«Es necesario que los legisladores leales al pueblo, leales a la moral, leales a la ética, digan «hasta aquí llegué, este no es el camino para reivindicar a los excluidos, este es el camino del cipayismo hacia el imperialismo, este es el camino de la alcahuetería a las multinacionales, este es el camino de la […]
«Es necesario que los legisladores leales al pueblo, leales a la moral, leales a la ética, digan «hasta aquí llegué, este no es el camino para reivindicar a los excluidos, este es el camino del cipayismo hacia el imperialismo, este es el camino de la alcahuetería a las multinacionales, este es el camino de la privatización, de la desnacionalización, de la entrega de los recursos naturales, de la contaminación del país». Por lo tanto yo espero firmemente que haya algún legislador que diga me abro, me escindo, yo sí soy progresista, yo sí quiero un modelo de país socialista y no quiero un modelo de país capitalista colonizado»
A partir de este momento estamos con una temática que está en expectativa de toda la gente que abarca todos los estatus de la sociedad. Con nosotros está el Dr. Gustavo Salle, abogado penalista. Vamos a decir que fue funcionario de la Fiscalía del Crimen, luego de la Fiscalía de Hacienda. En el año 1971 fue, junto con otros compañeros, fundador del Comité Paz para todos en la calle Bell y Clara, en Sayago de donde es oriundo. Hace dos períodos que no vota Salle, y paga multa.
Es lector de la página web de la 36 y como decíamos, hoy con el Dr. Salle vamos a centralizar la charla en temas que tienen que ver con los derechos humanos naturalmente, pero después vamos a hablar de otro tema del cual lo que la gente recuerda son esos titulares y esos términos que aparecen a veces y que nadie sabe realmente qué es lo que hay atrás de eso. Me refiero al anillo energético.
Efraín Chury Iribarne: Voy a iniciar este reportaje con un correo electrónico que llega en este momento y me pareció que era bueno darle paso justamente a alguien que tiene una opinión desde la audiencia y que nos habla de lo que él llama la injusticia uruguaya, Poder Judicial versus Poder Ejecutivo y que dice textualmente: «Nuevamente nos enteramos con asombro cómo una vez más triunfa la impunidad sobre la verdad. No hace mucho tiempo el Juez Roberto Timbal decide archivar los casos de Juan Carlos Blanco y Bordaberry, dejando por el camino toda esperanza de verdad y justicia. Observamos con tristeza como el Uruguay sigue siendo un paraíso de violadores de derechos humanos. Esta vez nos tomó por sorpresa el dictamen de la Suprema Corte de Justicia avalando lo expuesto por el fiscal Enrique Moller y por tanto exigiendo se archive el caso Gelman, para desilusión de todo nuestro pueblo, desestimando por completo el punto de vista del juez Mirabal, defensor del caso. Sin embargo, a pesar que estos asesinos podrán andar sueltos un tiempo más, ya que la «justicia» en Uruguay decide no requerirles, muchos de estos criminales son igualmente requeridos por Tribunales internacionales, lo que les convierte en reos que sólo podrán gozar de una libertad provisoria dentro de Uruguay. Por suerte el Poder Ejecutivo, a través de nuestro vicepresidente hace llegar a nuestra población cierta calma, al exponer públicamente su desacuerdo con la resolución judicial y agregando que ello no impide para nada que se siga el curso de las excavaciones para al fin hallar la tan ansiada verdad sobre nuestros desaparecidos.
Es vergonzoso la actitud arcaica de la justicia uruguaya que no termina de asumir la nueva transición que estamos viviendo y desconoce la postura del Poder Ejecutivo, relegando así la voluntad de la mayoría de nuestro pueblo. Si bien existe una ley de impunidad, creo que debe tomarse en cuenta las palabras de nuestro presidente sobre qué ampara dicha ley y que no, como muy bien lo explicó el juez Mirabal.
Como simple ciudadano uruguayo, creo que mi país debería tomar el ejemplo argentino en lo que refiere a justicia y derechos humanos. En otras palabras, debemos dar un «argentinazo» contra aquellos que todos conocemos y hoy se amparan tras la maldita ley de caducidad y si es necesario dejar sin efecto la mencionada ley, que se nos llame a referéndum nuevamente. Lo que no podemos permitir jamás es que nuestro sistema judicial siga sumido en una actitud tan vetusta como negativa, de espaldas al nuevo momento que estamos viviendo todos los uruguayos. Hasta la victoria siempre pueblo uruguayo. Roberto López Pérez, Montevideo, Uruguay.
Dr. Salle, concretamente, la responsabilidad en el tema de que vivamos en la impunidad, ¿es atribuible sólo a la justicia o al Poder Judicial?
Dr. Salle: No, hay que hacer un poquito de historia. En primer lugar no debemos olvidar que el pueblo uruguayo tuvo una cuota de participación enorme en el tema de la impunidad. Hubo un plebiscito con respecto a la Ley 15.848 que pone fin a la pretensión punitiva del Estado contra los abominables crímenes cometidos, institucionalmente, por las Fuerzas Armadas. Vamos a dejar bien clara nuestra posición: nosotros aseveramos que las FF.AA., institucionalmente, cometieron los más abominables crímenes de la historia de nuestro país y que no fueron por móviles políticos; la gran mayoría de ellos no fueron por móviles políticos, que quede bien claro eso.
Segundo punto: si existió -como efectivamente lo registra la historia- un plebiscito, para que ese plebiscito deje de tener los efectos jurídicos que actualmente tiene, hay que impugnarlo, diciendo «este plebiscito fue ilegal» y dando los argumentos por los cuales uno entiende que dicho acto de democracia directa, es ilegítimo. Uno de los argumentos jurídicos a manejar, podría ser el del «vicio del consentimiento por falta de libertad en la determinación de cada uno de los ciudadanos que ejerció ese derecho». Vale decir, teniendo un ejército amenazante, teniendo un ejército extorsivo en el momento que se hace el plebiscito, la gente votó, pero votó constreñida sicológicamente, amenazada sicológicamente. No fue libre de ejercer su voluntad y por lo tanto de esa manera buscar los mecanismos legales para impugnar el plebiscito. Recién cuando cae el plebiscito, estaríamos en condiciones de realizar un acto jurídico de esa misma naturaleza para ver si fuera del condicionamiento, fuera de la ilegitimidad por vicio de consentimiento, nuestro pueblo cambia su posición. Mientras no suceda eso, hay un principio de seguridad jurídica que tiene que ver con cualquier sociedad organizada civilizadamente, que no puede ser vulnerado. Por lo tanto, ya partimos de una responsabilidad que nos compete a todos los uruguayos en lo que tiene que ver con el plebiscito de la ley de caducidad.
En segundo lugar, con respecto al caso Gelman, hay una decisión del Poder Ejecutivo anterior. Vale decir, hay una responsabilidad ética, jurídica, moral y política del Dr. Jorge Batlle. El Dr. Jorge Batlle entendió que este caso -tal vez con características muy específicas que lo hacen todavía más abominable, más abyecto, entendió que estaba atrapado por la ley 15.848. No sabemos cuál fue el razonamiento, no sabemos cuál fue el proceso de inferencia jurídica realizado por el Dr. Jorge Batlle para llegar a una decisión que nosotros sí catalogamos de absurda. Pero lo cierto es que esa decisión en su momento, no fue objeto de la vía impugnativa, es decir, no fue impugnada por los mecanismos correspondientes. Es una decisión de carácter administrativa, por lo tanto era objeto de impugnación por la vía administrativa. No lo fue. Luego de quedar firme esta decisión del Poder Ejecutivo, del Dr. Jorge Batlle, el abogado de la familia Gelman interpone una acción de inconstitucionalidad cuando el fiscal Moller determina el archivo de las actuaciones, en función de lo dictaminado por el presidente Jorge Batlle. Entonces, frente a lo que dijo el Poder Ejecutivo, el fiscal Moller pide el archivo y allí se impetra por parte del Dr. González una acción de inconstitucionalidad y eso da lugar a que en el año 2004, noviembre de 2004, la Suprema Corte de Justicia, el órgano de mayor jerarquía del Poder Judicial, dicte la sentencia 332.
Esta sentencia 332 establece que la sentencia que dispuso el archivo de las actuaciones en función de los argumentos vertidos por el fiscal Moller en su dictamen, tiene fuerza de cosa juzgada y no puede ser revisada ni en éste ni en otro proceso. Yo tengo acá una fotocopia de la sentencia, se la muestro y usted ve que lo que estoy leyendo es literal, textual. Ahora bien, el señor secretario de la presidencia de la República, abogado penalista, profesor de la Facultad, Grado 5, el Dr. Gonzalo Fernández, obviamente tenía conocimiento de esta sentencia ya en noviembre del 2004, antes de asumir el Dr. Tabaré Vázquez la presidencia de la República, por ende, siendo abogado privado del Dr. Tabaré Vázquez y siendo además asesor político del Dr. Tabaré Vázquez y además, futuro secretario de la presidencia de la República, es dable presumir que el Dr. Gonzalo Fernández asesoró al Dr. Vázquez en el sentido del alcance jurídico de esta sentencia.
Chury: Esto quiere decir que Vázquez asume el gobierno ya en conocimiento…
Dr. Salle: En conocimiento de que la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, la que en última instancia iba a resolver el caso Gelman, ya había efectuado un pronunciamiento al cual había revestido de la característica de inmutable, de invariable. Eso significa cosa juzgada en materia jurídica. Cuando se dice «esto pasó en calidad de cosa juzgada», quiere decir que es inmutable.
Tenía conocimiento; por eso mi perplejidad cuando en el discurso presidencial, habla de que el caso Gelman será objeto de investigación jurisdiccional. La investigación jurisdiccional, vale decir la que llevan adelante los organismos jurisdiccionales de nuestro país, que procura la investigación del hecho delictivo y el castigo de sus culpables, en virtud de esta sentencia de noviembre del 2004, ya estaba vedado. El Tribunal de Apelaciones no hace más que confirmar esta situación.
A lo que se refiere el señor presidente en ejercicio, Nin Novoa, es a la facultad que establece el artículo cuatro de la ley 15.848, que es la investigación administrativa del Poder Ejecutivo para saber dónde están los restos y además, eventualmente, el paradero de los menores. Es una investigación que procura no el enjuiciamiento porque el Poder Ejecutivo no ejerce función jurisdiccional, sino sencillamente, encontrar los restos y eventualmente los menores que fueron secuestrados y derivados a otras familias. No tiene por objeto, el castigo, la punición de los abominables delitos cometidos por las FF.AA. del Uruguay. Esa es la situación jurídica en nuestro país; ahora bien, en el correo que usted acaba de leer, se afirma de una actuación del Poder Judicial en otros casos, que evidencia una tendencia a la impunidad. Bueno, yo sí comparto el criterio en ese sentido, pero no es de ahora, ya en la anterior administración hubieron valientes jueces, como en el caso del Dr. Recarey, como el caso del Dr. Reyes -que curiosamente todos fueron removidos de las sedes penales- que quisieron, en el gobierno de Jorge Batlle, investigar estos temas, vinculados a los abominables crímenes de la dictadura militar y sin embargo, la Suprema Corte de Justicia arbitró los mecanismos para que no se llevaran adelante.
En el caso del Dr. Recarey lo sacó del cargo de Juez Letrado de Primera Instancia de Primer Turno y por lo tanto las investigaciones se vieron impedidas. También en el caso de Bordaberry hay una posición del Dr. Timbal que nosotros no compartimos en absoluto porque no creemos que el tiempo de dictadura pueda ser computado a los efectos de la prescripción. Nadie en su sano juicio podía ejercer durante la era de terror ninguna acción judicial que terminaba con su vida o lo llevaba a la tortura. No se debe olvidar que en el Uruguay, en 1984 ¡1984!, a un año de volver a una democracia tutelada, el Dr. Roslik fue objeto de tortura hasta la muerte.
Chury: Susana de Tres Cruces lo llamó para saludarlo Dr. Salle y dice que no se pierde nunca Café Versátil en la tele para verlo. Lo felicita por los atributos que tiene para decir todo lo que dice y le agradece la claridad con que lo dice. Vamos a seguir entonces aclarando todas estas cosas de la justicia, la ley de impunidad… Concretamente Salle, en las condiciones que estamos de plena vigencia de la ley denominada comúnmente de impunidad ¿qué pasa con los tratados que Uruguay ha firmado y que pasan por encima de sus alcances? Estoy hablando del protocolo de Roma, del Pacto de Costa Rica, ¿cómo se compadece un país con una ley de impunidad como la que tiene Uruguay y los alcances para enjuiciar a violadores de los derechos humanos, a genocidas, que se han tomado a nivel internacional?
Dr. Salle: Bueno, a mi juicio pienso que allí funciona el instituto de la no retroactividad de la ley. No se olvide que todos los tratados en definitiva pasan por su ratificación mediante una ley entonces pienso que todos estos tratados están legislando, normativizando, dando el contexto jurídico a situaciones futuras, no a situaciones pasadas, si no evidentemente todos estos casos habrían de ceder ante esos nuevos tratados y podrían ser objeto de enjuiciamiento.
Chury: ¿Para estos tratados no hay casos de violaciones a los derechos humanos que queden fuera?
Dr. Salle: Vayamos por partes: lo que pueda establecer el tratado con respecto a su alcance temporal, dependerá de cada tratado en particular. Todo lo que se establezca a nivel de tratados como legislación supra nacional, en definitiva debe ser ratificado posteriormente por ley. Yo entiendo particularmente, sin perjuicio de que otros operadores del derecho tengan una interpretación diferente, que los mismos normativizan situaciones futuras, no situaciones pasadas, por el principio de no retroactividad de la ley y sobre todo no retroactividad de la ley penal. No se olvide que en la medida que configuramos situaciones delictivas nuevas o por lo menos que modificamos tipos penales ya existentes, la misma, es un principio de derecho penal liberal, que la creación de nuevos delitos o leyes procesales que perjudiquen la situación de los indagados o imputados, tienen efecto hacia el futuro y no hacia el pasado. Claro que hay situaciones que moralmente nos llevan a poner en tela de juicio ese principio porque yo sé que duele mucho desde el punto de vista emocional que personas que cometieron delitos tan execrables, puedan ampararse en el derecho para en definitiva evitar su responsabilidad penal, su reproche penal. Pero convengamos que esa situación se gesta a lo largo de la historia del proceso de redemocratización -entre comillas- del pueblo uruguayo, del país, del conglomerado social, y que, hubieron mecanismos, institutos, que en su momento llevaron a esta situación de impunidad tal cual lo relatábamos en el pasaje anterior.
Chury: Ahora por la intervención de la propia Organización de Estados Americanos, aparentemente el Parlamento uruguayo tomaría en sus manos alguna tarea que llevara a avanzar en esto y declarar la imprescriptibilidad de los delitos ¿eso supone que aquellos que secuestraron siguen siendo pasibles de ser juzgados porque el delito es continuado?
Dr. Salle: Bueno, pero la situación jurídica de los desaparecidos, en la medida que no aparecen restos, por lo tanto no se puede aseverar jurídicamente con total certeza que los mismos hayan sido ultimados, permite inferir que el delito continúa en su etapa de consumación. Vale decir, permite inferir que esas personas continúan aún en situación de secuestro ilegal o de privación de libertad ilegítima porque lisa y llanamente no se tiene la certeza de la muerte. Y a esta situación contribuye incluso la posición de las FF.AA. que se resiste a aclarar el paradero de esos restos humanos entonces, como lo ha anunciado en una suerte de intimidación el presidente de la República, si no aparecen los restos entonces debemos pensar que estas personas no han muerto y en su caso, que actúe la justicia bajo la premisa de que el delito es un delito de consumación continuada, es decir a lo largo del tiempo, y tiene las manos libres para actuar jurisdiccionalmente y hacer todas las investigaciones para buscar a los responsables y penalizarlos.
Chury: Como venía la situación y por declaraciones inclusive si uno leía entre líneas las declaraciones desde la presidencia y de los propios mandos de las FF.AA. uno tenía la sensación de una suerte de acuerdo de punto final para esto si aparecían algunos restos. Que se hacía una declaración en la que el Estado se hace responsable de lo que ha pasado en este país y en definitiva no ha pasado nada. Esa es la sensación…
Dr. Salle: A mí no me cabe la menor duda. Pero además yo quiero ser muy claro en esto. Este gobierno llega al poder, o mejor dicho a la supraestructura de gobierno que no significa llegar al poder, yo pienso que seguimos bajo un régimen tutelado -y después daré los argumentos si nos da el tiempo- pero lo cierto es que llega al gobierno, en función de una serie de promesas electorales, en función de un programa de gobierno, en función de una cosmovisión totalmente diferente a la que, una vez que se hizo con el gobierno, comenzó a ejecutar bajo la denominación de «pragmatismo político». Ha habido -a mi juicio y me hago cargo de esta imputación que es obviamente agresiva y peyorativa para con el gobierno actual- que ha significado una traición a los tradicionales principios de la izquierda del Uruguay. Este gobierno no tiene nada que ver con lo que han sido los postulados básicos, estructurales y ontológicos de la lucha de la izquierda nacional.
Este gobierno ha asumido una posición de defensa de los principios rectores de la ideología y de la práctica neoliberal; por lo tanto, absolutamente coherente con esa posición, si traicionó los principios ideológicos, si traicionó los principios económicos, si traicionó la deuda social que se tenía con este país, esa es la peor afrenta que se le hace a los desaparecidos y a los caídos, porque los desaparecidos y los caídos, cayeron en función de una lucha contra el modelo económico de exclusión, de expoliación, de entreguismo, de vasallaje, de cipayismo, que fue el que instauró en nuestro país la dictadura militar con la doctrina de la seguridad nacional y que continuó el partido colorado y el partido nacional. Entonces se votaba un cambio de modelo económico con todas las consecuencias existenciales que tiene, porque cuando uno habla de modelo económico, está hablando de la vida concreta de miles de uruguayos que por este modelo económico, van a seguir en la exclusión, van a seguir en la pobreza, y que el presidente de la República en ejercicio, ya pidió perdón; ya dijo «perdón a muchos uruguayos que no van a salir de la pobreza», a lo cual el PIT-CNT a mi juicio -modestamente- le podría haber contestado: «no señor vice presidente, no pida perdón.
Tal vez sea el pueblo uruguayo que le pida perdón a usted, por sacarlo del Palacio Legislativo porque usted con este adelanto profético, apocalíptico, a seis meses de haber asumido el gobierno, pierde legitimación para seguir detentando el poder, porque usted llegó legitimado en función de una campaña electoral que prometió otra cosa, que prometió sacar a los uruguayos de la exclusión, que prometió cambiar el modelo neoliberal, que prometió la lucha antiimperialista, y si usted tira esas banderas, se olvida de esas banderas y hoy Danilo Astori, Lorenzo, Bergara, prometen la firma del tratado con Estados Unidos, prometen la entrega a las multinacionales, como es el caso del anillo energético, de los recursos de la América Latina para enriquecimiento de las corporaciones americanas y europeas, entonces es usted el que ha perdido legitimación ética, moral, política y hasta si se quiere, electoral».
Sin embargo, no recibió esa respuesta, se está haciendo tibio. Yo creo que al pueblo uruguayo le cuesta perder la esperanza de cambio, aquello de «hermano no te vayas ha nacido una esperanza»; le cuesta mucho asumir que esa esperanza está en agonía y que está muriendo y los discursos como el mío, son mal vistos por los frenteamplistas. Nosotros hoy somos refractarios, somos antisistémicos, somos inconformistas, somos escépticos, somos de lo peor. Pero poco a poco, esto es así, este modelo económico, continúa con la exclusión, continúa con la dependencia, continúa con la expoliación imperialista, mal que le pese a los frenteamplistas. No es lo que se prometió. Se me podrá preguntar ¿es viable en un mundo donde Estados Unidos ya no tiene oposición, cambiar? Y yo contesto: Chávez está en eso. Chávez está en eso.
Chury: Sin dudas que lo está. Hacemos una pausa y seguimos conversando. Muy bien oyentes, les recordamos las líneas de comunicación: 903 03 02, 903 03 04, el fax 903 03 07 y el correo electrónico, [email protected] Laura del Prado pregunta si puede explicar si existe un mecanismo para derogar la ley de impunidad. Que explique cómo habría que hacer.
Dr. Salle: Creo que nos referimos en uno de los espacios anteriores pero le contestamos a Laura: la ley de impunidad, la 15.848 fue avalada mediante un plebiscito, un mecanismo de democracia directa por el cual se expresa toda la ciudadanía hábil para votar. Ya dijimos que en la época en que se hizo, se puede alegar, se puede argumentar de que había una sensación de temor muy bien fundada por parte de la población con respecto a una reacción de las FF.AA. y por lo tanto no hubo libertad de conciencia a la hora de ejercer ese derecho. Entonces, para realizar un nuevo plebiscito en condiciones de regularidad jurídica, habría que impugnar ese plebiscito, demostrar que efectivamente los ciudadanos no ejercieron el derecho en forma libre y espontánea y, una vez que cayera el plebiscito anterior cae su eficacia jurídica y se podría implementar un nuevo plebiscito. Naturalmente Laura usted se estará preguntando primero cuál sería el mecanismo para demostrar la ilegalidad de semejante acto de democracia directa que implica a miles de personas y cómo comprobar que miles de personas, efectivamente, actuaron constreñidas sicológicamente. Pienso que es una tarea verdaderamente diabólica, titánica, yo diría casi imposible, por eso a mi juicio, y modestamente más allá de que algunos oyentes el otro día me endilgaban la calidad de cómplice de la impunidad, yo entiendo que desde un punto de vista jurídico y dentro de este sistema de derecho positivo, es prácticamente imposible. Vuelvo a repetir, hago énfasis en la palabra «dentro de este esquema, dentro de este sistema jurídico» que con sus errores garrafales es el que nos rige y es el que el pueblo uruguayo mal que bien, ha optado por él.
Hago esta aclaración porque naturalmente si se hubiese llegado a un nuevo gobierno en función de un cambio revolucionario, evidentemente los cambios revolucionarios no acatan las reglas del sistema perimido, del sistema caído, del sistema que precisamente fue objeto de resistencia popular. Pero ese no es el caso en el Uruguay, en el Uruguay se llega al gobierno a través de las instituciones que la propia Constitución vigente establece.
Chury: El Parlamento ¿qué papel puede jugar en cuanto a variar la situación?
Dr. Salle: Vuelvo a repetir: yo pienso que una ley que desconozca el plebiscito sin antes demostrar los vicios que el mismo ha tenido, modifica y atenta contra un principio de seguridad jurídica que vuelvo a repetir una cosa: para mí el principio de seguridad jurídica no es fundamental en tanto y en cuanto el mismo tiende al status quo de la clase dominante sobre la clase dominada. Pero para modificar ese status quo, tenemos que ir a un proceso revolucionario que desconozca la legitimidad integral del sistema jurídico-político en el cual estamos inmersos. Es decir, tenemos que ir a una revolución. Ese es mi punto de vista además avalado por argumentos jurídicos, porque yo hago un análisis jurídico, no hago un análisis político. Jurídicamente, para que caiga la vigencia del plebiscito, hay que impugnarlo y demostrar su ilegitimidad. Mal que nos pese.
Chury: Muy bien. Adrián de la Curva: este gobierno representa a la social democracia liberal y le ha dado con el cargo o el precio a otros sectores del Frente Amplio. Eugenia del Prado dice que el Dr. Salle la hizo emocionar. Ella es ex- presa política, tiene familiares desaparecidos y le reconforta que alguien se atreva a decir todo lo que el Dr. Salle está diciendo. Nelly de La Teja dice que tiene 72 años, que tanto ella como otras viejas ya se dieron cuenta de la traición. Vázquez está equivocado si cree que va a seguir manejando así la impunidad. ¿Hablamos del pacto del Club Naval?
Dr. Salle: Sí, pero antes le quiero decir a Eugenia que yo no estuve ni siquiera cinco minutos preso, nunca recibí ni siquiera un cachetazo de la policía. Es más, mientras tus familiares eran torturados o desaparecían, yo estudiaba en la Universidad de la República, me recibía de abogado y después siendo abogado, mejoraba mi situación socioeconómica, por lo tanto, yo tengo gran respeto hacia quienes verdaderamente sufrieron la dictadura militar en carne propia. Yo la sufrí pero de lejos, como las consecuencias genéricas que suponía ese tipo de situación. Sí tuve parientes que sufrieron la tortura y sufrieron el exilio y evidentemente otro tipo de aflicción mucho más en carne propia, por lo tanto tengo gran respeto por ti y gran respeto por lo que tu me mandas decir, pero debo aclarar cual fue mi situación personal.
Con respecto al pacto del club Naval: convengamos que al momento que se pacta, existían presos, existía gente que estaba sufriendo, existía una situación latinoamericana, una situación regional y además existía una situación nacional. Yo pienso que el pacto del club Naval fue un mecanismo para terminar con esa situación de aflicción muy especial en la que se encontraban los presos, fue un mecanismo por el cual sabíamos que lentamente íbamos a acceder a un sistema de democracia tutelada y sabíamos que gradualmente, tal vez, en el concierto de la evolución político-social y económica de América Latina, fuéramos hacia esquemas de gobierno que atendieran más a los intereses populares que a los intereses oligárquicos. No había otro mecanismo, porque convengamos lo siguiente: era impensable en 1984 que un levantamiento popular pudiera derrocar la dictadura militar.
Yo le quiero recordar al pueblo uruguayo algo que es muy importante y mal que nos pese: en el año 1980, en plena vigencia de la dictadura militar, con sus torturas, con sus desapariciones, con sus robos económicos -porque aclaremos que todos los gobiernos militares latinoamericanos son corruptos y ladrones, fíjense lo que son ahora los procesos contra Pinochet- muy bien, en medio de esa situación se plebiscita aquella Constitución de Márquez de 1980 ¡y cuidado!, el pueblo uruguayo le da un 41,8 por ciento de aprobación ¡cuidado!, eso hay que destacarlo.
Chury: Sí señor, eso hay que destacarlo: 53 contra 41.8 por ciento. El 41,8 apoyaba el estado de cosas que sucedía.
Dr. Salle: Exactamente, entonces frente a esa situación de 1980, no podíamos pretender en 1984 que la dictadura militar iba a ser objeto de un derrocamiento por la vía revolucionaria, por la lógica y jurídica resistencia que tienen los pueblos a la opresión: vuelvo a repetir que la resistencia es una conducta legítima, plenamente legítima porque todo ser humano tiene derecho a resistir la opresión, pero en aquel momento, mirado desde un punto de vista estratégico, era imposible. Entonces efectivamente se fue a un pacto, pero eso no quiere decir que después, en la evolución nacional y regional, no se pudiera avanzar.
Chury: Es más, en 1984 moría en la tortura Roslik.
Dr. Salle: Claro, entonces es muy fácil desde las tiendas del partido Nacional decir «ah, ustedes pactaron en el club Naval». No muchachos, ustedes los del partido Nacional votaron la ley 14.068, la ley de seguridad del Estado que amplió la competencia de los Tribunales militares y que fue el pasaporte jurídico para que se ampliara la tortura, para que se ampliaran los mecanismos represivos que tenía el sistema militar, así que cuidado: ¡a hacer historia, a acordarse cada uno de la responsabilidad que tuvo en el advenimiento del régimen fascista!
Chury: Bien oyentes, estamos en los últimos siete minutos de esta charla. Se nos ha ido volando el tiempo. Raúl del barrio La Mondiola dice: militares y civiles, cometieron también corrupción y robos, por eso a veces no se puede hacer justicia Se complica porque está todo entreverado. Felicita al Dr. Salle. Daniel de Las Piedras dice que no le extraña nada porque si tenemos al comandante de la Fuerza Aérea que participó de los vuelos de la muerte y sigue siendo lo que es… Héctor del Reducto felicita a la 36 porque está manteniendo las banderas del Frente. El PIT-CNT tiene que presionar con la gente en la calle y no comiendo caramelos en la dulce espera. Felicita al Dr. Salle. Camilo, que tiene una chacrita, dice que es proveedor de varios supermercados y que no hay un mango, que hay una gran recesión, que estamos peor que cuando estaba Alfie o Bensión y saluda al invitado. «Los blancos también votaron el estado de guerra interno y luego los milicos -mal agradecidos- también persiguieron a algunos blancos dice Juan de Gonzalo Ramírez y Gaboto. Salle, si en todas las tribunas se prometió el cambio antes de las elecciones, la unidad parlamentaria de esa mayoría absoluta ¿se mantendrá durante todo el ejercicio o es dable aguardar escisiones y conservación de la banca?
Dr. Salle: A ver Chury: en este momento nosotros tenemos una suerte de corte monárquica, no un Parlamento. Sobre todo me refiero al oficialismo. Cómo no será ello así, que en pleno proceso de sanción de la ley fundamental en materia económica, social, laboral, y salarial como es el presupuesto, prácticamente tenemos a todo el Poder Ejecutivo viajando por Europa. Tenemos la gripe aviar, tenemos la aftosa, tenemos el presupuesto y sin embargo, están en Europa ¿por qué? porque saben perfectamente bien que el Parlamento, por lo menos hasta hoy, actúa como una verdadera corte monárquica, lisonjeramente, adulonamente. Por lo tanto, existe el imperativo moral, existe el imperativo ético, existe el imperativo político, que aquellos legisladores que quieran mantener lealtad a lo que prometieron, lealtad a lo que ha sido la esencia ideológica programática del Frente Amplio, se escindan manteniendo sus bancas, que pase lo que pasó a nivel del P.T. cuando Lula traicionó al pueblo brasilero y traicionó a la clase social de la cual él emergió, es decir, del proletariado, de los excluidos. Es necesario que los legisladores leales al pueblo, leales a la moral, leales a la ética, digan «hasta aquí llegué, este no es el camino para reivindicar a los excluidos, este es el camino del cipayismo hacia el imperialismo, este es el camino de la alcahuetería a las multinacionales, este es el camino de la privatización, de la desnacionalización, de la entrega de los recursos naturales, de la contaminación del país».
Por lo tanto yo espero firmemente que haya algún legislador que diga me abro, me escindo, yo sí soy progresista, yo sí quiero un modelo de país socialista y no quiero un modelo de país capitalista colonizado, porque atención, el capitalismo tiene dos aspectos: el capitalismo matriz, es decir el capitalismo de los países que tienen el dinero, el que manda, y las colonias que son explotadas. Y América Latina surge explotada, surge saqueada, no se olviden la bula de Alejandro VI, el Papa rapiñero, Rodrigo Borgia, que dona todos los territorios descubiertos a la Iglesia católica, con toda sus riquezas e inclusive con la posibilidad de exterminar a los indios si no son evangelizados. Es decir que América Latina nace ya saqueada, nace ya entregada y a 500 y pico de años que estamos de ese acto jurídico, no nos hemos podido reivindicar porque después vino la doctrina Monroe, entonces es hora de decir basta.
Chury: Salle, en realidad lo que nos queda es un minuto para dar un titular, a forma de entrega de un desarrollo alguno de estos días, sobre el anillo energético y algunos otros temas.
Dr. Salle: El anillo energético supone esencialmente lo mismo que supuso en su momento la bula del Papa rapiñero Rodrigo Borgia porque es la entrega de los recursos naturales, el gas natural, a las multinacionales para que hagan su negocio. Y a las multinacionales que dominan los países que tienen esos recursos no nacionalizados, vale decir Perú. Dejan afuera a Bolivia porque está en un proceso de nacionalización o por lo menos hay una fuerte presión popular para la nacionalización y dejan afuera a Venezuela. El Uruguay forma parte de los cinco países que se van a beneficiar con el anillo energético pero que van a beneficiar, fundamentalmente, a las multinacionales.
¿Qué le pido a un gobierno de 3 millones de habitantes? no le pido que vaya a luchar contra las multinacionales ni contra los otros países que están entregando también las banderas. Le pido que por lo menos luche a favor de la integración de Bolivia y Venezuela. Nada más que eso les pido porque soy consciente del poco peso internacional regional que tiene el gobierno de Tabaré Vázquez ¡pero por lo menos, que levante las banderas de Venezuela y Bolivia y que diga, no muchachos, ya que se la van a llevar en camiones las multinacionales, no me dejen afuera estos dos gobiernos que luchan por los recursos de su pueblo porque los tienen nacionalizados!. Es lo mínimo que le pido al subsecretario Ponce de León que es el que se ha encargado momentáneamente de esto: luche por Venezuela, luche por Bolivia.
Chury: Así como hablábamos hoy de que el pueblo votó amarillo para que hubiera una ley de impunidad, tampoco olvidemos que hay coordinadoras que por iniciativa de algunos Comités de base, están censurando que se pinten muros diciendo que está mal lo de la UNITAS y mal lo del tratado con Estados Unidos, es decir que tenemos que mejorar creo que arriba y abajo también.
Dr. Salle: Y peor: se ha hablado por parte del Ministro del Interior de una especie de abuso por parte de la libertad de prensa. No señor Ministro, usted deje que digan lo que quieran, la libertad de prensa es intocable. En todo caso salga y rebata con argumentos y punto.