El proceso de depuración de responsabilidades por la crisis que afecta a miles de pacientes del sistema sanitario panameño, y que se ha cobrado la vida de al menos 150 personas desde 2002, ha llegado al Estado español. El pasado mes de enero, las víctimas del suceso presentaron ante la Audiencia Nacional una querella contra […]
El proceso de depuración de responsabilidades por la crisis que afecta a miles de pacientes del sistema sanitario panameño, y que se ha cobrado la vida de al menos 150 personas desde 2002, ha llegado al Estado español. El pasado mes de enero, las víctimas del suceso presentaron ante la Audiencia Nacional una querella contra la empresa española Rasfer S.A. y su administradora, Ascensión Criado Martín, por imprudencia grave con resultado de muerte.
Esta firma suministró al Estado panameño nueve toneladas de glicerina para uso farmacéutico que resultaron estar contaminadas con un agente de gran toxicidad, en un proceso plagado de «anomalías y falta de diligencia», según el representante de la acusación, Alejandro Sanvicente. Ya en 2007, oficiales sanitarios del país centroamericano acusaron a Medicom, la empresa local que intermedió entre la Caja del Seguro Social panameña y Rasfer, de falsear la fecha de caducidad de los envíos recibidos desde Barcelona. También se cursaron cargos de negligencia por permitir el paso del cargamento envenenado incluso tras haber realizado varios análisis protocolarios sobre su contenido.
Estas irregularidades llevaron a la clausura de la empresa y el procesamiento de su representante legal, Ángel de la Cruz. En el caso de Rasfer S.A., la querella interpuesta sostiene que «en clara connivencia con el proveedor y el fabricante chino, obtuvo un producto a un precio muy inferior al del mercado y distinto al que oficialmente se recoge en la documentación de compra, falseando la realidad de la factura de compraventa con el único fin de obtener un mayor beneficio, sin importarle la calidad del producto a exportar y poniendo en peligro la salud de los consumidores panameños».
En este sentido, la fiscalía panameña ha apuntado que Rasfer envió datos falsos sobre precios y proveedores al concurso abierto para la adjudicación de la transacción.
A día de hoy, el juez Ismael Moreno, encargado de la instrucción del caso, estudia la petición de extradición solicitada por la fiscalía panameña contra Ascensión Criado ante la declaración de quiebra cursada recientemente por Rasfer, y se espera que tome una decisión en los próximos días.