Durante los primeros siete meses del 2007, la Comisión de la Mujer del Congreso de la República reporta la muerte violenta de 271 mujeres, 35 niñas y 182 niños o adolescentes, solamente en dos de los casos registrados se ha obtenido sentencia condenatoria, mientras que las autoridades han detenido a 12 personas. Nineth Montenegro, presidenta […]
Durante los primeros siete meses del 2007, la Comisión de la Mujer del Congreso de la República reporta la muerte violenta de 271 mujeres, 35 niñas y 182 niños o adolescentes, solamente en dos de los casos registrados se ha obtenido sentencia condenatoria, mientras que las autoridades han detenido a 12 personas.
Nineth Montenegro, presidenta de dicha comisión dijo durante la presentación del Segundo Informe de Muertes Violentas de Mujeres, Adolescentes, Niños y Niñas, que el flagelo enluta cada día a más familias, al mismo tiempo que la impunidad y la corrupción impide la condena de los victimarios.
Según el análisis, las mujeres comprendidas entre los 16 y los 40 años, población que constituye parte del capital humano que podría elevar los niveles de productividad y desarrollo económico para Guatemala, han sido las más afectadas por el femicidio.
En 361 casos se registró la muerte con arma de fuego, en 39 con arma blanca, en 26 con un arma contundente y en 28 oportunidades las víctimas fueron atacadas directamente a través del estrangulamiento, añade el documento.
En el 40 por ciento de las muertes no se determinó el móvil del hecho, el 18 por ciento fue por acciones de las pandillas juveniles o maras, el 13 por ciento por el narcotráfico, el 8 por ciento por ajustes de cuentas, 6 por ciento por problemas personales y el 5 por ciento por venganzas, enfatiza la información.
La mayoría de asesinatos se produjeron en las zonas urbanas del departamento de Guatemala, así como en Chiquimula, Escuintla, Petén, Jalapa, Huehuetenango, San Marcos y Jutiapa; en menor porcentaje se registraron en Sacatepéquez, Zacapa, Sololá y Retalhuleu, señala el estudio.
Es preocupante el aumento de los homicidios de hombres, mujeres, niños y niñas, que conlleva a una violación permanente del derecho fundamental a la vida, la seguridad y la integridad por parte del estado, indicó Montenegro.
La diputada enfatizó que la inoperatividad contribuye al detrimento de la credibilidad y la confianza en las entidades encargadas de administrar la justicia en Guatemala, por lo que es vital dotarlas del presupuesto adecuado, fortalecer la coordinación interinstitucional y erradicar la impunidad, concluyó.