceros oficiales, unos 60 millones de dólares anuales. La recaudación de dicho impuesto sería destinada al mantenimiento y mejora de la caminería rural, o sea, beneficiaría directamente a los estancieros gravados. En realidad el experto en el tema, Tambler, estimó su recaudación para 2012 en 39 millones de dólares.
El censo agropecuario de 2011 informa que entre 2000 y aquel año han desaparecido 12.400 explotaciones rurales. La inmensa mayoría de ellas menores a 100 hectáreas. Este hecho demuestra la corrección del enfoque cuando realizamos el estudio, hace 4 años acerca del enriquecimiento de los terratenientes. Los predios desaparecidos están casi exclusivamente dentro del sector que no tomamos en cuenta en aquel momento para calcularlo. No es aventurado afirmar que existe una clara relación de causa efecto entre este enriquecimiento desmesurado de los propietarios medianos y grandes de tierra y la desaparición de tantos pequeños.
Y tampoco es casual la relación entre bajísima imposición a la tierra, concentración de la propiedad y desaparición de tantos miles (más de uno por año) de productores.
Cuando los voceros gubernamentales afirman, y lo hacen con frecuencia, que la distribución de la riqueza ha mejorado, faltan claramente a la verdad. Los datos de más arriba son categóricos.
Los propietarios de esta masa de tierra, 15 millones y medio de hectáreas sobre un total nacional de 16,5 millones, y beneficiarios de tal aumento de riqueza, son menos de 14.500 personas y empresas. Nacionales y extranjeras.
La mitad del 1 por ciento de la población del país. Por supuesto, al interior de este selecto grupo el enriquecimiento también está extremadamente concentrado: mientras una trasnacional (UPM) se jacta de tener más de 200.000 hectáreas de tierra, en el grupo hay casi 6.500 propietarios de entre 200 y 500 hectáreas.
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