«Y nuestra civilización no colapsó como tantas otras por falta de alimentos. Colapsó porque habían desaparecido quienes los producían, las personas campesinas«. Bien podría empezar así algún relato apocalíptico, y como tantos otros podríamos simplemente dibujarlo en los planos de la imaginación, pero en este caso deberíamos tomarlo muy en serio. La cifra en […]
«Y nuestra civilización no colapsó como tantas otras por falta de alimentos. Colapsó porque habían desaparecido quienes los producían, las personas campesinas«.
Bien podría empezar así algún relato apocalíptico, y como tantos otros podríamos simplemente dibujarlo en los planos de la imaginación, pero en este caso deberíamos tomarlo muy en serio.
La cifra en Catalunya es una buena muestra. Según datos del Institut d’Estadística, desde 1994 hasta nuestros días el censo de quienes se dedican a la agricultura y la ganadería ha disminuido en prácticamente el 50%. Hemos pasado de 51.000 personas a la mitad: actualmente, de los siete millones de personas que moramos este territorio, solo 26.000 se dedican a la producción de alimentos. Y como dice el sociólogo Josep Espluga, «más preocupante es preguntarse si no será que hoy contamos con el doble de personas campesinas de las que tendremos dentro de, pongamos, unos diez años».
A las causas de la desaparición de campesinado en el mundo (políticas, culturales y económicas) desde hace unos años, tenemos que añadir otra, la menos importante en cantidad pero la más grave en cuanto a significado, y es que, como un gota a gota que no amaina, cada semana conocemos el asesinato de personas campesinas significadas en la defensa de su tierra, de sus ríos, de sus semillas, de sus territorios, donde durante siglos han alcanzado el mágico equilibrio de dotarse de los bienes necesarios para sostener la vida sin esquilmar los recursos que los producen.
OCHO TIROS
El último caso que he conocido ha sido en Sudáfrica, donde la noche del 22 de marzo murió de ocho tiros -uno en la cabeza- Sikhosiphi Bazooka Rhadebe, líder comunitario en Xolobeni contra los planes de la empresa minera TEM, subsidiaria de la minera australiana MRC, de explotar una mina de titanio en su tierra, una mina que, como ellos dicen, significaría la destrucción de sus medios de vida.
Pocos días antes, el 3 de marzo, Berta Cáceres, compañera del movimiento internacional Vía Campesina en Honduras y reconocida un año antes con el premio Goldman (el Nobel verde), fue asesinada mientras dormía. Ella, como Gustavo Castro Soto, retenido hasta principios de abril, y Nelson García, asesinado una semana después tras el desalojo por el Gobierno hondureño de las tierras que ocupaban 150 familias, son hombres y mujeres que defienden el derecho de poder vivir en sus territorios frente a multinacionales del sector energético, minero y agropecuario que -con la complicidad del Gobierno- pretenden hacer de esos lugares cualquier tipo de lucrativo negocio.
Porque la tierra y ríos que, cuidados, son madre y sustento, maltratados y explotados con monocultivos industriales (fundamentalmente palma africana para el aceite de la agroindustria, en el caso de Honduras), o retenidos en represas hidroeléctricas, son imprescindibles para el imposible milagro de la multiplicación infinita del dinero. Este es el conflicto central de nuestros días: sostener la vida o hacer de la vida un negocio.
Y así avanza una lluvia de asesinatos y criminalización de gentes campesinas que, si la atiendes, es una tormenta que empapa. Solo este mismo mes de marzo podemos añadir muchos casos más. Como Walter Manfredo Méndez Barrios, muerto de bala mientras se dirigía a su parcela en una de las áreas de la Reserva de la Biosfera Maya, en Guatemala, donde al frente de la cooperativa agrícola La Lucha ejercía su activismo frente a la usurpación de tierras y los usos ilegales de la misma. Como la muerte de los hermanos Cristian y Jorge Castiblanco, de 23 y 18 años, y de Álex Carrillo, de 35, trabajadores del campo y activistas comunitarios que junto con sus familias y demás habitantes de la región de Cabrera, en Colombia, se oponen a proyectos de megaminería y a la construcción de hidroeléctricas en el páramo de Sumapaz. O como aquí, en el Estado español, donde se ha condenado a tres años y medio de prisión a Andrés Bódalo, del Sindicato de Obreros del Campo, también parte de la Vía Campesina, por una protesta colectiva contra el latifundismo y sus negocios agrarios.
LA VÍA CAMPESINA
Y sí, podemos afirmar que la vía campesina, la voluntad de defender la tierra que da de vivir, está siendo cruelmente atacada. Pero es mucho más. Como diría John Berger, «no se puede tachar una parte de la historia, lo campesino, como el que traza una raya sobre una cuenta saldada», pues si tenemos en cuenta su cosmovisión, su relación con los bienes naturales, su mirada y su hacer comunitario y el sentido de interdependencia entre los pequeños universos que custodia, reconoceremos ahí la levadura precisa para amasar nuevas formas de sociedad que aseguren un porvenir sostenible y autónomo. El por llegar no merece ninguna confianza.
Fuente: https://gustavoduch.wordpress.com/2016/04/11/una-tormenta-de-asesinatos/