Casi un mes después del asesinato político de la dirigente indígena lenca Bertha Cáceres, ocurrido la noche del 2 de marzo en la norteña ciudad de La Esperanza, sus familiares, el Copinh y un amplio abanico de organizaciones que integran la Plataforma del movimiento social y popular de Honduras y la Articulación popular «Bertha Cáceres» […]
Casi un mes después del asesinato político de la dirigente indígena lenca Bertha Cáceres, ocurrido la noche del 2 de marzo en la norteña ciudad de La Esperanza, sus familiares, el Copinh y un amplio abanico de organizaciones que integran la Plataforma del movimiento social y popular de Honduras y la Articulación popular «Bertha Cáceres» exigieron nuevamente que se levante el velo de secretismo que envuelve a las investigaciones.
Además responsabilizaron a las instituciones del Estado hondureño por no haber protegido la vida de Bertha -quien gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Comisión interamericana de derechos humanos- y volvieron a pedir que se acepte una comisión independiente rectorada por la misma Cidh, para que ayude a investigar el crimen.
«Ustedes ya son responsables de este crimen y esperamos que un día sean juzgados», se lee en la carta pública que fue entregada este martes (29/3) al Fiscal general Óscar Chinchilla y que Bertha Zúniga Cáceres, hija de la también coordinadora del Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras, Copinh, leyó en las afueras del Ministerio Público.
«¡Son responsables de esta muerte!»
«Su actitud y las dudas planteadas anteriormente nos dan el derecho a creer que ustedes no solo dejaron de proteger a Bertha, sino que pudieron conocer el plan para asesinarla y hoy son parte del plan para que el crimen quede en la impunidad. Es decir que, todas las acciones y omisiones estatales en torno al caso de Bertha Cáceres nos permiten afirmar que existe una voluntad expresa del Estado para que no se haga justicia», señalan con fuerza los firmantes de la carta.
Ante esta situación, tanto los familiares de Bertha como las organizaciones sociales y populares de Honduras volvieron a pedir que se realice una investigación independiente, transparente e imparcial; que se respete el derecho de las víctimas a participar activamente de la investigación y que se respete y garantice la vida y demás derechos de las víctimas, del Copinh y del equipo jurídico que les acompaña.
Asimismo, exigieron el respeto del derecho de Gustavo Castro, sobreviviente y testigo del ataque mortal contra la lider indígena, a retornar a su país; que se revierta la concesión sobre el río Gualcarque -otorgada a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (Desa)- así como todas las demás concesiones que afectan, ilegítimamente, el territorio hondureño.
También exigieron que pare la campaña de hostigamiento contra los familiares de Bertha Cáceres, el Copinh y el movimiento social y popular.
«El Fiscal general nos atendió y dijo que van a considerar las diferentes peticiones incluidas en la carta y que nos van a dar una respuesta escrita mañana miércoles. Esperemos que cumplan», dijo el abogado y exfiscal Víctor Fernández, miembro del Movimiento amplio por la dignidad y la justicia, Madj.
«¡Fuera Agua Zarca!»
Mientras en las afueras del Ministerio Público se desarrollaba una rueda de prensa con los peticionarios de la carta pública, frente al edificio del Banco centroamericano de integración económica, Bcie, un grupo de activistas exigía el retiro inmediato y definitivo del financiamiento al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
«Este y otros proyectos que promulgan un supuesto desarrollo son promotores del derramamiento de sangre, porque se presentan con toda su arrogancia, maquinarias, promesas y millones para aplastar la cultura, la espiritualidad, el tejido social, la organización comunitaria, hablando de un bienestar que sólo mejora la vida de los empresarios y dueños transnacionales de estas acciones», se lee en un documento distribuido por los promotores de la actividad.
El plantón se realizó mientras representantes de diferentes países centroamericanos se reunían en Tegucigalpa para discutir sobre el financiamiento al proyecto Agua Zarca.
La fuerte lucha de resistencia de las comunidades Lenca de Río Blanco organizadas en el Copinh, ya ha costado la vida a varios miembros de dicha organización. El Copinh ha expresado públicamente que existiría una relación directa entre esta lucha y el vil asesinato de su coordinadora.
«El Bcie no puede alegar inocencia, ni ignorancia de que estos acontecimientos están directamente relacionados con sus intereses e inversiones, tienen las manos llenas de sangre de la gente de esta tierra.
Por eso les decimos que están a tiempo de detener los negocios que seguramente les traerán ganancias, que es por lo que existen los bancos, pero además va a acarrearles un gran desprestigio internacional por ser cómplices de la muerte y el horror en este país», alegan los firmantes del documento.
Garzón interpone recurso amicus curiae
Siempre este martes, el jurista español Baltasar Garzón interpuso ante la Corte suprema de justicia de Honduras un recurso amicus curiae, pidiendo «la aceptación del recurso legal en el marco del asesinato de Bertha Cáceres y de la tentativa de asesinato de la víctima y testigo protegido ABC 03-03-2016 (Gustavo Castro Soto)».
De acuerdo con el exfiscal Edy Tábora, este recurso es «una opinión jurídica del exjuez Garzón» que ha sido presentada en virtud de que la Corte «no ha dado respuesta a un recurso de amparo presentado el 16 de marzo pasado».
Se trata entonces de presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.
Fuente: LINyM