Pareció que la verdad comenzaba a surgir desde atrás de los nubarrones que la escondieron por más de dos décadas. La estrategia del gobierno sumada a las promesas teniente general Angel Bertolotti y los otros dos comandantes, nos hicieron ver una realidad distinta. Los militares luego de tantos años de ocultamientos parecía que se abrían […]
Pareció que la verdad comenzaba a surgir desde atrás de los nubarrones que la escondieron por más de dos décadas. La estrategia del gobierno sumada a las promesas teniente general Angel Bertolotti y los otros dos comandantes, nos hicieron ver una realidad distinta.
Los militares luego de tantos años de ocultamientos parecía que se abrían y decían una verdad, cargada de claros y oscuros, pero que establecía un rumbo que al recorrerse mostraba que la niebla en apariencia comenzaba a desaparecer en el camino a la verdad.
Sin embargo las horas pasaron y las excavaciones en el Batallón 14, en un supuesto cementerio clandestino, parecen fracasar. No aparecen los restos de María Claudia de Gelman, la muchacha de 18 años, asesinada y hecha desaparecer por los militares que arremetían contra la vida humana en defensa – decían – de los valores del «occidente cristiano».
Nadie cree además que la exhaustiva investigación que continúa encuentre algo allí, pese a que desde el gobierno todavía se alienta alguna esperanza.
En este momento los trabajos en busca de los restos siguen sin resultados positivos. Es evidente que alguien mintió. Qué presuntamente hubo una concertación de los «nostálgicos» responsables de buena parte de las tropelías es contra de los derechos humanos los que habrían impulsado una acción difícil de catalogar la que termina en otra frustración de todos. De quienes buscan la verdad y la justicia y del propio gobierno que, más allá de otras consideraciones, trataba de restañar la herida que fue abierta por la dictadura y que se mantiene incambiada desde hace, por lo menos, dos décadas.
¿Es que alguien organizó una acción de «contrainteligencia» para desestabilizar al general Bertolotti? ¿Es que el gobierno del doctor Tabaré Vázquez se apresuró en anunciar el éxito de su política de derechos humanos? ¿Es que la ansiedad que tenemos todos se está volviendo insoportable y los tiempos parecen no adecuarse a tan larga espera?
Son todas alternativas posibles.
La lealtad de Bertolotti
Sin embargo hay algunas más graves que otras. Si hubo mentiras o acciones de «contrainteligencia», destinadas a desestabilizar al comandante Bertolotti y, por consiguiente, dejar en blanco al gobierno, es evidente que se deben investigar esos extremos y emprenderse las acciones adecuadas para que esos grupos dejen de «jugar» con elementos de esa trascendencia para todos los uruguayos.
Claro, igualmente, la estabilidad en el cargo -para algunos- de Bertolotti estaría en juego, porque se demostraría que su mano no es todo lo firme, necesidad imperiosa para gobernar al Ejército. Dicen que un comandante no puede ser engañado de esa manera sin que haya reaseguros y consecuencias para los mentirosos. Sin embargo no consideran que la carpeta no está cerrada, que ahora loa jugada está en manos del propio Bertolotti que -eso es innegable- mantuvo una inigualable lealtad con el gobierno de Tabaré Vázquez y ello, en un país de conspiraciones y monjes grises, es mucho.
¿Jaque al gobierno?
Pero, nos preguntamos: ¿Esa acción concertada no estaría vinculada a una «jugada» política de mayor enjundia, en la que hayan participado sectores que quieren dejar mal al gobierno ante la opinión pública?
Debemos indicar otro elemento que nos afecta a todos. Obviamente, está el tema de la ansiedad. Hace demasiados años que esperamos por la verdad, por conocer sobre esos 200 desaparecidos cuyo trágico destino todavía nos oprime el corazón.
Creímos que el proceso iniciado bajo el gobierno del Encuentro Progresista nos llevaría a la verdad y, tras ella, comenzaría a resplandecer la justicia por más que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley de Impunidad) es una valla difícil de sortear.
¿Es posible que los violadores de los derechos humanos, personajes siniestros que pululan hoy en las cantinas de los clubes militares, sigan manejando sonrisas sobradoras entendiendo que su impunidad es permanente?
De no conocerse la verdad, de no aparecer los cuerpos de las victimas, el gobierno declarará que se mantienen las desapariciones y, como se ha reiterado, ese es un delito de lesa humanidad que no prescribe y que – obviamente – no puede ser amnistiado. Pero: ¿cómo hacer justicia? ¿Cómo lograr que los represores, asesinos, torturadores, etc., sean enfrentados a algún estrado judicial uruguayo, si durante dos décadas esto no fue posible a través de ningún arbitrio legal? ¿Cómo lograr que alguno de los responsables cuyas tropelías superaron nuestras fronteras, sean extraditados?
El inexorable tiempo que pasa
Por eso debemos hablar del tiempo que inexorablemente transcurre. ¿Cómo es posible para una sociedad democrática como la uruguaya que un represor, eventualmente torturador o asesino, no sea juzgado por los hombres? ¿Cómo es posible que reciba mejor trato que sus víctimas, pues muchas de las que quedaron con vida – luego de la orgía de sangre de la represión dictatorial – fueron sometidas a largos años de reclusión en las peores condiciones?
Los gendarmes, funcionarios públicos al fin, quienes en nombre del Estado, agredieron al pueblo, a miles y miles de personas que pagaron con su vida o su flagelación el ser opositores de la dictadura, nunca fueron tocados. Solo han recibido el desprecio de la gente.
¿Es posible que estos señores, amparados incluso por la seguridad social – la que muchas de sus víctimas todavía no tienen – sigan impunes?
Sabemos que el paso del tiempo es implacable, que a su paso todo se borra, por ello es necesario replantearse el escenario y tratar de modificar en él algunos elementos fundamentales. El gobierno tiene suficiente peso en la opinión pública, como para modificar algunas cosas.
¿No sería posible replantearse la vigencia de esa «Ley de Impunidad» e intentar, mediante otro plebiscito, su derogación?
No vemos por ningún otro lado una solución para restañar la escandalosa injusticia que sigue presente.
La legalidad uruguaya ampara a los represores y los seguirá amparando hasta que el tiempo termine con esa generación de quienes, impulsados por la doctrina de la Seguridad Nacional, fueron capaces de quebrar todas las normas de convivencia.
(*) Periodista. Uruguay