Guatemala llora sangre, se diría en lenguaje coloquial. Esto se explica en una de sus contradicciones fundamentales, o al menos en una de sus manifestaciones más evidentes. Por un lado, más del 54% del pueblo guatemalteco vive en condiciones de pobreza si tomamos en cuenta el criterio de medición del Banco Mundial, claramente cuestionables si […]
Guatemala llora sangre, se diría en lenguaje coloquial. Esto se explica en una de sus contradicciones fundamentales, o al menos en una de sus manifestaciones más evidentes.
Por un lado, más del 54% del pueblo guatemalteco vive en condiciones de pobreza si tomamos en cuenta el criterio de medición del Banco Mundial, claramente cuestionables si partirnos del hecho que Q 16 (US$2) por día son insuficientes para garantizar la satisfacción de las necesidades vitales de un Ser Humano.
Al considerar las necesidades básicas vitales de una familia de cinco miembros, en cuyo caso sólo uno de sus integrantes vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario, este requeriría percibir para satisfacerlas Q 151.71 al día; y si los cinco miembros estuvieran en condiciones y con posibilidades de vender sus capacidades, cada uno requeriría un ingreso mínimo de Q 30.34 al día. Sólo estos datos demuestran que los índices de pobreza en nuestro país no son los que se miden a partir del falso indicador del Banco Mundial; son porcentajes evidentemente superiores a los que reflejan las cifras oficiales devenidas de la burocracia capitalista globalmente organizada y que las instituciones estatales y no gubernamentales locales y transnacionales han asumido para medir la pobreza.
Adicionalmente, el 50% de la niñez guatemalteca se debate entre la desnutrición crónica y la muerte, cifra que asciende a un 82% en regiones donde predomina la presencia de los pueblos originarios de ascendencia maya. Somos además el primer lugar en América Latina y el sexto lugar a nivel mundial con este flagelo. Esto es el impacto de salarios de hambre, desempleo y subempleo, falta de medios de producción y capital financiero, así como de la inseguridad y falta de soberanía alimentaria que afecta a las grandes mayorías y que predomina en el país.
Considerando el Índice de Desarrollo Humano, Guatemala se ubica con un 0,574, muy por debajo de la media de América Latina que se encuentra en el 0,731; además, ubica al país en el lugar 131 de los 187 países para los que se disponen de datos comparables. Las estadísticas también muestran que el 20% de la población percibe el 60% de la riqueza socialmente producida, mientras el 20% menos favorecido, percibe apenas el 3%. Esto nos dibuja un país profundamente desigual e inequitativo, aún más cuando dicho análisis también se hace desde la perspectiva étnica, de género y de edad.
Esta cruda realidad se explica por siglos de colonización, saqueo y explotación, por un régimen económico y político ideado para su reproducción, pero también se explica por políticas actuales que sostienen un modelo de acumulación en donde lo que interesa es obtener y garantizar la máxima ganancia al capital. Es decir, en donde predomina el antidesarrollo, imposible de superar con las actuales concepciones, prácticas y políticas «de desarrollo» imperantes en el ámbito del Estado y de la sociedad civil.
Estas orientaciones del modelo de acumulación y las políticas que le acompañan son entre otras:
A. La explotación de la clase trabajadora en el campo y la ciudad, con salarios de hambre, explotación infantil1, condiciones de trabajo inhumanas, jornadas laborales que sobrepasan las 8 horas en muchos casos2, y con el juego engañoso del salario mínimo que oculta y distrae de la demanda de aumento generalizado al salario.
La pobreza y miseria de nuestro pueblo se sigue agravando, siendo que los salarios mínimos son incumplidos, son insuficientes y los salarios nominales (los que se perciben vía el salario o sueldo) no registran un aumento sustancial. Además, los salarios reales cada vez son menores, lo que significa que alcanzan para consumir cada día menos.
El caso del salario mínimo ilustra esta realidad. Para el 2012, éste se encuentra en Q68 diarios para el sector agrícola y no agrícola, y Q62.50 para el sector maquila. No obstante los irrisorios aumentos que se han dado año con año, son incumplidos, en particular por los empresarios privados. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2011), el salario promedio nacional es 9% menor que el salario mínimo legal.
En tanto, las recientes cifras aportadas por el mismo Instituto, evidencian que el costo de la Canasta Básica de Alimentos ascendió a Q 2 mil 494.20 mensuales para una familia promedio de 5 miembros -datos al mes de febrero del presente año-, lo cual hace que el salario mínimo sea absolutamente insuficiente para cubrirla. Aun más insuficiente es para cubrir la Canasta Básica Vital que incluye alimentación, salud, educación, vestuario, vivienda, mobiliario, transporte, recreación, cultura, y otros bienes y servicios indispensables; para el mismo mes la Canasta Básica Vital ascendió a Q4 mil 551.46 mensuales. Ambas Canastas registraron un incremento de 13% y 14% con relación al mismo mes del año anterior.
Si consideramos el salario mínimo, por demás un juego político y una trampa para el trabajador, cubrir el costo de la Canasta Básica de Alimentos requeriría que el salario mínimo efectivo y sostenido en el tiempo fuera no menor a Q84 diarios y para cubrir el Costo de la Canasta Vital no menor a Q152.
Como se demuestra, el salario mínimo vigente en la actualidad y que percibe el trabajador -aquel tiene «la suerte» que el sistema capitalista periférico lo integre por esta vía-, comparado con las necesidades de consumo, éste no alcanza ni siquiera para cubrir el costo de alimentos y contenidos nutricionales de su familia.
Es en este juego del salario mínimo en el cual, además, han entrado la mayoría de los escasos sindicatos3, los cuales han obviado la lucha por el aumento generalizado al salario y la lucha por el aumento del salario real a través de la conquista de mejores y mayores servicios públicos.
B) El mantenimiento de una masa enorme de población en condición de desempleo, subempleo o en la informalidad.
Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (INEI, 2011), un 4% de la población económicamente activa (PEA, que ascendía a 5.769.762 habitantes) se encontraba desempleada. En este caso, el 63% corresponde a población rural, el 64% a población indígena y el 74% a población joven.
De ese 96% de población con empleo, en realidad más del 55% está subempleada o con un empleo informal. Es de esperar que esta cifra se haya incrementado -como ya sucedió entre el 2002 y el 2011: 1%-, producto del escaso crecimiento de la economía, de la expulsión campesina que está generando la expansión de agrocombutibles y del aumento de la expulsión de migrantes realizada por Estados Unidos.
Resaltan en este sentido, la masa de campesinos que históricamente ha estado marginada del salario o del empleo formal y permanente, que se ha mantenido en la infra subsistencia y que, en tanto está en descomposición por el avance del latifundio y el agronegocio, presenta condiciones de miseria, de inseguridad alimentaria y nutricional que se profundizan día con día. Asimismo es relevante la masa de trabajadores de la economía informal, quienes subsisten con sus pequeñas inversiones, sin seguridad social, con jornadas de alrededor de 12 horas diarias, expuestos a las inclemencias de la delincuencia y el clima, sin días de descanso y, eso sí, vendiendo la mercancía producida por el capital local y transnacional. Son parte de la cadena que al final materializa la plusvalía generada en el proceso productivo.
C) La violación a la legislación en materia laboral y ambiental.
Recientemente, un medio de periodismo electrónico, Plaza Pública (Arce y Rodríguez, 2012), a través de una investigación in situ, demostró la existencia de niños menores de 14 años trabajando en las fincas cañeras. Uno de estos casos ocurre en la propiedad de Otto Kuhsiek, presidente de la Cámara del Agro; tanto él como sus cercanos justificaron el hecho denominándola «una cuestión cultural».
Es evidente, además, cómo la industria y la agroindustria están contribuyendo al deterioro progresivo de los elementos de la naturaleza, así como a la apropiación de recursos como el agua, demostrado por estudios periódicos realizados por instituciones universitarias4. En materia ambiental, la legislación es tan permisiva que permite a las empresas la contratación de consultoras o consultores privados para realizar estudios de impacto ambiental que validan las acciones extractivas y otras, y con un aval formal del Estado que legitima los informes que de ahí proceden5.
D) La apropiación por despojo y compra del principal medio de producción: la tierra. Esto sucede recientemente y con mayor dinamismo en las tierras bajas del Petén, Alta Verapaz, Izabal y El Quiché, hacia donde se han expandido los agrocombustibles y los agronegocios.
Estas dinámicas están generando la imposición de la propiedad privada e individual sobre las tierras que aún subsisten en propiedad campesina y comunal, y bajo un régimen de economía campesina, de tal manera que puedan ser objeto de compra y venta en el mercado del capital. Esto permite la agilización en la adquisición de tierras campesinas por vía de la compra o por la cesión de derechos al gran capital local y transnacional6.
E) En este mismo orden, recientemente también se han dado casos de apropiación de ahorros de trabajadores y capas medias por bancos privados como Bancafe y Banco de Comercio, los cuales siguen todavía en la impunidad, no sólo en materia de enjuiciamiento y condena de los responsables sino también con relación a la devolución de lo que fue objeto de hurto.
Asimismo, han avanzado políticas para apropiarse de las pensiones que la clase trabajadora ha acumulado por largos años de sudor obrero y campesino y que forman parte de la escaza y raquítica seguridad social que se concentra en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS7.
F) La concesión o entrega de los recursos naturales (minerales, petróleo, gas natural, aguas) a la explotación y apropiación privada.
Además de las reveladoras concesiones mineras, otro ejemplo ilustra lo afirmado. En mayo de 2010, el gobierno de Colom firmó la extensión del contrato de explotación petrolera a la empresa francesa Perenco, en el seno del área protegida Parque Nacional Laguna del Tigre, en el departamento de El Petén. Esto no obstante que tres ministros estuvieron en desacuerdo, incluido el ministro de ambiente y recursos naturales renovables, y que diversas universidades y organizaciones ambientales denunciaron la ilegalidad e inconsecuencia con las pretensiones de sostenibilidad y conservación del Estado, plasmadas en falsos discursos gubernamentales. Seis meses después, además, el mismo gobierno hizo funcionar el Batallón Verde, un contingente militar organizado con la explícita y supuesta justificación de proteger Laguna del Tigre ante las acciones ilegales del narcotráfico y ganaderos que afectan el área protegida.
Dicha concesión, que demuestra el entreguismo del gobierno de Colom, ha sido confirmada, por omisión en este caso, por la gestión gubernamental actual, la cual entre otras decisiones ha nombrado como ministra de ambiente a una abogada ambiental señalada de ser operadora de intereses corporativos.
Adicional y complementariamente, la política implementada por estos gobiernos ha sido permisiva con la explotación descontrolada, legal e ilegal de los elementos de la naturaleza. Un ejemplo de esto último, es la explotación sin control de la masa boscosa del país; de hecho estudios revelan que un 95% de la pérdida vegetal en Guatemala es ilegal. Tanto la ley como las políticas aplicadas por sucesivos gobiernos han sido proclives y facilitadoras del expolio.
G) La concesión de obras a la empresa privada a través del subterfugio de las «alianzas público-privadas».
Bajo esta modalidad se impide al Estado ejecutar obras de gran envergadura, le obliga a pagar grandes costos a constructoras y conceder posteriormente a éstas el mantenimiento y cobro por el uso que tanto las instituciones gubernamentales como la ciudadanía realice de las mismas, tal y como sucede con proyecto carreteros. Este es uno de los mecanismos para extraer del Estado recursos financieros, con los cuales burguesía tradicional o emergente han venido incrementando sus ganancias en la venta de productos, obras y servicios, a través de dos figuras jurídicas: empresas privadas y organizaciones no gubernamentales.
H) La política estatal para facilitar y respaldar financiamientos para la inversión privada.
Los ejemplos pueden ser varios, pero sobresale la inversión para la expansión del agronegocio. Uno de estos casos refiere a préstamos que el BID otorgó a la empresa Chabil Utzaj, para activar un proyecto de producción de palma aceitera o africana en el Polochic, Alta Verapaz. Además del aval para el préstamo y la acción oficiosa de funcionarios públicos, incluidos los gobiernos de Berger (2004-2008) y Colom (2008-2012), la política gubernamental ha incluido la la implementación de acciones represivas contra población campesina, con participación de la policía nacional civil y el ejército, con cauda de un muerto, varios heridos, viviendas y cultivos destruidos, desplazamiento de población y generación de mayores condiciones de vulnerabilidad alimentaria.
I) La prohibición al Estado para que no pueda hacerse préstamos a través del Banco de Guatemala
Esto obliga al Estado a recurrir al sistema bancario privado para la consecución de financiamiento. No obstante que esta norma fue aprobada en la reforma constitucional sometida a consulta en 1994, su implicación actual es que por esa vía, el capital financiero logra captar altos intereses por los préstamos que el Estado realiza. A estos se suman otras normas que obligan a la contratación de fideicomisos, otra de las formas que utiliza el capital financiero para garantizarse jugosas y seguras ganancias. Fórmulas que han resultado ideales como forma de expolio al Estado.
J) La concepción y práctica permisiva para que la gran propiedad subsista con un régimen impositivo regresivo -ratificado en el paquetazo fiscal del recién electo gobierno de Pérez Molina-, se apropie de recursos como los minerales y contamine otros recursos como el agua tal y como sucede con la industria del azúcar.
K) La persecución permanente en contra del movimiento campesino y obrero. Un informe del MSICG (2010) reporta el asesinato de 47 dirigentes ejecutados entre el 2007 a septiembre de 2010. Los despidos, amenazas, intimidaciones, desalojos violentos, acoso y violaciones sexuales, incumplimiento de pactos colectivos, obstáculos a la sindicalización, tercerización en la contratación, persecución y criminalización de la lucha campesina y sindical, violaciones a las leyes laborales en general y las políticas anti-sindicales impulsadas en el ámbito del Estado y la empresa privada, constituyen parte del panorama que vive la clase trabajadora y que impide una mayor y mejor defensa de los intereses de las clases mayoritarias en el campo y la ciudad. Son política que van orientadas a minar la resistencia del trabajo y, por consiguiente, allanar el camino de la explotación y el expolio del capital.
Un caso especial del régimen de expolio imperante es el de la minería. Recientemente fue conocido que la mina Marlín (propiedad de la Montana Exploradora, subsidiaria de la transnacional Goldcorp, ubicada en Canada), alcanzó ganancias por Q4 mil 716.9 millones (US$607 millones) en el año 2011, lo cual se traduce en un aumento del 125% con relación a lo obtenido en el 2010, que ascendió a Q2 mil 90.4 millones (US$269 millones). Esto en un marco del aumento de producción (21% más que en el 2010), incremento del precio de la onza de oro y plata en el marcado mundial y de un costo de producción de apenas una quinta parte del precio de venta.
En cuentas populares y si tales ganancias fueran percibidas por el Estado, tales recursos habrían sido útiles para garantizar la Canasta Básica de Alimentos por un año a 157 mil 596 ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas o la Canasta Básica Vital a 86 mil 354 ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos, con el agregado que dicho consumo habría estimulado dinámicas de producción y comercio en los ámbitos de la economía campesina y popular. O, en otro esquema de inversión con interés público, habría servido para proteger y estimular la producción campesina y avanzar en la seguridad y soberanía alimentaria.
No obstante las enormes ganancias de la extracción y contradictoriamente con las necesidades y problemas nacionales, en lugar de optar por alguna opción digna, como la nacionalización de la producción minera o un aumento considerable de impuestos a para por dichas empresas, y abrir cause a la satisfacción de las necesidades básicas y vitales, el actual gobierno nacional, encabezado por el general Otto Pérez Molina, optó por firmar un «acuerdo» con el sector minero. Las empresas mineras se han comprometido, por voluntad propia, a cancelar el 5% de regalías sobre ingresos brutos.
Este hecho revela la concepción y orientación de la política del actual gobierno, el cual obvia: a) La voluntad ciudadana en rechazo a la minería, expresada en 63 consultas comunitarias/municipales. b) La necesidad de fortalecer los ingresos fiscales ante un Estado cada vez más deficitario y disminuido. c) Este aumento «voluntario», que otorga privilegios fiscales, no llega a sobrepasar el 6% de regalías que las empresas mineras pagaban hasta antes de las reformas a la Ley de Minería aprobadas durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000). d) Se ignoran las históricas y enormes necesidades que padece nuestro pueblo.
Llora sangre nuestra Matria, no le parece respetada y respetado lector. Somos un país con enormes riquezas, expoliado por el capital que incrementa de forma sostenida sus ganancias, con la gestión oficiosa de las elites de poder. Mientras esto sucede, el pueblo muere -literalmente- de hambre y languidece -literalmente- en la miseria. Son lágrimas de sangre las que emanan de los ojos de nuestra Matria y de cada una de sus mejores hijas e hijos
Fuentes:
1. Alonso-Fradejas, Alberto, José Luis Caal Hub y Teresita Chinchilla Miranda (2011) Plantaciones agroindustriales, dominación y despojo indígena-campesino en la Guatemala del siglo XXI (Guatemala: IDEAR, CONGCOOP).
2. Alonso-Fradejas, Alberto, Fernando Alonzo y Jochen Dür (2008) Caña de azúcar y palma africana: combustibles para un nuevo ciclo de acumulación y domino en Guatemala (Guatemala: IDEAR, CONGCOOP).
3. Arce, Alberto y Martín Rodríguez Pellecer (2012) Plaza Pública y la explotación infantil en la caña de azúcar. Plaza Pública, 12 de enero de 2012 http://www.plazapublica.com.gt/content/trabajo-infantil-y-explotacion-laboral-en-el-azucar-de-guatemala, página consultada el 10 de marzo de 2012.
4. Batres, Alexis (2011) Adictos al trabajo. Sección economía de Elperiodico, sección economía, del 11 de noviembre de 2011. Guatemala. http://www.elperiodico.com.gt/es/20111108/economia/203382/, página consultada el 13 de marzo de 2012.
5. Frente Popular (2012) Entreguismo del gobierno de Pérez Molina. En Voz Popular, No.4, febrero 2012. www.albedrio.org, página consultada el 13 de marzo de 2012.
6. Instituto Nacional de Estadísticas (2012). Mercado Laboral. Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos -ENEI 2011- (Guatemala: INE)
7. Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco MSICG (2010) Segundo informe Guatemala: el costo de la libertad sindical. (Guatemala: MSICS)
8. Sosa Velásquez, Mario Enrique (2009) Gestión ambiental y gobernabilidad local. (Guatemala: URL, IARNA e INGEP). http://www.infoiarna.org.gt/media/file/publicaciones/compartidas/Pub_comp_coed_14.pdf.pdf
Páginas Web
http://www.albedrio.org
http://www.elperiodico.com.gt
http://www.ine.gob.gt
http://www.infoiarna.org.gt
http://plazapublica.com.gt/
http://www.prensalibre.com.gt
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