Aunque Uruguay se encuentra a las puertas de unas elecciones presidenciales que marcarán la derrota del gobernante Partido Colorado, según todas las encuestas publicadas hasta el momento, el gobierno de Jorge Batlle negoció en secreto un acuerdo de inversiones con Estados Unidos, lo que constituye una verdadera trampa en la transición. Parece de orden llevar […]
Aunque Uruguay se encuentra a las puertas de unas elecciones presidenciales que marcarán la derrota del gobernante Partido Colorado, según todas las encuestas publicadas hasta el momento, el gobierno de Jorge Batlle negoció en secreto un acuerdo de inversiones con Estados Unidos, lo que constituye una verdadera trampa en la transición. Parece de orden llevar este tema ahora mismo al debate público y exigir la publicación inmediata del tratado.
Ignoramos todavía si las elecciones presidenciales en Uruguay se decidirán en la primera vuelta o si será necesario el balotaje. Lo que sí tiene claro todo el país es que el próximo gobierno no será del Partido Colorado. En cualquier caso, el prolongado período que media entre las elecciones y la asunción del nuevo gobierno plantea los llamados «problemas de la transición», que tienen que ver con las decisiones que adopte el gobierno, los acuerdos que celebre, las leyes que remita al parlamento en el último tramo de su gestión. La transición es un período especialmente crítico, y lo es en grado sumo si el nuevo gobierno electo ostenta una orientación o una filosofía muy diferentes del saliente. En el caso uruguayo, este problema se planteará realmente si el Frente Amplio-Encuentro Progresista-Nueva Mayoría es quien alcanza la victoria el 31 de octubre o el 28 de noviembre.
Estados Unidos y Uruguay -representado por el ministro de Economía, Isaac Alfie- suscribieron el 11 de setiembre el «Tratado de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones», título algo pomposo que encierra a la vez un matiz ridículo: ¿qué significará la «reciprocidad» en este ámbito? El tratado de marras se negoció a marchas forzadas en los últimos siete meses, y como de costumbre, en el más hermético secreto. No tuvimos acceso a los sucesivos borradores, ni conocemos el texto firmado. Podemos, en cambio, calcular su contenido, lo que no resulta excesivamente aventurado dado que disponemos del texto matriz que habitualmente utiliza Estados Unidos como base para estas negociaciones.
Por otra parte, la firma de este Tratado se inserta en la nueva estrategia norteamericana -luego del fracaso del Area de Libre Comercio de las Amércias (ALCA)- orientada a presionar a los países de la región a suscribir múltiples acuerdos bilaterales, organizando de ese modo una compleja red que prepara el terreno para regresar luego sobre el ALCA con buena parte del camino allanado o, en el peor de los casos, lograr resultados similares a través de un mecanismo más complejo. Los antecedentes -en relación a los contenidos-, son de sobra conocidos: están consagrados a texto expreso en el capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), copiados de éste en los borradores del momentáneamente estancado ALCA, repetida en el Tratado de Libre Comercio suscrito con Chile, en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA), en las propuestas de «acuerdos de libre comercio» que la administración Bush negocia hoy con varios países (Perú, Colombia, Ecuador).
Las líneas maestras coinciden y apuntan a otorgar la máxima libertad a los inversores, prácticamente sin ninguna contrapartida. Las reglas que se reiteran mecánicamente en todos los casos incluyen el «trato nacional», la cláusula de «nación más favorecida», las nuevas definiciones de «expropiación» e «inversión», la solución de conflictos Estado-inversor mediante la intervención de tribunales privados (al margen de los tribunales de justicia nacionales e internacionales), las garantías de inmunidad total respecto de cualquier política estatal selectiva, restrictiva o regulatoria (sea nacional o municipal) y la eliminación de los llamados «requisitos de desempeño», a lo que se suma la más amplia libertad en la movilización de capitales y en particular respecto de la repatriación de utilidades.
La celebración de un tratado con estas características tiene -entre muchas otras consecuencias negativas- el efecto de organizar una sólida «cabeza de puente» para el desembarco de las grandes corporaciones norteamericanas no ya en Uruguay sino en la región. Uruguay forma parte del Mercosur, y de este modo, la vía queda abierta hacia el gran espacio regional. La única alternativa defensiva de que dispondrían sus socios en esa hipótesis consiste en excluir a Uruguay del Mercosur o limitar seriamente su participación en él, lo que coincide puntualmente con otro aspecto de la estrategia norteamericana: introducir factores de división y debilitamiento en el emprendimiento regional.
Todo esto puede coincidir con los deseos y las opiniones del presidente Batlle y su partido, pero resulta claramente opuesto a las definiciones programáticas de los dos candidatos con posibilidades reales en los próximos comicios (Jorge Larrañaga, del Partido Nacional, y Tabaré Vázquez, del Frente Amplio-Encuentro Progresista). Seguir este camino significa lisa y llanamente generar nuevas condicionalidades adversas para el futuro gobierno e intentar imponer ilegítimamente una línea de inserción internacional rechazada por la mayoría de la sociedad y del sistema político. Algo así como jugar sucio en los descuentos.
Firmado el tratado, el Poder Ejecutivo debe instar su ratificación parlamentaria. Teniendo presente que en pocos días comenzará el receso y estando en plena campaña electoral, todo indica que el proyecto de ratificación será enviado al Poder Legislativo después de las elecciones. Se trata de una verdadera trampa en la transición. Parece de orden -con independencia de la actitud que adopte el gobierno- llevar este tema ahora mismo al debate público y exigir la publicación inmediata del tratado. Si con ello se logra romper el secreto, prevenir a los legisladores y someter el documento a la consideración de la opinión pública, todos habremos ganado algo. La democracia y la transparencia se contarán entre los más beneficiados.
El candidato del Partido Nacional ha expresado su adhesión al Mercosur e incluso se ha mostrado proclive a la creación del Parlamento Comunitario. La pregunta que surge de inmediato apunta a indagar en la solidez y certeza de esa posición. Si la permanencia, el status y el papel de Uruguay en el Mercosur están indisolublemente atados a la no ratificación del Tratado de Inversiones con Estados Unidos, el candidato nacionalista tiene una gran oportunidad para confirmar su sinceridad ante el electorado, asegurando desde ya que los legisladores que actualmente lidera -que seguirán en funciones luego de las elecciones y hasta el fin de la presente legislatura- votarán en contra de dicha ratificación. Sería un compromiso mínimo. Nada impide asumirlo desde ya.
A su vez, el compromiso de la izquierda con la integración -con un contenido que excede largamente la óptica comercialista practicada hasta el presente- es sin duda mucho mayor. El riesgo de que se produzca la ratificación, si se verifica la defección de la mayoría del Partido Nacional a la hora de su tratamiento parlamentario en el curso de la presente legislatura, resulta por cierto inquietante.
Nº 185 – Octubre 2004