Esta mesa redonda pasó casi desapercibida para la población, pero ni su realización en Uruguay ni el contenido de la misma fue casual. Convocada por el Instituto de las Américas y el Ministerio de Industria, Energía y Minería se abocó a la tarea de establecer qué tipo de participación deberán tener las transnacionales, acompañadas por […]
Esta mesa redonda pasó casi desapercibida para la población, pero ni su realización en Uruguay ni el contenido de la misma fue casual. Convocada por el Instituto de las Américas y el Ministerio de Industria, Energía y Minería se abocó a la tarea de establecer qué tipo de participación deberán tener las transnacionales, acompañadas por el BID, y los gobiernos involucrados (1).
Lamentablemente se reiteran las mismas estrategias que se han demostrado fracasadas si se evalúan desde el punto de vista de las necesidades de nuestros pueblos y el desarrollo de nuestras economías. Ya que el eje medular de los dos días de la actividad giró en torno de que sean las transnacionales las que exploten el emprendimiento y los gobiernos den las seguridades jurídicas necesarias para asegurar la rentabilidad a largo plazo para aquellas.
En tal sentido la realización de esta Mesa Redonda tuvo como objetivo «alinear» a multinacionales y gobiernos involucrados en las formas en que debería plantearse la realización del gasoducto. Si se quiere, coordinar las políticas generales y qué debería hacer cada parte en ellas.
El objetivo es integrar en una sola red a los países que tienen reservas para exportar, como Perú, con unas reservas probadas y probables que rondan en torno de 14 TCF, (Trillones de Pies Cúbicos en inglés), y Bolivia con reservas probadas y probables de entre 27 y 30 TCF, con los grandes mercados de consumo, en países que son o serán deficitarios (Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, estos dos últimos en mucho menor medida).
El hecho nuevo, relativamente, es que a diferencia de una década atrás, en plena ofensiva imperialista neoliberal, en la región la mayoría de los partidos en el gobierno son de corte «progresista», pero el cambio no ha llegado.
El problema boliviano
Para comprender mejor el por qué se plantea conectar a Perú con las actuales redes de transporte de gas (ver plano adjunto) es necesario fijar nuestra atención en Bolivia. Es que este país tiene un gran problema, sus trabajadores y campesinos indígenas se cansaron de que la riqueza sea una maldición, porque las entrañas de su tierra han parido resplandores y miserias. Primero fue la plata y la mita (2) en la colonia, luego el estaño y el obrero minero con los pulmones destrozados (3), más tarde fue la guerra del Chaco contra Paraguay donde miles de bolivianos se calcinaron en el desierto chaqueño matando y muriendo para beneficio de la Standard Oil, y hoy el gas natural, que gracias a los sucesivos gobiernos neoliberales ha sido destinado a transferir millones de dólares para las transnacionales, como REPSOL YPF o PETROBRAS, quienes a cambio de tanto favor dejan la «astronómica» cifra de 18% de regalías al Estado.
Así, los nadie, (obreros, campesinos, indígenas, trabajadores, etc.), voltearon dos gobiernos en dos años exigiendo la nacionalización de este recurso estratégico y su utilización para desarrollar la economía y elevar la calidad de vida del pueblo. De camino obligaron a votar una ley que suma a las regalías un 32% de impuestos, intransferibles a otros fines, sobre la venta de gas natural.
Por eso, Bolivia no da garantías de un adecuado «clima de inversiones» y se pensó en «saltearla» utilizando las reservas de la localidad amazónica de Camisea, en Perú. Pero en definitiva fue imposible, debido a que las reservas probadas y probables de gas de Camisea son menos de la mitad que las de Bolivia y las instalaciones actuales para extraer gas están destinadas a abastecer a Lima, donde el gobierno quiere utilizar el Gas Natural para la producción, el consumo domiciliario y el transporte vehicular, a la vez que para exportar, vía marítima, GNL (Gas Natural Licuado) a la costa oeste de EEUU, directamente o vía México. Por tanto, y en palabras de Décio Oddone, Gerente Ejecutivo Cono Sur (PETROBRAS) sin las reservas de Bolivia puede ser que el gas alcance para Chile y Argentina (residualmente para Uruguay), pero de ninguna manera para Brasil.
Sin Bolivia no hay gasoducto, y eso lo tiene bien claro el actual gobierno de Uruguay, de ahí el real sentido de las palabras de Tabaré Vázquez cuando inauguró la Mesa Redonda, «Bolivia nos necesita (a los demás países integrados al proyecto) y nosotros a ella», palabras que concitaron el consenso de todos los participantes. Nos necesita para ayudarla a salir de su «crisis» crónica, y la necesitamos para que no peligre el negocio.
Seguridad jurídica para el ladrón
¿Y si no podemos ayudarla?, pues démonos los mayores márgenes de seguridad posible para estar a resguardo de proteger nuestras inversiones, sostienen las transnacionales y sus artilleros técnicos, los consultores especializados.
Es que las empresas no quieren que se repita lo que sucedió en Argentina, porque allí se cambiaron las «reglas de juego». Es decir, cuando el gobierno tomó ciertas medidas de congelamiento de las tarifas internas de gas y petróleo, así como priorizar el consumo interno (lo cual trajo problemas al abastecimiento de Chile de gas natural, y en menor medida de Uruguay), perjudicó las ventas de Pan American Energy, y otras compañías. Así lo reiteraron diversos agentes empresariales en todo el evento, como Adrián Perez, (PAN AMERICAN ENERGY), sosteniendo que en realidad las acusaciones de corrupción y de que la sobreexplotación de los recursos energéticos argentinos por las multinacionales sin invertir en nuevas prospecciones eran falsas, parte de la campaña ideológica kichnerista que va a dejar sin inversión al país. De un plumazo el lobo se convirtió en cordero (4).
Es que de esa manera no se favorece el «ambiente de inversiones» necesario para el desarrollo de nuestros atrasados países. De ahí que el Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia, Jaime Eduardo Dunn Castellanos, comenzara su intervención afirmando que más allá de posibles crisis sociales ocasionales este país siempre ha cumplido con sus compromisos de venta de gas, (29 años de suministro ininterrumpido a Argentina, y desde 1999 a Brasil en las mismas condiciones). O que la brasileña Secretaria del Petróleo y Gas, María das Graças Silva Foster contestara una pregunta sobre el papel de los estados y el de las empresas, sosteniendo que la función del Estado era hacer respetar los contratos, además que en su presentación sostuvo que Brasil licitará los yacimientos de gas de la bahía de Santos, recientemente explorados.
El aspecto central de esas garantías es establecer un marco jurídico supranacional a fin de que las multinacionales estén a resguardo de cualquier «vuelco» interno en los países (sea por movilizaciones populares o por otros motivos). Marco jurídico que deberá estar por encima de cualquier legislación nacional, aprobada por cada Congreso o Parlamento. A lo cual, el BID, representado por Philippe Birebent, (Oficial principal de Inversión, División Sector Privado), redondeó planteando que frente a los altos riesgos de invertir en un negocio cuyo retorno está previsto en el largo plazo y que está sujeto a múltiples jurisdicciones nacionales debe establecerse:
a) Una agenda común para el desarrollo de ductos nuevos.
b) El libre acceso al gas desde cualquier punto de la red, sin discriminación de públicos y privados.
c) Que se pueda importar gas desde cualquier punto de la red, asegurando su libre circulación sin traba alguna.
d) Establecer una tarifa única de precio del gas, sin mecanismos discriminatorios (como se hizo en Argentina), la cual debe asegurar a los inversores el retorno del capital con una remuneración adecuada.
e) Explorar esquemas donde los Estados estén sujetos a leyes privadas o a normas que se apliquen de la misma manera para Estados y al sector privado.
f) Establecer mecanismos ágiles de solución de controversias, así como arbitrajes internacionales a los que someter éstas, quedando excluidas las justicias nacionales. Lo mismo que determina el Tratado de Inversiones con EE.UU.
g) Establecer que los préstamos de la banca a fin de financiar el gasoducto sean en moneda local para evitar riesgos de perjuicios por devaluaciones u otros cambios monetarios. De todas maneras, si no se establecen las mencionadas garantías la existencia de una alta liquidez financiera en la región no traerá como consecuencia que se vuelquen los dineros necesarios para la obra, que insumirá entre 2.3 y 3.5 mil millones de dólares entre ductos nuevos y ampliación de los existentes.
Este, y no otro, fue el centro de las preocupaciones, ya que el famoso anillo energético ya está hecho esencialmente, falta conectar a Paraguay y a Perú con los demás países, siendo precisamente el ducto que conecte a este país con Chile, (desde Camisea a Tocopilla, en el Norte) de lo que se está tratando en concreto (1500 km. aproximadamente).
A la vez existe una media verdad escondida detrás de esta afirmación. En 10 años las empresas recuperaron con creces sus limitadas inversiones porque no solamente operan en el transporte sino en la distribución a los usuarios, solos o en sociedad con otras compañías, operando como oligopolios. Argentina es el caso paradigmático, se focalizó en el país hermano para exprimirlo rápido y eficazmente, exportando gas natural y petróleo sin importar su valor estratégico, y usando buena parte de la infraestructura de las ex empresas estatales. Si se compara las cifras, en 1980 se exportaban combustibles por valor de 280 millones de dólares; en 1990 se pasó a 985 millones; en 1995 se llegó a 2.169 millones y en 2004 a 6.171 millones. Mientras tanto las empresas solo invierten el mínimo necesario para asegurar la continuidad de la operativa.
O sea, cuando se habla de inversión del capital privado hay que recurrir al diccionario de términos empresariales. Allí se observa lo imaginativo que puede ser el capital con las palabras, en realidad eso significa que se pedirán préstamos, o se hará que los gobiernos lo hagan, para financiar las obras. Nunca que pondrán un solo dólar de su bolsillo.
¿A quien pedirle?, pues bien uno de los argumentos vertidos por Birebent para justificar que sea el BID quien financie el tendido de ductos que terminen de interconectar la red es que no existen inversores locales que tengan una alta calificación crediticia (AA/AAA). Por lo que solo aquel tal como se hizo en Camisea, en el gasoducto Santa Cruz de la Sierra – San Pablo, etc. Y de paso pone las condiciones.
El botín
El botín va a ser muy grande. Argentina será deficitaria en 5 años, según las informaciones volcadas, debido al crecimiento sostenido de su consumo interno y a que sus reservas probadas están en su madurez de producción. La situación podría cambiar si se descubrieran nuevos yacimientos y se pudieran poner en explotación en el corto plazo, cosa que debido a que, como se indicaba antes, las multinacionales solo se dedicaron a vender el gas ya «conocido» y no realizaron nuevas prospecciones.
Paralelamente las estimaciones son que el crecimiento de la demanda para toda la región en los próximos 5 años, siendo prudentes, es de 74.5 m/m3/d (millones de metros cúbicos por día) sumados al consumo actual. Éste tendría como principales demandantes a Argentina, con 30 mm3d, Brasil con 23 mm3d, y Chile con 19mm3d, por encima de las necesidades actuales.
Y todo ello resulta de la voluntad política expresa de cubrir esa demanda energética con gas natural, ya delineada en 1997 por el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, efectivamente el gas natural es un combustible barato, pero ¿a qué se debe que sea planteado como protagonista del suministro energético?, a que representa un imponente negocio. Existen posibilidades de una integración energética complementaria, en un continente rico en recursos hidroeléctricos, eólicos, de biomasa, etc., pero se dejan de lado, y se nos ata a una sola opción.
Venezuela no corre
¿Y Venezuela?. Resulta que tiene la mayor reserva de gas natural del continente (5) pero se la deja fuera sobre la base de dos argumentos: por un lado que no tiene una infraestructura adecuada para producir y distribuir gas natural, actualmente, siendo su principal uso el servir de fluido para reinyectar en los pozos de petróleo para extraer éste; por otro que está muy lejos del punto de unión en Perú y que por tanto resulta antieconómico realizar un ducto con tal función.
Sin embargo, el gobierno bolivariano ha propuesto una y otra vez que se la incluya ya que se compromete a realizar todas las inversiones necesarias a fin de facilitar la realización de una integración que tenga como base la soberanía energética de nuestros pueblos.
Es más se acaba de firmar un acuerdo entre Venezuela y Brasil para construir un gasoducto que los una a un costo de 18.000 millones de dólares, siendo mucho más extenso que el tramo Camisea – Tocopilla. Por tanto, las excusas son meras argucias que usa el imperialismo para marginar a un país que marca una agenda política distinta a los dictados de aquel.
Para que la actividad privada pueda prosperar
¿Qué es el Instituto de las Américas?. Es interesante remitirse a la propia información que aparece en sus sitio web, www.iamericas.org/spanish/. Ubicado en La Jolla, (California), a 30 millas de la frontera con México, «el Instituto provee de una perspectiva única del hemisferio sobre las oportunidades que surgen de las reformas económicas y sociales en América Latina y sus continuas relaciones cercanas con Estados Unidos y Canadá». Es decir, oportunidades para las empresas multinacionales respecto a las políticas neoliberales.
Es así que «la misión del Instituto es actuar como catalizador para promover el desarrollo y la integración, con especial énfasis en el papel del sector privado como medio para mejorar el bienestar económico, político y social de los habitantes de las Américas».
Mediante la reunión de «líderes de negocios y de gobierno en foros cuyo propósito es facilitar el intercambio de ideas y buscar la forma en que pueden colaborar para clarificar las reglas y regulaciones necesarias para que la actividad privada pueda prosperar e implementar políticas en forma efectiva».
¿De donde recibe su financiamiento?, de «fundaciones privadas tales como la Fundación Hewlett, Fundación Ford y Pew Charitable Trusts han contribuído con importantes concesiones al Instituto. El Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo y diversas agencias económicas del gobierno estadounidense han brindado en el transcurso de los años, apoyo financiero a los programas del Instituto. El sector corporativo en los Estados Unidos y en América Latina han reconocido el valor de las actividades del Instituto y actualmente son la fuente más importante de recursos». Como la JP Morgan, cabría aclarar.
Lo peor
Lo peor de todo no es que, como decíamos al comienzo, se sigue por caminos nefastos para nuestros pueblos, sino que nuestro gobierno no ha dicho nada de todo esto a la opinión pública, no promueve un debate serio sobre política energética, ni da participación a los organismos políticos del Frente Amplio. En la misma sintonía que las definiciones económicas vigentes, al margen de los lineamientos programáticos de la izquierda, no hay cambios con el secreto y el aislamiento en el que se han definido anteriores políticas para el sector de la energía.
Por otra parte, y al contrario de la opción actual, el Estado debe incluir en su proyecto energético una perspectiva de largo plazo que no solamente tenga como base generar una falsa «competitividad» al sector empresarial y evitar una crisis de suministro, sino un papel proactivo en el desarrollo industrial, agroindustrial y social del Uruguay. En ese sentido tiene que dirigir activamente la inversión productiva para hacer crecer en cantidad y calidad el mercado interno, combinando a éste con las exportaciones, y apostando a proyectos de complementación productiva con países del Mercosur o de fuera de la región (yo te compro esto pero vos me comprás aquello, o yo te compro tractores y te vendo repuestos). Dentro de ello, las empresas públicas, y también las privadas, deben ser capaces de sustentar la demanda energética emergente, priorizando las actividades productivas que generen mayor empleo, más ingresos salariales, productos más baratos a la población o mayores divisas.
También el Estado debe determinar de qué manera los diferentes sectores energéticos serán puestos al servicio de mejorar la calidad de vida de la población, abandonando la política fiscalista con las empresas públicas, extendiendo los diversos usos energéticos al conjunto del pueblo, estableciendo tarifas diferenciales reales según los niveles de ingresos, abaratando los costos básicos, etc.
Y en función de ello definir qué política de integración energética necesitamos.
Notas
(1) Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay. Significativamente el gobierno argentino, aunque parte de este proyecto, no se hizo presente en la Mesa Redonda, seguramente previendo el duro cuestionamiento de que fue objeto por las transnacionales debido a que fue presentado como el «mal ejemplo» de lo que no debe ocurrir.
(2) Sistema de trabajo tomado por los españoles de los Incas, aunque llevado a su máxima explotación. Consistía en prestaciones de trabajo colectivas por parte de las comunidades indígenas, en teoría voluntarias, que la conquista utilizó para extraer plata, en este caso del cerro Potosí.
(3) Por la silicosis. Enfermedad pulmonar por el polvo de sílice que se desprende en actividades tales como la minería.
(4) Cabe señalar que el único gobierno que faltó a la cita de los que están comprometidos con este proyecto fue Argentina.
(5) 150 Trillones de Pies Cúbicos, o sea, cinco veces más que Bolivia.