Buenos días.
Estoy aquí hoy, frente a la Embajada de los Estados Unidos en Managua, para protestar, una vez mas, la intervención de los Estados Unidos en Nicaragua. También voy a entregar públicamente una carta en la que yo, junto con otros ciudadanos estadounidenses, solicitamos una reunión con el Embajador Sullivan para denunciar una vez mas la intervención ilegal de los Estados Unidos en Nicaragua.
Vine a Nicaragua por primera vez en 1986 para estudiar español y aprender sobre la Revolución.
Volví tres veces más en 1986 y 1987 para documentar la conducta criminal de los llamados «luchadores por la libertad» del presidente Reagan, entrenados, armados y financiados por el pueblo estadounidense a través de su Congreso. En nuestra investigación varios de nosotros descubrimos que la mayor parte de las armas -morteros, rifles de asalto, pistolas, minas terrestres, granadas, cohetes, municiones de armas pequeñas, etc. – que los EE. UU. estaba enviando a El Salvador y Nicaragua, venía de la Estación de Armas Navales de Concord, California (CNWS). Adquirimos copias de las órdenes de embarque (Bill of Ladings).
Además, conseguimos más información después del 5 de octubre de 1986 cuando jóvenes soldados nicaragüenses derribaron un avión de suministro de armas C-123 de la Agencia de Inteligencia Central (CIA), con un misil tierra-aire (SAM), en Nicaragua, a veinte millas de la frontera costarricense al norte de San Carlos, Rio San Juan. Uno de los cuatro miembros de la tripulación, el mercenario Eugene Hasenfus de Wisconsin, EE.UU., se lanzó en paracaídas y posteriormente fue capturado. Los otros tres miembros de la tripulación murieron en el incidente. Hasenfus dijo que fue su décima entrega de armas al grupo terrorista, la Contra. El avión llevaba trece mil libras de suministros militares, incluyendo sesenta AK-47, cincuenta mil rondas de municiones, granadas y sus lanzadores, botas de jungla y paquetes de agua provenientes de Brooklyn, Nueva York. En noviembre, 1986, yo y dos veteranos militares más de EE. UU., entrevistamos a Hasenfus durante varias horas en su celda de la cárcel Modelo de Tipitapa.Nos diodetalles adicionales sobre el suministro de armas desde los EE. UU.
Los Estados Unidos siguió financiando sin parar la criminal guerra terrorista contra el pueblo nicaragüense, a pesar de que violaba tanto el derecho internacional como el derecho constitucional de los Estados Unidos y violaba un fallo de la Corte Internacional de la Haya. Miles de nicaragüenses fueron asesinados y mutilados. El Congreso y el Presidente de los Estados Unidos nunca tuvieron que rendir cuentas por estos crímenes atroces, al gozar de una virtual inmunidad. Algunos ciudadanos de EEUU participamos en acciones directas como protestas y huelgas de hambre para intentar detener la política de guerra que llevaba a cabo contra Nicaragua en el nombre de los ciudadanos de EEUU.
Hace treinta y tres años, el 1 de septiembre de 1987, bajo un sol brillante a las 11 am, fui a la Estación de Armas Navales de Concord, California (el mayor arsenal de almacenamiento del Pentágono en la costa oeste de los EE. UU., junto con dos mas veteranos de guerra. Otras 50 personas, testigos de apoyo., nos acompañaron. Tomamos posiciones para comenzar nuestro bloqueo humano permanente sobre las vías del tren de la Estación. Diariamente las locomotoras transportaban vagones llenos de armamento por 5 kms desde los búnkeres interiores del almacenamiento, para ser cargados en barcos en el río Sacramento. El destino: asesinar campesinos en El Salvador y Nicaragua, 3.500 millas más al sur.
En esta base de la Marina de los EE. UU. ha habido una historia de personas haciendo desobediencia civil ciudadana. La base había sido utilizada durante la guerra de EE. UU. contra Vietnam enviando armamentos a Asia y muchos ciudadanos hicieron bloqueos intentando parar el movimiento de las armas. Hubo un protocolo oficial en el cual los militares llamaban a la policía local para detener los ciudadanos antes de mover el tren de armas, cuyo límite de velocidad legal era sólo de 7.5 kilómetros por hora. Nosotros habíamos notificado a las autoridades militares de los EEUU varios días antes y el mismo día por escrito y en persona sobre nuestros planes de iniciar el bloqueo de los Veteranos. El gran rotulo colocado a pocos metros del lugar de nuestro bloqueo humano advertía de las penas por interferir en el movimiento de las municiones: un año de prisión y una multa de 5.000 dólares. Esperábamos que tarde o temprano seríamos detenidos y encarcelados.
Hubo un contingente de marines armados de EE. UU., que protegían la base militar, ubicado a unos 30 pies de nuestra posición. Y hubo comentarios de ellos como «escuchamos que va a haber violencia hoy.» Les dijimos: no, no somos violentos.»
Cerca del mediodía el primer tren de armas se hizo visible a unos 700 pies de distancia. Nosotros tres tomamos posiciones firmes entre los rieles, en espera de nuestra detención. Yo estaba sentado en los durmientes, los otros estaban agachados, pero firmemente plantados de pie. Los 50 testigos observaban, incluyendo un amigo que iba a documentar el trato que nos daría la policía durante el proceso de detención. A medida que el tren se acercaba más y más, parecía que estaba acelerando por encima de su límite de velocidad de 7.5 kilómetros por hora, pero eso parecía extraordinariamente improbable a la luz del protocolo oficial y la violación de los requisitos de seguridad que operaba este peligroso tren de municiones.
Pero el tren, sí, estaba acelerando y a medida que se acercaba más y más a nuestro bloqueo humano estaba claro que no tenía intención de detenerse. Nuestros sistemas nerviosos autónomos respondieron urgentemente con adrenalina y nuestros cuerpos se movieron en consecuencia. Un veterano saltó en el último segundo a la izquierda de los rieles. El segundo veterano, de 67 años, saltó en el aire y se agarró a la barandilla sobre la plataforma del vaquero donde dos observadores del tren estaban en contacto telefónico con el maquinista de la parte trasera de la locomotora. Mientras estaba sentado traté de salir de las vías hacia la derecha, pero fue demasiado tarde y mi cuerpo quedó completamente bajo el tren y sus vagones de arrastre. El tren continuó otros 500 pies antes de detenerse y fue rodeado por docenas de marines armados.
Pasé un mes en el hospital recuperándome de las lesiones: amputaciones de mis dos piernas por debajo de la rodilla, fractura de cráneo con destrucción del lóbulo frontal derecho, reconstrucción facial que incluyo la reinserción de la oreja izquierda que estaba cortada, los dos codos rotos, muñeca derecha rota, muchas costillas rotas, omóplato derecho roto, riñón derecho dañado y muchos raspones de la piel, incluyendo 100 puntos de sutura dentro de la boca. Salí del hospital con dos piernas protésicas y una andadera.
Nos enteramos después de que el FBI nos había investigado a mí y a uno de los otros dos veteranos como «sospechosos de terrorismo doméstico» desde 1986. Una investigación de una policía local alegó el temor de que planeábamos secuestrar el tren y que ese día se ordenó a la tripulación del tren de tres hombres que NO pararan el tren. Una investigación formal de la Marina concluyó que el tren estaba acelerando a 17 mph (26 km/hora), más del triple de su límite de velocidad legal. La tripulación del tren podía vernos por lo menos a 200 metros, pero nunca intentaron frenar, que era lo que nosotros naturalmente esperábamos porque el protocolo establecía las regulaciones legales. Nuestra intención no era jugar a la gallina con una locomotora de 200.000 libras.
Los EE. UU. nunca se disculpó y ninguna agencia local, estatal o nacional presentó cargos criminales contra la marina o la tripulación del tren. Después de tres años de mociones y contra mociones se llegó a un acuerdo en la corte.
Los actuales planes criminales de los EE.UU. para derrocar al gobierno soberano de Nicaragua, elegido democráticamente.
Examinando las comunicaciones del Departamento de Estado de EE. UU., el NDI (Instituto Nacional Demócrata) y la USAID (Agencia para el Desarrollo Internacional de EE. UU.) y el NED (Fondo Nacional para la Democracia), y el dinero entregado a la oposición entre 2010 a 2018, está claro que EE. UU., además del intento de golpe de 2018, se ha estado preparando para intentar un cambio ilegal de gobierno.
El 31 de julio de 2020 nos enteramos de que los Estados Unidos ha lanzado un nuevo plan descarado, criminal y arrogante para intentar derrocar al gobierno de Nicaragua. Un plan bien orquestado y financiado por los EE. UU. para lanzar un intento de golpe de Estado en Nicaragua en los próximos dos años; este se filtró de la embajada de los EE. UU. en un documento que primero se publicó en Radio La Primerísima. Los funcionarios de EEUU temen que el presidente Ortega y el FSLN ganen las elecciones de 2021 y que el resultado sea reconocido internacionalmente.
El título del documento es RAIN, Responsive Assistance in Nicaragua (Asistencia Sensible en Nicaragua), indica la intención de contratar a una empresa estadounidense (tipo Blackwater) para que se encargue de la oposición y el manejo del intento de golpe (y pueda ser que ya se haya contratado a la empresa). El propósito criminal del plan es «destruir el orden público» y «realizar otras acciones violentas» antes, durante y/o después de las elecciones del 2021.
Los fondos para ejecutar este plan son o han sido asignados a través de la Agencia Internacional de Desarrollo de los EE. UU. (USAID) que es también la institución estadounidense que más dinero ha proporcionado abiertamente en los últimos años a la oposición nicaragüense para actividades golpistas. La USAID financiará estas actividades desestabilizadoras y recurrirá a asociados locales: analistas de la opinión pública, medios de comunicación, empresarios, organizaciones no gubernamentales, estudiantes y redes sociales para orquestar informes noticiosos falsos. La USAID proporcionó millones de dólares para financiar a la oposición en el intento de golpe de Estado de 2018.
Las extensas y continuas comunicaciones de los EE. UU. revelan:
– «metas finales» de «cambio de régimen» a un gobierno «afín a los intereses del gobierno de EE.UU.»;
– «promover movilizaciones contra el gobierno del presidente Daniel Ortega»;
– «el gobierno de EE.UU., a través de su Embajada y la USAID han estado preparando las condiciones para llevar a cabo un golpe de Estado no violento contra el gobierno nicaragüense»;
– «crear una masa de jóvenes críticos con el gobierno»;
– «crear una opinión negativa sobre el presidente Daniel Ortega»;
– «desacreditar el proceso electoral»;
– «promover la conciencia antigubernamental en los sectores vulnerables de la sociedad»;
– «formar jóvenes líderes y ejercer control sobre los medios de comunicación ‘independientes’ … con vistas a las elecciones de 2021»;
– «socavar la imagen del gobierno nicaragüense»;
– «fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, la guerra mediática y la creación de una plataforma de jóvenes líderes y, al mismo tiempo, garantizar un seguimiento internacional»; y
– «entrenamiento en periodismo de datos y visualización de datos… para influir en la opinión pública nicaragüense y crear una opinión negativa sobre el gobierno del presidente Daniel Ortega», utilizando en parte fondos de la Fundación Sociedad Abierta de George Soros.
El documento dice que un nuevo gobierno golpista debería someterse inmediatamente a las políticas y directrices establecidas por los EE. UU., incluida la persecución de los sandinistas, la disolución de la Policía Nacional y el Ejército, entre otras instituciones.
El documento, probablemente escrito en marzo o abril de 2020, busca agravar la pandemia de covid-19, que actualmente está muy controlada, a diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, a pesar de las sanciones estadounidenses. La oposición recibió por lo menos 31 millones de dólares de los EEUU abiertamente entre diciembre 2017 y el 1 de mayo de 2020.El documento también detalla la participación de la embajada EEUU en Managua, actualmente bajo el liderazgo del Embajador Kevin K. Sullivan, quien se encargará de ejecutar una serie de acciones como la creación de una comisión para deslegitimar al gobierno derrocado y al mismo tiempo legitimar al nuevo gobierno impuesto por un golpe de Estado.
Por esta razón, hoy, un grupo de ciudadanos estadounidenses y nicaragüenses solicitamos una reunión con el embajador Sullivan para pedirle que denuncie el plan golpista RAIN o cualquier otro plan de acciones ilegales dirigidas a desestabilizar a la sociedad y el gobierno de Nicaragua. Queremos también recordarle al embajador las leyes que están siendo violadas por la actual política exterior de los Estados Unidos contra Nicaragua. Estas leyes incluyen:
I. La Carta de las Naciones Unidas [El artículo 2(4) dice lo siguiente: Todos los Miembros se abstendrán en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas], y [51: Ninguna disposición de la presente Carta menoscabará el derecho inherente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de producirse un ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio de este derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad y no afectarán en modo alguno la autoridad y responsabilidad del Consejo de Seguridad, conforme a esta Carta, para tomar en cualquier momento la acción que estime necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales»].
II. Toda intervención militar y paramilitar de los Estados Unidos en los asuntos de Nicaragua es ilegal en virtud de la legislación interna, concretamente la Resolución sobre poderes de guerra, la Ley de Asistencia Exterior, la Ley de Neutralidad y la Constitución de los Estados Unidos (Artículo VI, Cláusula 2:). Esta Constitución, y las Leyes de los Estados Unidos que se dicten en cumplimiento de la misma; y todos los Tratados hechos, o que se hagan, bajo la Autoridad de los Estados Unidos, serán la Ley suprema de la Nación; y los Jueces de cada Estado estarán obligados por ella, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución o en las Leyes de cualquier Estado a lo contrario.
III. Tratado de Amistad con Nicaragua de 1956.