Hace unos días el MOVUS publicó un «desafío» a debatir con el gobierno los aspectos económicos del proyecto UPM2. A pesar de que no integramos la organización nos tocó elaborar los números sobre los cuales se basó el «desafío». Éste tuvo cierta repercusión mediática. El gobierno no respondió específicamente al mismo, pero curiosamente (¿casualidad?)… días […]
Hace unos días el MOVUS publicó un «desafío» a debatir con el gobierno los aspectos económicos del proyecto UPM2. A pesar de que no integramos la organización nos tocó elaborar los números sobre los cuales se basó el «desafío». Éste tuvo cierta repercusión mediática. El gobierno no respondió específicamente al mismo, pero curiosamente (¿casualidad?)… días después de conocido el «desafío» aparecen en página de Presidencia una serie de estudios que habían sido, hasta ahora y suponiendo que ya existieran, cuidadosamente escamoteados a la opinión pública. Son varios trabajos extensos y es probable que no nos sea posible estudiarlos todos. Empezamos por el tema que ha sido nuestra «especialidad»… los números que expresan el costo beneficio del proyecto. A tal fin leímos «Evaluación financiera de ingresos y egresos del proyecto UPM2» [1] El trabajo aparece sin firma por lo cual se considera la «voz oficial» del gobierno. Largo y de no fácil lectura comentaremos apenas lo que nos parece su piedra angular:
«En suma, la puesta en marcha de una tercera planta de celulosa con el rango de capacidad de producción especificado en la VAL, y de mantenerse los precios de exportación de los últimos años, tendría un impacto incremental en las exportaciones de bienes en torno a los US$ 1.155 millones.
Teniendo en cuenta que los insumos para la producción de celulosa serán principalmente de origen nacional, un incremento de las exportaciones de aproximadamente US$ 1.155 millones redundará en un aumento de similar magnitud en el Producto Interno Bruto, aproximadamente 1,9% del PIB a valores de 2017.
Una posible estimación del impacto recaudatorio de la puesta en marcha de la segunda planta de UPM podría realizarse a partir de la presión tributaria sectorial de DGI y BPS del sector «A.020- Silvicultura, extracción madera y servicios conexos»: en promedio 14,9% del valor agregado sectorial en el periodo 2011-2014.
Considerando que aproximadamente el 30% 2 del PIB antes mencionado se generaría dentro de la zona franca, y por ende no se encontraría gravado, el coeficiente de presión tributaria sectorial corresponde se aplique sobre el 70% restante del PIB. En efecto, esto equivale a decir en forma simplificada que, un aumento del PIB de US$ 1.155 millones se podría traducir en recaudación de la DGI y del BPS por aproximadamente US$ 120 millones anuales.»
¿Por qué decimos que es la piedra angular del análisis económico financiero del proyecto?
Porque todos los números que siguen, y son muchos, se basan precisamente en esa supuesta recaudación de 120 millones de dólares anuales de impuestos que generaría UPM2 al funcionar a plenitud. O sea, frente a los costos para el país (gravemente minimizados ya que no se consicera el contrato eléctrico) se contrapone esa cifra de hipotética recaudación y se le suman los magros cánones que pagaría UPM. Veámoslo en detalle: 1) Se afirma que (después de revisar antes los precios de exportación de la celulosa) la planta incrementaría las exportaciones nacionales en U$S 1.155 millones, un 1.9% del pbi. Y se dice que dicho aumento del pbi se debe a que los insumos para la producción de celulosa son en su gran mayoría de origen nacional. En efecto, para calcular el pbi generado por cualquier producción se detraen del valor total generado los valores sumados de los insumos que entraron al proceso. Dicho de otra forma, la mayoría del valor (U$S 1.155 millones) exportado fue generado antes de la entrada de la planta. 2) Entonces, ¿en qué quedamos… si el 70% del valor se generó al producir los troncos (materia prima esencial, seguramente la mayoría del valor que ingresa a la planta que se complementa con los químicos que se utilizan en el proceso, parte de ellos producidos también en el país) está claro que la planta no provoca un aumento del pbi del 1.9%. Si seguimos el razonamiento del gobierno la planta genera apenas un 0.57% de aumento del pbi. El resto se produce en los viveros, los montes, el transporte, los químicos, etc. Y, consecuentemente, los 120 millones de dólares de recaudación del bps y la dgi que supuestamente provocaría UPM2 no existen.
Dicho de otra forma: si no se construye ninguna planta de celulosa los troncos producidos por los árboles que ya están plantados y creciendo generarán (de hecho ya lo están haciendo aunque aún no estén siendo cosechados) un aumento del pbi del 1.33% . Y la consecuente recaudación excedentaria de 120 millones de dólares por concepto de aportes al bps e impuestos para la dgi.
3) Y, que conste en actas, estamos tomando el dato de los 120 millones de dólares del gobierno a «valor facial». Número que dada la «precisión» de lo que mencionamos antes debería ser estudiado con lupa.
4) Esto se corresponde «en espejo» con lo que hamos planteado reiteradamente respecto a la negociación del contrato: en 2014 el expresidente Mujica fue a Finlandia a rogar que la empresa se dignara instalar su segunda planta. Y recibió una respuesta fría y negativa. Recién a mediados de 2016 parece que comenzaron, ya con Tabaré Vázquez como presidente, las negociaciones. Dado que los árboles necesitan no menos de 7 años para ser cosechados es claro que ya en ese entonces la gran mayoría de los que necesitaría la nueva planta estaban creciendo. Para ese entonces Uruguay no necesitaba una nueva planta de celulosa los eventuales beneficios (sin entrar aquí a considerar los graves efectos económicos, ambientales y sociales de la forestación masiva y concentrada tienen sobre el país) económicos de la planta (al menos en un 70% según el gobierno confiesa) eran un hecho. Pero la otra parte (UPM) sí necesitaba una planta de celulosa. Para producir los más de 2 millones de toneladas anuales se necesitan entre 7 y 8 millones de toneladas de troncos. Considerando una producción anual por hectárea de 30 toneladas la superficie plantada para abastecer el proyecto debía, ya en ese entonces ser del orden de las 250.000 hectáreas [2].
¿Cómo podía UPM exportar (los troncos tal cual están plantados y manejados los árboles no sirven para otra cosa que producir celulosa) esa cantidad de madera para producir, eventualmente, la celulosa en otro lado? Resulta difícil imaginarlo.
El país invierte, entre el ferrocarril, el traslado del puerto pesquero, el viaducto por encima de la vía férrea a la entrada del puerto, la energía que se compromete a comprar a UPM a un precio inflado durante 20 años (tema que no trata el análisis que comentamos) una cifra no inferior a U$S 4.000 millones. [3] Si seguimos el razonamiento del gobierno los 120 millones de impuestos y aportes laborales se hubieran generado de todas formas si UPM no hacía la planta. Es más: la logística para exportar esos troncos necesitaría seguramente muchos más puestos de trabajo que los que empleará la planta. Y generaría muchos más impuestos y aportes.
Pero no vale la pena ni plantearse esa posibilidad: ante un gobierno que se hubiera mantenido firme, sin conceder zona franca ni otras exenciones [4] ni, mucho menos realizar enormes inversiones en infraestructura para uso casi exclusivo de la empresa, UPM hubiera de todas formas llevado adelante el proyecto. Es que no le quedaba otra.
Notas:
[1] https://medios.presidencia.
[2] Mientras que el ministro Rossi ha afirmado más de una vez que «los árboles ya están plantados», tal como hizo el director de planeación de opp Fernando Isabella hace más de un año; UPM ha dicho que necesitan sembrar de 60 a 90 mil hectáreas más de eucaliptus. Si esto fuera cierto, de todas formas el razonamiento permanece completamente válido.
[3] Y este dinero, a pesar de que la forma PPP (participación público privada o PPA para el caso de la energía), evitan que figure como deuda pública en los informes del bcu resulta en un aumento de ésta en no menos de un 5% del pbi. O sea empeora severamente el tan mentado «cociente deuda/producto» uno de los supuestos puntos clave del «investment grade» que se utilizan como caballito de batalla para justificar el proyecto.
[4] Digamos, de pasada, que la cláusula que obliga al gobierno a firmar «Acuerdos Anticipados para los precios de transferencia» sugiere poderosamente que se exencionarán de impuestos también las plantaciones de árboles que hoy ya no lo están.
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