El antropólogo forense Horacio Soya descubrió que los restos óseos que extrajo de una fosa común del cementerio de Tacuarembó corresponden a una mujer y dos hombres, e informó hace tres meses al juez Dardo Martínez que es necesario realizar estudios de ADN para verificar si corresponden a cuerpos de víctimas de desaparición forzada. El […]
El antropólogo forense Horacio Soya descubrió que los restos óseos que extrajo de una fosa común del cementerio de Tacuarembó corresponden a una mujer y dos hombres, e informó hace tres meses al juez Dardo Martínez que es necesario realizar estudios de ADN para verificar si corresponden a cuerpos de víctimas de desaparición forzada.
El titular de la sede letrada de Paso de los Toros leyó el documento científico de 23 páginas, y decidió volver a obstaculizar el expediente, esta vez con la presunción de que la ley de caducidad podría impedir la continuación de la indagatoria, según dijeron a BRECHA fuentes judiciales. El juez relega desde 2002 el proceso por el cual se debería perseguir penalmente a los responsables del crimen del dirigente del Movimiento de Independientes 26 de Marzo, Roberto Gomensoro Josman, detenido por las fuerzas militares y asesinado en marzo de 1973, tres meses antes del golpe de Estado.
Una caja que contiene 25 piezas óseas aguarda en la morgue judicial. Es probable que algunos de esos huesos sean de Gomensoro, pero la verificación depende del estudio de ADN; además, el cotejo contra el banco de muestras de familiares de desaparecidos podría eventualmente determinar la identidad de los otros dos cuerpos de la fosa común. Sin embargo, el juez decidió solicitar al depósito judicial del Archivo General de la Nación la documentación en que consta la clausura de la investigación durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, cuando se alegó que el caso estaba comprendido en la ley de caducidad.
Gomensoro fue detenido el 12 de marzo de 1973, en Montevideo. El 24 de noviembre de ese año, un comunicado conjunto emitido por los ministerios del Interior, Defensa y Educación y Cultura, indicaba que el dirigente había sido procesado como uno de los «sediciosos vinculados a la Universidad». Esa mentira se mantuvo aún en 1987 cuando el fiscal militar José Sambucetti -encargado de montar la farsa en torno a la investigación de desaparecidos- sostuvo que el Estado nada sabía sobre el paradero de Gomensoro. El coronel Sambucetti obvió que el 18 de marzo de 1973 había aparecido el cuerpo de un hombre en el lago de Rincón del Bonete.
Casi treinta años después, a instancias del Serpaj, se descubrió que el médico forense Emilio Laca había conservado el cráneo para estudiarlo. Se practicaron estudios de ADN y se corroboró que correspondía a Gomensoro. Ahora falta saber si el resto del cuerpo fue enterrado en la fosa común abierta en agosto y a quiénes pertenecen los otros huesos. Pero además, la investigación debería determinar quiénes son los ejecutores materiales del crimen y los mandos que impartieron las órdenes. Esa responsabilidad le cabe al juez Martínez, que lleva más de tres años sin profundizar en los aspectos medulares de la indagatoria.