Delegados del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y del usurpador del cargo, Roberto Micheletti, iniciaron este miércoles unas conversaciones bajo escrutinio de la comunidad internacional y de más de siete millones de habitantes de este país centroamericano. La crisis, que se desató con el golpe de Estado y la expulsión de Zelaya del país […]
Delegados del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y del usurpador del cargo, Roberto Micheletti, iniciaron este miércoles unas conversaciones bajo escrutinio de la comunidad internacional y de más de siete millones de habitantes de este país centroamericano.
La crisis, que se desató con el golpe de Estado y la expulsión de Zelaya del país el 28 de junio, cumplió este miércoles 102 días.
Los protagonistas de la jornada son las delegaciones de las dos partes, acompañadas por una misión de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Los emisarios de Zelaya son sus ex ministros Víctor Meza, de Gobernación (Interior), y Mayra Mejía, del Trabajo, y el sindicalista Juan Barahona, del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado (FNR o «la resistencia»).
La delegación del gobierno de facto está conformada por la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales, el ex candidato presidencial del Partido Democracia Cristiana, Arturo Corrales, y el ex ministro de la Presidencia, Armando Aguilar.
En la ceremonia de instalación de la mesa de diálogo, el canciller de facto Carlos López subrayó que el régimen derogó el martes el decreto de Estado de sitio que había impuesto el 27 de septiembre, suspendiendo cinco garantías constitucionales.
López reclamó que se normalizara la situación en la embajada de Brasil, donde Zelaya permanece refugiado desde que regresó a Honduras el 21 de septiembre, junto con varias decenas de personas, cercado por fuerzas de seguridad.
Policías y militares cercaron la sede diplomática apenas conocida la llegada de Zelaya y la han sometido a un constante hostigamiento.
Allí sólo deben permanecer los funcionarios brasileños, que deben ejercer la autoridad, y el depuesto presidente, dijo López. Las demás personas, insistió, deben salir con todas las garantías.
El funcionario se refirió a las sanciones y condenas adoptadas contra el régimen por las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y Estados Unidos, con medidas como suspensión de visados y de ayuda económica, además de cancelación de préstamos de organismos internacionales.
López dijo además que las protestas populares contra el golpe –que adoptaron la forma de manifestaciones callejeras, tomas de carreteras y de puestos aduaneros y algunos daños a la propiedad– han causado pérdidas de 400 millones de dólares.
Pero el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que cumple un papel de acompañamiento del diálogo, subrayó que «no estamos aquí para mutuas recriminaciones, sino para buscar soluciones concretas».
Insulza señaló errores de ambas partes e insistió en que el diálogo puede generar una salida, basado en la propuesta que efectuó en julio el presidente de Costa Rica, Óscar Arias.
Ese plan contempla como primer punto el restablecimiento de Zelaya en la Presidencia, la formación de un gobierno de unidad nacional, garantías del restituido mandatario de que desistirá de intentar reformar la Constitución, amnistía para los delitos políticos y mecanismos de supervisión internacional de un proceso electoral.
Para agilizar el diálogo, Insulza subrayó la necesidad de restablecer de inmediato las libertades, la reapertura de medios de comunicación clausurados (Radio Globo y Canal 36), garantías a Zelaya en cuanto a su investidura y dignidad, y una agenda consensuada de puntos a tocar, con plazos breves para llegar a los acuerdos.
«Nada debe tomar demasiado tiempo, ya que todos queremos el bien para Honduras, y no queremos sustituir el esfuerzo de ustedes, pero hay que descartar las intenciones ocultas», subrayó el secretario general de la OEA.
El canciller de Canadá, Peter Kent, reclamó elecciones libres, justas y transparentes para que tengan el respaldo de la comunidad internacional. La crisis debe resolverse ya, por ello apoyamos el plan Arias, dijo. «Sentarse en la mesa del diálogo no es signo de debilidad, sino de voluntad política para resolver los problemas», subrayó.
Ante Insulza, los cancilleres y una nutrida concurrencia de empresarios, políticos, dirigentes sindicales y de sociedad civil, Meza subrayó que llegó tarde a la reunión pues sólo este miércoles se le permitió dialogar con Zelaya, quien «está sometido a un acoso, hostigamiento y cerco donde se encuentra temporalmente refugiado».
El ex ministro de Gobernación denunció la represión masiva a una manifestación de ciudadanos, «compatriotas de ustedes y míos», frente a un público atónito por sus palabras.
Honduras, en proceso tortuoso y difícil, ha construido su institucionalidad democrática, pero no construyó cultura democrática para defenderla de los embates de la involución política y el autoritarismo, como ocurrió en junio, dijo Meza.
En ese proceso, recordó, se creó el Ministerio Público, que en sus mejores tiempos fue un defensor del ciudadano, y se separó a la policía del estamento militar, pero «no se creó una nueva policía, y hoy somos víctimas de ese error», sostuvo.
En una declaración a IPS, Meza insistió en que Zelaya es partidario del plan Arias o «Acuerdo de San José». «Que ahora quieran quitarle el nombre y llamarlo de otra manera no quita la esencia de esos puntos, que son la salida a la crisis», comentó.
«No se trata de ver para atrás, sino para adelante mediante el diálogo, pero que éste no sea un instrumento táctico de maniobras dilatorias e hipócritas, que sea una herramienta de tolerancia y que tenga la cualidad de desnudar cualquier acción irregular. Solo el diálogo nos hará salir de este oscuro túnel, del estado de incertidumbre y zozobra en que hoy nos encontramos», agregó.
Para Bernard Martínez, candidato presidencial del socialdemócrata Partido Innovación y Unidad, las dos partes hablaron claro. «Han fijado las condiciones y los probables puntos de la agenda de trabajo de las próximas horas y días», añadió.
La delegación de la OEA está conformada por los ministros de Relaciones Exteriores Kent, de Canadá, Bruno Stagno, de Costa Rica, Fander Falconí, de Ecuador, Hugo Martínez, de El Salvador, Haroldo Rodas, de Guatemala, Ronald Robinson, de Jamaica, y Patricia Espinoza, de México, los vicecancilleres José Manuel Trullols, de República Dominicana, y Melitón Arrocha, de Panamá, y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Thomas Shannon.
También forman parte de la misión los representantes permanentes ante la OEA Rodolfo Gil, de Argentina, y Ruy de Lima Casaes e Silva, de Brasil, y el subsecretario español de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia.
La delegación, que llegó este miércoles a Tegucigalpa, tiene previstos encuentros con Micheletti y Zelaya antes de regresar a sus países este jueves.
En un mensaje transmitido en cadena nacional de radio y televisión la noche del martes, Micheletti dijo que los puntos medulares de la negociación pertenecen a la propuesta de Arias, más otros que surgieron en conversaciones con delegados de Zelaya desde hace más de una semana.
Rasel Tomé, portavoz de Zelaya, lamentó «una actitud suave y complaciente» de la avanzada de la OEA que preparó la visita de los cancilleres, al «someterse a la agenda propuesta por Micheletti y no atender la del presidente legítimo de Honduras».
«El presidente Zelaya espera ser restituido en el cargo antes del 15 de octubre y que haya plenas garantías de participación de la ciudadanía en las elecciones generales del 29 de noviembre para escoger un nuevo gobierno que deberá instalarse el 27 de enero de 2010», subrayó Tomé.
Zelaya y el FNR denunciaron la muerte de más 100 personas, más de 500 heridos y detenciones masivas, entre otras violaciones a los derechos humanos supuestamente cometidas en la represión de las manifestaciones contra el golpe.
El régimen rechazó todas esas acusaciones y sólo ha admitido la muerte de un joven de 19 años, que recibió una bala en la cabeza el 5 de julio, cuando el intento de Zelaya de regresar al país por avión fue bloqueado por fuerzas de seguridad que repelieron además a los manifestantes que buscaban llegar hasta la pista del aeropuerto de Toncontín.