La justicia española dictaminó el miércoles que los tribunales de ese país podrán investigar las denuncias de genocidio y torturas cometidas bajo los gobiernos militares en Guatemala entre 1978 y 1986. Así, se anuló una decisión de la Audiencia Nacional que consideraba que los tribunales españoles no tenían jurisdicción en el caso. «La sentencia del […]
La justicia española dictaminó el miércoles que los tribunales de ese país podrán investigar las denuncias de genocidio y torturas cometidas bajo los gobiernos militares en Guatemala entre 1978 y 1986.
Así, se anuló una decisión de la Audiencia Nacional que consideraba que los tribunales españoles no tenían jurisdicción en el caso.
«La sentencia del Alto Tribunal afirma que el principio de jurisdicción universal prima sobre la existencia o no de intereses nacionales,» dijo el Tribunal Constitucional en un comunicado.
Esa sentencia podría impulsar los intentos en España para iniciar casos contra abusos a los derechos humanos en otros países.
El Tribunal avaló una denuncia impuesta en España en 1999 por la Premio Nobel de la Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú, en la que narraba posibles delitos de genocidio, torturas, terrorismo, asesinato y detención ilegal en Guatemala entre 1978 y 1986, cuando ese país tuvo una serie de gobiernos militares.
Entre los sucesos estaba el asalto en 1980 a la embajada de España en Guatemala en el que murieron 37 personas, entre ellos el padre de Menchú y varios trabajadores.
En diciembre de 2000 la Audiencia Nacional desestimó la petición de Menchú de investigar a tres ex dictadores guatemaltecos por denuncias de genocidio, al considerar que el caso podía ser juzgado en Guatemala.
Sin embargo, el Tribunal Supremo desestimó después una parte de esa decisión y declaró a las cortes españolas competentes para investigar el asedio a la embajada, ya que había víctimas españolas implicadas.
Bajo el mandato del Tribunal Supremo, un juez de la Audiencia Nacional emitió una orden de arresto internacional en febrero contra Romeo Lucas García, que era presidente en 1980 cuando las fuerzas guatemaltecas asaltaron la embajada en busca de insurgentes izquierdistas.
La guerra civil en Guatemala duró 36 años y dejó 200.000 muertos, la mayoría indígenas, antes de finalizar en 1996.
España tiene un récord a la hora de enfrentarse a casos controvertidos contra los derechos humanos.
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, obtuvo el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998, pero las autoridades británicas decidieron después que estaba incapacitado para un juicio y le permitieron volver a Chile.
En abril, la Audiencia Nacional sentenció al ex capitán de la marina argentino Adolfo Scilingo a 640 años de prisión por crímenes contra la humanidad y lo declaró culpable de arrojar a prisioneros políticos desde aviones durante la «guerra sucia» contra presuntos izquierdistas.