El 31 de octubre, 2 de cada 3 personas votaron por la reforma constitucional contra la privatización del agua. El mandato popular es claro: deben caer las concesiones a privados en la distribución de agua potable y en el saneamiento. Sin embargo, los partidos que al menos de palabra apoyaron el plebiscito, reclaman a Batlle […]
El 31 de octubre, 2 de cada 3 personas votaron por la reforma constitucional contra la privatización del agua. El mandato popular es claro: deben caer las concesiones a privados en la distribución de agua potable y en el saneamiento. Sin embargo, los partidos que al menos de palabra apoyaron el plebiscito, reclaman a Batlle que esas privatizaciones sigan adelante. No sólo Larrañaga y el P N, sino también los jefes políticos del Frente Amplio (Tabaré, Astori), realizaron este reclamo.
Batlle se niega a llevar adelante este pedido. Es que se trata de un gobierno acabado, repudiado masivamente en las urnas y no tiene ninguna autoridad política. Por eso Batlle le exige a blancos y ‘progresistas’ que se encarguen ellos mismos de trampear la voluntad popular. Para esto los seguidores de Larrañaga ya han presentado una «ley interpretativa», es decir, una verdadera estafa contra el mandato del pueblo. Según ese proyecto de ley las empresas privadas seguirán explotando el negocio del agua potable y el saneamiento (haciendo enormes ganancias) aunque para permitirlo haya que violar la constitución.
La prensa afirma que quienes estaban en contra de la reforma (el gobierno) «ahora quieren cumplirla» y quienes la apoyaban ahora quieren violarla. Sin embargo, la prensa se equivoca: Batlle también quiere violar el mandato popular. Es por eso que ha anunciado que aunque la ley tramposa es inconstitucional, no la vetaría. Es decir que existe un acuerdo entre los partidos parlamentarios para violentar su propio régimen democratizante.
José Mujica no se pronuncia y deja hacer a los dirigentes de su fuerza política (Vázquez y Astori). Los jefes políticos del EP-FA-NM también quieren mantener las privatizaciones realizadas por el gobierno blanqui-colorado en la telefonía internacional y las bandas celulares, pese a que SUTEL y el PIT-CNT reclaman su anulación. Se está preparando una estafa de las conquistas democráticas y una violación de la soberanía popular.
El PT convoca a organizar comités en defensa de la soberanía popular en todos los barrios y empresas para que se cumpla el mandato del pueblo. Reclamamos al PIT-CNT el lanzamiento de un plan de lucha. Paro general activo y marcha de masas al Parlamento para enterrar la ley «interpretativa» privatizadora, antidemocrática y anticonstitucional.
Inmediata rescisión del contrato con Uragua, por incumplimiento del cronograma de obras y por la mala calidad del servicio, sin indemnización. Que caigan todas las concesiones a empresas privadas en el abastecimiento de agua potable y en el saneamiento, sin indemnizar el lucro cesante (según la nueva constitución, se debe indemnizar únicamente las inversiones no amortizadas). Abajo todas las privatizaciones.
Esta conspiración antidemocrática revela que para terminar con los privatizadores, la única salida es la lucha popular.
No pago de la deuda externa, fuera el F M I, abolición del secreto bancario. Que la crisis capitalista la paguen las grandes patronales y los banqueros.
17/11/04