Traducido del inglés para Rebelión por J. M.
Foto de Felton Davis CC BY 2.0
Tan antiguo como la guerra misma, el castigo colectivo ha sido durante mucho tiempo el arma más condenatoria y destructiva de todas. No satisfecho solamente con los combatientes comprometidos, históricamentela represalia estatal, fue contra las familias, comunidades y poblaciones enteras en un intento de «ganar» un conflicto dado, militar o de otro tipo, a toda costa.
Con raíces que se remontan, literalmente, al inicio de los tiempos, la represalia ha evolucionado a medida que la guerra moderna se hizo más competente y la resistencia popular más extendida. En ninguna parte el castigo colectivo ha demostrado ser más evidente y eficiente que en Occidente, donde desde hace mucho tiempo abarca desde sanciones civiles hasta el desplazamiento de la población, la pena política, el encarcelamiento y la matanza directa. Últimamente se ha vuelto más sutil, pero no menos perniciosa, a través de la censura estatal que busca controlar la narrativa dela actualidad.
En la Guerra Civil Americana, durante su «marcha hacia el mar», el General Sherman ordenó a sus tropas que, cuando enfrentaran cualquier resistencia de las guerrillas, debía » imponer una devastación más o menos implacable de acuerdo con la medida de tal hostilidad». Al hacerlo, sus tropas atacaron a no combatientes causando más de cien millones de dólares en daños a la propiedad. Hoy esa destrucción se valoraría en más de mil quinientos millones de dólares.
La estrategia conocida como «guerra dura» se definió por la destrucción generalizada de suministros civiles, infraestructura y propiedad, que interrumpió la economía del Sur y las redes de transporte. Los forrajeadores, conocidos como «tramposos«, se apropiaron de alimentos de granjas locales para el ejército mientras destruían ferrocarriles, manufacturas e infraestructura agrícola en el sur.
Cuando las tropas marcharon a través de Georgia, tomaron caballos, mulas y carretas, propiedad de civiles, para uso militar. Al salir de Atlanta, todos los edificios y estructuras que podrían haber tenido un «valor» militar, incluidos depósitos ferroviarios, rotondas, arsenales y áreas de almacenamiento, fueron desmontados y quemados. Aunque monitoreados, los incendios «controlados» causaron daños considerables, si no destrucción generalizada, a los hogares civiles a lo largo de toda Atlanta.
La política de «tierra quemada» de Sherman no era nueva y continuaría después de la Guerra Civil, ya que las fuerzas militares atacaron a los no combatientes en comunidades indígenas en particular como parte esencial de un anticipado proyecto colonial europeo.
Así fue que en 1863, después de la muerte de un pequeño grupo de mineros, el ejército estadounidense culpó a una banda de «desafiantes» indios shoshones. Durante el ataque de cuatro horas que siguió, 200 soldados mataron a varios cientos de shoshones, incluidos al menos 90 mujeres, niños y bebés. Recibieron disparos, apuñalamientos y golpes hasta la muerte. Otros fueron conducidos al río helado para ahogarse o congelarse.
En 1864, después de un asesinato no resuelto de una familia de colonos no muy lejos de una reserva en Sand Creek Colorado, el gobernador territorial llamó a los ciudadanos a «matar y destruir» a nativos hostiles». Buscando el «castigo» de los indios, le siguió un ataque militar.
Según un soldado, «…cientos de mujeres y niños vinieron hacia nosotros y se arrodillaron para pedir misericordia, solo para que les dispararan y les hicieran saltar el cerebro». De los 200 indefensos cheyennes y arapahoes que fueron asesinados, todos menos 60 eran mujeres y niños. Los muertos, mujeres y hombres por igual, fueron despellejados…y les cortaron las orejas y los genitales.
La danza siempre ha jugado un papel esencial en la práctica religiosa y la ceremonia entre las comunidades indígenas en América del Norte. Después de la guerra civil, la danza nativa tradicional fue vista cada vez más como una amenaza para los «colonos» blancos a medida que avanzaban hacia el oeste.
Al ver la práctica religiosa como un posible punto álgido para un levantamiento indígena, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá aprobaron leyes que prohibían los rituales culturales y religiosos, incluidas todas las formas de danza tradicional. Esa prohibición conduciría a la masacre en Wounded Knee, Dakota del Sur.
Una mañana de diciembre de 1890, un gran contingente de soldados fuertemente armados de la Séptima Caballería rodeó a varios lakotas sioux en un campamento improvisado a lo largo de las orillas de Wounded Knee Creek, donde algunos practicaban la Danza Fantasma, un nuevo y difundido ritual visto como un puente entre los vivos y los espíritus de los muertos para unir a los nativos en toda la región. Enviado para arrestar a los participantes nativos por su Ghost Dance, un disparo desató una andanada de disparos, incluida una ametralladora militar que masacró a varios cientos de hombres, mujeres y niños lakotas atrapados en el fuego cruzado mientras huían buscando seguridad en un barranco cercano.
Medio siglo después, en vísperas de la rendición de Alemania, 800 aviones estadounidenses y británicos llevaron a cabo una serie de bombardeos en la ciudad de Dresde. Conocida como la «Florencia del Elba», Dresde era una ciudad medieval famosa por sus tesoros artísticos y arquitectónicos. No jugó ningún papel en la producción de guerra y no tenía una industria importante.
Los dos días de bombardeos, que involucraron 3.400 toneladas de explosivos, desencadenaron una verdadera tormenta de fuego que continuó ardiendo durante días. Cuando el fuego terminó, las calles estaban llenas de cadáveres carbonizados, incluidos muchos niños. Aunque se desconoce el número exacto de muertos, en su mayoría civiles, se calcula que más de 135.000 personas perdieron la vida y fueron enterrados en fosas comunes, muchas dentro de las ocho millas cuadradas de la ciudad que yacía en ruinas. Si bien se han planteado varias razones, el consenso es que el ataque fue simplemente una misión para castigar colectivamente a los alemanes y debilitar su moral.
Seis meses después, el 6 de agosto de 1945, un bombardero estadounidense B-29 arrojó la primera bomba atómica sobreHiroshima. La explosión acabó con el 90 por ciento de la ciudad e inmediatamente mató a 80.000 personas. Tres días más tarde, un segundo B-29 arrojó otra bomba A en Nagasaki matando a unas 40.000 personas. Decenas de miles más morirían más tarde por la exposición a la radiación en las dos ciudades y sus alrededores. Ya derrotado antes del uso de las bombas atómicas, el Emperador de Japón se rindió una semana después citando la destrucción masiva y el castigo forjado por «una nueva y más cruel bomba».
Como lo demuestra su participación en el bombardeo incendiario de Dresde, históricamente los británicos han abrazado el castigo colectivo, usándolo a menudo durante su otrora reinado como la potencia colonial líder mundial. En respuesta al Boston Tea Party, el Parlamento de Gran Bretaña promulgó los «actos intolerables«. Las leyes cerraron el puerto de Boston, revocaron la Carta de Massachusetts -y por lo tantoel gobierno local- movieron juicios de rebeldes fuera de América del Norte y requirieron que las colonias cortaran las tropas del Rey, imponiendo así castigo masivo a gran parte de las colonias por los actos de unos pocos.
Durante la Segunda Guerra Bóer de 1899-1902 , los británicos reunieron a más de 100.000 personas de la población civil bóer, en su mayoría mujeres y niños, y los detuvieron en campamentos. Hacinados, con poca alimentación y propensos a brotes de enfermedades, murieron unos 27.000 bóeres y una cantidad desconocida de africanos negros.
En abril de 1919, manifestantes pacíficos desafiaron una prohibición gubernamental y se manifestaron contra el Gobierno colonial británico en la India. Atrapados dentro de un jardín amurallado, los soldados gurkas les dispararon hasta que se quedaron sin municiones. Después de 10 minutos el fuego cesódejando más de 1.000 manifestantes muertos y otros 1.100 heridos.
Aunque se desconocen las cifras precisas, se estima que entre 12 y 29 millones de indios murieron de hambre mientras estaban bajo el control del Imperio británico, ya que millones de toneladas de trigo se exportaron a Gran Bretaña incluso mientras la hambruna se extendía por toda la India.
En 1943, hasta cuatro millones de bengalíes murieron de hambre cuando Winston Churchill desvió alimentos a soldados británicos y países como Grecia, mientras una hambruna mortal azotaba Bengala. Cuando se le preguntó sobre la hambruna, Churchill dijo: «Odio a los indios. Son personas bestiales con una religión bestial. La hambruna fue su culpa por reproducirse como conejos».
En 1956 en Chipre, Gran Bretaña expulsó a las familias de sus hogares y cerró tiendas en los barrios donde los soldados británicos y la policía habían sido atacados, supuestamente para obtener información sobre los atacantes.
Durante los supuestos levantamientos de los Mau Mau en la Kenia «británica», los arrendatarios kikuyus que perdieron sus tierras frente a colonos blancos fueron detenidos, en masa, en campamentos conocidos como «gulags británicos», donde muchos sufrieron torturas y agresiones sexuales. Se estima que durante 1951-1960, entre 20.000 y 100.000 kikuyus perdieron la vida.
Entre 1935-1936, las tropas italianas llevaron a cabo represalias masivas después de su invasión y ocupación de Etiopía. Los fascistas usaron gas mostaza contra comunidades civiles, bombardearon hospitales y ambulancias de la Cruz Roja, destruyeron monasterios y fusilaron a «hechiceros» que predijeron el fin del Gobierno italiano. Después de un ataque de partisanos con granada que hirió al virrey italiano, unos 19.000 civiles fueron asesinados en Addis Abeba durante un alboroto de tres días llevado a cabo por milicias fascistas locales, tropas coloniales y soldados italianos. Las víctimas fueron asesinadas a tiros, ahorcadas, quemadas hasta la muerte, golpeadas con palos y palas y ahogadas arrojándolas a pozos o al río.
El castigo alemán
Durante la Segunda Guerra Mundial, el castigo colectivo fue la norma, ya que las tropas alemanas y japonesas tomaron represalias contra personas y comunidades como venganza por los actos de unos pocos o para el control de la población.
Tras los ataques de la resistencia serbia en octubre de 1941, los soldados alemanes allanaron la ciudad de Kragujevac en Yugoslavia y capturaron a unos 10.000 civiles, incluidos estudiantes de secundaria mientras estaban en clase. A partir del día siguiente, fueron ejecutados en grupos de cuatrocientos por vez. Cuando la masacre terminó, más de 5.000 civiles murieron, incluidas mujeres y niños.
Para entender adónde podría llevarel castigo colectivo a manos de la Alemania nazi, uno debe mirar bien su actividad antes de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, a principios de la década de 1930, comenzó a apuntar a su población civil en virtud de nada más que sus actividades sindicales y políticas, sus creencias o su religión.
Poco después de la elección del 2 de mayo de 1933, los SA (los paramilitares nazis) y las SS (inicialmente escoltas de Hitler) comenzaron a atacar a todas las formas de oposición políticacomenzando con redadas en oficinas de sindicatos cuyos líderes fueron arrestados y encarcelados. Más tarde ese año, allanaron oficinas de partidos políticos de oposición destruyendo equipos, confiscando fondos y arrestando a sus líderes. A mediados de ese año, los nazis habían prohibido todos los partidos de la oposición.
En mayo de 1933, las primeras quemas de libros bajo los nazis ocurrieron afuera de la Universidad de Berlín con estudiantes universitarios liderando el desfile de antorchas . En 1817 más de 100 años antes, los estudiantes habían iniciado la quema de libros con el objetivo de unificar el mosaico de Alemania de la época. Entre las primeras obras arrojadas al fuego en 1933 se encuentran las de Sigmund Freud. En lo que era claramente profético, el poeta judío alemán Heinrich Heine había escrito, cien años antes, «cualquier persona que quema libros, un día quemará gente».
A medida que Hitler consolidó el poder, miles de comunistas, socialistas, líderes de la iglesia y cualquier otra persona que pudiera oponerse a los nazis fue detenida. Inicialmente los prisioneros fueron retenidos en cárceles locales y estaciones de policía. Había tantos prisioneros que edificios improvisados fueron reconvertidos para alojarlos. Finalmente los nazis encontraron la solución a la ineficiencia de los edificios en el establecimiento de campamentos grandes, especialmente diseñados para contener a estos prisioneros a los que llamaron campos de concentración. El primer campamento fue establecido el 1 de abril de 1933 en Dachau.
Entre 1933 y el final de la guerra, una docena de años después, muchos miles de personas resistieron a los nazis utilizando medios tanto violentos como no violentos. Entre los primeros oponentes se encontraban los comunistas, los socialistas y los líderes sindicales. Como castigo contra este movimiento, miles fueron ejecutados, incluidos teólogos alemanes como Dietrich Bonhoeffer , que se opusieron al régimen.
Mientras millones de judíos, comunistas, socialistas, gitanos, homosexuales y opositores políticos fueron asesinados en campos de concentración en toda Alemania y Europa, la resistencia continuó creciendo en las áreas ocupadas por los nazis fuera de Alemania.
En Francia, Dinamarca, la Unión Soviética, Checoslovaquia, Yugoslavia, Grecia y Polonia, los guerrilleros participaron en el sabotaje antinazi. Después de que los agentes checos asesinaran a Reinhard Heydrich, el gobernador nazi de Bohemia y Moravia, los nazis dispararon contra todos los hombres en la aldea checa de Lidice, ninguno de los cuales participó en el asesinato.
Varsovia fue, quizás, el levantamiento más legendario de una población urbana en el territorio ocupado por Alemania. El 19 de abril de 1943, un grupo de habitantes del gueto de Varsovia inició una revuelta armada. La Jewish Fighter Organization (ZOB) lideró la insurgencia y luchó, durante un mes, con armas de contrabando en el gueto. Los nazis respondieron trayendo tanques y ametralladoras. En un castigo colectivo masivo, los nazis quemaron bloques de edificios y destruyeron el gueto en su totalidad. Finalmente, muchos de los 60.000 residentes restantes, la mayoría de los cuales no tuvieron nada que ver con el levantamiento, fueron ejecutados o perdieron la vida cuando los edificios fueron bombardeados o incendiados.
En la aldea francesa de Oradour-sur-Glane, más de 600 hombres, mujeres y niños fueron asesinados como castigo colectivo por los actos de la resistencia. Represalias similares ocurrieron en el pueblo holandés de Putten , en el pueblo italiano de Sant’Anna di Stazzema y en el pueblo soviético de Kortelisky .
El castigo japonés
Desde mucho antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, durante la 2ª guerra chino-japonesa, Japón hizo uso generalizado de armas biológicas y químicas, creadas en los laboratorios de la infame Unidad 731 , en su intención de reducir y controlar la población de China por medio de armas de destrucción masiva.
Desde 1931 hasta 1945, Japón empleó miles de armas biológicas y químicas en toda China. Las provincias de Hunan, Jiangsu, Jilin, Kwangtung y Zhejiang se encontraban entre los objetivos. Los ataques en Zhejiang ofrecen una visión escalofriante del uso de Japón de la guerra biológica o de gérmenes como un arma de castigo colectivo contra una población civil.
El 4 de octubre de 1940, un avión japonés arrojó pulgas infectadas (que causan peste bubónica y otras plagas) sobre Quzhou, una pequeña ciudad en la provincia occidental de Zhejiang. En cuestión de días, las primeras víctimas murieron. En un año murieron más de 2.000.
En septiembre de 1941, la plaga fue llevada a otro pueblo causando la muerte de 1.000 civiles más. En 1942, Japón desencadenó una serie de ataques de ántrax y muermo (una enfermedad infecciosa rara) en aldeas de todo Zhejiang, que provocaron la muerte dolorosa de otros 3.000 aldeanos.
El desplazamiento de la población también ha sido un pilar del castigo colectivo. Aunque el mapa mundial se ha reconfigurado con frecuencia para reflejar los cambios en los vientos políticos, dos desplazamientos, en particular, proporcionan información sobre cómo las prioridades políticas y la venganza han originado el movimiento forzado de personas en contravención del derecho internacional.
En 1944 Stalin deportó a toda la población del norte del Cáucaso, más de medio millón de personas de las repúblicas de Ingushetia, Chechenia y Osetia del Norte, a las repúblicas soviéticas de Asia Central bajo la suposición de que estaban «colaborando» con los nazis.
El desplazamiento a punta de pistola usó vagones de ganado abarrotados que simplemente dejaban caer a las víctimas en un yermo desierto sin medios de supervivencia. Se estima que en un desplazamiento anterior a partir de 1941 más de tres millones de rusos,polacos y letones, lituanos y estonios fueron deportados a Siberia y las repúblicas de Asia Central. Se estima que casi la mitad de ellos murió de enfermedades y desnutrición.
Como «reparaciones» después de la guerra, los aliados expulsaron por la fuerza a unos 14 millones de civiles de habla alemana de sus hogares en Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Yugoslavia y Polonia y los llevaron a los escombros de la Alemania ocupada por los Aliados. La mayoría de ellos eran mujeres, ancianos y niños.
En el camino tal vez murieron medio millón de personas debido a la inanición, las enfermedades, los ataques y las ejecuciones. Decenas de miles más perecieron en campos de trabajos forzados. Muchos de estos habían sido campos de concentración que permanecieron operativos durante años después del cese de las hostilidades.
El castigo israelí
El castigo colectivo es la llamada disuasoria del tirano desesperado. Es una desvergonzada puñalada colectivasobre las comunidades cuando el objetivo de un déspota no alcanza mínimamente su codiciado objetivo. Para ellos es muy fácil romper el devenir de un pueblo al esparcir la angustia entre todos los jóvenes, los ancianos, a los que esperan para tomar su turno.
El castigo colectivo viene en muchas formas. Algunos cortos, explosivos y mortales. Otros del tipo que pesa como un estremecimiento amorfo que parece que nunca se va, un dolor siempre allí para recordar que hay algo acerca de su raza, religión o patrimonio que entra en pánico ante la tiranía. Y entonces está el tipo de castigo que controla cada aliento que toma, cada paso que da, día tras día, generación tras generación. El tipo que te exige caminar o huir al pasado y nunca regresar a un futuro que te toca reclamar. Sin mañana, ni visión. Sin voz. Sin esperanza.
Ese es el castigo colectivo iniciado por los sionistas europeos décadas antes de que las Naciones Unidas arrancaran Palestina de Palestina, cuando desencadenaron una juerga de muerte, despojo y destrucción que no ha disminuido durante más de noventa años. Ningún castigo colectivo moderno ha sido tan largo, tan público o tan perversamente orgulloso.
Aunque la Nakba comenzó el 14 de mayo de 1948, se desarrolló décadas antes cuando Balfour emitió una invitación abierta a terroristas como el Irgun , Palmach o Lehi (la pandilla Stern) para comenzar un proyecto colonial letal que llegó desconociendo límites.
Durante años los palestinos fueron atacados en sus hogares, negocios y mercados sin ninguna razón, pero con un objetivo claro. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados por bombas o asesinados por disparos, no por ser una oposición armada sino como civiles arrastrados en un pogromo de castigo colectivo.
Nadie puede borrar la explosión terrorista del Hotel King David perpetrada por el Irgún en 1946, que costó la vida a 91 personas, incluidas unas cuatro docenas de palestinos. Ni las masacres en Deir Yassin y Ein al-Zeitun , por el Irgun o Lehi en abril y mayo de 1948, pueden ser disculpadas como la desafortunada pérdida colateral de la batalla en curso. Cientos de civiles ejecutados, muchos atados y fusilados, otros mutilados y violados, no son guerras sino castigos colectivos de la peor clase diseñados para esparcir terror masivo por medio de una acción despreciable sobre los dos pueblos rurales más vulnerables indefensos y antiguos.
Si estos fueran los explosivos puntos de referencia del castigo compartido temprano, durante más de una década antes, miles de palestinos fueron asesinados o heridos en un alboroto de terrorismo sin parar que determinó la vida y la muerte por algo más que una mera casualidad.
Los concurridos shuks (mercados) en Jerusalén, Jaffa y Haifa eran un lugar particularmente favorito para el castigo colectivo cuando estallaban bombas, algunas escondidas en burros o bajo puestos de frutas, otras arrojadas desde vehículos que pasaban a multitudes de compradores. Muchos fueron asesinados a balazos al azar. Pequeñas poblaciones, ayuntamientos, sedes políticas, cines y trenes fueron escenario de repetidas carnicerías causadas por explosivos o emboscadas. Más de una vez la Puerta de Damasco de la Ciudad Vieja fue atacada con bombas de barril o por metralla de armas. En Jaffa más de cien casas fueron quemadas hasta la base como parte de un ataque de bombardeo coordinado. Y en un antecedente de lo que estaba por venir pronto, en masa, en la noche del 31 de diciembre de 1947 al 1 de enero de 1948, el pueblo de Balad al-Shaykh fue atacado por fuerzas paramilitares que procedieron a volar casas y ejecutar a 70 palestinos como represalia por una batalla anterior en otro lugar entre combatientes sionistas y palestinos.
Con el establecimiento de Israel en la oscuridad, el castigo colectivo adquirió un significado nuevo y más odioso, ya que el desplazamiento masivo se convirtió en la principal arma elegida en toda Palestina. Temiendo el avance de las tropas israelíes u otra masacre al estilo de Deir Yassin por parte de milicias merodeando, unos 800.000 mil palestinos huyeron, o fueron expulsados, de sus antiguas casas, para convertirse en refugiados apátridas esparcidos por todo el Medio Oriente.
En los días siguientes, entre 400 y 600 aldeas palestinas fueron saqueadas y reducidas a poco más que escombros. Mientras el pánico se extendía, las tropas israelíes patrullaban los centros urbanos utilizando furgonetas y altavoces para ordenar a los aterrorizados habitantes que evacuaran sus hogares. Con la huída masiva quedó claro para los observadores internacionales y periodistas, que la limpieza de la población civil de Palestina se había convertido en una política. No mucho después, Israel promulgó una serie de leyes que impedían que los palestinos regresaran a sus hogares.
Sellaron el destino de millones de palestinos que 70 años después siguen sufriendo una política estatal normalizada sin precedentes de castigo colectivo masivo y exilio.
«El ejército israelí comenzó a atacar objetivos civiles, incluidos los centros de poblacionales, con el fin de hacer que los residentes comprendan el precio de la escalada y coloquen a Hamás en una situación problemática».Con estas palabras, un reciente artículo periodístico en la versión hebrea de Haaretz confirmó lo que los observadores informados sabían desde hace mucho tiempo: que Israel se coloca por encima del derecho internacional en su uso del castigo colectivo como un elemento esencial de su iniciativa para completar su objetivo de limpieza en toda Palestina.
Para entender y contextualizar la realidad contemporánea del castigo colectivo en Palestina, solo se necesita mirar hacia atrás unos trece años hasta la victoria electoral de Hamás en Gaza. En los años transcurridos desde entonces, el Gobierno israelí ha dirigido a sus dos millones de civiles a un castigo directo e incesante por poco más que su voluntad electoral y determinación política. Paralelamente y en simultáneo fue atacada, de una naturaleza diferente, la población civil palestina en todo Occidente Cisjordania.
Incluso antes del continuo baño de sangre en la Gran Marcha del Retorno, pocos pueden negar el uso frecuente de Israel del castigo colectivo a los no combatientes en la franja de Gaza. Cada vez que lo hizo, como era de esperar, ha culpado a los «terroristas» dentro de la propia sociedad civil por las «desafortunadas» y cuantiosas bajas y la destrucción generalizada consecuente de la infraestructura, los edificios y los hogares.
El 3 de enero de 2009 Israel comenzó una ofensiva terrestre en Gaza. Cuando terminó, dos semanas después, más de 800 civiles yacían muertos, incluidos los que perdieron la vida buscando refugio en los complejos de la ONU que fueron blanco de Israel. En uno de esos ataques, 43 personas fueron asesinadas por un bombardeo israelí el 6 de enero.
En lo que se convertiría en la razón de ser de futuros ataques, Israel destruyó hogares, edificios universitarios y de departamentos, escuelas, fábricas e infraestructura describiéndolos como parte de la «red de apoyo» de Hamás. Daños estimados en más de 3.000 millones de dólares adicionales tensaron la situación humanitaria ya grave en Gaza dejando a 46.000 personas desplazadas en albergues de la UNRWA.
Menos de tres años después, el 14 de noviembre de 2012, Israel atacó una vez más a Gaza utilizando aviones, fuego de mortero y tanques en todo el asediado enclave. Según un informe del ACNUR, durante el ataque 174 palestinos fueron asesinados, incluidos 33 niños, 13 mujeres y tres periodistas por ataques aéreos a sus automóviles. Cientos de personas resultaron heridas, entre ellas al menos 88 menores de cinco años. El 19 de noviembre de 2012, un ataque aéreo israelí mató a diez miembros de la familia Dalu, entre ellos cinco niños y dos vecinos.
En lo que solo puede describirse como un ataque total contra la sociedad civil, Al Mezan informó de que, en tan solo una semana, el ejército israelí destruyó 124 casas y dañó más de 2.000, mientras atacaba numerosos barrios residenciales y bloques de apartamentos.
Cuando el ataque terminó, 52 lugares de culto, 25 ONG, 97 escuelas, 15 instituciones de salud, 14 oficinas de periodistas y 16 edificios gubernamentales yacían en ruinas. 15 fábricas y 192 tiendas de comercio, 12 pozos de agua y grandes extensiones agrícolas fueron dañados o destruidos, al igual que el puente principal que conecta la ciudad de Gaza con el resto del enclave.
En 2014 Israel emprendió su ataque militar coordinado más reciente contra Gaza, ya que atacó una vez más a sus dos millones de civiles con una fuerza desproporcionada y masiva. Según un informe de las Naciones Unidas «la magnitud de la devastación no tenía precedentes, contabilizando más de 6.000 ataques aéreos, 14.500 proyectiles de tanques y 45.000 proyectiles de artillería lanzados entre el 7 de julio y el 26 de agosto».
Muchos de estos artefactos explosivos, en particular artillería y morteros, se usaron en áreas densamente pobladas y se diseñaron para tener un impacto de «área amplia» para garantizar que cualquiera o cualquier cosa dentro del área de contacto probablemente muera, resulte lesionada o dañada debido a su poder explosivo e imprecisión. Por diseño, el uso fortuito de estas armas destruyó barrios enteros.
Cuando terminó la carnicería 2.310 palestinos resultaron asesinados, la mayoría de ellos civiles, incluidos 551 niños y 299 mujeres. Más de 11.000 personas heridas, un tercio de ellas niños, y más de 1.000 quedaron permanentemente discapacitados. Muchos de los muertos o mutilados habían buscado refugio en varios albergues, incluidas las escuelas de la ONU, que fueron atacadas a pesar de que sus coordenadas se habían proporcionado a Israel antes del ataque.
El castigo colectivo desatado en Gaza durante el ataque de 2014 estaba destinado a causar una devastación duradera en una comunidad civil ya abrumada por la pobreza y aún tambaleante por el último asalto a su infraestructura unos años antes.
Durante el ataque de 50 días, Israel atacó más de 5.200 objetivos, incluidos miles de hogares que fueron destruidos o severamente dañados. Cientos de fábricas, granjas lecheras (con ganado) y naranjos fueron destruidas, al igual que la única central eléctrica y las principales tuberías de alcantarillado en Gaza que servía a 500.000 residentes.138 escuelas y 10 de 26 hospitales fueron dañados o destruidos junto con 203 mezquitas y dos de las tres iglesias cristianas de Gaza.
Para aquellos que necesitan una cartilla dolorosa sobre qué castigo explosivo colectivo se ve y se siente hoy, estos ataques mortales masivos contra la sociedad civil de Gazaaún con vida, no dejan nada a la imaginación. Cada ataque causó víctimas sustanciales entre los no combatientes y paralizó la infraestructura esencial y los servicios de apoyo para la salud, el bienestar y la seguridad de unos dos millones de hombres, mujeres y niños.
No se equivoque, el alfombrado de bombas no es un paso en falso militar aislado. Es una acción decidida y estratégica. Repetir los ataques dirigidos contra vecindarios residenciales y escuelas, refugios y hospitales con armas de impacto de «área amplia» no tiene como objetivo minimizar el sufrimiento de los civiles sino, más bien, servir como factores desencadenantes de un castigo colectivo horrible.
Sin embargo, el asalto militar no es más que un complemento mortal de un estrangulamiento sistemático en Gaza-ahora en su decimotercer año de ocupación israelí- que ha negado a su población civil la comida necesaria, el agua, ropa, medicinas, combustible, refugio, ropa de cama, equipamiento hospitalario y libertad de movimientos reconocidos como derechos humanitarios garantizados, estos no son meros bienes de privilegio o lujos de la vida. Sin duda su ausencia es la distinción fundamental entre las víctimas del castigo colectivo y quienes lo imponen.
Completamente rodeados de muros y vallas, años de ataques israelíes y un embargo asfixiante de productos y suministros han dejado a Gaza tambaleante por la ausencia de una infraestructura capaz de satisfacer las necesidades de su gente. Ya sea que se trate de electricidad, agua potable, atención médica o tratamiento de aguas residuales y gestión de desechos, está atravesando una crisis humanitaria que ahora ingresa en su segunda década.
En Gaza la pobreza extrema es desenfrenada. Con un 41,1 %, la tasa de desempleo es la más alta del mundo. Su desempleo juvenil es del 64 %.
Aunque miles de hogares dañados o destruidos durante los ataques de Israel siguen necesitando reparación, el sector de la construcción está inactivo. Más de 100.000 personas viven en refugios estrechos o permanecen sin hogar. El 60% de Gaza vive por debajo del umbral de la pobreza. Según UNICEF, un tercio de los niños de Gaza sufre desnutrición crónica y deficiencias de micronutrientes que pueden obstaculizar el desarrollo y afectar la salud en general.
Según la OMS, los cortes de energía y la escasez de combustible han creado crisis constantes a los 14 hospitales públicos de Gaza, amenazando el cierre de los servicios esenciales de salud dejando a miles de personas sin acceso a atención médica que salve vidas. Durante más de un año, la electricidad para Gaza ha disminuido a un total de solo tres horas diarias. En un momento dado, la pérdida de potencia amenaza las vidas de cientos de recién nacidos y adultos en unidades de cuidados intensivos y neonatales.
Solo el tres por ciento del suministro total de agua en Gaza es apta para el consumo humano, mientras que el resto está contaminada y es peligrosa debido a las aguas residuales no tratadas, los productos químicos agrícolas y una gran concentración de cloruro.
Con la escasez de agua potable, se vislumbra el temor a una epidemia de cólera mortal, particularmente en una comunidad con una población joven que muestra signos de desnutrición aguda y severo debilitamiento.
Según el Banco Mundial, el 56% de todos los palestinos no tienen acceso a servicios de salud «razonables y consuetudinarios» en Gaza. Decenas de medicamentos básicos no están disponibles. En la actualidad, más de 8.000 pacientes de quimioterapia, incluidos cientos de niños, no pueden obtener un tratamiento que les salve la vida debido a la ausencia de medicamentos necesarios para mantenerlos.
De acuerdo con Physicians for Human Rights-Israel (PHRI), el sistema de salud pública no puede proporcionar tratamientos especializados para problemas médicos complejos en una variedad de campos que incluyen cuidado neonatal, cardiología, ortopedia y oncología.
Hasta ahora este año, 30 pacientes han muerto después de que sus permisos de salida para obtener tratamiento fueran denegados o no otorgados a tiempo. No hace mucho tres bebés gravemente enfermos murieron después de que se les denegaran los permisos para recibir tratamiento en Israel. A principios de este año, dos niños murieron mientras esperaban el permiso de Israel para recibir un tratamiento en el exterior.
Semillas de castigo colectivo
En noviembre de 1998 el aeropuerto Yasser Arafat, ubicado entre Rafah y Dahaniya, fue inaugurado con mucha fanfarria. Capaz de manejar a unos 700.000 pasajeros por año, fue visto como un importante paso adelante en el establecimiento del Estado palestino, ya que proporcionaba el único tránsito de entrada y salida de Gaza más allá del control de Israel. En 2001, Israel destruyó su estación de radar y torre de control, en un ataque con bomba, después del comienzo de la Intifada de Al Aqsa en la ocupada Cisjordania. Nunca más se usaría el aeropuerto.
En el año 2005, después de 38 años de ocupación interior en el sur de Gaza, el ejército israelí y 21 «asentamientos» con casi 10.000 colonos fueronexpulsados del enclave costero. Aunque Israel siempre ha afirmado que se trató de una «retirada» voluntaria por razones de seguridad, está claro que la causa de la evacuación fue el aumento de los enfrentamientos y la resistencia de los combatientes palestinos en Gaza.
Poco después de la victoria de Hamás en las elecciones legislativas palestinas de 2006, Israel declaró la franja de Gaza «territorio hostil». Poco después impuso una serie de sanciones políticas, económicas y militares para aislar y destruir a Hamás y castigar a la población de Gaza por el ejercicio de su voluntad política.
En su sed de castigo colectivo, Israel impuso un bloqueo naval que limitó las zonas de pesca en alta mar e inició un asedio que dio lugar al cierre de los pasos fronterizos para personas, bienes y servicios. También implementó una «zona de amortiguación» dentro del territorio.
Estas medidas han tenido un impacto devastador en los niveles de vida y el desenvolvimiento de ella en toda Gaza y han destruido cualquier perspectiva de desarrollo económico o independencia. Han creado una grave y prolongada crisis humanitaria que se ha visto exacerbada por tres ataques militares injustificados y excesivos que han matado a miles de palestinos y han arrasado la infraestructura de Gaza.
Trece años después, Israel controla el espacio aéreo y marítimo de Gaza y seis de sus siete pasos terrestres, Egipto gobierna el séptimo. Controla el registro de población de Gaza y decide arbitrariamente quién entra y sale de la prisión al aire libre más grande del mundo. Gaza sigue dependiendo de Israel para sus servicios de agua, electricidad, telecomunicaciones y otros servicios públicos.
¿Y qué de esa zona de amortiguamiento? Como se muestra en La Gran Marcha del Retorno de marzo, se demostró que es mortal, mientras los francotiradores israelíes deciden detrás de la seguridad de sus montículos quién va a vivir y quién morirá por la osadía de manifestarse de Gaza.
La ley del castigo colectivo
A lo largo de la historia, en tiempos de conflicto armado y ocupación, los actos de castigo colectivo que las fuerzas militares han utilizado repetidamente contra grupos de personas independientemente de si tienen o no responsabilidad personal por los mismos actos, requerían una respuesta. El uso de castigos colectivos y la imposición de medidas punitivas crueles a las poblaciones civiles no son nuevos. Durante muchos años, las represalias beligerantes han sido poco más que medios ilegales de represión o intimidación a menudo impuestos bajo el pretexto de la aplicación legítima de la ley.
Incapaces de localizar a los insurgentes responsables de los llamados actos hostiles, los ejércitos invasores y los poderes de ocupación han utilizado durante mucho tiempo el castigo colectivo con la esperanza de reprimir la resistencia y garantizar la obediencia voluntaria. En última instancia, el objetivo de la disuasión es poco más que un pretexto para la tiranía.
El derecho internacional ha respondido a este ritual militar restringiendo y prohibiendo cada vez más la práctica del castigo colectivo
De las muchas prohibiciones establecidas en el derecho internacional, la más frecuentemente ignorada, pero claramente definida, es la prohibición del castigo colectivo. La prohibición del castigo colectivo en el derecho internacional humanitario se basa en uno de los principios más antiguos y más básicos del derecho penal, el principio de la responsabilidad individual. En el artículo 3 del Cuarto Convenio de Ginebra Sección 1 Art. 33 se establece que: «Ninguna persona protegida puede ser castigada por un delito que no haya cometido personalmente. Las sanciones colectivas y, asimismo, todas las medidas de intimidación o de terrorismo están prohibidas».
Esta Convención codifica el Reglamento de La Haya de 1899 que establece «No se puede infligir una pena general , pecuniaria o de otro tipo a la población que no puede considerarse responsable colectivamente a causa de actos de personas». La Resolución de La Haya de 1907 Sección 3 Art 50 afirmó esta regla con solo una ligera modificación que corrige «responsable colectivo» a «responsable conjunta y solidariamente».
El Artículo 4, par. 2 (b), del Protocolo II de la Convención define además el castigo colectivo como «penas de cualquier tipo infligidas a personas o grupos de personas desafiando los principios más elementales de la humanidad, por actos que estas personas no han cometido». El Comentario sobre el Protocolo II enfatiza que el castigo colectivo debe tener la aplicación más amplia posible e incluye cualquier tipo de sanción
Según el derecho internacional, la ley de las guerras (derecho humanitario) no es menos aplicable a los conflictos entre combatientes no internacionales que a las fuerzas internacionales. En consecuencia, aunque puede surgir un debate político sobre si la categoría del conflicto de décadas entre Israel y los palestinos en los Territorios Ocupados puede reducirse, a los efectos del derecho humanitario no es una diferencia distintiva.
Tanto Israel como las fuerzas de resistencia de Palestina están obligados a observar el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 («artículo común 3»), el Segundo Protocolo Adicional de 1977 a los Convenios de Ginebra (Protocolo II), aplicable a los conflictos armados entre países no internacionales así como el derecho internacional consuetudinario pertinente.
En la parte pertinente, el derecho humanitario prohíbe causar daños deliberados a civiles y otras personas que ya no participan en las hostilidades, incluidos los heridos. También establece reglas específicas sobre la conducción de las hostilidades para minimizar el sufrimiento innecesario.
Estas disposiciones prohíben las violaciones del derecho a la vida, la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes, los arrestos y detenciones arbitrarias y los juicios injustos. También prevén los derechos a la protección del hogar y la familia y la protección particular de los niños en tiempos de conflicto armado.
Las personas bajo el control del Gobierno en un conflicto armado interno deben, en todos los casos, ser tratadas de acuerdo con el derecho internacional humanitario, que incorpora importantes normas de derechos humanos.
Las violaciones de las leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos prevén la responsabilidad penal personal de aquellas personas que incumplan su prohibición. Los abusos contra los derechos humanos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil son crímenes de lesa humanidad.
En resumen, las leyes internacionales de derechos humanos prohíben la privación arbitraria de la vida y, en todo momento, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En esencia, un principio fundamental del derecho internacional humanitario es que las partes en un conflicto deben distinguir entre combatientes y civiles y no pueden atacar deliberadamente a civiles u objetivos civiles.
El Protocolo II declara, en términos inequívocos, que » la población civil y los individuos civiles gozarán de protección general contra los peligros que surjan de las operaciones militares». No deben ser objeto de ataques y todos los actos o amenazas de violencia con el objetivo principal de propagar el terror entre la población civil está prohibido.
El derecho internacional humanitario consuetudinario prohíbe los ataques dirigidos contra objetos civiles, como hogares y lugares de culto. El Protocolo II prohíbe específicamente los ataques, destrucción o remoción de objetos indispensables para la supervivencia de la población civil, incluidos alimentos, áreas agrícolas, cultivos, ganado, instalaciones y suministros de agua potable y obras de irrigación. El pillaje o el saqueo, la toma forzosa de propiedad privada, también está prohibido.
Los castigos colectivos están prohibidos por el derecho internacional humanitario en todas las circunstancias. La prohibición de los castigos colectivos se aplica no solo a las sanciones penales contra personas por acciones que no tienen individualmente responsabilidad penal, sino también a «todas las sanciones y hostigamientos de cualquier tipo, administrativos, por acción policial o de otro tipo».
El artículo 4 del Protocolo II también establece las garantías fundamentales de un trato humano, que incluye explícitamente una prohibición de los castigos colectivos, los actos de terrorismo y el saqueo. Los comentarios del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre el Protocolo II y el derecho internacional consuetudinario dejan claro que estos artículos no dejan lugar a represalias en un conflicto armado no internacional.
Con respecto a la responsabilidad individual, las violaciones graves del derecho internacional humanitario incluyen el maltrato de personas bajo custodia y los ataques deliberados contra civiles y bienes civiles, y cuando se efectúan con intención de cometer un crimen por cometer crímenes de guerra.
La intención criminal requiere una acción decidida o imprudente. Las personas también pueden ser penalmente responsables por intentar cometer un crimen de guerra, así como asistir, facilitar, ayudar o instigar un crimen de guerra. La responsabilidad también puede recaer sobre las personas que ordenan, planifican o instigan la comisión de un crimen de guerra. Incluso en ausencia de una política estatal formal, los comandantes y líderes civiles pueden ser procesados por crímenes de guerra como una cuestión de responsabilidad cuando sabían o debían haber sabido acerca de la comisión de crímenes de guerra y no tomaron medidas suficientes para prevenirlos o castigar a los responsables.
El castigo israelí continuo
En Palestina, el uso del castigo colectivo comenzó hace mucho tiempo mediante un desmadre de atentados indiscriminados, secuestros, incendios provocados y disparos al azar dirigidos contra la sociedad civil. Después del establecimiento de Israel, el desplazamiento de la población y el exilio convirtieron a más del 80 % de la comunidad indígena en refugiados apátridas. La limpieza étnica estaba entonces en marcha.
En los años transcurridos desde que el Irgún se convirtió en el ejército israelí, el castigo colectivo se ha convertido en la norma, ya que el ejército israelí ha adoptado rutinariamente el asesinato en masa y las represalias como el arma estratégica preferida en Gaza. La destrucción al por mayor de hogares, escuelas, hospitales, centros de culto e infraestructura esencial se ha convertido en la miserable norma política en Israel.
Al mismo tiempo, Israel ha impuesto un embargo a la importación de alimentos, medicinas, agua y materiales de construcción necesarios y ejerce un dominio absoluto sobre una industria marítima que alguna vez floreció mientras reducía al mínimo el movimiento de entrada y salida de Gaza. Comenzando hace más de una década, estos pasos se impusieron contra toda la sociedad civil de Gaza como castigo por su voluntad política y por los actos legales de resistencia de unos pocos.
Aunque cualitativamente diferente, el castigo colectivo en la Cisjordania ocupada no es menos pernicioso, igual de ilegal y, más allá de toda duda, otro paso consciente de Israel para despojar a millones de personas ocupadas de su identidad y derechos indígenas en violación del derecho internacional.
Al igual que en Gaza, no faltan pruebas de los ataques sistemáticos de décadas de Israel contra la sociedad civil y las instituciones de Cisjordania ocupada. Como en Gaza, en última instancia, todas las políticas israelíes están impulsadas bajo el subterfugio de la necesidad.
Ya sea un desplazamiento poblacional forzoso o los muros divisorios y puestos de control siempre presentes o una docena de otras sanciones militares ilegales, Israel castiga a unos dos millones y medio de civiles por el impulso de su voluntad política o por la resistencia militar legítima de relativamente unos pocos.
Simplemente el castigo colectivo en su peor expresión.
Por lo tanto, desde que comenzó la ocupación en 1967, el encarcelamiento masivo se ha convertido en la norma con más de 800.000 palestinos de Cisjordania encarcelados. A casi todos se les ha negado cualquier mínimo del debido proceso y fueron procesados, juzgados y condenados por tribunales militares. Los judíos que viven en el territorio ocupado son, por supuesto, enjuiciados en tribunales civiles y reciben toda la panoplia de sus derechos civiles y penales.
La mayoría de los 800.000 palestinos fueron acusados sobre la base de evidencia secreta poco confiable. Utilizando el talismán de la «seguridad», los encarcelados a lo largo de los años incluyen a muchas decenas de miles procesados por poco más que sus creencias políticas o su discurso, asociación o movimiento.
Las prisiones vienen en muchas formas. Están aquellas con bloqueos de celdas y literas y otras con muros y puestos de control que, sin embargo mantienen a aquellos en libertad prisioneros de su difícil situación. En toda Cisjordania, estos muros y puestos de control no solo limitan el movimiento y dividen ilegalmente a las familias en comunidades separadas segregadas, sino que niegan a los estudiantes la misma educación y la frágil y enfermiza atención médica de calidad.
A lo largo de la ocupación se han emprendido y ejecutado desplazamientos masivos de comunidades originarias, incluidos los de familias y vecindarios beduinos, en Jerusalén oriental que datan del milenio, para dar cabida a colonias ilegales.
Hasta la fecha, más de 800.000 colonos residen en Cisjordania, con gran parte de ellos anexados en clara violación de la ley internacional. A menudo a los musulmanes, y cada vez a más cristianos palestinos, se les niega el derecho a ejercer sus creencias religiosas debido a su edad, mediante prohibiciones de viajes o clausuras de mezquitas o iglesias debido a la «seguridad», incluida la mezquita y el complejo de Al Aqsa. Atacar Al Aqsa y causar daños al tercer lugar más sagrado del islam o víctimas, incluida la muerte, a quienes rezan se ha convertido en un lugar común para los colonos, los soldados o la policía israelíes.
Durante otros períodos Jerusalén Este ha sido duramente golpeada por las medidas de «seguridad» israelí, incluyendo docenas de puestos de control militares y bloqueos de concreto en las entradas a varios vecindarios y caminos comunitarios internos que causan grandes trastornos a las vidas de varios cientos de miles de residentes palestinos.
Periódicamente, como complemento de tales cierres de vecindarios, se llevan a cabo operaciones policiales en las que miles de residentes, de todas las edades, son detenidos, buscados e interrogados nada más que por vivir en una calle determinada. Más de unos pocos informaron encuentros abusivos con la policía y los soldados israelíes, incluido el acoso sexual, ya sea por comentarios o por contacto físico.
Estas medidas, que atacaron arbitrariamente a grandes segmentos de la población de Jerusalén Este, no tienen relación con la comisión de ataques que ocurrieron antes, en otras partes, en Jerusalén Este. Como resultado, decenas de miles de palestinos tenían sus derechos a la libertad de movimiento, acceso a la atención médica y a mantener su nivel de vida irrazonablemente perturbados.
Si bien muchas de estas restricciones se han levantado, algunos barrios continúan sufriendo continuas y graves restricciones de acceso, así como operaciones policiales abusivas. En general, estas medidas de seguridad arbitrarias han tenido un impacto adverso en las economías palestinas locales y en general han reducido las oportunidades de empleo para una comunidad que ya sufre altas tasas de desempleo.
En ocasiones, pueblos o ciudades enteras han sido sellados en Cisjordania debido a operaciones militares, una vez más sin relación con los actos locales de violencia, lo que altera la vida y el sustento de sus residentes. Estas medidas constituyen un castigo colectivo prohibido.
En otros lugares, otros palestinos no han sido tan «afortunados» como para sufrir simplemente el hostigamiento del puesto de control en su camino de regreso a casa. Las demoliciones punitivas de viviendas han sido durante mucho tiempo uno de los pilares del ejército israelí contra las familias y los familiares de los palestinos presuntamente implicados en los ataques, incluso ante la ausencia de pruebas de que las familias tuvieran conocimiento previo de ellos o hubieran participado en ellos. Aunque intermitentes, estas demoliciones han destruido docenas de hogares dejando a varios cientos de palestinos sin hogar, incluyendo a casi cien niños.
Las demoliciones punitivas de hogares palestinos también violan una serie de derechos humanos básicos, incluido el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la vida familiar, el derecho a la libertad de movimiento y la salud física y mental.
Aunque la práctica finalmente llegó al Tribunal Superior de Israel, se confirmó sobre la base de que la destrucción era necesaria por «motivos de disuasión y seguridad». No era la primera vez que el Tribunal ignoraba las prohibiciones internacionales bien resueltas contra el castigo colectivo y si la historia es, de hecho, la guía de lo que está por venir no será la última.
Conclusión
¿Qué mayor crimen puede haber que robar la sonrisa de un niño para arrebatarle la esperanza, la salud y la felicidad? Sin embargo, hoy en día, ese robo despiadado se ha convertido en la norma en todo el mundo. Ni el guerrero ni el enemigo se han convertido en el lado blando de los corazones duros que abrazan el castigo colectivo como el camino seguro hacia la conquista.
Solo en los últimos tres meses, 23 niños palestinos han sido asesinados por francotiradores israelíes; su crimen, la audacia de marchar por un sueño. Justo la semana pasada, en Yemen, 40 niños perdieron su futuro por una bomba lanzada en un autobús escolar por un Saudi Jet provisto por una compañía estadounidense. El año pasado 50.000 niños yemeníes perdieron la vida debido a una muerte más aberrante causada por el hambre o la enfermedad a causa de un embargo que desde hace tiempo ha negado a su población civil alimentos, medicinas y agua. En Siria, se estima que uno de cada cuatro niños ha perdido la vida debido a las campañas de bombardeo de los Estados Unidos y Rusia. Decenas de miles de personas han sido asesinadas con pistolas y explosivos terrestres. Más de 400.000 niños rohinyás viven ahora en campos de refugiados en Bangladesh, huyendo del genocidio en Myanmar. Miles de ellos son huérfanos, muchos de ellos trabajan en el comercio sexual en expansión habiendo sido recibidos en su huida por la pobreza extrema y la violación.
Esta es la cara del castigo colectivo en todo su horror. Nuestro futuro colectivo perdido por nuestro pasado fallido.
Algunos golpeados y confundidos hace más de 150 años, en la Comunidad de las Naciones comenzaron a considerar la locura que había consumido a los no combatientes por la locura de una pelea que no era suya.
En medio del caos que fue la Guerra Civil de los Estados Unidos, la naciente Cruz Roja comenzó a hablar de ayuda humanitaria. En Europa, otros atónitos por las aparentes décadas de conflictos extendidos comenzaron a explorar la difícil situación de los heridos.
De esta discusión creció el Convenio de Ginebra de 1864. A continuación siguieron otros convenios y protocolos que en última instancia se extendieron a la protección de los civiles en los territorios ocupados y enemigos. Conocida simplemente como una prohibición del castigo colectivo, iba a ser la panacea ideal que protegería a la mayor parte del mundo de los estragos de unos pocos. Ha fallado.
Caminar por estos caminos desde lejos es un viaje tan doloroso como un gran testimonio de eventos y lugares que se han desarrollado ante nosotros con ojos trágicos, pero no tan difíciles y destructivos como lo han sido para quienes lo han vivido.
Nosotros, de posición excepcional, ya sea nacida por la raza, oportunidad o mera providencia, somos testigos hoy de un ataque sin precedentes contra los más vulnerables de entre nosotros, millones de personas perdidas en la insensible reticencia de la disputa y la desesperación, algunos viejos, otros de reciente cosecha.
Hace mucho tiempo, en la apertura del Tribunal de crímenes de guerra en Núremberg, se planteó una pregunta simple que sigue siendo no menos propositiva o poderosa hoy que hace más de setenta años:
«Bajo la ley de todos los pueblos civilizados, ha sido un crimen que un hombre con los nudillos desnudos asalte a otro. ¿Cómo fue que multiplicar este crimen por un millón y agregar armas de fuego a los nudillos desnudos hace que sea un acto legalmente inocente?
La prohibición del castigo colectivo es la ley largamente establecida de la comunidad internacional. Sin embargo, sigue siendo en gran medida una burla, una sanción sin heraldo.
Es un mensaje perdido para los poderosos. Pero a medida que nos acercamos a la medianoche de nuestro destino compartido todavía hay tiempo para que se convierta en nuestro llamado colectivo.
Si no, estamos todos condenados, víctimas de nuestra propia indiferencia.
Stanley L. Cohen es abogado y activista en la ciudad de Nueva York.
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.