De los 600 adherentes de un año atrás, solamente 250 acreditados para participar en el IVº Congreso de la Corriente de Izquierda (CI). Apenas 92 se hicieron presentes. Por diversas razones, la mayoría de los militantes, adherentes y votantes [cerca de 11.000 en las elecciones presidenciales de octubre 2004), le dieron la espalda a una […]
De los 600 adherentes de un año atrás, solamente 250 acreditados para participar en el IVº Congreso de la Corriente de Izquierda (CI). Apenas 92 se hicieron presentes. Por diversas razones, la mayoría de los militantes, adherentes y votantes [cerca de 11.000 en las elecciones presidenciales de octubre 2004), le dieron la espalda a una instancia meramente administrativa. Algunos privilegiaron su militancia social, otros eligieron estar en una movilización contra los grupos fascistas. Muy pocos, llegaron con la intención de dar la «última batalla» para defender la versión original del «proyecto radical».
No hubo pre-congreso, es decir, no hubo (como en las tres ocasiones anteriores) un debate político amplio y democrático, y algunos de los documentos puestos a votación se distribuyeron fuera de todo plazo estatutario. Fue el Congreso con menor participación. Lo que se anunciaba como un fin de semana «fermental» con «ricos debates» e intercambio unitario, tuvo la carátula burocrática de trámite urgente. Decenas de expulsiones se produjeron en el propio Congreso. En tiempos no tan lejanos se le llamaba a esto purga política. Esta vez se disfrazaron bajo el eufemismo de la «auto-exclusión», con el ridículo argumento de «preservar la organización» de los «trotskistas» y «violentistas». Finalmente, una «mayoría» de 58 contra una «minoría» de 30, saldó el diferendo.
Entre los expulsados están miembros de la anterior dirección nacional, sindicalistas, activistas barriales, feministas y militantes del interior del país. Y todo el Frente Juvenil: los jóvenes rebeldes no solo apoyaban una línea de continuidad radical, sino que habían tenido la osadía de proponer la legalización del consumo de marihuana.
El sábado 20, algunas horas después de comenzada la «instancia soberana», algo más de 50 congresales elegían una nueva dirección de 40 miembros. Caía, entonces, el telón de un Congreso denominado «Enrique Erro y Alba Roballo» (dos fundadores, ya fallecidos, del Frente Amplio en 1971, ambos provenientes del ala nacionalista-progresista del Partido Nacional y el Partido Colorado). Todo un símbolo. Las primeras reacciones fueron las normales: indignación, protestas, cuestionamientos a la «legitimidad» de lo resuelto y renuncias. Como para confirmar que fue el último Congreso de la CI.
Radicales y «ultras» derrotados
Ya lo había advertido el tupamaro Eduardo Bonomi (futuro ministro de Trabajo): el principal «peligro» son los «ultras» y sus acciones «desestabilizadoras». Por las dudas, otros dirigentes del Frente Amplio e incluso de la corporación médica (en conflicto con los trabajadores de la salud privada), removían los fantasmas sobre el «sectarismo mirista» en el gobierno de Salvador Allende. Si alguien pensaba que el sabotaje contrarrevolucionario podría venir de la derecha política, los militares, las clases propietarias y el imperialismo, estaba completamente equivocado.
Por su parte, El País, principal diario de la derecha, informaba en una nota del 17-2-05 que en el Frente Amplio se especulaba con los resultados del Congreso de la CI: el ofrecimiento de cargos en la nueva administración estaba condicionado al alcance de la «depuración» interna. El lunes 21, terminado el Congreso: el mismo diario destacaba: «La expulsión de estos dirigentes de la Corriente de Izquierda a pocos días del inicio del gobierno del Frente Amplio, fue valorada ayer en medios de la izquierda como una nueva señal de moderación esta vez de los más radicales». En la misma dirección apuntaba el diario La República (21-2-05) en un titular de tapa: «La Corriente de Izquierda expulsó al sector más ultra». Más o menos como el título de un artículo publicado en El Observador Económico (20-2-05): «Corriente de Izquierda expulsa a los más radicales».
En el Congreso se impuso, claramente, un giro hacia el progresismo. Se terminó de afirmar una orientación «frenteamplista», encabezada, entre otros, por Helios Sarthou (exsenador, abogado laboral, fundador de la CI) y Juan Carlos Venturini (integrante del secretariado del PIT-CNT, quien votó a favor de «dialogar» y participar en reuniones con la embajada norteamericana y funcionarios del Departamento de Estado). Las presiones directas e indirectas para «bajar el tono» y acompañar «las expectativas de la gente», fueron surtieron efecto.
La orientación política adoptada -más allá de cierta retórica declarativa para salvaguardar la imagen- descarta en la práctica una perspectiva de construir una izquierda revolucionaria, anticapitalista, que integre a fuerzas políticas y sociales de adentro y afuera del Frente Amplio.
Una orientación que, a nivel sindical se adapta a la política de «diálogo» y «pacto productivo» con las patronales; una orientación funcional a la estrategia de colaboración de clases que promueve el gobierno progresista. Por lo tanto, una orientación que se confronta a la «línea dura» que viene de las tendencias clasistas y combativas del movimiento sindical.
De lo aprobado en el Congreso se desprende que las anteriores definiciones políticas de la CI fueron abandonadas. A esto se suma la determinación de reducir las alianzas a «un espacio de coordinación política permanente de la izquierda frenteamplista» que, en lo esencial, tiene un objetivo electoralista con miras a las elecciones municipales de mayo.
Esta orientación se niega a reconocer (y mucho menos decirlo), que el curso que se presta a recorrer el gobierno del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría, pone en tela de juicio los tres pilares básicos e inmediatos de cualquier gobierno que se pretenda realmente de izquierda; 1) una real distribución de la riqueza a favor de los trabajadores y las capas sociales empobrecidas: lo que implica afectar las ganancias capitalistas; 2) medidas que apunten a quebrar el círculo de la dependencia con respecto al imperialismo, y recuperen la soberanía nacional: lo que implica una ruptura con las condiciones de las instituciones financieras internacionales; 3) crear las condiciones para superar las barreras de una «democracia representativa» donde, los derechos económicos y sociales son confiscados: lo que implica poner en práctica instrumentos de democracia directa, de participación y decisión efectiva de la soberanía popular.
La derrota de las posiciones y propuestas más radicales en el Congreso es un dato político inocultable. Errores aparte -que deberán integrar elementos de una reflexión autocrítica y seria- la derrota se inscribe en un contexto de retroceso de una conciencia anticapitalista, de fragmentación de las resistencias sociales defensivas, y extrema debilidad de una izquierda revolucionaria que recibe los coletazos regionales en términos de dispersión, fracasos y cooptación institucional.
Es una derrota que refuerza las posiciones vacilantes de una parte del campo de izquierda en el Frente Amplio. Ni que decir que engorda aún más el «reformismo» y el oportunismo de una capa de dirigentes progresistas, intelectuales y sindicalistas que se integran al aparato de Estado. Muchos por convencimiento político e ideológico, otros por aquello que decía el caudillo mexicano, Alvaro Obregón: nadie resiste un cañonazo de 20 mil pesos.
Desde el 1º de marzo, cuando asuma Tabaré Vázquez, el paisaje estará más despejado. La negociación con el FMI y las cámaras empresariales se dará en un clima de mayor «sensatez». La mayoría del Frente Amplio y la burocracia sindical de parabienes. Consiguieron disciplinar a la tropa e imponer -por lo menos en lo inmediato- el horizonte del «cambio posible». Tendrán un «obstáculo» menos con el cual lidiar o por lo menos una oposición más «light» y respetuosa de la «legalidad frenteamplista».
En efecto, la CI había sido desde su fundación en 1997: «una molestia permanente en la Mesa Política del Frente Amplio (…) sus posiciones radicales -la mayor parte de las veces en solitario y en contra de las posturas de Estados Unidos o del pago de la deuda externa- estuvieron permanentemente presentes en el órgano de dirección de izquierda». (El País, 21-2-05)
Cuesta arriba y a contramano
El IVº Congreso de la CI ya es anécdota. Una experiencia de casi ocho años llega a su fin. Queda, sin embargo, la identidad revoltosa y una acumulación adquirida en las luchas políticas y sociales. Una «identidad CI» que nació con el coraje político de oponerse -pese a ser absoluta minoría- a la privatización del municipal Hotel Casino Carrasco (lo que incluso motivó, en su momento, nada menos que la renuncia de Tabaré Vázquez a la presidencia del Frente Amplio) y que continuó a lo largo de muchas otras batallas en el terreno de los derechos humanos, las huelgas sindicales y estudiantiles, las organizaciones barriales, las ollas populares, las campañas de firmas y plebiscitos contra las privatizaciones, en las marchas y protestas antiimperialistas.
Hay que (re)construir una izquierda radical, revolucionaria que lucha por el poder desde abajo. En el entendido que luchar por el poder, implica favorecer todo movimiento de acumulación de experiencias, de acciones directas de masas, de autodefensa popular, de refuerzo de la conciencia de clase, de preparación de los enfrentamientos futuros contra un poder burgués que defiende con uñas y dientes los intereses del capital y el imperialismo.
En tal sentido, adquiere una prioridad la construcción de espacios de coordinación para la acción político-social y alianzas programáticas que apunten a superar la dispersión de una izquierda de «intención revolucionaria» que se encuentra adentro, en los márgenes o afuera del cuadro orgánico del Frente Amplio.
La (re)construcción de esta izquierda se da en un escenario de expectativas en el nuevo gobierno. Por lo tanto, a contramano del «cambio posible». Pero es una prioridad. No solo para fortalecer la resistencia y la disputa por las relaciones de fuerza; la lucha por el no pago de la deuda externa y la ruptura con el FMI; la lucha contra el desempleo y el hambre; contra la Impunidad del terrorismo de Estado y la lógica de dar vuelta la página; la lucha contra la colaboración de clases vestida bajo el slogan de «país productivo»; la lucha contra el ALCA y por la soberanía nacional. También es una prioridad para restablecer una conciencia clasista que trascienda el electoralismo, el cretinismo parlamentario, la integración a las instituciones del Estado burgués.
La instalación de un gobierno progresista, no garantiza por si mismo, una perspectiva de desarrollo de las luchas sociales y trasformadoras. Por el contrario, la victoria electoral puede conducir a una derrota estratégica de la izquierda -como ha ocurrido en el Brasil de Lula- si no existe una alternativa revolucionaria organizada, movilizada, y en sintonía con las reivindicaciones y necesidades populares.
* Mario Pieri, fue miembro de la dirección nacional de la CI y de la Comisión de Programa del Frente Amplio. Waldemar Torino, fundador de la CI y miembro de la anterior dirección nacional.