El pasado miércoles 7 de octubre iniciaron las negociaciones entre los golpistas y la delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Tegucigalpa, Honduras, lo cual no significa otra cosa que imponer lo que el domesticado Nobel de la Paz, Óscar Arias, propuso en el mes de julio días después del golpe de Estado; […]
El pasado miércoles 7 de octubre iniciaron las negociaciones entre los golpistas y la delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Tegucigalpa, Honduras, lo cual no significa otra cosa que imponer lo que el domesticado Nobel de la Paz, Óscar Arias, propuso en el mes de julio días después del golpe de Estado; esa agenda está cargada a favor de los golpistas. Nadie puede ignorar que ese Acuerdo de San José ha sido diseñado por los Clinton y puesta en la boca de Arias. Los Clinton, quienes son parte de ese gobierno con impresión facial africana pero con sentimientos del más radical sionismo, controlan ciertas instituciones del imperio, incluso más que el Presidente Barack Obama, pero no más que los Bush, Harriman, Rothschild, Rockefeller o Morgan; sin embargo éstos últimos se han coludido con la parte más conservadora del Partido Demócrata para desestabilizar la región y parar el avance del ALBA.
Esos 5 puntos en la mesa de discusión son a favor de los golpistas y de la oligarquía hondureña, es una imposición que se asemeja a la extorsión política, en tanto que el retorno de Manuel Zelaya al poder va ser «simbólico» como lo ha dicho un delegado canadiense de la OEA; y en efecto, es simbólico desde cualquier punto de vista porque no le soluciona el problema a las grandes mayorías, sino a la gran empresa que está teniendo «pérdidas» a raíz de la crisis desatada por los mismos golpistas a quienes ellos financian. Manuel Zelaya al llegar al poder por unos cuantos días, le dará como consecuencia de ese acto simbólico la legitimación que necesita el nuevo gobierno oligárquico que a todas luces será liderado por el nacionalista Pepe Lobo. Ni Mel Zelaya ni la Resistencia deberían aceptar esos puntos.
El otro punto es crear un gobierno de unidad nacional. Esto hay que verlo detenidamente y al mismo tiempo hay que formularse un interrogante ¿Estaría representado el pueblo de a pie en ese nuevo gobierno de unidad nacional? Ese nuevo risible gobierno de unidad nacional no es otra cosa que un acuerdo entre las cúpulas sicilianas de los partidos tradicionales y de la oligarquía, mientras las grandes mayorías hondureñas viviendo en iguales o peores condiciones de vida. Por eso recalco que Mel Zelaya no debería admitir en su totalidad esos 5 puntos del acuerdo.
El tercer punto es el quid del asunto. Mediante este punto quieren sugestionar a Mel Zelaya para que desista de intentar reformar la Constitución; no es casualidad que este punto haya quedado en medio, porque es medular, tanto para la oligarquía como para las mayorías. El sistema bipartidista al estilo Macondo, como lo dijo muy sabiamente el señor Roberto Cañas, está en decadencia; ese es el problema de fondo de la crisis de legitimidad que vive Honduras. Ya la población no cree en esa corrupta clase política hondureña ni en su sistema político-electoral, por ello es que resulta imprescindible que haya una nueva Constituyente en esa hermana República y que venga a cambiar las reglas del juego. Este es el momento para nuestros hermanos de transitar de la democracia representativa a la democracia participativa, en donde el pueblo decida directamente en los asuntos de su interés, no como en la democracia representativa, en la cual la democracia y el poder del soberano dura cerca de diez horas del día de cada respectiva elección.
El Frente Nacional de Resistencia tiene bastante claro que sin una nueva Constituyente no puede haber negociación. A lo mejor han de conocer los fallidos Acuerdos de Paz que se firmaron en el vecino El Salvador, en los cuales los aspectos económicos y sociales de mayor trascendencia para la población quedaron intactos. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entró a las reglas del juego de la oligarquía y a lo mejor por ello se le dificulta maniobrar en beneficio del pueblo o se acostumbraron a ese sistema burgués, esperamos que no sea así. Por otra parte, el señor Miguel Insulza ha dicho que se deben evitar «las intenciones ocultas», pero si la Resistencia, como parte indispensable de la negociación nunca ha ocultado el punto de honor que es una nueva Constitución de Honduras, porque la actual está desfasada y contiene artículos pétreos, término éste que rebasa los límites de lo absurdo por cuanto hasta la Biblia ha sido reformada y no digamos una constitución.
El cuarto punto está encaminado a una amnistía política para los represores golpistas, lo cual implica impunidad para el régimen. Ellos son responsables de la muerte de más de 100 civiles inocentes y más de 500 heridos y torturados durante la represión en contra de las manifestaciones populares. Una amnistía política beneficiaría únicamente a los golpistas, al igual que aquí en El Salvador la Ley de Amnistía ha impedido que se investigue y procese a los asesinos de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, los sacerdotes jesuitas y miles de desaparecidos y torturados en el pasado conflicto armado.
Y finalmente, el quinto acuerdo pretende una supervisión internacional en el evento electoral programado para el 29 de noviembre. En este punto, la Resistencia, y los delegados en representación de Manuel Zelaya deberían proponer correr el calendario electoral para darle cumplimiento a los tres meses de campaña que exigen las leyes y, sin ser radical, sumarle los días que Zelaya no estuvo en el poder.
La Resistencia y Mel Zelaya no deben ceder bajo ninguna circunstancia ante la imposición y el chantaje de una agenda de negociación que favorece únicamente a los grupos facticos que apoyan a los golpistas. A las mayorías populares en Honduras se le han rebasado los límites de la tolerancia que soportaron durante décadas a un régimen político que ha concentrado la riqueza en pocas manos.
Alirio Montoya es salvadoreño, escritor y Licenciado en Derecho
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