El presidente Manuel Zelaya rechaza la propuesta de Micheletti y la califica como un »segundo golpe de Estado». El planteamiento consiste en que Zelaya se olvide definitivamente de la idea de volver a la silla presidencial y sólo así Micheletti entregaría el poder que usurpó el pasado 28 de junio.
El presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya, consideró este domingo como «un segundo golpe de Estado», la propuesta realizada por el presidente de facto, Roberto Micheletti, quien anunció que dejaría el cargo si Zelaya renuncia definitivamente a la presidencia del país.
Las últimas propuestas del gobierno ilegítimo son un «segundo golpe de Estado» afirmó Zelaya tras comunicarse con la BBC e insistió que el fracaso de la última ronda de negociaciones se produjo por el desacuerdo en torno a su restitución en el poder, su principal demanda, pese a que el diálogo se había suscrito en un 95 por ciento.
«Sería indecoroso, indecente para el pueblo hondureño que yo fuera a negociar el puesto por el que el pueblo me eligió. No valdría la pena ni la lucha que estamos haciendo ni valdría la pena el acuerdo», dijo el pasado viernes Zelaya, tras escuchar de la delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) los términos de la propuesta de Micheletti.
Micheletti nunca descartó el planteamiento, pero en este caso, el gobernante de facto aceptaría la decisión del Congreso Nacional para crear una ley que permita amnistía política sin involucrar delitos comunes.
El presidente Zelaya fue culpado de falsificación de documentos públicos, fraude y abuso de autoridad en relación a la presunta malversación de dos millones de dólares en fondos gubernamentales para pagar anuncios publicitarios de su gobierno, estos cargos no entrarían en la amnistía.
Sin embargo, los cargos por traición, usurpación de poderes a dependencias, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno, por los que también es acusado Zelaya, sí serían anulados.
Ante el rechazo de Zelaya, la comisión de Micheletti planteó, que sean la Corte y el Congreso en conjunto los que decidan si debe o no retornar a la silla presidencial, pero esta opción también fue repudiada por los representantes de Zelaya y el diálogo entró en un punto muerto.
Para el presidente constitucional, debe ser el Congreso el que disponga su restitución y le autorice a concluir el mandato para el que fue elegido, que acabaría en enero de 2010.
Zelaya indicó que el fracaso en la resolución de esta crisis política mostraría la debilidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de Naciones Unidas.