La jornada electoral voluntaria de hoy en Uruguay es una instancia más de un largo debate y una correlativa lucha política con repercusiones en buena parte de América Latina. Inversamente, en la cuna de la modernidad occidental (los llamados «países desarrollados», aunque hoy en vías de subdesarrollo) tal debate fue superado ya hace décadas y […]
La jornada electoral voluntaria de hoy en Uruguay es una instancia más de un largo debate y una correlativa lucha política con repercusiones en buena parte de América Latina. Inversamente, en la cuna de la modernidad occidental (los llamados «países desarrollados», aunque hoy en vías de subdesarrollo) tal debate fue superado ya hace décadas y sus resultados legislativos se integran a una ristra de paulatinas conquistas de derechos. Entre ellos, no debería olvidarse que recién entrado el siglo XX la mujer fue conquistando el derecho al voto gracias al cual hoy podría hacer uso del mismo en Uruguay, si se considerara convocada a sufragar. Peor aún, hay regiones del mundo donde ese derecho elemental les está vedado a las mujeres, como en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí o Libia, entre otros. En esta sucesión de conquistas los movimientos feministas y algunas otras organizaciones cuestionadoras y defensoras de minorías de la sociedad civil han tenido -y creo que seguirán teniendo- un rol fundamental. Precisamente las que, salvo alguna rarísima excepción, lucharon por lograr la ley que hoy se pone en cuestión mediante el recurso electoral. La lucha de las mujeres y de las diversas minorías de toda laya son un pulmón insustituible para oxigenar la asfixiante demora en la adquisición de una ciudadanía plena, aquella que supone a los ciudadanos como iguales, aún en la más estrecha acepción de igualdad que es la que prescinde de las diferencias de clase y de acceso a la riqueza material y simbólica.
Sin embargo, luego de nueve intentos legislativos «abortados», la extensión del debate no necesariamente garantiza su profundidad y riqueza, particularmente para el conjunto de la sociedad. En torno a la temática y su realidad jurídica actual (sobre la que algunos sectores políticos y sociales se proponen legítimamente convocar a la ciudadanía este domingo para lograr un referéndum derogatorio) entran en juego aspectos como las concepciones sobre la familia, el cuerpo femenino, los discursos y prácticas de la sexualidad, el orden patriarcal o la opresión de la mujer. Interpela aquello que los sujetos sociales espontáneamente vivencian y lo que los discursos tanto hegemónicos como críticos les infunden. En esta última etapa, no sólo en la desembocadura publicitaria «de campaña» en la que imperan los slogans y las técnicas de seducción por imagen, ontológicamente opuestos a la argumentación, el debate fue más bien asordinado o inhibido. Sobresalen los esfuerzos por aislar el aborto de las problemáticas conexas. Su resultado es en consecuencia desinformador y hasta atemorizante.
Entre otras causas, hay dos razones de peso que empobrecieron las discusiones. Por un lado la ambigüedad y tibieza -sumada a su desmovilización- de la fuerza política que impulsó la ley actual, el Frente Amplio uruguayo (FA) y por otro la manipulación ideológica del significante «vida» que se operó interna y externamente. La apelación a la libertad de conciencia que incluyó en sus directivas el FA, es una obviedad innecesaria que induce a confusión y debilidad. Es evidente que para cualquiera de las variantes en las que progresistas e izquierdistas nos inscribamos, después de tantos exilios, persecuciones, torturas, encierros y muerte por el sólo hecho de pensar o sentir de modo opuesto al dominante, tal libertad nos es propia y constituye una posición de principios. Tanto como la libertad de culto, o sexual. O las opciones por las que la ciudadanía elija ante una urna de votación al resguardo de un cuarto secreto. Pertenecen al caro ámbito de la intimidad.
Pero más allá de la ciudadanía en general, en un movimiento tan amplio, complejo y admirable como el FA, sus simpatizantes -e inclusive sus activos militantes- gozan de absoluta libertad, no sólo de conciencia, sino también de expresión, de reunión y de asociación. De lo contrario esta fuerza política no podría lograr semejante resultante unitaria con integraciones tan diversas. Más aún, institucionalmente, de manera explícita y estatuida, sus militantes no deberían estar obligados a sostener y/o defender públicamente las resoluciones y/o declaraciones públicas, las leyes votadas o acciones de gobierno con las que no acuerden o aquellas que hayan votado en contra, si tuvieran esa oportunidad por ejemplo en un comité de base o un partido integrante. Deberían además gozar de la libertad de expresar sus propias posiciones divergentes, siempre que lo hagan a título individual, sin por ello comprometer a la fuerza. Es lo que intento por caso hacer ahora aquí como tantas otras veces o lo que viene haciendo el ex presidente Vázquez como simple militante sobre el tema objeto de debate, aunque esa libertad no le pertenecía ni ética ni políticamente cuando ejerció la presidencia y vetó la ley. Estas prácticas resultan un salto cualitativo por sobre las tradiciones autoritarias de compulsiones ideológicas y coacciones sobre miembros o simpatizantes, que son parcialmente responsables del socavamiento de la mínima confianza en los dispositivos «organizativos» y fueron creado una sospecha paralizante sobre todo proyecto de regulación y organización. Por otra parte, el FA es un espacio de multimilitancia cuya actividad, compromiso y pertenencia no impiden la participación de integrantes en otros espacios organizados (sindicales, de la sociedad civil, etc.).
En cualquier caso, instituido o no, en la práctica este derecho a la libertad de conciencia y expresión se asume y se ejercita. ¿O no lo prueba la desobediencia electoral en las últimas elecciones para los municipios montevideanos con una avalancha de votos en blanco y anulados, para no citar los últimos referéndums? Es que en la intimidad, los derechos y libertades se ejercitan. Su enemigo no es jurídico ni estatutario, sino culposamente ideológico. Así como no se puede impedir que un ciudadano haga lo que mejor considere al momento de emitir su voto secreto, ni sus prácticas de alcoba o creencias religiosas, tampoco se puede impedir que las mujeres decidan qué hacer con su útero, ya sea legalmente o no.
Caso inverso al de legisladores o integrantes del ejecutivo, cuyas votaciones o acciones no sólo no son íntimas sino públicas y deben responder a la ejecución de un programa y acompañar e implementar las directivas que le imparta el FA. Lo contrario es el inveterado culto al personalismo fiduciario de la democracia burguesa con sus reconocibles consecuencias desmovilizadoras e impotentizantes. No considero por tanto aplicable la «libertad de conciencia» a la pequeña fracción que ocupa cargos políticos, a diferencia de la que rige para los ciudadanos, simpatizantes y militantes. Quién ejerciendo cargos públicos considere que la disciplina partidaria choca contra sus principios debería renunciar, como dignamente hizo el senador Chifflet en disidencia por el envío de tropas a Haití al inicio del primer gobierno progresista.
Si se acuerda conmigo hasta aquí en la defensa de la libertad de conciencia, al aplicar el razonamiento al caso específico del aborto, ¿cómo compatibilizar el derecho a obrar de acuerdo a convicciones personales y actuar coherentemente con la propia conciencia, con la imposición de las concepciones propias sobre la totalidad de las mujeres y la sociedad? No seré yo quien pueda resolver semejante contradicción dilemática.
Como adelantaba líneas arriba, el otro factor es la apelación a la vida. ¿A qué «vida» se alude? Una pierna y una célula son también vida y no está en duda que un embrión viva, ya que se producen en él procesos biológicos diversos y complejos. La palabra «vida» no resuelve nada, ni a favor ni en contra del aborto. Cuando se afirma pomposamente que «la ciencia (como si «La ciencia» existiera y no teorías científicas inclusive contrapuestas) ha descubierto que desde la concepción hay vida» se expresa una obviedad que ya para Linneo no era misterio alguno en el siglo XVI. Lo que logran estas maniobras es enmascarar el eje del debate que es el concepto y estatus ontológico del sujeto, o si se prefiere de la persona. La interposición de la palabra «vida» es tan sólo un recurso emotivo propio de la TV.
Mediante el abuso ideológico del determinismo biologicista, típico del positivismo decimonónico, se confunde la vida de un embrión con la autonomía vital, jurídica, filosófica y política de un sujeto. De este modo se indiferencia la autonomía humana, que sólo puede darse a partir de la supervivencia autónoma fuera del cuerpo materno. Cualquier concepción de sujeto previa al parto convertiría entonces a la práctica abortiva en virtual asesinato. El castigo debería entonces ser la prisión pero misericordiosamente los defensores de «esa vida» se contentan con la culpa. Es el orden dogmático (ahora sobre el útero) que reivindica su fuerza para someter las opiniones, las conciencias y los comportamientos. El que reclama su potestad de decidir qué es lo que se hace con lo que en ese órgano acontezca. Para ellos, ese recinto no pertenece a la mujer: ésta sólo lo porta. Exactamente lo inverso de la libertad de conciencia, intimidad y privacidad. Los sumisos serán premiados con el don moral mientras el resto recibirá insultos y criminalización.
El FA siente oficialmente la presión de este chantaje respondiendo anémicamente al ataque a su programa. Inclusive el Presidente Mujica que acompaña la ley, sostiene por ejemplo que «nadie está a favor del aborto». ¿Cómo que no? Muchos estamos a favor de la voluntad consciente de la humanidad para reproducirse, de regular su fertilidad y de gozar de relaciones sexuales consentidas de cualquier índole. También de que las mujeres puedan vivir con seguridad su embarazo y su parto, que la regulación de la fertilidad se pueda lograr sin riesgos para la salud y que las personas están seguras al tener relaciones sexuales. La última de las herramientas para ayudar a ello es el aborto.
Las opciones de los electores son asistir o no al comicio de hoy, ya que hay una única papeleta cuyo objetivo es habilitar un futuro referéndum sobre la ley de aborto vigente. La ciudadanía uruguaya decidirá al respecto con total libertad de conciencia. La que algunos reivindican para sí, negándosela al resto.
Emilio Cafassi. Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano.
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